Cada día se reportan cerca de 34 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Perú y 33% son niñas menores de 12 años, de acuerdo con Unicef. “Pese a lo alarmante de las cifras”, para activistas de derechos humanos de ese país, las instituciones del Estado ofrecen una atención deficiente, “que vulnera a las víctimas”.
“El Estado se convierte en un agente revictimizador en particular para víctimas de violencia sexual (…) como el caso de Mila. El comité señala que Mila fue revictimizada por el servicio de salud, por la policía, por la fiscalía y por el poder judicial”, explicó a Democracia Abierta la directora de la organización feminista peruana Programas en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
La ausencia de un registro único de los casos de este tipo violencia “impide tener una dimensión real del problema, aunque incluso el subregistro, evidencia lo grave de la situación”, dijo a Democracia Abierta el director de Unicef para Perú, Javier Álvarez.
Entre 2017 y 2022, se registraron en este país 74,413 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes de los cuales 92% correspondieron a niñas y adolescentes mujeres.
El registro de nacimientos vivos en niñas de 10 a 14 años aumentó de 1,158 a 1,430 entre el 2020 y 2021, y luego a 1,625 nacimientos vivos en el 2022, según cifras del Ministerio de Salud, publicadas en marzo de 2023 por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en Perú (UNFPA).
Caso de Mila
Mila, seudónimo utilizado para proteger su identidad, es una niña de 11 años peruana, que resultó con un embarazo tras ser abusada sexualmente, desde los 7 años, por Lucas Pezo Amaringo, de 43 años, quien era pareja de su madre Melita, también víctima de violencia física, psicológica y sexual del agresor.
Ella y su madre residían en Iquitos, un distrito de la selva peruana, en el departamento de Loreto (norte - este), donde 175 niñas dieron a luz en lo que va de 2023.
En mayo se interpuso una denuncia anónima en la que se advirtió que Melita y sus cuatro hijos eran víctimas de violencia, contó a democraciaAbierta la abogada que lleva el caso, Isbelia Ruiz, coordinadora de litigio estratégico de Promsex.
“Melita estaba embarazada todavía, y este agresor le estaba dando una golpiza y ella salió buscando auxilio, porque viven en una zona rural, y sus hijos también salieron huyendo del agresor, esto lo escucha una vecina y ella pone una primera denuncia telefónica anónima. Ahí no se hizo nada”, apuntó.
Agresor prófugo
El 2 de julio, Mila, en compañía de una prima, acudió a denunciar al cónyuge de su madre y descubrió que tenía 13 semanas de gestación, y desde ese momento pasó a estar bajo el cuidado de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (UPE) en un albergue, aislada de su familia.
El 3 de julio, la madre de la niña también demandó a Lucas Pezo por abuso sexual, ese mismo día fue detenido, y el 6 de julio tuvo lugar la audiencia de pedido de prisión preventiva, en la que el juez César Espíritu determinó que no había elementos suficientes para detenerlo.
Ya había una denuncia contra el victimario por “tocamientos indebidos” hacia Mila interpuesta por su prima, sin conocimiento de la madre, el 5 de noviembre de 2021, pero ni esto, ni la confesión de Mila ante la cámara Gessel, en la que acusaba a Lucas Pazo de agredirlas a ella y a su madre, fueron pruebas para que el juez mantuviera su detención.
“Mila denuncia y a través de ello identifica al agresor. Ella también señala la violencia que su mamá, sus hermanos y ella sufrían. Hubo fallas por parte de las instituciones en su conjunto, ministerio Público, ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, incluido el ministerio de Salud”, acotó la abogada Ruiz.
Rossina Guerrero, directora de programa de Promsex, indicó que la niña en la entrevista a la UPE dice: ‘mi mamá sí sabía, pero a mi mamá también la agarraban a palos, tengo miedo, y mi mamá seguro le cree, porque la agarra con palo’.
El 16 de agosto, tras la actuación de los abogados de Promsex, y luego de conocerse el caso de Mila en la prensa, el Tribunal de Apelaciones de la Corte de Loreto, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Lucas Pezo (quien amenazó de muerte a Mila, Melita y su familia) pero este ya se había fugado. Hasta el momento su paradero es desconocido, por lo que Melita pidió justicia
“Yo me enteré por mi sobrina, ella me contó lo que estaba pasando con mi hija Mila, y yo decidí denunciar. No quiero que ese hombre esté suelto, quiero que mejor esté en la cárcel, que se pudra, no le quiero ver”, dijo a democraciaAbierta Melita, como se identifica a la madre de la niña para proteger su identidad.
Niegan aborto terapéutico
Melita, solicitó el aborto terapéutico para su hija con apoyo de su sobrina, quien integra redes feministas y sabía que era posible interrumpir un embarazo ante un caso como este, y ambas indicaron que el UPE incumplió el protocolo que incluye informar a la madre y a la víctima sobre esta opción.
“En los casos que hemos tenido, no el de Mila, incluso el personal de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) le mostraron a una niña fotos que usan los antiderechos (grupos antiabortos) para asustarla”, expuso Guerrero.
En realidad, resaltó la activista, los CEM se han convertido en “espacios donde constantemente se disuade a niñas” de acceder al aborto terapéutico.
“En Mila fue grosero y tal fue la indignación de la familia que se vieron en una situación terrible al escuchar a la propia funcionaria del CEM decirles que eso era ilegal y que ahí iba a hacer daño, que eso no era legal y que no tenía derecho a esto”, agregó.
Magda Gibelli
Ya con 17 semanas de gestación y bajo protección del UPE, la junta médica del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias le negó el acceso al aborto terapéutico a Mila alegando que la niña de 11 años no tenía alteración mental y que su embarazo iba por buen camino, esto, pese a que la Organización de Naciones Unidas ha alertado que el riesgo de muerte de una niña gestante es tres veces mayor que el de una adulta.
Mila pudo interrumpir este embarazo solo después del llamado de organismos internacionales de derechos humanos, y casi en el plazo de las 22 semanas que sugiere la ley peruana para que el aborto terapéutico sea seguro.
Medidas estatales
La ministra de la Mujer de Perú, Nancy Tolentino, sostuvo que uno de los objetivos de su gestión es visibilizar la violencia contra niñas y adolescentes. De igual forma, afirmó que el sistema de atención integral de niñas, niños y adolescentes se encuentra en revisión para realizar ajustes “a luz de la normatividad internacional”.
“Estamos fortaleciendo nuestros servicios. La unidad de protección especial que es un ente muy importante en el Perú (…) Esperamos visibilizar esos nudos críticos, esas rutas de atención que no se han dado. Cómo intervienen los niveles de Gobierno, necesitamos tener claridad, cómo activamos un sistema que realmente proteja y defienda a los niños, niñas y adolescentes.”, agregó.
Dos meses antes de que Mila accediera al aborto terapéutico el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) determinó que Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
El dictamen exige al Estado peruano capacitar, en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, al personal de salud y judicial, incluida la fiscalía, despenalizar explícitamente el aborto en todos los casos de embarazo infantil, debido al grave riesgo para la vida y la salud de las niñas, y transformar las políticas públicas con enfoque de género, niñez y de interculturalidad.
En cuanto a las irregularidades denunciadas por activistas y abogados respecto a los CEM, la ministra destacó que cuando conocen sobre funcionarios que incumplen sus roles comienzan una investigación.
“Profesionales que son parte de nuestro equipo técnico hacen cosas que no están en el protocolo, sino de sus creencias y de sus propias ideas, lo cual no lo permitimos. Lamentablemente hay permanentemente rotabilidad. Renuncian en búsqueda de mejores sueldos, llegan cuando ya hemos capacitado todo el personal y podría ser una persona que no está capacitada, pero está el protocolo, el cual todos deben leer y dice cómo pueden actuar”, sostuvo.
En el caso de Mila, al igual que otros casos de las niñas que han sufrido violencia sexual, “muchas de ellas, lo dijeron claramente a sus padres, a su mamá, y no encontraron el respaldo ni la protección” e indicó que por lo delicado del caso debía “guardarse herméticamente el proceso”.
Madre de Mila
La madre de Mila (Melita), una mujer de 31 años, analfabeta, con cuatro hijos y en pobreza crítica, aseguró que en los últimos años fue sometida a numerosos tipos de violencia y amenazas de muerte por parte de su cónyuge. “Él me reñía, me daba puñetes, patadas, me jalaba de la cabeza y me derribaba”.
“Yo le pediría a la ministra de la Mujer que me entreguen a mi hija, porque yo quiero que me entreguen a mi hija, quiero regresar con ella, para estar con mis cuatro hijos. Mi hija Mila no está conmigo, me siento mal, a la hora de comer pienso en ella, que no esté a mi lado”, señaló.
La abogada de Promsex cuestionó que hasta el momento, a pesar de que el agresor está prófugo, “no hay una sola medida de protección para Melita, todo lo contrario lo que se está buscando es criminalizarla, hacerla responsable por omisión”.
“Melita está yendo al centro de salud mental con sus hijos, está teniendo visitas por parte de una trabajadora social, tiene una casa segura donde vivir. Está trabajando los domingos”, agregó.
Ruiz destacó que este caso sienta un precedente negativo, porque el sistema de justicia falla y no garantiza acceder a protección ni justicia. “El mensaje es: si vas a denunciar a ti te van a investigar, tú vas a ser la responsable, mientras que los agresores se fugan”.
“Yo me siento mal, porque a mí me echan la culpa y yo digo cómo van a echar la culpa, ¿acaso yo he violado a mi hija? Fue el hombre no yo, yo no quiero que me lleven a la cárcel: ¿quién va a ver por mis hijos?”, expuso Melita.
Vulnerabilidad en zonas rurales
El ministerio de la Mujer indicó que en Lima se registra el 25% de los casos de violación sexual a niños, niñas y adolescentes, le sigue Arequipa con 7,2%, Junín con 5,8%, La Libertad con 6%, San Martín con 5,5%; y le sigue en la lista de departamentos con más casos: Cusco, Ica, Ancash, Huanuco y Ucayali.
Las zonas rurales, detalló la ministra, es donde se hay mayor la vulneración de los derechos de los niños, porque aún hay menos presencia del Estado, e indicó que para la Defensoría municipal del niño, niña y adolescente, a quienes brindan asistencia técnica, refieren que enfrentan escasez de presupuesto para ampliar su capacidad de acción.
Desde que registró el caso de Mila, Promsex ha acompañado cerca de cinco casos similares en zonas rurales, que se han hecho públicos a través de organizaciones no gubernamentales.
