El ‘circo del horror’: Cruel montaje sobre los desaparecidos en México

La visita al Rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas.

Cuando regresa al Rancho Izaguirre, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo – por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco –, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conserva evidencias forenses.

No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.

“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva cuatro años y nueve meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí; era un olor insoportable, un alteronón [desorden] de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”.

Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo. Ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez, y siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas.

No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de panqueques), la enorme pila de platos (más de 100), las zapatillas y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México.

Esos zapatos huérfanos y la noticia de que la fiscalía estatal abandonó las evidencias pese a que el rancho estaba bajo su resguardo desde septiembre de 2024 – cuando encontró a tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvo a 10 supuestos integrantes del cártel –, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.

Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada (que es un delito federal), el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela, municipio de Teuchitlán.

Luego de que Gertz aventara el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.

Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un tour del horror del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.

Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59, hora local. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas – camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta –, grita que las engañaron. Ya no hay nada, dice, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos – desaparecido de su casa “hace seis años y 20 días” –, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.

“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. [...] Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche [maldito, miserable] gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro”.

En la finca de 11.000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido van surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien.

Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.

El cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren

Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comienzan a colapsar. En distintos rincones – rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición – se las ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar.

Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo en la que encontraron los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos y demás restos que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren.

Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, la mujer se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:

—Tócale aquí, cómo suena, ¡está hueca!… ¡Mira!… ¡Mira cómo suena aquí!

—¡Traigan un pico y pala! – pide otra mujer que lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores.

Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.

“[Un día antes] por ahí de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística, y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.

La decena de autobuses con lugar para 40 invitados cada uno que contrató el estado son los primeros en llegar al sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee “Izaguirre Ranch”.

Se propone a los recién llegados esperar unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.

A las 13:15 horas ya se escucha el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal (polvareda), y ansiosas por entrar al rancho donde suponen que están las prendas de sus seres queridos, se saltan a los funcionarios que les impiden el paso y comienzan una caravana con el grito: “Queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar”.

Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.

La furibunda procesión se topa con el portón negro; la entrada parece un hormiguero. La gente discute para entrar.

Dentro de la finca espera el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entiende qué hacen: no explican nada ni dan el recorrido como en los museos, solo cuidan que no se traspasen los sellos de seguridad. Los tres psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco están ahí cuando con más urgencia se necesitan.

Desde las 13:30 horas ya son televisadas por canales de TV las furiosas críticas de las madres que salen del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor. Rodeada de sus compañeras, dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”.

A las 14:36, cuando la visita ya es un desastre, la fiscalía de Jalisco postea en X la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la FGR la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.

Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les dan 20 minutos de acceso, otros cuentan con privilegios, como el influencer Jorge Manuel Suárez Azcargota, a quien el gobierno de Jalisco coló antes del recorrido.

En su transmisión se jacta de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Muestra la que cree que era “casa de una familia”. Enseña lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevuelan el espacio. Se siente, dice, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”.

Al narcorrancho están por arribar otros influencers desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad este sitio es un “campo de exterminio” y de buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo tierra y depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico.

En la ‘mañanera’ del 18 de marzo, la conferencia de prensa diaria ofrecida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87.000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobierno y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Algunos influencers y periodistas vienen a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas y los hoyos con restos humanos son el montaje que la presidenta y diversos medios afines denuncian como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.

El recorrido es autodidacta. En el caminito a lo largo del predio hay banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal hay un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respeta, ni siquiera se nota. Otro sitio esta clausurado con una tela.

Solo se ve tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repite que la fiscalía rellenó los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.

De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno da razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de facebuqueros, youtuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se nota esa torre de Babel, donde cada quien habla un lenguaje distinto. Donde unos ven un comedor, otros ven un sitio de desollamiento.

Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinan a esbozar explicaciones de lo que vieron.

Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitaban. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, y cómo sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.

Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de tránsito contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.

Servín, vestido con su paliacate y la camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante, y que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.

—¿Aquí se usaron combustibles?

—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.

—¿Cómo se veía eso que quedó?

—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.

Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Pero personal de la fiscalía limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.

Entonces le lanzan a Servín la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:

—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?

—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.

A partir de ese tour, donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en ciencias forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la mañanera de la presidenta los días siguientes.

El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hallaron los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita de medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “Yo vi [los hoyos] tapados”. Una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad, menciona. Pero el día de la visita oficial alcanzó a notar a lo lejos – porque el paso estaba cerrado – que ese pozo lucía rellenado.

“[Si en la mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra”, dijo Ruiz en entrevista. “Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros, e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”.

¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento – y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis –, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio – como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas –, algo salió terriblemente mal.

Después de la visita, el tema de Teuchitlán pasó a las portadas de los informativos internacionales.

Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.

Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos que desataría.

“Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás; está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima”, dice Adriana con la voz quebrada desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido. “Que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú [YouTube] a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”.

A fines de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También denunció amenazas.

El 21 de marzo, la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión para que cada quien se hiciera una opinión. No dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias.

Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, aunque no les autorizaron el ingreso. Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.

* Esta es una versión editada del artículo publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos