Tres meses después de una reforma constitucional en Jujuy (provincia fronteriza en el extremo noroeste de Argentina) que atropella derechos de las poblaciones indígenas y restringe el derecho a la protesta, las comunidades siguen en resistencia en distintos puntos de la provincia, pero también en la Ciudad de Buenos Aires, donde acampan frente al Palacio de Justicia, sede de los tribunales.
Las mujeres son las grandes protagonistas de esta lucha, que tiene siglos y que hoy toma una relevancia central con la defensa del agua y contra la explotación del litio, en medio de la crisis climática mundial.
Con el Cerro de los Siete Colores de fondo, cerca de un pueblo detenido en el tiempo y donde la belleza descomunal de la naturaleza atrae a miles de turistas, Natalia Machaca, una mujer kolla de 43 años, protestaba junto a otras personas en el corte de la ruta.
Machaca, una líder para las comunidades jujeñas de Yala, Lozano y León (Jujuy), estuvo allí, en Purmamarca y en otros puntos de esa ruta que une los valles y la Puna, desde el 15 de junio, para denunciar la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales que legaliza el despojo de los territorios de las comunidades originarias, criminaliza totalmente el bloqueo de vías y fue aprobada en menos de un mes y a espaldas de las comunidades indígenas y de toda la ciudadanía jujeña.
Poco después, Machaca y otras manifestantes recibieron una orden de detención. Desde entonces tiene impedida la salida de Jujuy. Debe presentarse cada dos semanas a firmar una caución en la fiscalía de la ciudad de Humahuaca. “Me armaron una causa” dice, y no es la única. Muchas personas fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas y criminalizadas por protestar.
Una semana antes, la imagen de otra mujer kolla de esta provincia recorría los principales medios argentinos. Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Santuario Tres Pozos, posaba junto al director de cine y activista ambiental canadiense James Cameron con un cartel escrito a mano en el que se leía: “Comunidades Territorio Salinas Grandes - Laguna Guayatayoc”.
Cameron llegó a Argentina invitado por un foro de sustentabilidad. Como parte de las actividades lo habían paseado por Jujuy junto al gobernador Morales para mostrarle los supuestos avances de las energías renovables. Pero el cineasta no estaba al tanto del plan extractivista de Morales ni de la resistencia indígena. De eso le habló Chávez cuando se reunió con él. Le contó su historia y la de su pueblo; le habló de los 13 años de lucha contra el extractivismo del litio en la Cuenca Salinas Grandes; de cómo los gobiernos nacional y provincial habían traicionado sus promesas de proteger sus territorios; de cómo la defensa del agua es la defensa de la vida de sus comunidades.
Estas comunidades no poseen títulos de propiedad sobre las tierras donde viven, aunque sí el derecho a habitar sus territorios ancestrales, según la Constitución de 1994. Desde 2010, las 33 comunidades indígenas que integran la cuenca hídrica Salinas Grandes - Laguna Guayatayoc (repartida entre las provincias de Jujuy y Salta) exigen el cumplimiento del derecho de consulta previa (que rige por ley desde 1992) por la explotación del salar donde viven, rico en litio. Para eso presentaron en 2010 un recurso ante la Corte Suprema de Justicia – que se declaró incompetente – y luego llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas, donde todavía la demanda está pendiente.
El relator especial de Naciones Unidas para los derechos indígenas, visitó a las comunidades que viven en los salares y emitió un informe en 2013. En marzo de este año, la Corte Suprema solicitó un informe al estado.
Sin embargo, la reforma constitucional de Morales abre la puerta a desalojos expeditivos y establece la “ocupación no consentida” de tierras como una “grave violación al derecho de propiedad”.
La reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales legaliza el despojo de los territorios de las comunidades originarias
Abajo la reforma, arriba la wiphala
Argentina, Bolivia y Chile conforman el llamado “triángulo del litio” por sus extensos salares con elevadas concentraciones de ese mineral. La minería para extraer el llamado “oro blanco” – muy demandado por empresas del norte global para las baterías de celulares y la transición a supuestas energías “limpias” – consume enormes cantidades de agua, dañando los ecosistemas: el deterioro ambiental y cultural resulta una amenaza a la existencia de las comunidades originarias.
Jujuy, limítrofe con Bolivia y Chile y una de las provincias de Argentina con mayor porcentaje de población indígena (7,8% de sus habitantes se reconocen como originarios, el triple de la media provincial) se convirtió en noticia por las protestas que despertó la reforma de su constitución, por la represión y procedimientos que recuerdan los años de dictadura. Quienes primero aparecieron en la televisión denunciando la inconstitucionalidad de la reforma y la represión del gobierno jujeño fueron mujeres. Maestras, que venían manifestándose desde hacía semanas para reclamar aumentos de salarios, y representantes de comunidades indígenas que resistían en los cortes de ruta.
En pocas semanas, las mujeres indígenas, siempre silenciadas y ninguneadas, solo presentes en los grandes medios cuando se las culpa por casos de desnutrición en sus comunidades o se las criminaliza, tomaron la palabra como defensoras de la tierra. Alertaron además sobre las violaciones de derechos humanos en Jujuy.
“Una vez más podemos decir que, en las comunidades, las mujeres son las sujetas del arraigo, las responsables por la continuidad de los pueblos sobre la faz del planeta”, escribió la antropóloga Rita Segato.
Natalia Machaca dice que antes había más silencio, pero que la lucha de las mujeres indígenas estuvo siempre. “Muchas nos hemos animado a hablar. Hay un montón que no pueden alzar la voz por persecución, con miedo porque la policía persigue a sus hijos. Pero somos varias las que tomamos la posta”.
Silvia Durán es otra de las lideresas de la resistencia en Purmamarca. Ella y Natalia vieron cómo las mujeres mayores eran golpeadas por policías. “Nuestras abuelitas han sido violentadas”, contó Durán, de la comunidad Cueva del Inca en Tilcara, durante el Segundo Encuentro de Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares que se realizó en esa ciudad del 18 al 20 de agosto.
“Habrán quemado todo (en el desalojo del piquete en la ruta), pero no podrán robar nuestras convicciones. Hay política comunitaria en nuestras comunidades. Tenemos un fuego tremendo que no se va a apagar. Arriba las wiphalas, abajo esa reforma”, remató Durán en una charla de la que participó con Natalia Machaca. La wiphala, bandera multicolor adoptada por los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur, es símbolo constante en toda la reivindicación jujeña. La antropóloga mexicana y muxe (el tercer género de la cultura zapoteca) Amaranta Gómez Regalado, y la boliviana Flora Aguilar, exdirigenta de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, llegaron al encuentro desde sus países para tejer solidaridad y pensamiento con las mujeres jujeñas.
“El gobierno sabe que las mujeres nos hacemos escuchar y a veces en nuestras comunidades somos las que ponemos los puntos”, dice Machaca. Por la orden de restricción que pesa sobre ella, no pudo viajar a Buenos Aires con el Tercer Malón de la Paz, como hubiera querido. El Tercer Malón reúne los reclamos de 400 comunidades y se nombra así en homenaje al Primer Malón (una movilización indígena pacífica en 1946). La palabra “malón” hace referencia a una táctica defensiva indígena que consiste en la sorpresa utilizada por los pueblos mapuche y charrúas, entre otros. El Tercer Malón tiene fuerte presencia de mujeres. Una columna salió el 25 de julio de La Quiaca, Jujuy, y recorrió más de 1.800 kilómetros hasta llegar a Buenos Aires el 1 de agosto. El día de la Pachamama, caminó por la ciudad hasta llegar a Tribunales.
Aquel 1 de agosto, frente al Palacio de Justicia, realizaron una ofrenda a la Pachamama y hubo también espacio para el reclamo, el baile y la música. Taty Almeida, de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se acercó al fuego y expresó su abrazo a la lucha.
Desde ese día permanecen en la Plaza Lavalle, que mira hacia Tribunales pero también a una escuela llamada Presidente Roca, el militar y político Julio. A Roca, uno de los responsables de la Campaña de Desierto (1878-1885), considerada un genocidio indígena. La presencia del Tercer Malón entre el cemento porteño es un contraste no solo por las coloridas whipalas: es un choque de cosmovisiones y de sentidos de justicia, la presencia de una deuda histórica y el espíritu de la tierra en medio de la ciudad.
“Vinimos porque allá en Jujuy estamos censurados, no somos escuchados, no salimos en los medios. Y no tenemos justicia. Las abuelas y abuelos dicen que hay que luchar como hicieron en el Primer Malón y nos dan fuerza”, dice Susana, que llegó desde Pueblo Viejo. “En las comunidades indígenas las mujeres estamos casi siempre al frente”, explica mientras reparte volantes que detallan sus demandas. Piden que la Corte Suprema de Justicia les escuche, que derogue la reforma jujeña por inconstitucional y que intervenga el gobierno de la provincia.
A diario el malón camina por las calles de Buenos Aires para mantener vivo el reclamo. Marcha al Congreso, se entrevista con legisladorxs, organiza festivales culturales, cosecha apoyos y donaciones, mientras la mayoría de los medios – además de la Corte – le dan la espalda. A la cabeza suelen marchar las mujeres, con una pancarta de tela bordada a mano, en el centro una wiphala y a los lados un grito de esperanza: Jallalla, expresión de los pueblos andinos que significa, entre otras cosas, fuerza.
Milagros, de 19 años, es una de las maloneras más jóvenes, llegada desde la comunidad de Pozo Colorado, Salinas Grandes, donde se grita “No al litio, sí al agua y a la vida”. “Acá el rol de las mujeres es muy importante. Es una lucha donde somos iguales. Cuidamos a nuestra madre naturaleza como si fuera nuestra madre. Tenemos esa fuerza de decir, sigamos adelante. El trayecto nunca fue fácil, sabemos cómo motivar a seguir”, dice.
El rol de las mujeres es muy importante. Es una lucha donde somos iguales. Cuidamos a nuestra madre naturaleza como si fuera nuestra madreMilagros Lamas
“Hoy la palabra y la participación se comparten. Las mujeres no se han dejado avasallar como en los malones anteriores donde los varones hablaban. Ese cerco ya no existe, existe el cerco mediático”, analiza Natalia Machaca. “Ante el silencio de la mayoría de los medios, muchas de nosotras empezamos a usar TikTok, Facebook, lo que tengamos a mano para hablar de la defensa del territorio”.
La importancia de las redes sociales en la lucha indígena y sus múltiples capas de circulación y sentidos quedaron demostradas hace unas semanas cuando el 24 de agosto se viralizó una escena de burla de una periodista a una pareja indígena en un subte de Buenos Aires. Kantuta Killa y Wari Rimachi volvían de reunirse con sus hermanos del Tercer Malón de la Paz, pero quienes veían el programa de TV no pudieron enterarse de esto, que fue difundido por mujeres indígenas en sus redes sociales.
El maltrato al aire generó un repudio masivo y más de 2.000 denuncias ante la Defensoría del Público y el Instituto contra la Discriminación y el Racismo (INADI). En desigualdad de condiciones, las palabras de Kantuta Killa a la periodista fueron una lección de política. Cuando la reportera le preguntó en torno burlón por quién había votado en las elecciones primarias del mes pasado, Kantuta Killa contestó: “No te lo voy a decir porque el voto no es público; son cosas serías porque estamos definiendo el destino de un país”.
Las mujeres indígenas siempre están haciendo política: desde la transmisión de la memoria ancestral hasta los cuidados comunitarios y la relación con el trabajo y la identidad. Son formas de organización que resultan ajenas a la mirada occidental y urbana, incluso dentro de los feminismos, que hasta no hace mucho mantenían a distancia estas luchas y reivindicaciones.
“Los pueblos originarios tenemos un posicionamiento político, sobre todo las mujeres: la defensa de la Pachamama, del agua y de la vida”, dice Machaca. “Seguimos firmes reclamando, hasta que caiga la reforma”.
