Antes de que helicópteros estadounidenses aterrizaran en Caracas para secuestrar a Nicolás Maduro, Venezuela ocupaba un lugar intermitente en la agenda informativa internacional, incluso en la prensa en español. Su crisis política, económica y humanitaria emergía solo en momentos de alto impacto – elecciones fraudulentas, protestas, picos migratorios – para luego diluirse en el runrún global.
“Es la primera vez en mucho tiempo que tantas voces comentan, opinan y analizan lo que sucede acá”, dijo a democraciaAbierta la periodista venezolana Valentina Gil, especializada en verificación de datos y producción de contenidos digitales.
Según Gil, antes de la incursión estadounidense, Venezuela era narrada casi exclusivamente a través del desplazamiento de su población: las 7,9 millones de personas que han salido del país en los últimos años. Las portadas hablaban del cruce a pie por el ”infierno” del Tapón del Darién (la densa selva en la frontera entre Colombia y Panamá que los migrantes sudamericanos atraviesan para llegar al norte), de los visados exigidos a última hora aun a quienes estaban solo de paso, o de las deportaciones desde Estados Unidos.
Y no siempre se hicieron coberturas neutras. Luz Mely Reyes, periodista venezolana cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo, señala que se “criminalizó la migración”, especialmente en Chile, donde se percibía con mayor claridad una cobertura “sesgada” y abiertamente “antiinmigrante”.
Luego del fraude electoral ampliamente documentado de julio de 2024 y de que Maduro se autoproclamara presidente reelecto, los medios volvieron brevemente la mirada hacia Venezuela. Según Gil, se habló de irregularidades del sistema, de intentos de mediación regional y, posteriormente, de la inacción de los países vecinos. “Luego de todo eso, silencio”, resume la periodista.
La antesala de la captura de Maduro
Cuando en septiembre de 2025 Donald Trump comenzó a atacar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas venezolanas, medios de habla hispana radicados en Miami amplificaron el mensaje de la prensa conservadora estadounidense que apoyaba los ataques y promovía una mayor escalada militar regional, según un análisis realizado por la estadounidense Media Matters for America, organización sin fines de lucro dedicada al monitoreo y la corrección de la desinformación.
La retórica de la "guerra total" promovida por la administración Trump fue normalizada por estos medios, explica Media Matters. Programas de televisión y radio justificaron los ataques letales a embarcaciones sugiriendo que la intervención y el uso de la fuerza bruta eran legítimos y la única salida posible para “neutralizar” la amenaza que significa Venezuela en el marco de la guerra contra las drogas de Trump.
El gobierno de Trump afirma que puede “hacer la guerra” a individuos y barcos venezolanos – en lugar de detenerlos y juzgarlos – porque, según afirma, estarían traficando drogas para cárteles catalogados como organizaciones terroristas, en la misma categoría que Al Qaeda o ISIS. Esta postura es justificada apelando al elevado número de muertes por sobredosis en Estados Unidos, pese a que el aumento de estos fallecimientos se debe sobre todo al fentanilo, una sustancia que proviene mayoritariamente de México.
En un aviso confidencial enviado al Congreso el pasado octubre, la administración Trump “determinó” que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de droga y que los miembros de estas organizaciones pueden ser atacados como “combatientes ilegales”.
Así, el Departamento de Estado señaló a Maduro como líder del denominado “Cártel de los Soles”, en realidad una expresión informal que se utiliza desde la década de 1990 para describir una red de oficiales y sectores militares venezolanos presuntamente involucrados en diversas actividades ilícitas, sin mando unificado y no necesariamente conectados entre sí, según InSight Crime, que se especializa en el análisis del crimen organizado y la seguridad en América Latina y el Caribe.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra Maduro, así como contra funcionarios y exfuncionarios de su administración y miembros de la dirigencia de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por delitos calificados como “narcoterrorismo”.
De acuerdo con la acusación, Maduro y otros implicados habrían utilizado de manera sistemática las instituciones venezolanas – incluyendo sectores de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el Poder Legislativo y el sistema judicial – para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
Una acusación posterior, conocida tras las detenciones de Maduro y Flores a la que accedió InSight Crime, afirma que el “Cártel de los Soles” mantenía vínculos no solo con las FARC, sino también con la organización criminal venezolana Tren de Aragua, la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de narcotráfico mexicanos como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
Sin embargo, apenas tres días después de dichas detenciones, el Departamento de Justicia corrigió este enfoque, removiendo casi todas las referencias al “Cártel de los Soles”, y replanteó el caso contra Maduro como un esquema de corrupción estatal, en lugar de describirlo como la operación de una organización narcotraficante estructurada.
Narrativas en disputa en la región
Pero la narrativa de Washington en torno a Venezuela encontró eco en América Latina. Figuras políticas y voces de derecha interpretaron la captura de Maduro como un golpe contra el autoritarismo, el narcotráfico y la crisis política venezolana, y con frecuencia la presentaron como una oportunidad para la restauración democrática y económica.
No obstante, Reyes considera que ese encuadre ignora una cuestión central: "No puedes enfocarte en garantizar estabilidad si esa estabilidad sigue descansando sobre los fusiles". Hablar de estabilidad, soberanía o equilibrio regional sin cuestionar que ese statu quo se sostiene sobre la represión, la censura y el uso sistemático del terror de Estado.
La intervención estadounidense se limitó a eliminar a Maduro, y a amenazar o pactar con el resto de integrantes de su régimen, encabezados por la ahora presidenta en funciones Delcy Rodríguez, para que administren su país según los designios de Trump, en especial en lo referido a la exportación de petróleo.
Por ello la incursión de Estados Unidos en Venezuela también se encuadró como una victoria para la seguridad energética, tratando los activos venezolanos como un trofeo de guerra: su control permitiría reducir la inflación y los precios de la gasolina en Estados Unidos.
Según Gil, en distintos países de la región se multiplicaron los análisis sobre los "beneficios PDVSA", la petrolera estatal ahora bajo tutela estadounidense, así como comparaciones entre reservas energéticas, transformando la situación del país en un cálculo de costo-beneficio.
En la otra orilla, sectores progresistas llenaron portadas y redes sociales con condenas al intervencionismo estadounidense, alertas sobre el “mal precedente” para América Latina y llamados al respeto del derecho internacional, indicó Gil.
“En vez de reportar sobre la crisis institucional, la represión, los presos de conciencia, que los autoritarios siguen mandando, lo que más he visto – y me preocupa que sea lo que más suena – ha sido la narrativa de que Nicolás Maduro y la revolución bolivariana son víctimas del atropello de Estados Unidos”, dijo.
Surgieron consignas como "Free Maduro" y "Stop Intervention", narrativas, advierte la periodista, que desplazan deliberadamente la responsabilidad interna del régimen y borran del relato a quienes sufren la represión cotidiana.
Gil también denuncia una hipocresía persistente en este enfoque: incluso medios feministas latinoamericanos clamaron por la soberanía y la libertad de Maduro, pero guardaron silencio sobre las “más de 150 mujeres presas por razones políticas que siguen siendo sometidas a tratos crueles y degradantes en las cárceles, y que son mujeres también las están pendientes de que a los presos políticos no les falte nada, y las que soportan los abusos de los cuerpos de seguridad”.
En los relatos dominantes, enfatizan ambas periodistas, apenas aparecen la crisis institucional, la tortura, las muertes bajo custodia del Estado, el periplo de familiares que desconocen el paradero de personas detenidas, el exilio o la política sistemática de persecución e intimidación.
La realidad interna mayoritariamente desapareció de la cobertura, resume Reyes, y advierte que parte del debate internacional se pregunta si Venezuela se encamina hacia un "nuevo Irak" – una comparación que califica de "poco realista" y "halada de los pelos" dada, entre otros motivos, por la ausencia de grupos armados de oposición comparables a los que existían en Irak antes y después de la invasión de EEUU en 2003.
Venezuela es una “caja negra”
Dentro de Venezuela, el aparato de propaganda oficialista intenta controlar incluso el rumor callejero. Tras la captura de Maduro, el Ministerio de Comunicación distribuyó directrices para influir en la llamada "radio bemba" (el rumor boca a boca), instruyendo a sus bases frenar cualquier discusión sobre narcotráfico o derechos humanos y etiquetar la duda o el miedo como armas del enemigo.
La estrategia oficial busca imponer una "moral combativa" obligatoria, donde la discusión sobre la autoridad está prohibida y los hechos verificables son suplantados por lealtad ideológica.
La prensa venezolana informó sobre estas guías mediante publicaciones sin firma, acompañadas de advertencias explícitas sobre el entorno hostil para el ejercicio del periodismo y las amenazas legales vigentes. Muchos de los que informan desde dentro del país deben recurrir al anonimato y a la autocensura, lo que condiciona inevitablemente la profundidad y el alcance de las historias. Así, Gil denuncia que la cobertura actual ha convertido al país en una "caja negra".
Más de 60 medios digitales están actualmente bloqueados y más de 400 medios tradicionales han cerrado en los últimos 20 años. Decenas de periodistas se han visto forzados al exilio y muchos medios operan hoy desde fuera del país. La opacidad estatal es política oficial: no se publican datos básicos sobre inflación, mortalidad, presupuesto o criminalidad, señaló Gil. En ese contexto, el periodismo depende de organizaciones civiles que también trabajan bajo amenaza constante.
Las restricciones de visado, la vigilancia y el riesgo de expulsión limitan el trabajo de corresponsales extranjeros. Sin embargo, Reyes destaca que algunos medios de Colombia y El País de España han logrado sostener una cobertura profunda y matizada con corresponsales sobre el terreno – mientras que en países importantes de la región, como México, predomina un desconocimiento general de la crisis.
Pese a estos obstáculos, los periodistas venezolanos dentro y fuera del país cumplen un rol central como mediadores entre la realidad local y las audiencias internacionales.
“Somos un puente entre el ‘mundo normal’ y el insólito universo criollo que es Venezuela”, resumió Gil.
Reyes describe este esfuerzo como “periodismo de resistencia”: un modelo basado en alianzas, cooperación y redes transnacionales que permiten sostener la cobertura en un entorno hostil.
