Brasil no tiene la infraestructura para enfrentar la emergencia climática. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra bajo una fuerte presión debido a los catastróficos incendios que azotan la región amazónica desde hace dos meses. Sin embargo, la solución va mucho más allá del gobierno actual y de las fronteras del país.
La peor sequía que ha vivido Amazonas en 121 años ha secado el Río Negro, interrumpiendo el transporte no sólo de personas, sino también de recursos básicos como medicinas, alimentos y agua. La crisis ha puesto en el punto de mira al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), elegido en octubre del año pasado con promesas de priorizar la defensa del medio ambiente.
En octubre, el gobierno liberó alrededor de 650 millones de reales (más de 130 millones de dólares) para combatir la sequía en la región Norte, monto que ahora se ha incrementado a casi 700 millones de reales (más de 140 millones de dólares). El pasado viernes 10 de noviembre, el gobierno también aumentó el monto al que cada uno de los nueve estados de la Amazonia Legal puede acceder del Fondo Amazonia de 35 millones a 45 millones de reales. Ibama también anunció un aumento del 18% en el número de bomberos para hacer frente a los incendios.
Sin embargo, para muchos la respuesta del gobierno de Lula ha sido insuficiente. “Toda la población brasileña (podría ser llamada) a ser bombero y todavía no sería suficiente para combatir los incendios en la Amazonía. El área es muy grande, con lugares de difícil acceso y mucho trabajo”, dijo al periódico Estado de S. Paulo la investigadora de la Universidad de Oxford, Erika Berenguer.
Flávia Milhorance
Las críticas de la experta, así como la oposición que sostiene que la respuesta del Gobierno no está a la altura de la gravedad de la situación, apuntan a la necesidad de una planificación y una preparación integrales capaces de prevenir las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos en lugar de mitigarlas. De hecho, Brasil está muy lejos de eso. El propio gobierno lo reconoce. “Obviamente tenemos que planificar mejor, tener mejores estructuras”, admitió el presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho.
Pero esta estructura no se puede construir en pocos años y mucho menos en unos meses. El escenario se complica aún más por el desmantelamiento de órganos y legislaciones dedicadas a proteger el medio ambiente desde que el PT dejó el poder en 2016, que aumentó exponencialmente entre 2019 y 2022, durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
En lugar de pensar a largo plazo, Brasil está ahora en el proceso de reconstruir la estructura básica de protección ambiental, algo que Lula ha estado haciendo desde el comienzo de su mandato en enero. Pero el presidente tiene oportunidades únicas para reposicionar a Brasil en la lucha global contra el cambio climático.
2023: año con más desastres naturales
La sequía histórica no es un hecho aislado. Este año estuvo marcado por otros fenómenos climáticos dramáticos, agravados por un año de El Niño particularmente fuerte. A diferencia de la sequía y los incendios en el Norte, el Sur y el Sudeste se han visto afectados por lluvias torrenciales e inundaciones. El ciclón extratropical de septiembre en la región Sur causó al menos 51 muertos y daños por valor de 1.300 millones de reales (unos 27 millones de dólares), convirtiéndose en el peor desastre natural en seis décadas en Rio Grande do Sul. Otros dos ciclones, en junio y julio, ya habían causado muertes y dejado destrucción. Aunque el fenómeno es común, los ciclones son cada vez más fuertes.
Brasil ha venido sufriendo graves inundaciones. Hasta la fecha, uno de cada tres municipios brasileños ha entrado en situación de emergencia debido a las lluvias, lo que hace del 2023 en el peor año en términos de desastres naturales en el país.
Lula tiene la difícil misión de buscar un equilibrio entre la dependencia económica de los sectores extractivos y la protección ambiental necesaria para enfrentar los efectos de la crisis climática.
Actualmente, una ola de calor está provocando temperaturas sin precedentes para el período, con algunas ciudades registrando hasta 15° por encima de la media. El calor ha ido sobrecargando los sistemas eléctricos, que ya se encuentran debilitados por los destrozos provocados por las lluvias. En São Paulo, una de las ciudades más pobladas del mundo, más de 2 millones de personas se quedaron sin electricidad a principios de mes, un apagón que duró casi una semana.
Brasil necesita abandonar los combustibles fósiles
Establecer una estructura robusta para enfrentar todos estos fenómenos requiere tiempo e inversiones que van más allá del gobierno de Lula. La comunidad internacional, en su lucha colectiva contra la emergencia climática, debe priorizar a los países que albergan bosques tropicales por su papel vital en el calentamiento global.
A nivel nacional, Lula tiene la difícil misión de buscar un equilibrio entre la dependencia económica de los sectores extractivos y la protección ambiental necesaria para enfrentar los efectos de la crisis climática.
Para lograrlo, Brasil necesita pasar por una reestructuración de sus objetivos político-económicos. Brasil está en una posición privilegiada para convertirse en líder en producción de energía sostenible, lo que no solo protegería los bosques tropicales, sino que también podría convertir a Brasil en un país económicamente más competitivo, como señala un estudio del Banco Mundial de 2023.
Lula, a pesar de liderar importantes esfuerzos para reducir la deforestación – que cayó un 42% este año respecto a 2022 –, fracasa con su política que favorece la exploración de combustibles fósiles, incluso en la región amazónica. Una inversión de la misma proporción sería suficiente para llevar la industria de las energías renovables a un nuevo nivel. “Agregar más energía limpia no sería más costoso para Brasil que los planes actuales para expandir la generación de combustibles fósiles”, sostiene el informe del Banco Mundial.
Combatir los efectos del cambio climático –que ya es un problema real en Brasil– requiere acciones multifacéticas, que involucren a actores tanto a nivel nacional como internacional. En esta lucha, algunos países y regiones merecen prioridad. Brasil es uno de ellos. Pero el gobierno –este y los siguientes– necesita empezar a transformar la economía y aprovechar las oportunidades con la mirada puesta en el futuro, dejando atrás industrias que sólo traen beneficios en el corto plazo.
