La crisis de desplazamiento venezolano es hoy una de las mayores del mundo. En los últimos diez años, casi ocho millones de personas han huido de Venezuela debido al colapso económico, la violencia, la inseguridad y la represión política. La mayoría ha buscado refugio en países de América Latina, y Colombia – su vecino más cercano – ha recibido la mayor parte: cerca de tres millones de personas.
Un número significativo de colombianos que habían vivido en Venezuela también ha regresado a su país. A esto se suma que Colombia alberga a más de siete millones de desplazados internos, una de las cifras más altas del mundo.
La respuesta de Colombia a la migración venezolana ha sido elogiada por su carácter progresista. Incluye un programa de protección temporal que otorga a los venezolanos un permiso de diez años y acceso al empleo formal, la educación, la salud y los servicios financieros. Sin embargo, la inclusión legal no siempre se ha traducido en integración económica o social. Como suele ocurrir, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja.
Los venezolanos en Colombia son, en promedio, más jóvenes que la población local y muchos cuentan con altos niveles de educación y experiencia profesional. Son médicos, maestros, ingenieros y pequeños empresarios. Pero, en lugar de incorporarse a un mercado laboral que valore sus competencias, la gran mayoría se encuentra atrapada en la economía informal, donde los salarios son bajos, las protecciones escasas y las condiciones, vulnerables.
Los venezolanos en Colombia enfrentan una paradoja: inclusión legal sin plena integración social
Como colombiana e investigadora de la economía de la migración forzada y el desplazamiento, he observado cómo incluso los venezolanos “calificados” viven al día, sin poder acceder a un empleo estable. Esta vulnerabilidad prolongada en el mercado laboral no es casual: es el resultado de un desplazamiento sostenido en un contexto donde se cruzan la informalidad laboral, la discriminación y las limitaciones institucionales del Estado.
Las evaluaciones de impacto de los programas de regularización y otras intervenciones, así como las investigaciones sobre opinión pública, muestran claramente que los venezolanos en Colombia enfrentan una paradoja: inclusión legal sin plena integración. Frente a este desplazamiento prolongado, los enfoques basados en derechos deben complementarse con reformas estructurales que transformen de manera real las vidas de los migrantes.
En este contexto, las reformas estructurales van más allá de un simple ajuste de política y requieren un conjunto coordinado de cambios institucionales. Esto incluye agilizar el reconocimiento de títulos y licencias venezolanas, invertir en programas locales de colocación laboral y pasantías, crear incentivos para que los empleadores contraten formalmente tanto a migrantes como a trabajadores locales, y fortalecer las oficinas laborales municipales para vincular las habilidades con la demanda del mercado.
La paradoja del empleo: protegidos pero informales
A medida que los choques climáticos, el autoritarismo, el colapso económico y los conflictos aumentan el riesgo de desplazamiento prolongado en el mundo, cada vez más personas se ven excluidas de las protecciones de la ciudadanía y de la estabilidad de una residencia a largo plazo. El desplazamiento ha pasado de ser una interrupción temporal a una condición permanente. Esto es lo que los expertos llaman “desplazamiento prolongado”, y se ha convertido en la norma para millones de personas en todo el mundo.
El desplazamiento prolongado, especialmente en el Sur Global, ha generado un nuevo tipo de sujeto económico: legalmente presente pero económicamente precario; visible pero excluido de la participación política; calificado pero descalificado por las circunstancias.
Muchos venezolanos en Colombia encajan en esta descripción. Investigaciones recientes confirman que, incluso controlando por educación, edad y región, los migrantes venezolanos tienen muchas más probabilidades que los colombianos de trabajar en el sector informal. Los venezolanos con educación universitaria sufren tasas mucho más altas de informalidad y de degradación ocupacional que sus pares colombianos: la informalidad supera el 70% entre los venezolanos, frente a cerca del 50% en colombianos con el mismo nivel educativo.
En lugar de endurecer las fronteras, Colombia ha optado por ofrecer derechos, protección e inclusión social
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Se observan patrones similares en Líbano y Turquía, donde los refugiados sirios han sido absorbidos por el trabajo precario, y en Bangladés, donde a los rohinyás se les niega el acceso al mercado laboral formal.
Aun así, Colombia destaca por la magnitud de su respuesta legal. El Permiso Especial de Permanencia (PEP), sustituido en 2021 por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), ha regularizado a cientos de miles de venezolanos, otorgándoles acceso a protección social y derecho a vivir y trabajar legalmente en el país por hasta diez años.
Estas políticas representan un ejemplo progresista frente a la tendencia restrictiva de muchos Estados occidentales. En lugar de endurecer las fronteras, Colombia ha optado por ofrecer derechos, protección e inclusión social. Pero aún queda trabajo por hacer: la mayoría de los venezolanos desplazados sigue atrapada en empleos informales y sin protección, donde la explotación es común.
En una región donde la capacidad institucional y los recursos son limitados, esto no sorprende. Pero entender esta paradoja es clave para comprender cómo el desplazamiento se cruza con la marginación económica en el Sur Global.
Los límites de la regularización
Varios factores explican esta discrepancia – es decir, la brecha entre el alto nivel educativo y los trabajos informales o de baja cualificación que desempeñan los migrantes –.
Primero, como en otros países de ingresos medios, el mercado laboral colombiano es altamente informal: casi la mitad de los empleos carecen de contrato o protección social. Segundo, existe una débil capacidad institucional para reconocer títulos, vincular habilidades con demanda y conectar migrantes con empleo formal.
Tercero, persisten la discriminación y la desconfianza hacia los extranjeros. Los venezolanos suelen ser vistos como competidores por recursos escasos o como portadores de inseguridad, lo que desalienta su contratación. Cuarto, no todos los venezolanos pueden acceder al programa de protección por no cumplir con los requisitos burocráticos. Quinto, la urgencia económica obliga a muchos a aceptar empleos precarios antes que esperar una mejor oportunidad.
La regularización es un paso clave para acceder a derechos y protecciones. Estudios muestran que los migrantes regularizados bajo el PEP han visto aumentos promedio del 22% en ingresos, del 48% en consumo per cápita y mejoras significativas en bienestar.
Sin embargo, estas mejoras se deben sobre todo a un mayor acceso a servicios de salud, protección social y servicios financieros, no a una transición masiva al empleo formal. Entre los regularizados, solo se observó un modesto incremento en la formalización laboral; la mayoría sigue en ocupaciones informales y de baja productividad.
Esto sugiere que la regularización, aunque necesaria, no genera por sí sola cambios estructurales en los resultados laborales. Sin políticas complementarias – reconocimiento de credenciales, programas de inserción laboral, incentivos a empleadores –, el potencial de los migrantes calificados permanece desaprovechado.
Opinión pública y políticas migratorias
Las actitudes ciudadanas también moldean el contexto de integración. En una investigación que co-dirigí en 2021, analizamos las preferencias de más de 2.000 colombianos en seis áreas de política migratoria: acceso al empleo, restricciones geográficas, salud, reunificación familiar, límites a las llegadas y duración de la residencia.
Los resultados fueron matizados. Aunque los colombianos apoyan en general el acceso de los venezolanos a la salud y la movilidad, muestran ambivalencia respecto a su participación en el mercado laboral y un fuerte respaldo a establecer límites en el número de migrantes que pueden ingresar al país.
Las políticas que ignoran las actitudes de la población corren el riesgo de generar inclusión formal sin aceptación social
Las percepciones parecen mediadas por valores: quienes priorizan preocupaciones económicas tienden a apoyar políticas más restrictivas, mientras que quienes tienen valores humanitarios o contacto directo con venezolanos son más propensos a respaldar medidas inclusivas.
Esto coincide con evidencia de otros investigadores. Un equipo mostró en 2024 que incluso una exposición breve a intervenciones capaces de cambiar perspectivas – como ver un documental o participar en una simulación digital – puede aumentar el altruismo, la empatía y la disposición a apoyar a los migrantes. Se comprobó que las intervenciones basadas en video son altamente efectivas y escalables, lo que las convierte en una vía particularmente práctica para influir en la opinión pública.
En última instancia, aunque la regularización y el acceso a servicios pueden sentar las bases para la integración socioeconómica, la durabilidad de estos logros depende del consentimiento público continuo. Las políticas que ignoran las actitudes de la población corren el riesgo de generar inclusión formal sin aceptación social. En contraste, promover intervenciones que fomenten la empatía y reduzcan percepciones erróneas ofrece un camino prometedor. Sin embargo, se necesita más investigación en este ámbito, ya que aún no está claro si estas intervenciones generan cambios duraderos en las perspectivas y valores.
Repensar la inclusión desde abajo
Si el objetivo no es solo acoger a los migrantes, sino incluirlos de manera significativa, el caso colombiano ofrece lecciones valiosas.
La regularización es necesaria, pero no suficiente. Las habilidades y la motivación están presentes, pero poco aprovechadas. Esto perjudica tanto a los desplazados como a las comunidades locales.
La opinión pública es maleable, pero debe involucrarse activamente. Las estrategias de comunicación deben promover la inclusión genuina, no solo la aceptación condicional.
Y, sobre todo, es necesario transformar las estructuras económicas, no solo los marcos legales. Esto implica reducir los costos de la contratación formal, ampliar la cobertura de seguridad social, invertir en sectores de alta productividad y fortalecer las oficinas laborales locales para vincular habilidades con demanda.
A futuro, es probable que el desplazamiento venezolano siga siendo prolongado. La inestabilidad política y el colapso económico de Venezuela dificultan un retorno masivo, mientras que las limitaciones fiscales e institucionales de Colombia ralentizan la integración. Por ello, las reformas estructurales y el compromiso público sostenido son más urgentes que nunca.
De lo contrario, incluso los migrantes más calificados seguirán atrapados en ciclos de precariedad, inclusión simbólica e invisibilidad estructural.
