Vieja como la historia de las guerras humanas, la táctica de sitiar al enemigo que resiste en un territorio delimitado se basa en la idea de cortar sus interacciones con el exterior, de impedir a la vez el escape y la llegada de refuerzos y suministros, debilitándolo cada vez más en espera de la oportunidad para asestarle el golpe final o de que se rinda por hambre o sed.
Esa es, grosso modo, la táctica del gobierno argentino de Javier Milei ante lo que ve como un enemigo a derrotar: el derecho al aborto consagrado por una ley vigente. Cortar los suministros, dejar morir los servicios por inanición o falta de personal, construir un cerco de desinformación y habilitar que las sempiternas brigadas antiabortistas campen a sus anchas en clínicas, hospitales y juzgados.
Ni a Milei ni a los sectores ultras que lo respaldan les importan los daños que causa la maternidad forzada ni el problema de salud pública que entraña el aborto ilegal e inseguro. No es solo el aborto: también cortan los suministros de anticonceptivos, eliminan las consejerías y la educación sexual integral. En realidad, no les parece bien que todas las personas tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Pero, sin votos hasta ahora para derogar la ley, han optado por eliminar el presupuesto y desmantelar los servicios para matarla de a poco, mientras esperan la ocasión del asalto definitivo.
El problema con esta táctica de guerra es que el enemigo es la mitad de la población y, dentro de ella, el segmento más vulnerable.
El Estado argentino, tanto el gobierno federal como las provincias, tienen la obligación de cumplir la ley que otorgó, hace apenas cinco años, el derecho al aborto a las personas con capacidad de gestar – lo digo así y no simplemente “mujeres” porque no todas las mujeres pueden embarazarse y las que sí solo pueden durante un período de la vida, y también hay hombres trans y personas de género diverso que pueden gestar.
Pero el asedio a los derechos sexuales y reproductivos ocurre en un país que fue amasando durante décadas un movimiento que ahora conocemos como la ola verde, por el color de los pañuelos de las manifestantes, y que inspiró las luchas por el derecho al aborto en toda América Latina y más allá.
La periodista Irupé Tentorio viajó a la provincia de Misiones para reportar cómo opera el asedio en ese territorio de la fronteriza mesopotamia argentina y cómo dos mujeres lograron sortearlo, aupadas por la ola verde.
Es que, justamente, la ola verde está viva. Las redes tejidas durante años siguen ayudando con información, traslados, acceso a fármacos y acompañamiento. También siguen activas las profesionales de la salud comprometidas con la ética médica y con las leyes vigentes. Son el último bastión, que por ahora resiste.
Argentina: Derecho al aborto es papel mojado en Misiones • Irupé Tentorio
Cecilia*, de 27 años, fue al hospital en la provincia argentina de Misiones por una hernia intestinal. Allí supo que estaba embarazada y entendió que era resultado de un abuso sexual. El personal de salud, una psicóloga y un cura hicieron todo lo posible para negarle su derecho al aborto – pasando por encima de su voluntad, y de la ley.
Stefanía*, de 33 años y también habitante de Misiones, estuvo a punto de no poder acceder a un aborto legal a pesar de que lo solicitó desde la quinta semana de gestación, porque el personal de salud no respetó el protocolo de atención y porque el servicio casi no existe en el hospital de su localidad.
Las dos mujeres, que viven en ciudades chicas de Misiones, consiguieron interrumpir sus embarazos gracias a las redes de solidaridad feminista, que siguen activas. Pero debieron viajar muchos kilómetros para lograrlo.
Hace apenas cinco años, Argentina reconoció el derecho al aborto por el que las feministas pelearon durante décadas. Fueron jornadas heroicas, jalonadas por manifestaciones multitudinarias de mujeres de todas las edades. Pero ese derecho es casi letra muerta en muchos lugares del país como Misiones, una provincia fronteriza con Brasil y Paraguay, de pocos recursos y mucho conservadurismo.
Chile bajo la sombra de la dictadura de Pinochet • Ignacio Silva Neira
El líder de la ultraderecha chilena José Antonio Kast se convirtió el domingo en el candidato presidencial más votado en la historia del país (58,2%, frente a 42% para la candidata de izquierda Jeannette Jara), con el matiz relevante del retorno al voto obligatorio.
Kast, que hace algunos años afirmaba que “si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”, comienza a planificar su llegada a La Moneda al frente de lo que ha denominado un “gobierno de emergencia”, construido sobre una narrativa de campaña de que Chile es un país “que se cae a pedazos”.
La prensa internacional destacó los vínculos ideológicos del presidente electo con la dictadura militar y su vínculo familiar con el nazismo alemán. “Hijo de un miembro del partido nazi, admirador del dictador Augusto Pinochet”, lo caracterizó The Guardian. En paralelo, consignas que reivindicaban abiertamente a Pinochet formaron parte de las celebraciones de sus adherentes en distintos puntos del país.
Al mismo tiempo, la prensa nacional puso el acento en la transparencia del proceso electoral, la rapidez del recuento, el reconocimiento inmediato del resultado de la candidata derrotada, la comunista Jeannette Jara, y la llamada del presidente Gabriel Boric para felicitar al ganador y coordinar el traspaso del mando, todo ello presentado como un triunfo de la institucionalidad republicana y “por el bien de Chile”.
Nos queda un último encuentro antes de que termine 2025. ¡Hasta la semana que viene!
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