El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arenga a manifestantes pro-Palestina en las calles de Nueva York, luciendo una kufiya. Su par de Chile, Gabriel Boric, dice en la ONU que quiere ver al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante un tribunal de justicia internacional.
Son imágenes poderosas. Pero, dos años después del ataque terrorista de Hamás en Israel, la situación en Gaza no concita entre partidos y gobiernos progresistas de América Latina la misma condena unánime que, en su época, despertaron fenómenos como el apartheid de Sudáfrica.
Algo de esto quedó expuesto en la 80ª Asamblea General de la ONU. Los presidentes Petro, Boric y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, definieron como “genocidio” los ataques que lleva adelante Israel en el territorio palestino de Gaza desde octubre de 2023. También lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pese a que no asistió a Nueva York.
El ataque de Hamás a Israel dejó 1.200 muertos y 250 secuestrados. La ofensiva israelí que le siguió ha dejado ya más de 66.000 gazatíes muertos, mientras medio millón están en riesgo de hambruna. Una comisión independiente nombrada por la ONU ha concluido que se está cometiendo un genocidio.
Otros gobernantes del progresismo regional evitaron pronunciarse sobre si hay o no un genocidio; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Guatemala, Bernardo Arévalo, hablaron respectivamente de “barbarie” y “sufrimiento y muerte de población civil en Gaza”, y apoyaron la solución de dos estados y la liberación de los 41 rehenes israelíes aún en manos de Hamás.
En una conferencia sobre la solución de dos estados en el marco de la Asamblea General, Lula y el canciller mexicano Juan Ramón De la Fuente Ramírez denunciaron el genocidio y apoyaron a los países que se sumaron recientemente al reconocimiento de Palestina. La resolución que salió de esa conferencia fue aprobada por 142 países en la Asamblea General, con 10 votos en contra – entre ellos Israel, Estados Unidos y Argentina –, y 12 abstenciones.
Del grupo de países a favor, solo Guatemala no tiene una embajada palestina en su territorio y México, apenas en este gobierno de Sheinbaum aceptó por primera vez credenciales de una embajadora palestina, Nadya Rasheed. Todos los países de la región, excepto Panamá, reconocen el estado palestino, incluso Argentina.
En enero de 2024, Brasil y Colombia apoyaron la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio, que el gobierno colombiano calificó como “un valiente paso en la dirección correcta”. Tres meses después, Colombia se sumó a la causa y en julio de 2025, Brasil anunció su intención de hacer lo mismo, que formalizó en septiembre de este año.
También en enero de 2024, Chile y México se unieron a otros países denunciantes de posibles “crímenes de guerra” cometidos en Palestina ante la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene abierta una investigación desde 2021 y ha emitido órdenes de arresto contra autoridades israelíes y líderes de Hamás. Ambos países también intervinieron en el caso ante la CIJ, México en mayo y Chile en septiembre de 2024.
Pero la presidenta Sheinbaum no habló de genocidio hasta el 22 de septiembre de este año, en una rueda de prensa en Ciudad de México, mientras se desarrollaba en la ONU la Asamblea General.
Bolivia presentó denuncias ante la CPI en noviembre de 2023, y en octubre de 2024 intervino en el caso por genocidio en la CIJ, seguida por Cuba y Belize.
Ninguna de estas medidas fue adoptada ni apoyada por Uruguay, gobernado desde marzo por la coalición de izquierda Frente Amplio (FA). El gobierno sigue sin denunciar la existencia de un genocidio, y está bajo presión de movimientos sociales y de sectores del propio FA por no condenar a Israel. Su bancada parlamentaria fue más tajante, y se basó en los hallazgos de la comisión de la ONU para afirmar: “El acto terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 no justifica, bajo ninguna circunstancia, el genocidio en curso”.
“En la fuerza política no hay diferencias”, dijo a openDemocracy el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, Fernando Gambera. “Tanto las expresiones a través del movimiento, que refleja posiciones de las bases, como los sectores que lo componen han concluido en catalogar lo que sucede en Gaza de genocidio”, sostuvo.
Pero la activista Mónica Riet, de la Coordinación por Palestina de Uruguay – integrada por sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales – dijo a openDemocracy que el oficialismo “no ha tenido una definición clara de condena del genocidio y de romper lazos con el gobierno sionista”. La administración de Orsi, destacó, apenas puso en pausa un contrato con Israel para el intercambio académico.
En cambio, Colombia tomó medidas drásticas. El gobierno de Petro terminó por romper relaciones diplomáticas con Israel en 2024, algo que el resto de los vecinos no hizo, prohibió la exportación de carbón a ese país y, junto a Bolivia y Honduras, integra el Grupo de La Haya que busca la aplicación de medidas legales y diplomáticas coordinadas en defensa del derecho internacional, los fallos de la CIJ y la CPI, y en solidaridad con el pueblo palestino, para lograr sanciones y rendición de cuentas.
Chile versus Argentina
Los vecinos Chile y Argentina, que comparten una postura histórica de reconocimiento del derecho a los dos estados, no podrían estar hoy en posiciones más alejadas. En Chile gobierna una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda y en Argentina el derechista Javier Milei, aliado a Donald Trump y a Netanyahu, mientras los sectores políticos progresistas se ubican en la oposición.
Chile es hogar de la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, con cerca de 400.000 personas con ascendencia palestina. El gobierno realizó aportes financieros a organismos como la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos; recibió refugiados palestinos de Gaza, retiró a sus agregados militares y llamó a consulta a su embajador en Israel; excluyó a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio 2024, y presentó proyectos de ley para prohibir “la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados”, y diversificar los proveedores de defensa y así “dejar de depender de la industria israelí”, según detalló la cancillería chilena a openDemocracy.
El Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino y el Grupo de Amistad Chile-Palestina del Senado presionaron al presidente para que denunciara las operaciones militares israelíes en Gaza ante la CPI y para que cortara los contratos militares.
“Hemos apoyado diversificar los proveedores de la defensa y con eso ir cortando contratos con proveedores israelíes [ante] su nulo respeto por el derecho internacional, que son las normas comunes a las que se tienen que someter todas las fuerzas armadas del mundo”, dijo a openDemocracy el diputado oficialista Jorge Brito, que integra el Grupo Interparlamentario y la comisión de defensa del Parlamento.
En Argentina, la oposición progresista está representada en el Poder Legislativo y en administraciones subnacionales, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires que lidera Axel Kicillof.
Si bien en el Congreso hay pequeños partidos de izquierda, la corriente de centroizquierda más importante, Unión por la Patria – de mayoría peronista y encabezada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner – solo se pronunció en febrero por los crímenes de Gaza, con un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo que “rechace las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre ‘limpiar la Franja de Gaza’”.
En mayo hubo otras propuestas contra los planes de Israel de ocupar militarmente la franja y “expresar preocupación por la grave crisis humanitaria que afecta a la población civil” en ese territorio. Finalmente, en julio pidieron “declarar persona no grata” a Netanyahu “ante el anuncio de una posible visita oficial a la Argentina”.
La exmandataria condenó de inmediato el ataque de Hamás del 7 de octubre, pero guardó silencio sobre Gaza hasta el 18 de septiembre de este año, cuando posteó en X la intervención de un diputado del partido de derecha PRO, Nicolás Massot, que denunciaba los crímenes israelíes. Esa fue la primera vez, también, que Cristina Fernández calificó los hechos como “genocidio”.
La semana siguiente, el Partido Justicialista (peronista) señaló a Netanyahu, en línea con la investigación de la CPI, por “crímenes de lesa humanidad”, y criticó a Israel por la expansión en Cisjordania y la “matanza indiscriminada en Gaza”.
La agrupación La Cámpora que encabeza Máximo Kirchner, el hijo de la expresidenta Fernández, se excusó de no poder documentar sus posturas, alegando que varios de sus pronunciamientos “se borraron por el hackeo” de su sitio web en 2024, dijo una fuente de la organización a openDemocracy. Sin embargo, la fuente compartió dos comunicados, sobre el bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel y sobre unas jornadas de reflexión sobre la situación en los territorios palestinos, ambas en septiembre del año pasado.
La diputada del Parlamento del Mercosur por Unión por la Patria, Marina Femenía, compartió con openDemocracy un proyecto para llamar “a los Estados parte del Mercosur”, a que en caso de que Netanyahu visite a alguno de los países miembro, “se proceda a hacer efectiva la orden de arresto” emitida por la CPI.
Pero estas acciones y declaraciones son consideradas insuficientes por sectores de la izquierda argentina trotskista que acusan a los dirigentes peronistas de “complicidad” con Israel.
La colectividad judía de Argentina, de más de 170.000 personas, está entre las cinco mayores del mundo fuera de Israel. Dos hechos traumáticos, no solo para los judíos, sino para toda la sociedad, son factores que pesan en las posturas políticas en este país: los atentados terroristas contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que mataron a 104 personas, dejaron cerca de 500 heridas y siguen impunes.
Además, una numerosa comunidad argentina vive en Israel, y casi el 10% de las personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023 eran argentinas (21) mientras otras nueve fueron asesinadas durante el ataque, según informó entonces la cancillería argentina.
El periodista y escritor Ezequiel Kopel, experto en Medio Oriente, dijo a openDemocracy que un efecto de los atentados fue que “acercó el conflicto de Medio Oriente al país y a la comunidad judía local; transmitió la sensación de que podían ser blancos y no espectadores”.
Sin embargo, observó, “descontando [el sostén claro e histórico de] EEUU, hay un apoyo fuertísimo de las instituciones argentinas a lo que hace Israel hoy en día”.
Si bien la comunidad judía local tiene posiciones diversas, algunas instituciones logran resonar más que otras e incidir en la opinión pública, incluso con posturas extremas, según Kopel.
A inicios de 2024, el entonces vicepresidente de la influyente Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Sergio Pikholtz, aseguró: “No hay civiles inocentes en Gaza, tal vez solo los niños menores de 4 años”.
Pikholtz fue desplazado de su cargo por sus “desafortunadas declaraciones”. Pero sus dichos reflejaron una línea de pensamiento dentro de estos espacios y obtuvo incluso apoyos en redes sociales. La DAIA ha señalado a funcionarios, legisladores, periodistas y artistas por variadas críticas a la política israelí que cataloga de antisemitismo y hasta inició causas contra dirigentes de izquierda “por defender a Palestina”.
“Las instituciones intentan imponer silencio usando la acusación de antisemitismo a cualquiera que critique fuerte a Israel”, dijo Kopel. “Y hay que preguntarse ¿quién quiere esa mancha? Nadie, mucho menos un progresista”.
Incluso la filial argentina de la respetada organización global de derechos humanos Amnistía Internacional ha sido objeto de críticas por presunta parcialidad pro-israelí.
La organización rechazó las acusaciones en agosto y, sin emplear la palabra genocidio como hizo su central internacional, aseguró que “los informes y posicionamientos sobre violaciones de derechos humanos en Gaza, como en cualquier otra parte del mundo, son suscritos también por Argentina, sin ambigüedades”.
En 2022, AI catalogó la situación de las poblaciones palestinas en los territorios ocupados como apartheid y comenzó a denunciar el genocidio en Gaza en diciembre del año pasado en un informe específico.
Una fuente de la oficina en Argentina dijo a openDemocracy que ese informe está en la web de la filial argentina porque “toda la organización alza el mismo mensaje: Israel debe poner fin al genocidio contra la población palestina de Gaza y cesar las prácticas que provocan muerte, hambre deliberada, destrucción de infraestructura civil y desplazamientos forzados”. Ante la consulta de cuándo replicaron el informe, no hubo respuesta.
“El progresismo argentino es un caso aparte”, dijo a openDemocracy la abogada Andressa Soares, coordinadora de políticas para América Latina del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) que aboga por la presión económica internacional contra Israel. “Históricamente Argentina ha sido un país que apoyó al estado de Israel y, si bien el estado palestino ha sido reconocido por el estado argentino, ha costado mucho, en general, que el progresismo e incluso algunos movimientos de derechos humanos se expresaran o empezaran a tomar acción”.
Sin embargo, Soares nota cambios, sobre todo en movimientos sociales y sindicales.
“La sociedad argentina está despertando y eso se ve en sus instituciones. Recientemente, un sindicato de portuarios pidió sanciones y varios sindicatos de la educación están expresándose y pidiendo un boicot académico de sus instituciones [a Israel]”.
Gritos y silencios ante el primer caso de genocidio de este siglo.
