En marzo, cientos de personas salieron a protestar en distintas ciudades de Cuba por la falta de alimentos y electricidad, y a reclamar “Libertad” y “Patria y vida”, un desafío al “Patria o muerte” de Fidel Castro.
Las protestas más multitudinarias ocurrieron el domingo 17 de marzo en Bayamo, Santiago de Cuba y Holguín, ciudades del este del país, y aparecieron en un momento complejo para el gobierno encabezado desde 2019 por Miguel Díaz-Canel. En febrero, el presidente destituyó a un estrecho aliado, su ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, y en una nota oficial en marzo lo acusó de corrupción. Nadie ha revelado, como es costumbre en Cuba, la naturaleza y el alcance de esa corrupción. Cuando se hace referencia a los hechos de los que se acusa a Gil, el gobierno menciona corrupción, simulación e insensibilidad.
La destitución podría ser pedido de la cúpula militar-empresarial – que maneja la economía cubana desde la caída de la Unión Soviética (1991) –, aunque esto es difícil de comprobar. Es posible que miembros de la seguridad del Estado, infiltrados en la sociedad civil cubana, hayan palpado el creciente malestar popular. Díaz-Canel quizás haya supuesto que la caída en desgracia de Gil aplacaría el descontento.
Unas semanas después, el 1 de marzo, la gasolina aumentó 500%. Cuando todavía era ministro de Economía, Alejandro Gil admitió que el gobierno no podía seguir subsidiando el combustible, ante la necesidad de reducir el déficit fiscal.
Junto con este aumento, se dispusieron subas generalizadas en los precios del gas y el agua, y el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, anunció un incremento extraordinario de 25% en las tarifas eléctricas de los mayores consumidores, como parte de una batería de medidas adoptadas en diciembre de 2023 con el objetivo de abatir el déficit. En una sesión parlamentaria del 12 de enero, las autoridades reconocieron que la inflación de 2023 fue del 30%.
En varias gasolineras y tiendas de alimentos ya solo se puede pagar en dólares, mientras los salarios no recuperan su poder adquisitivo. El salario promedio en febrero fue de 4.560 pesos cubanos (14,7 dólares), mientras la canasta básica de alimentos costaba 20.000 pesos por mes.
Los cortes de energía duran hasta 14 horas diarias en algunas zonas, debido a la falta de combustible y de mantenimiento de la principal central termoeléctrica de la isla.
El malvivir cotidiano por esta escasez de productos alimenticios y de suministro eléctrico no tiene solución con un recambio ministerial. Muchos cubanos piden, a gritos y en silencio, un cambio de sistema político, aunque la criminalización de la protesta y la falta de libertad de prensa hacen difícil dimensionar cuán generalizado es el descontento.
Muchos miran con recelo a los jerarcas del Partido Comunista, a los militares-empresarios de GAESA (Grupo de Administración Empresarial) – el consorcio de negocios que administran los militares y que abarca, entre otros, desde hoteles y tiendas minoristas hasta aduanas y puertos –, y a los familiares de los expresidentes Fidel y Raúl Castro.
Los ven como a una clase social privilegiada, que tiene acceso a dólares y a un alto nivel de vida, mientras el 88% de la población sobrevive en la pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Aquel sueño de una sociedad sin clases se ha convertido en esta pesadilla de miseria, mentiras y privilegios para pocos.
Menos de tres años atrás, se produjo el estallido social del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades a reclamar comida y libertad. Los manifestantes hicieron suyo entonces el título de la canción ‘Patria y vida’ que refuta al lema histórico de la revolución ‘Patria o muerte’. Aquella manifestación espontánea terminó con unos 1.000 presos políticos, entre ellos 55 menores de edad.
La violencia se expresa en los palos que seguidores del gobierno sin uniforme arrojan contra ciudadanos apacibles, en los boinas negras, cuerpo de elite del Ministerio del Interior que actúa como fuerza antidisturbios y esgrime sus armas contra ciudadanos que solo pronuncian su indignación, como en el Estado que no provee alimentos y prohíbe las manifestaciones pacíficas de quienes reclaman por sus derechos. También los presos políticos son una expresión de la violencia del Estado.
Esta represión seguirá vigente, pues es el medio del gobierno para mantener que la revolución cubana sigue viva – y para permanecer en el poder.
En un mundo donde el autoritarismo se fortalece, democratizar Cuba de forma pacífica sería no solo un triunfo para los cubanos sino para todos quienes valoran la democracia. El pueblo cubano no podrá avanzar solo en reformas democráticas. La transición a la democracia en Cuba requerirá de apoyos externos, de las democracias latinoamericanas, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá.
Sin embargo, existe todavía una visión romántica acerca de Cuba en varias democracias occidentales. Por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solamente se animó a expresar que Cuba no es una democracia, evitando decir que es una dictadura.
En este contexto tan complejo, conviene preguntarse por qué no hay otro estallido como el del 11 julio de 2021.
El miedo y la lucha cotidiana por sobrevivir aleja a los cubanos de la protesta, y del país. En 2022 y 2023 se registró el mayor número de migrantes indocumentados hacia EEUU en dos años seguidos desde la revolución, 466.000 personas, según cifras de la estadounidense Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Otros 67.000 ingresaron en 2023 mediante el programa de permiso de entrada humanitaria (‘Parole’), que permite a ciudadanos o residentes legales de EEUU solicitar el ingreso de sus familiares procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Al gobierno cubano parece no importarle la huida de sus ciudadanos. Por esto, frente a la protesta del 17 de marzo se limitó a poner a la venta arroz, azúcar y algo de leche para niñas y niños en la provincia de Santiago de Cuba, donde ocurrieron la mayor parte de las protestas, y a solicitar por primera vez ayuda alimentaria al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA), que ya está distribuyendo leche en polvo. También culpó de la crisis al embargo estadounidense, que prohíbe el comercio con Cuba desde hace más de 65 años, y acusó a Washington de instigar la manifestación.
Hace ya años que Cuba se encuentra en esa situación que Antonio Gramsci describió con claridad: “Lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. El 11 de julio de 2021 los jerarcas de la revolución fallida vieron su poder tambalear e hicieron todo lo posible para evitar que lo nuevo naciera. Prisiones, exilios y migraciones, apagones, cortes de internet y escasez sumieron a los cubanos en una lucha cotidiana por sobrevivir y alimentar a sus hijos.
Si bien el gobierno fue capaz de aplastar al disidente Movimiento San Isidro – que reclamaba libertad de expresión y derecho a la protesta y fue la semilla de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 –, la isla está lejos de tener paz social. Probablemente, los jerarcas comunistas crean que están a salvo. Dentro de la burbuja que habitan no entienden que la gente, aún sin democracia, vota contra ellos cada vez que puede, emigrando o con tímidas protestas. ¿Cuánto sufrimiento más pueden provocar para mantener el régimen y sus privilegios?
