El segundo intento de reemplazar la constitución que Augusto Pinochet le impuso a Chile en 1980 revela hasta qué punto el fantasma del dictador sigue acechando a este país.
Pinochet no murió: es un vampiro de 250 años que se alimenta de corazones jóvenes y sobrevuela Santiago de Chile para cazarlos. Así comienza “El Conde”, sátira de Pablo Larraín que ridiculiza a Pinochet y a su familia, con la aparición estelar de Margaret Thatcher como narradora en off. La parodia, de la que todo Chile habla, se posa sobre la impunidad y la presencia ubicua del dictador en el imaginario social.
La imagen de Pinochet como vampiro o fantasma no es rara en Chile. En mayo, una encuesta de la consultora CERC-MORI reveló que 36% de los consultados justificaba el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el porcentaje más alto desde que se tiene registro. El mito del milagro pinochetista se refuerza en medio de los problemas actuales de seguridad pública y de una economía que no despega, según los investigadores. “La sombra de Pinochet a los 50 años del golpe se levanta como un fantasma que parece no tener paz”, dice el informe.
El filme de Netflix se estrenó el 8 de septiembre, poco antes del aniversario 50 del golpe de Estado, en una atmósfera tensa. Al día siguiente, cientos de partidarios del dictador se presentaron ante La Moneda, el palacio de gobierno que había sido bombardeado el día del golpe, con pancartas revanchistas. “50 años después Chile contra el comunismo de nuevo”, se leía en una de ellas.
El domingo 10 fue la tradicional manifestación de partidos de izquierda y movimientos de derechos humanos, también ante La Moneda, para marchar hacia el Cementerio General, donde está enterrado Salvador Allende, el presidente socialista que resistió el ataque de Pinochet y se suicidó en el misimo palacio.
“La dictadura transformó a Chile en un país de individuos, sin sentido de colectividad”, dijo a openDemocracy uno de los manifestantes, Enrique, mientras la marcha se acercaba al cementerio. El aire estaba invadido por gases lacrimógenos; los choques entre Carabineros – la policía militar – y grupos radicalizados obligaban a acelerar el paso.
“Vivimos tiempos de justificación y de relativismo, y eso es doloroso para quienes tenemos víctimas, pero también para cualquier persona que se llame a sí misma demócrata”, agregó el hombre de 40 años con varios familiares desaparecidos.
En el cementerio, los disturbios crecieron y la movilización terminó abruptamente; vehículos de Carabineros ingresaron al parque para dispersar a los manifestantes. Los pasillos, llenos de tumbas y flores, se convirtieron en un laberinto para quienes intentaban escapar de los gases lacrimógenos. La escena, con algunas variantes, se repite todos los años. La particularidad esta vez fue la presencia del presidente Gabriel Boric en un tramo de la movilización, antes que sus fuerzas de seguridad intervinieran.
Mientras, la mayoría de la gente estaba en su casa, preparándose para las fiestas nacionales del 18, cuando se celebra la independencia del país con toneladas de comida, bebida, bailes y canciones típicas, en un ritual que se estira por varios días. Banderas de Chile florecen en balcones, comercios y hasta en el capó de los autos.
“Septiembre es un mes paradojal para Chile, porque tiene una parte de luto y una parte de fiesta”, dijo a openDemocracy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega.
Para los defensores del golpe, todo el mes puede ser de fiesta. Cuelgan la bandera en su balcón antes del día 11, en forma de apoyo, a diferencia de los que la colocan luego de ese día, para subrayar el luto.
“Si hay algo que tiene septiembre es que no genera indiferencia”, agregó el ministro. “Hay una tensión inevitable entre partidarios y detractores de la dictadura, pero esa misma tensión nos recuerda los costos que tiene para un país la fragilidad democrática, y cómo las instituciones pueden terminar por derrumbarse”.
A fines de agosto, el gobierno presentó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, para esclarecer más de mil casos de desaparecidos durante la dictadura. “Si el Estado cometió esos crímenes, el Estado es quien tiene que hacerse cargo de esa búsqueda activa, no los familiares”, dijo Cordero Vega.
El ministro reconoce avances de gobiernos anteriores mediante comisiones de la verdad, como la que produjo el Informe Rettig en 1991 (que documentó por primera vez 2.296 casos de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990) y el avance de investigaciones en la justicia. Pero asegura que hace falta un mayor trabajo colectivo sobre los resultados de esas investigaciones y, en definitiva, sobre lo ocurrido en dictadura. “No es una vuelta al pasado, como creen algunos; es un ejercicio de memoria para reparar heridas. Hay una deuda que no hemos resuelto”.
El día del aniversario del golpe, Boric encabezó un acto oficial a las afueras de La Moneda, al que la oposición se negó a asistir. “Allende no merece homenaje”, fue el argumento que difundió la coalición de centroderecha Chile Vamos. La Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por cuadros pinochetistas que es parte de esa coalición, presentó su propio pronunciamiento, afirmando que el desenlace del 11 era “inevitable”.
La UDI, considerada por muchos años el espacio que mejor representaba al pinochetismo, perdió esa condición en 2016, cuando uno de sus diputados, José Antonio Kast, renunció para formar el Partido Republicano, una fuerza de ultraderecha que postula una crítica frontal a todo el sistema político.
La tarea de sustituir la constitución redactada por el régimen de Pinochet quedó en manos del partido que mejor representa al pinochetismo
Kast, que en el plebiscito organizado por la dictadura en 1988 hizo campaña a favor de la permanencia de Pinochet en el poder, se coloca ahora como líder de la oposición, luego de haber llegado como candidato presidencial a la segunda vuelta de las elecciones de 2021. Buena parte de los análisis sobre el retorno del pinochetismo se basan en su ascenso.
Ese protagonismo creció exponencialmente desde mayo, cuando su partido obtuvo una supermayoría en el consejo constitucional (22 de los 50 escaños), encargado de redactar una nueva constitución tras el fracaso en 2022 del primer proceso, dominado entonces por fuerzas de izquierdas.
Así – y esta es la primera paradoja –, la tarea de sustituir la constitución redactada por el régimen de Pinochet quedó en manos del partido que mejor representa al pinochetismo, y el único que de hecho hizo campaña contra el intento inicial de reemplazarla.
Ciudadanía exhausta
Pero mientras la dirigencia se encuentra más polarizada que nunca desde el retorno de la democracia, la sociedad se aleja cada vez más de la política. Este año, la mayoría de las personas no estaban interesadas en el aniversario del golpe, según una encuesta.
Esta es la segunda paradoja: la aprobación del proyecto constitucional va a depender de un electorado desconectado.
“Hay una enorme distancia entre el mundo político y la sociedad, y eso se ve en este proceso.”, dijo a openDemocracy un integrante del Partido Republicano, que pidió no ser nombrado por su cercanía al consejo constitucional. “El anterior despertaba mucho interés, la gente se informaba. Acá sigue habiendo cámaras e información todos los días, pero ya no interesa”.
“La gente está preocupada por la inflación, el desempleo, la inseguridad, y sabe que la Constitución no va a resolver ninguno de esos problemas. Por eso solo piensa en darle punto final a este proceso”, agregó la fuente.
La distancia entre los dos intentos constitucionales – el fallido y el actual – es un poderoso testimonio sobre cómo cambió el humor social en pocos años.
El primero fue consecuencia directa del estallido social de 2019. Una convención de 155 integrantes elegidos de manera paritaria, con escaños reservados para pueblos indígenas, fue la encargada de redactar el texto. Este reflejó en cierto modo la composición del órgano, dominado por independientes de izquierda, muchos sin experiencia política, y con la derecha incapaz de vetar las propuestas.
La intención era terminar con la “subsidiariedad del estado”, principio consagrado en la constitución pinochetista que reserva al estado un papel secundario respecto del sector privado, limitándolo a suministrar servicios solamente si las empresas no lo hacen – y adoptar en cambio el estado social de derecho.
El proceso parecía acompañado por el triunfo de Boric, exdirigente estudiantil, en las elecciones presidenciales de 2021. Una nueva izquierda había logrado capitalizar el descontento social.
El sueño se hizo trizas el 4 de septiembre de 2022, cuando la propuesta fue derrotada con el 62% de los votos. El “rechazo” se impuso en todo el país, en todos los sectores sociales y hasta en la población indigena a la que la propuesta aspiraba a representar.
El desprestigio de la convención y el descontento con el gobierno fueron protagonistas de la campaña, teñida por la desinformación sobre el contenido del texto. En ese plebiscito, a diferencia de elecciones anteriores, el voto fue obligatorio, y se incorporaron tres millones de nuevos electores. La izquierda pensó que ese sector iba a inclinarse por una constitución que reemplazaba a la de Pinochet; pero sucedió lo contrario.
En las paredes de Santiago y otros rincones del país se veían hasta hace poco alusiones al estallido. Esas consignas casi han desaparecido. El centro de la ciudad, que antes vibraba de gente, aparece retraído, producto de la inseguridad. Los puestos callejeros tienen menos clientes, afectados por la inflación (que está en 6,5%, pero aún sigue alta para estándares chilenos), mientras el desempleo se encuentra al alza.
El plebiscito fallido de 2022 supuso un duro golpe para el gobierno, que no se pudo recomponer y hoy es aprobado apenas por 30% de las personas consultadas en encuestas. La nueva izquierda fue víctima de la crisis de representación, lo que algunos analistas llaman “ánimo destituyente”: la ciudadanía vota, antes que nada, contra las propuestas establecidas.
Una constitución de derecha
El Partido Republicano capitalizó ese descontento y consiguió la mayoría en las elecciones de mayo para el consejo constitucional, un órgano más acotado y con dominio total de los partidos políticos.
El nuevo proceso se armó de manera muy diferente. Una comisión de expertos designada por el Congreso redactó un anteproyecto consensuado, que estableció bases constitucionales – líneas rojas –, sobre las que debía trabajar el consejo constitucional.
Antonia Rivas, integrante de la comisión experta por Convergencia Social, el partido de Boric, dijo a openDemocracy: “El borrador presentado es bastante equilibrado, y logró un acuerdo inédito entre todas las fuerzas políticas”.
Pero el consejo constitucional, controlado por la ultraderecha y la derecha, introdujo enmiendas que alteraron ese contenido y llevan el sello del Partido Republicano.
El texto, que debe estar listo el 7 de noviembre para que sea sometido a voto popular el 17 de diciembre, incluye un artículo sobre “el derecho a la vida”, con la mención explícita a que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, lo que haría inviable el aborto legal, hasta ahora solo contemplado en tres causales: violación, peligro de vida para la gestante o malformaciones severas.
También se dio rango constitucional a la objeción de conciencia, lo que, según los críticos, puede limitar aun más el acceso al aborto y habilitar rechazos a impartir ciertos contenidos educativos como la educación sexual integral, y en general eximir a los objetores de cumplir con leyes que estén en conflicto con sus creencias. La propuesta de repartir con igualdad entre hombres y mujeres los lugares en listas electorales, que había incluido la comisión de expertos, quedó también desdibujada, al reemplazarse el “acceso igualitario” por “acceso equilibrado”. El borrador también restringe el derecho de huelga.
Las enmiendas introducidas por la derecha “modifican sustancialmente el anteproyecto”, dijo Rivas. “Hay una fuerte tendencia del Partido Republicano a incluir en la Constitución cuestiones de la contingencia, artículos que están solo por guiños populistas”, agregó.
Entre ellos están por ejemplo, el que elimina el pago de contribuciones a la primera vivienda (que pagan efectivamente las personas más ricas y que es una fuente vital de recursos para los municipios pobres); el que rebaja el número de parlamentarios; otro que establece la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales, y uno que otorga un trato preferencial a las víctimas de terrorismo. “Hay una evidente falta de preocupación por un aspecto técnico de cuáles materias son constitucionales o no. Da la sensación de que no les importa que esta constitución quede bien hecha”, dijo Rivas.
Para Claudio Fuentes, profesor de ciencia política en la Universidad Diego Portales y coordinador del Laboratorio Constitucional, esas propuestas apuntan a sectores poco informados.
“¿Reducir parlamentarios? A la gente le hace muchísimo sentido por el componente antipolítico”, dijo Fuentes. “Lo mismo con dejar de pagar contribuciones a la vivienda, un impuesto que hoy pagan solo los más ricos, pero sin embargo a la ciudadanía que aspira a tener una casa le hace sentido. Apoya la idea de pagar menos impuestos al Estado”.
Esa estrategia se dirige a esos tres millones de nuevos electores que se incorporaron con la obligatoriedad del voto. El perfil demográfico de este grupo corresponde a jóvenes menores de 40 años, de sectores medios y bajos, “con una perspectiva mucho más aspiracional y de preocupación por su desarrollo individual”, dijo Fuentes, que dirigió un estudio sobre los abstencionistas en 2020.
Pero, advirtió, el comportamiento electoral es una incógnita. De momento, solo 34% de encuestados se declaran inclinados a aprobar la propuesta, según la última encuesta de la consultora Cadem. Y en julio, el Centro de Estudios Públicos reveló que casi 50% de los chilenos no estaban interesados en el proceso constituyente.
La trampa del plebiscito constitucional
Kast, que ha logrado capitalizar el rechazo hacia la política tradicional, puede sufrir ahora su maldición, al ser visto como la autoridad responsable.
“La estrategia de Republicanos es tener una constitución de Kast, para proyectarlo en la elección presidencial”, dijo Fuentes. “Es un riesgo, porque efectivamente él puede perder. Pero su objetivo, a dos años de las elecciones, es poder decir que sus ideas se plasmaron en la discusión constitucional, y, si pierde, igual se queda con la constitución de Pinochet, que les acomoda. En el fondo, el escenario es un win-win para Kast”. La coalición de derecha Chile Vamos ya anunció que promoverá el voto a favor.
El consejo constitucional tuvo la última palabra sobre el texto en una votaciónn final el 30 de octubre.
La aprobación popular depende de tres factores, según la fuente del Partido Republicano, y la primera es que tenga “sentido común”. “Antes que parecer de izquierda o derecha, tiene que tener cosas que le hagan sentido a la gente”, dijo. El segundo factor es que figuras ajenas a la política, desde artistas a jugadores de fútbol, opinen del tema, sin importar si lo hacen a favor o en contra. “Eso va a generar interés, la gente va a querer saber de qué se trata”, alegó. Por último, la posición del gobierno nacional puede ser determinante, reconoció.
Esa posición, según las fuentes consultadas para esta nota, todavía no está definida. La posibilidad de que el gobierno impulsara el voto “A favor” se alejó en las últimas semanas, debido al sesgo de los cambios introducidos al texto. Tampoco está claro si el gobierno hará expresamente una campaña “En contra” o adoptará una postura neutral.
La abogada constitucionalista Bárbara Sepúlveda, dirigente del Partido Comunista, una de las fuerzas de la coalición gobernante, e integrante de la Convención que redactó el fallido texto constitucional de 2022, dijo a openDemocracy que “hemos comenzado a operar sobre la práctica sin trazar una mirada sobre lo que viene después. Nos hemos quedado sin un relato”, agregó.
En el estallido social, según Sepúlveda, la izquierda tuvo una oportunidad. “Había un sentido de solidaridad, de empatía, que es muy necesario a la hora de plantear un proyecto transformador de izquierda, por ejemplo para aplicarlo al sistema de salud o a las pensiones. Ese momento no digo que se haya perdido, pero sí se enfrió”.
Mientras la agenda de reformas del gobierno de Boric naufraga en un Congreso en el que carece de mayorías, el fracaso del primer proceso constitucional vuelve muy difícil terminar con el “estado subsidiario” establecido en la constitución pinochetista, y cuyo espíritu permanece en el proyecto.
Es, en cierta medida, el último triunfo del pinochetismo en el sistema político chileno.
“La ultraderecha sí tiene un relato”, dice Sepúlveda. “Tiene una idea de qué tipo de país y sociedad quiere, y sus simpatizantes pueden replicarla. El de la izquierda, a pesar del estallido social, ha quedado como un discurso demasiado elaborado”.
