América Latina es una región que comparte estrechamente realidades sociales. Estas similitudes están determinadas, en muchas ocasiones, por los gobiernos en ejercicio que generan juegos políticos con altos impactos en materia de democracia y derechos humanos.
El actual ajedrez político regional tiene en ‘jaque’ a la independencia judicial de dos países que comparten amenazas en sus torres de marfil. Guatemala, desde hace más tiempo, y Perú recientemente enfrentan la cooptación institucional. Lo que conlleva falta de justicia y reparaciones para las víctimas, y una vía libre a actos de criminalización y amenazas a periodistas, jueces, fiscales y personas defensoras de los derechos humanos.
Los contextos de Guatemala y Perú evidencian algunos patrones que parecen consolidar estrategias en el debilitamiento a la institucionalidad, la democracia y violentar los derechos humanos. En esta partida hay algunas lecciones que Perú puede anticipar y aprender de lo que ha sido una de las grandes batallas sufridas por la sociedad guatemalteca.
Desde la semana pasada tiene lugar la “Tercera Toma de Lima”. Una manifestación en la que la capital peruana recibe a cerca de 13 mil personas provenientes de distintos lugares del país. Un fenómeno social sostenido que responde, en parte, a la falta de soluciones frente a la crisis de institucionalidad democrática que afronta el país, y que lamentablemente, el pasado sábado 22 de julio por la noche se vio nuevamente teñida por el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía, detenciones y personas heridas.
En esta ocasión las manifestantes piden, entre otras cosas, la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, la urgente convocatoria a elecciones y la investigación y sanción de las violaciones a derechos humanos ocurridas desde diciembre del 2022. Esta dejó un saldo de 49 muertes por la represión desproporcionada en el contexto de las manifestaciones, hechos que han sido ampliamente documentados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
La situación actual en Perú, entre varias razones, sigue alimentada por un progresivo deterioro de las instituciones que tradicionalmente tienen la capacidad de actuar como contrapeso entre los diferentes poderes del Estado, y que sirven para garantizar los derechos humanos y la democracia, así como luchar contra la corrupción. A esto se suman las tensiones presentes en los últimos años donde se ha visto como en ciertos casos, por medio de procesos poco transparentes, se han impuesto perfiles no idóneos en puestos a el Tribunal Constitucional de Perú, el Ministerio Público, entre otros.
Así, el impacto negativo puede verse, por ejemplo, en algunas de las decisiones de esta composición del Tribunal Constitucional como el considerar que violaciones a derechos humanos en el marco de la “Operación Condor” y la masacre de la cárcel “el frontón” no son delitos de lesa humanidad; o en el desconocimiento el derecho constitucional a la consulta previa.
Adicionalmente, la Junta Nacional de Justicia, que es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que tiene la función de nombrar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales actualmente enfrenta una acusación constitucional impulsada contra siete de sus integrantes.
Al otro lado de la mesa, Guatemala enfrenta un polarizado año electoral donde los intereses de los grupos de poder, respaldados por el gobierno, están instrumentalizando la labor del Ministerio Público, haciendo un uso indebido abusivo de recursos legales, buscan silenciar la expresión del pueblo en las urnas de impedir elecciones libres en la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto bajo acusaciones infundadas de fraude.
También persiguiendo judicialmente a las caras y autoridades públicas más visibles y cuyo rol resulta vital para que se pueda dar el ballotage en el mes de agosto, como los son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el director del Registro de los Ciudadanos.
Algo similar ocurrió en Perú en junio de 2021, cuando Keiko Fujimori no satisfecha con haber perdido la elección presidencial generó e incentivó el mismo discurso de fraude electoral seguido una parva de recursos y acusaciones contra las autoridades involucradas en el proceso eleccionario.
Estos hechos valieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activara, luego de varios años de no hacerlo, su mecanismo de protección internacional urgente, las medidas cautelares, para dos operadores de justicia el juez y presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Salas Arenas y el fiscal anticorrupción Pérez Gómez.
Ahora en Perú se necesita mantener la vigilancia ciudadana y la atención de la comunidad internacional en alto y alerta para evitar nuevos desenlaces similares al que hoy ya vive Guatemala.
De manera similar, hace más de 5 años que en el país centroamericano jueces y fiscales viven una persecución judicial llevada adelante por el propio Ministerio Público de forma permanente. Al día de hoy se han coartado por completo las libertades y la posibilidad de vivir libre de actos de criminalización y amenazas para periodistas, jueces y fiscales. Incluso, llevando a más de una cuarenta de ellos al exilio.
Así, lamentablemente, entre tantas otras personas defensoras de la democracia y el estado derecho que perdió Guatemala, se encuentra Erika Aifán, quien en marzo de 2022 se vio obligada a renunciar a su puesto de Jueza de Mayor Riesgo y a exiliarse por las amenazas y la persecución judicial que el propio Ministerio Público inició contra ella.
Lo mismo ocurrió pocos meses después con el juez Miguel Ángel Gálvez, quien por más de 20 años demostró su compromiso con la independencia judicial, con acabar con la corrupción y la impunidad en Guatemala, llevando a juicio, entre otros, al ex dictador Efraín Rios Montt.
Tan solo, poco más de un año antes que ambos jueces, tuvo que abandonar en cuestión de horas el país Juan Francisco Sandoval, fiscal a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En Perú, desde hace unos años y con mayor intensidad en el último tiempo las y los operadores comprometidos con acabar con la impunidad y la corrupción atraviesan y padecen situaciones parecidas. Como ejemplo está lo que ocurre con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad jurisdiccional para resolver las controversias en materia electoral, quien ha sido constantemente amenazado y víctima de campañas de desprestigio en su contra por simpatizantes con Fuerza Popular, el partido de la candidata Keiko Fujimori que perdió las elecciones en el 2021 por un muy cerrado margen y grupos violentos afines a estos partidos políticos. En 2021, la CIDH le otorgó medidas de protección dado los actos de hostigamiento y de incitación a la violencia en su contra de parte de grupos políticos extremistas.
Asimismo, los fiscales José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba, que trabajan en el Equipo Especial Lava Jato a cargo de investigar casos emblemáticos de de corrupción involucrando a expresidentes, legisladores y la empresa Odebrecht, han sido el blanco de amenazas y numerosas investigaciones en relación con su labor de fiscal.
Las agresiones coinciden con momentos clave en la investigación de los casos, como la extradición en abril del 2023 del expresidente Alejandro Toledo o el inicio del juicio oral en contra de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. El Fiscal José Domingo Pérez también es beneficiario de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, a casi dos años del otorgamiento de las medidas cautelares, estas amenazas y campañas de desprestigio vienen en aumento.
Además de las constantes hostigamientos y amanezas hacia operadores de justicia en Perú, un momento simbólico que marca un duro golpe a la independencia fiscal en el país es la inhabilitación el 21 de junio del 2023 de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. La inhabilitación de la ex Fiscal Zoraida Ávalos, por medio de una denuncia constitucional impulsada en el Congreso, constituye un precedente negativo respecto al cual la CIDH ha expresado su preocupación por su grave afectación al principio de independencia judicial.
El caso de Zoraida Ávalos muestra que el Congreso cuenta con los mecanismos y votos suficientes para impulsar la destitución de integrantes de distintas instituciones autónomas de Perú como integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, autoridades electorales, fiscales, entre otros.
La historia reciente de Guatemala es un claro recordatorio y alarma presente para que la comunidad internacional mantenga su lupa en el preocupante debilitamiento de la institucionalidad y la judicatura en Perú. Es claro que para el sostenimiento de la democracia, se necesita el sostenimiento de operadores de justicia que puedan ejercer un contrapeso a los otros poderes políticos sin riesgos a su vida, su integridad y su estabilidad en el cargo.
Ahora en Perú se necesita mantener la vigilancia ciudadana y la atención de la comunidad internacional en alto y alerta para evitar nuevos desenlaces similares al que hoy ya vive Guatemala. Si no es así se perderán los alfiles y caballos para defender los derechos humanos, lo que es serio pues proteger la democracia, después de todo no es un juego.
