La victoria del Sí al Yasuní en la consulta del pasado 20 de agosto contrasta vivamente con el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el mismo día, que dieron el pase a la segunda vuelta, a celebrar el 15 de octubre, a dos opciones que han favorecido históricamente al extractivismo, concretamente a la minería metálica y a la industria de los hidrocarburos.
Luisa González, una candidata escogida por Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano condenado por corrupción y autoexiliado en Bruselas, ganó con un porcentaje del 34%, seguida por Daniel Noboa, representante de las élites económicas del país, con el 23%, y que resultó la sorpresa de la noche electoral.
El apoyo a Noboa no alcanzaba los dos dígitos en las encuestas, pero ganó popularidad tras una elocuente actuación en el último debate electoral previo a los comicios. Ambas opciones representan, con pocos matices entre ellas, opciones desarrollistas de explotación de los recursos naturales del país, algo que han demostrado sobradamente durante los periodos de sus respectivas opciones ideológicas al frente del Ecuador.
Una vieja idea
La idea de dejar el petróleo bajo tierra en el parque nacional del Yasuní, un espacio natural de los más biodiversos del mundo y hábitat de al menos dos pueblos indígenas no contactados, los Tagaeri y los Taromenane, que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana, nació hace 17 años, en el 2006. Ocurrió dos años antes de que la nueva constitución ecuatoriana del 2008, en un acuerdo sin precedentes, otorgara derechos a la naturaleza, y a uno de la primera victoria electoral de Rafael Correa en 2007.
En ese momento, lo que se planteaba era no explotar las reservas de petróleo identificadas en el parque, conocidas como el Bloque 43, a cambio de una compensación económica a cargo de las grandes economías mundiales, que deberían asumirla como responsables de una deuda climática adquirida durante décadas de emisión de gases de efecto invernadero por la quema de hidrocarburos a nivel planetario.
Correa otorgó la licencia de explotación de los pozos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), situados en el extremo este del Yasuní, a la petrolera estatal Petroecuador.
Pero esa idea, criticada como un intento de mercantilizar la naturaleza, no prosperó, a pesar de que el gobierno de Correa insistió en promover mercados de carbono a cambio de mantener el petróleo debajo del Yasuní, condicionando así la protección de la naturaleza a los ingresos que podría recibir a cambio. De esta manera, al no conseguir este objetivo, Correa otorgó la licencia de explotación de los pozos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), situados en el extremo este del parque nacional, a la petrolera estatal Petroecuador.
A partir de entonces el Estado ecuatoriano empezó a recibir importantes insumos de la explotación de ITT mientras creció un poderoso movimiento de oposición compuesto por grupos de jóvenes, indígenas y ONGs ambientalistas que, a pesar de la represión del gobierno, promovieron una consulta sobre el parque y que estuvieron una década en la lucha, recogiendo decenas de miles de firmas a favor del Yasuní.
Diez años después, por fin la justicia reconoció en derecho a la consulta y que, de ganar el Sí, el Estado mantendría las reservas de petróleo del bloque 43 bajo el subsuelo de forma indefinida y se responsabilizará de “un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un plazo no mayor a un año”.
Por fin, coincidiendo con las presidenciales, el 20 de agosto logró celebrarse el referéndum y ganó el Sí por una importante diferencia de 17 puntos (58% a favor, 41% en contra). Esto supuso un gran triunfo del movimiento, y un problema para el Estado, que dejará de explotar unas reservas calculadas de 726 millones de barriles de petróleo y de recibir unos ingresos fiscales calculados en 600 millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, también se celebró otro referéndum en el distrito de la capital, Quito, sobre la preservación del cercano páramo del Chocó Andino, donde también se aprobó por una mayoría incluso más amplia que en el caso del Yasuní (68% a 31%) prohibir la minería de oro.
Francesc Badia i Dalmases
Violencia sin precedentes en el país
Pero estas históricas victorias en contra del extractivismo que domina la economía del país contrastan vivamente con una atmósfera política muy enrarecida por una corrupción endémica y por el aumento exponencial de la violencia en un país otrora conocido en la región por su bajo índice de violencia. La delincuencia común se ha disparado, los asesinatos callejeros están a la orden del día y los estallidos de violencia en las superpobladas cárceles provocan decenas de muertos sin que el Estado haga nada por remediarlo.
Este ambiente de violencia descontrolada es atribuido fundamentalmente un cambio de las dinámicas del narcotráfico en la región fruto de distintos factores como los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en Colombia, los movimientos del mercado de la cocaína, sobre todo en EEUU, donde la demanda disminuye a la par que aumenta la de fentanilo, y el hecho de que Ecuador pasó de ser un país de tránsito de la droga a ser un centro de distribución, sobre todo a través de sus puertos en el Pacífico.
Pero esta violencia vivió un salto cualitativo con la aparición de la violencia política durante la reciente campaña electoral. El asesinato de varios líderes locales culminó con el atentado contra Fernando Villavicencio, un experiodista de investigación convertido en azote de la corrupción y enfrentado vocalmente a los líderes del narcotráfico, que fue baleado a la salida de un mitin electoral en Quito en 9 de Agosto, último día en que se publicaban encuestas electorales en el Ecuador.
La conmoción política provocada por este asesinato cambió significativamente la dinámica de los candidatos y el foco de la campaña, y vio cómo Daniel Noboa, un candidato situado apenas en el séptimo puesto de las preferencias de voto, saltó al segundo puesto fruto de su relativa novedad en la contienda, del desprestigio de la clase política en general y de una buena imagen de seriedad y serenidad en el decisivo debate final de candidatos, donde se presentó con un chaleco antibalas debajo de la camisa poniendo en evidencia la difícil situación del país.
Gobernarán los extractivistas
En cualquier caso, visto el resultado del 20 de Agosto, será este empresario procedente del potente sector bananero ecuatoriano quien le disputará la presidencia a la candidata del correísmo en la segunda vuelta. Algunos analistas señalan que Luisa González casi alcanzó el techo electoral que el correísmo tiene en Ecuador, cercano al 35%, mientras que el potencial de crecimiento de Noboa es mucho mayor.
Pero las ocho semanas que faltan para la votación es mucho tiempo en política, sobre todo en un clima tan tenso y volátil como el actual, pero cualquiera de las dos opciones está muy alejada de declarar la moratoria al extractivismo que parecen reclamar las amplias victorias de las consultas del Yasuní y del Chocó Andino.
Tanto el correísmo, una opción política que combina acento social con el desarrollismo estatalista, como las fuerzas de la derecha, dependen de la industria de la extracción de recursos naturales, y fundamentalmente del petróleo, del oro y del cobre para recaudar fondos para financiar sus políticas.
Quien resulte electo tendrá un año y medio para intentar revertir la crisis económica, la importante ola de emigración, la plaga de la violencia y la presión del narcotráfico, que acosan angustiosamente al país andino. Al mismo tiempo, tendrá que implementar el resultado del Yasuní y restaurar los daños causados por la explotación del Bloque 43.
Si consigue restablecer los equilibrios internos y absorber el impacto económico de la no explotación del Yasuní, sería inteligente que Ecuador se sumase con determinación a la coalición de países amazónicos en defensa de la naturaleza que se está construyendo (no sin dificultades -véase los resultados de la Cumbre Amazónica celebrada recientemente en Belém).
La próxima presidencia de Ecuador podría hacer honor a su pionera constitución garante de los derechos de la naturaleza y a la clara voluntad de sus ciudadanos de no seguir por la senda destructora del extractivismo actual, y contribuir positivamente al cambio urgente a nivel mundial que implica el abandono de los combustibles fósiles.
