En octubre, Donald Trump anunció que Estados Unidos enfrentaba un conflicto armado con carteles de droga venezolanos. Desde entonces, al menos 87 personas han muerto en 21 ataques contra barcos en el Caribe y el Pacífico oriental que, según funcionarios del gobierno estadounidense, transportaban drogas.
Hasta ahora, la administración Trump no presentó evidencias de que las embarcaciones atacadas llevaran drogas, especialistas en derecho afirman que los ataques son ilegales, y el Congreso comenzó a investigar estas acciones.
Venezuela está hoy cercada por esta política de Estados Unidos que presenta varios interrogantes: ¿Cuáles son los objetivos de Trump? ¿Hasta dónde llegará el gobierno de Estados Unidos en Venezuela? ¿Habrá invasión terrestre, se atacarán solamente objetivos específicos o es un juego de amenazas verbales? Estas preguntas son pertinentes porque estamos ante el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962.
En este artículo presentamos más dudas que certezas sobre el impacto de la estrategia de Trump en Venezuela.
Es importante recordar, como hace unos años explicaba el autor Edward Luttwak, que las familias estadounidenses no quieren recibir bolsas negras con cuerpos de sus seres queridos muertos en guerras que no las afectan cotidianamente.
Esta idea de que los ciudadanos no apoyarían otra guerra fue un punto central del reciente discurso del general Fabien Mandon, jefe de las fuerzas armadas de Francia, ante el congreso de alcaldes de su país. Al explicar el acelerado deterioro del entorno occidental, y prometiendo un mundo de paz, Mandon alentó a los ciudadanos franceses a apoyar el esfuerzo militar pues el riesgo principal es mostrar debilidad frente a enemigos.
Con este fin, instó a las autoridades a “explicar a nuestros ciudadanos los retos de defensa a los que se enfrentan”. Es posible concluir de estas declaraciones que las fuerzas armadas de países occidentales están considerando intervenir en distintos puntos del planeta para defender ‘los valores occidentales’ y necesitan obtener la aprobación ciudadana.
En los últimos años, la estrategia de los gobiernos de EEUU en respuesta a la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro contra grupos de oposición ha sido imponer sanciones económicas.
EEUU aplicó sanciones financieras de bloqueo total contra PDVSA, la empresa estatal petrolera, así como contra el Banco Central de Venezuela. El sector petrolero venezolano se encuentra extremadamente expuesto, debido a su absoluta dependencia de PDVSA, una empresa debilitada por el envejecimiento de su infraestructura – consecuencia de la falta de inversión. Además, las reservas venezolanas son grandes depósitos de petróleo pesado y extrapesado, con alta densidad y viscosidad, lo que dificulta su refinamiento.
Durante este año la administración Trump incrementó aún más la presión económica. No obstante, el gobierno de Maduro no ha cedido. Al contrario, ha adoptado métodos de evasión de sanciones similares a los desarrollados por China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
¿Hasta dónde llegará Trump? ¿Ordenará una invasión territorial?
Un repaso por las sanciones establecidas durante su primer gobierno puede orientar la respuesta a esas preguntas. En 2017, la orden ejecutiva 13808 restringió al gobierno venezolano y a PDVSA el acceso a los mercados financieros estadounidenses. Asimismo, se impusieron sanciones personales y congelamiento de activos a Maduro y a otras figuras del régimen como Delcy Rodríguez, Tareck El Aissami y Diosdado Cabello.
En 2018, aparecieron las sanciones contra el comercio de oro. En 2019, se recrudecieron las sanciones a PDVSA, con la congelación de sus activos en territorio estadounidense. Entre 2019 y 2020 se congelaron todos los activos del gobierno venezolano en EEUU y se prohibió a las empresas estadounidenses a negociar con entidades públicas venezolanas.
Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha intensificado la presión. En marzo de este año, impuso un arancel del 25% sobre todos los países que compran gas o petróleo venezolano. Asimismo, revocó las concesiones que el expresidente Joe Biden había otorgado para permitir ciertas operaciones de empresas extranjeras en Venezuela. Y, finalmente, el 29 de noviembre, Trump declaró cerrado el espacio aéreo venezolano.
Mientras Trump juega a la guerra en las aguas territoriales venezolanas, el Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación de Venezuela alcanzará 269% este año y hasta 680% en 2026. El año pasado, el independiente Observatorio Venezolano de Finanzas estimó que 86% de la población estaba en situación de pobreza.
En cuanto a seguridad alimentaria, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2024, realizada por tres universidades venezolanas, 78% de las personas entrevistadas expresaron preocupación por quedarse sin alimentos, y 41% contestaron que en algún momento del año se quedaron sin comida.
En las elecciones presidenciales de 2024, Maduro se encontró con que 10 países de América Latina decidieron desconocer su triunfo y otros tres pidieron un recuento transparente de los votos.
Es posible y, probablemente la mejor opción, que el despliegue militar estadounidense sea el preámbulo de una oferta diplomática que le asegure a Maduro un refugio en Turquía, China, Rusia o Corea del Norte. Tal vez Trump busque una salida negociada para Maduro, su familia y un número de colaboradores y altos jefes de las fuerzas armadas. Restablecer un proceso democrático en Venezuela a través de medidas no violentas, puede interesar a Trump como incentivo para ganar el Premio Nobel de la Paz que tanto anhela.
Pero no debe desconocerse que Maduro mantiene la lealtad de alrededor de un tercio de la población y sigue controlando a las fuerzas armadas y su monopolio del uso de la fuerza.
Pese a numerosos intentos de la oposición de atraerlas, las fuerzas armadas de Maduro se negaron a desertar. No están dispuestas a perder los privilegios que les otorgó el régimen.
Mientras tanto, muchos ciudadanos tienen miedo, pues la represión y el encarcelamiento han sido armas efectivas y duraderas del régimen. La organización de derechos humanos Foro Penal, que presta asistencia ante detenciones arbitrarias, reportó este mes 887 presos políticos.
Si el objetivo de Trump es asegurar los intereses de Estados Unidos en la región, sería mucho más sensato volver a la mesa de negociaciones que apostar por el caos que desataría un intento de cambio de régimen. De todas maneras, establecer negociaciones con la dictadura venezolana implicaría un costo político alto.
La líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre, muestra confianza en la inminente caída de Maduro. Machado ha apoyado abiertamente la presión militar de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano y ha enfatizado que en una eventual transición democrática aspira a unir al país asegurando que no existirá revancha ni venganza.
A pesar de sus planes para derrocar a Maduro, tanto Trump como Machado parecen considerar que su destitución podría derivar en una guerra civil. Además, aun con Maduro y los jerarcas militares en el exilio, un nuevo gobierno tendrá que reconciliar una sociedad profundamente polarizada, enemistada y empobrecida.
Frente a este escenario, es importante recordar que los esfuerzos por promover la democracia tras un cambio de régimen impuesto desde el exterior rara vez tienen éxito, como han dejado dolorosamente en claro las intervenciones estadounidenses en Afganistán, Irak y Libia.
Existen demasiadas dudas y diferentes escenarios para predecir la clave que ayude a Venezuela a comenzar un proceso de democratización. En 2015, el citado Luttwak sostuvo que, en política, “la estrategia consiste en ser impredecible”.
En este conflicto, la estrategia, Trump y Maduro son impredecibles. El final también.
Rut Diamint
