El voto histórico de Ecuador para detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas más biodiversas del planeta, está amenazado por el gobierno, que busca desestimar el resultado del referéndum del 20 de agosto.
Una clara mayoría de la ciudadanía – casi 59% – votó “sí al Yasuní” y eligió proteger la selva amazónica ecuatoriana del extractivismo fósil mediante el cese de las operaciones de extracción de crudo en el parque y la conservación de las reservas bajo tierra indefinidamente. El resultado fue una gran victoria para los activistas ambientales que desean promover una economía pospetrolera.
Pero el presidente saliente Guillermo Lasso y la candidata favorita para ganar la segunda vuelta presidencial de octubre, Luisa González, están dispuestos a ignorar el mandato popular.
"No queremos que termine la producción del [yacimiento petrolero] Bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar ni apresurar ningún procedimiento", dijo Lasso el 5 de septiembre en una reunión con delegados de las comunidades indígenas locales que le manifestaron su preocupación por los efectos económicos de detener la explotación y votaron "no" en el referéndum.
Como resultado del referéndum, el gobierno de Ecuador debe detener y desmantelar las operaciones en los próximos 18 meses en el bloque 43-ITT (siglas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini), un yacimiento de crudo que ocupa un área de casi 2.000 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní. El área es hogar de los pueblos indígenas waorani, kichwa y shuar y colinda con las tierras de otras poblaciones en aislamiento voluntario. Las autoridades tampoco pueden firmar nuevos contratos para su explotación.
En la reunión del 5 de septiembre, de la que se filtraron varios vídeos, el presidente también dijo que la estrategia del gobierno para evitar la implementación del referéndum será argumentar que es "inaplicable".
"Técnicamente, tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible, y estamos yendo por el camino de ‘es inaplicable la consulta’. ‘No es posible’. Comprendan que no es posible, y que vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible", dijo Lasso.
En una conferencia de prensa el día después de la consulta, los y las representantes de las organizaciones convocantes, sentadas en dos mesas largas revestidas con banderas de los pueblos indígenas ecuatorianos, anunciaron la creación de un observatorio que supervise el acatamiento del referéndum.
Ahora, los activistas se reorganizan para resistir a los ataques a la voluntad popular. “Es casi un sentido común de todas las organizaciones sociales [en Ecuador] que lo que tú alcanzas en las urnas, luego tienes que defenderlo en las calles”, dijo a openDemocracy Alejandra Santillana, integrante de Yasunidos, el colectivo ambientalista que impulsó la campaña para la consulta popular.
“Como siempre violentan las decisiones colectivas y los derechos, consideramos que puede pasar cualquier cosa. Por eso vamos a estar muy vigilantes”, dijo a openDemocracy la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Zenaida Yasacama. una de las organizaciones que promovieron la consulta popular.
Los activistas reclaman un plan integral de reparación para el Yasuní que tenga en cuenta los daños ambientales y a la salud humana, y establezca medidas claras de protección para el parque y las comunidades que lo habitan.
El Yasuní, un bosque húmedo tropical de más de 1 millón de hectáreas en el corazón de la Amazonía, fue declarado reserva de biosfera en 1989 por la Unesco. Allí habitan más de 1.500 especies de animales y varios pueblos indígenas – además de los ya mencionados, los tagaeri y taromenane, últimas poblaciones en aislamiento voluntario en Ecuador.
Desde hace medio siglo varios bloques petroleros con actividad productiva amenazan su supervivencia. El bloque 43-ITT fue el último en explotarse, con la empresa estatal Petroecuador operando allí desde 2016.
La respuesta del gobierno
El presidente Lasso, cuyo mandato termina el 25 de noviembre, sostiene que el país perderá 1.200 millones de dólares por año al dejar de explotar el crudo del Bloque 43-ITT. Yasunidos cuestiona esas cifras y afirma que las pérdidas de ingresos serían de 148 millones de dólares anuales, con base en estimaciones sobre las existencias de petróleo en la zona que presentó ante la Corte Constitucional la empresa pública Petroecuador.
Francesc Badia i Dalmases
El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, planteó dudas constitucionales sobre la validez del plebiscito, alegando que la Constitución establece que la decisión sobre la extracción debe ser tomada por los habitantes de la zona donde se encuentra el yacimiento petrolero.
El ministro ha sugerido que los habitantes de la provincia de Orellana – donde se ubica el bloque 43-ITT y donde el "No" a dejar el petróleo sin explotar ganó con casi 58% de los votos – deben ser los que tomen la decisión final. Santos agregó que se esperaría un dictamen definitivo de la Corte Constitucional y que, mientras tanto, la explotación petrolera continuaría.
La candidata presidencial González, del partido centroizquierdista Revolución Ciudadana – liderado desde el exilio por el expresidente Rafael Correa – apoyó el argumento de Santos: “Las autoridades locales [de Orellana] tendrán que mostrar y hacer valer también sus derechos. Habrá que dejar que eso se lleve en el área judicial”, opinó.
Sin embargo, Santillana advirtió que tanto Santos como González están “confundiendo la consulta previa libre informada [a las poblaciones indígenas que habitan la zona], que tendría que haberse realizado antes de explotar el bloque, con una consulta popular nacional”. Ambos mecanismos de consulta fueron establecidos en la constitución ecuatoriana en 2008.
Yasunidos denunció que se está promoviendo “incertidumbre y miedo en la población local”, y que el abandono estatal “causa graves relaciones de dependencia y chantaje” entre las comunidades que habitan las zonas explotadas las provincias de Orellana y Sucumbíos, y las empresas petroleras.
Otras instituciones gubernamentales también advirtieron otros posibles problemas. El Banco Central anunció que aumentaría el desempleo debido a la reducción de la producción, mientras el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Dávalos, aseguró que sería “imposible” terminar con la explotación en el plazo de 18 meses establecido en el plebiscito.
Al comienzo, el gobierno se retractó y Lasso aseguró que cumplirá con la voluntad popular. Sin embargo, sus comentarios más recientes contradicen esto, a pesar de que la constitución de 2008 convirtió a Ecuador en el primer país del mundo en reconocer que la naturaleza (o pachamama) tiene derechos.
“Había una idea que con la incorporación de la naturaleza como sujeto derecho en la Constitución había un cambio. Pero con los años se ha visto que no. Ningún gobierno se ha interesado en proteger la naturaleza”, dijo Zenaida Yasacama, de la CONAIE.
González también ha mostrado poca preocupación por la pachamama. La candidata favorita en las encuestas argumentó que los ingresos petroleros se destinan a las comunidades locales que habitan los territorios explotados, y reclamó a los ambientalistas que elaboren alternativas económicas.
Pero la dirigente de la CONAIE, Yasacama, replicó: “Eso es falso. Cuando en la explotación petrolera hubo bonanza, no hemos tenido atención, hemos sido abandonados. Ni los animales podrían sobrevivir en los espacios que son supuestamente escuelas, infraestructuras de salud”.
La larga lucha por el referéndum
Al inicio de su primer mandato, Rafael Correa (2007-2017) pidió a la comunidad internacional que entregara a su país 3.600 millones de dólares a cambio de no extraer petróleo del Yasuní, honrando así la cosmovisión indígena ‘sumak kawsay’ (buen vivir), que se consagró en la Constitución, adoptada al año siguiente, como “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza”.
La iniciativa, que se habilitó mediante un fideicomiso supervisado por la ONU, estuvo abierta siete años, pero no obtuvo el apoyo esperado (los depósitos efectivos sumaron 13,3 millones de dólares). En 2013, el gobierno ecuatoriano le puso fin. “El mundo nos ha fallado”, dijo entonces Correa y anunció que el bloque ITT se abriría a la explotación.
Las protestas estallaron en todo el país. En ese contexto nació Yasunidos como un movimiento apartidario compuesto principalmente por jóvenes, que luego incorporó a organizaciones indígenas, incluyendo a la influyente CONAIE. Su estrategia fue convocar un plebiscito para preguntar a la ciudadanía si quería o no mantener el crudo del bloque 43-ITT bajo tierra.
En seis meses, se recolectaron 757.623 firmas que fueron entregadas en abril de 2014 al Consejo Nacional Electoral (CNE), superando ampliamente el mínimo requerido para convocar la consulta (5% del padrón electoral).
Durante la recolección de firmas, las organizaciones participantes denunciaron amenazas y persecución por parte del gobierno. “Nos ha costado tanto dolor, tanto sacrificio. Nadie nos ha financiado para salir de nuestras comunidades y estar en Quito haciendo plantones, revisando las inscripciones”, recordó Yasacama.
Pero en un trámite sumario de dos semanas, en mayo de 2014 el CNE invalidó más del 50% de las firmas y no autorizó el plebiscito. Cuatro años más tarde, una comisión independiente encontró “serios indicios de arbitrariedad” en el conteo y revisión de las firmas a cargo del CNE.
Esto permitió a Yasunidos recurrir la decisión y batallar legalmente ante los gobiernos de Correa, Lenin Moreno (2017-2021) y el actual de Lasso, denunciado la violación de los derechos políticos y la obstaculización del proceso judicial. Finalmente, en abril de este año, la Corte Constitucional convocó una audiencia.
“En esa audiencia pudimos exponer todos los argumentos que explicaban por qué la consulta estaba vigente”, dijo Santillana, quien participó como proponente ante la Corte Constitucional por parte de Yasunidos.
En esa audiencia, el gobierno de Lasso solicitó a la Corte que archivara la consulta porque violaba acuerdos petroleros del país. Pero, según Santillana, la información presentada por las propias autoridades abonó la necesidad de que se realizara el plebiscito.
“Fue bastante impresionante ver cómo el propio Estado nos estaba dando los argumentos. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presentó informes sobre la contaminación del agua. O sea, el propio Estado decía que el agua [del Yasuní] no se podía tomar porque estaba altamente contaminada”, dijo.
Yasunidos presentó como prueba el caso admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estudia la presunta responsabilidad internacional de Ecuador por una serie de violaciones a los derechos de los pueblos tagaeri y taromenane, cuya tierra, declarada intangible (un estatuto que prohíbe a perpetuidad cualquier actividad extractiva) colinda con el bloque 43-ITT.
El 9 de mayo de 2023, la Corte Constitucional falló a favor de Yasunidos, habilitó la consulta y reprochó “el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación de los solicitantes”.
Santillana concluyó: “La consulta del Yasuní es la primera nacional y vinculante, pero desde hace años el pueblo ecuatoriano se viene pronunciando en las urnas en contra del extractivismo. El tema es que ninguno de los gobiernos se ha tomado en serio este pronunciamiento masivo”.
