Cecilia*, de 27 años, fue al hospital en la provincia argentina de Misiones por una hernia intestinal. Allí supo que estaba embarazada y entendió que era resultado de un abuso sexual. El personal de salud, una psicóloga y un cura hicieron todo lo posible para negarle su derecho al aborto – pasando por encima de su voluntad, y de la ley.
Stefanía*, de 33 años y también habitante de Misiones, estuvo a punto de no poder acceder a un aborto legal a pesar de que lo solicitó desde la quinta semana de gestación, porque el personal de salud no respetó el protocolo de atención y porque el servicio casi no existe en el hospital de su localidad.
Las dos mujeres, que viven en ciudades chicas de Misiones, consiguieron interrumpir sus embarazos gracias a las redes de solidaridad feminista, que siguen activas. Pero debieron sortear varios obstáculos y viajar muchos kilómetros para lograrlo.
Hace apenas cinco años, Argentina reconoció el derecho al aborto por el que las feministas pelearon durante décadas. Fueron jornadas heroicas, jalonadas por manifestaciones multitudinarias de mujeres de todas las edades. Pero ese derecho es casi letra muerta en muchos lugares del país como Misiones, una provincia fronteriza con Brasil y Paraguay, de pocos recursos y mucho conservadurismo.
Todo se agravó con el deliberado corte de presupuesto e insumos dispuesto por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.
La Ley 27.610 garantiza el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación. También es posible interrumpir un embarazo, sin plazos, si la vida o la salud de la persona gestante está en peligro o si la gestación es resultado de una violación sexual. En este último caso, solo se requiere una declaración jurada de la persona afectada ante el personal de salud.
Cecilia y sus dos hijos viven en Eldorado. La carretera conecta la ciudad con las famosas cataratas del Iguazú. Su vida y su familia están marcadas por la violencia sexual. “Mi abuela crió a 22 hijos e hijas, y mi abuelo abusó de sus hijas; de esos abusos nacieron algunos de mis primos”, dice a democraciaAbierta.
Ella escapó de ese “infierno”, como lo define, a los 16 años. A los 18 tuvo a su primera hija y, años después, a un varón, a los que cría sin ayuda de nadie. “El padre de mi segundo hijo, del que estoy separada, ejerció violencia física y abusó de mí varias veces. Hice muchas denuncias a la policía, pero no pasa nada”, dice.
En junio de 2024, cuando se internó en el hospital público ‘Dr. Pedro M. Arnaudo’ para una cirugía intestinal, Cecilia había sufrido otro abuso de ese hombre. Luego de los controles de rutina, le informaron que estaba embarazada de 16 semanas. “Me dan esa noticia frente a varias personas y me dicen que el bebito está bien; yo no podía entender qué pasaba y no quería tenerlo”, recuerda.
Ella explicó al personal médico que esa gestación era producto de un abuso sexual de su expareja, pero que no quería denunciarlo. Hubiera bastado con una declaración jurada para interrumpir su embarazo. Pero mientras permanecía internada por la cirugía de hernia, se desató el acoso.
“Todos los días me hacían ecografías e incluso me hicieron escuchar el latido; hasta me enviaron a un cura”, dice Cecilia. La psicóloga del hospital le propuso acompañamiento para que continuara la gestación y luego diera el bebé en adopción. “De muchas maneras me presionaban”.
Luego de tres semanas de internación, Cecilia firmó el alta médica y salió del hospital. Como la gestación era de alrededor de 20 semanas, no pudo acceder a un aborto en ningún otro hospital de la provincia. Entonces se puso en contacto con la trabajadora social y activista Carolina Carbó, referente en Misiones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Gratuito y Seguro.
“El personal en las instituciones de salud de esta provincia, en su mayoría, son objetores de conciencia y sumamente conservadores, incluso son parte de las iglesias católica y evangélicas”, dice Carbó a democraciaAbierta.
La campaña consiguió el pasaje aéreo para que Cecilia viajara a Buenos Aires. “Me esperaron compañeras en el aeropuerto y de ahí me llevaron al hospital ‘Manuel Belgrano’, en el municipio de San Martín, provincia de Buenos Aires”, cuenta. Allí sí pudo acceder a un aborto legal.
Stefanía nació y creció en San Vicente, una ciudad de 50.000 habitantes en el centro de Misiones. Madre de dos hijos, es profesora de biología, pero no ejerce. Sostiene a su familia con la venta de artesanías en una feria ubicada al costado de la ruta provincial 14. Vive en un barrio con calles de tierra, y el verdor de la selva misionera se cuela en el patio de su casa.
La sociedad de San Vicente es conservadora, y muchas personas piensan que se debe a la cercanía con Brasil y Paraguay, dos países donde el aborto sigue siendo ilegal y una parte importante de la población pertenece a iglesias evangélicas o católica, característica común a toda esa zona conocida como Triple Frontera.
“Sé que la ley del aborto no está funcionando bien en todo el país, y en las localidades más alejadas de las capitales esto se profundiza”, dice a democraciaAbierta.
Ella lo vivió en carne propia, cuando en octubre de 2024 dejó de tomar anticonceptivos y quedó embarazada. “Estaba segura de que no quería tenerlo y sabía cómo era el protocolo para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo”.
La ley establece que los hospitales públicos, de obras sociales (administrados por los sindicatos) y privados deben prestar el servicio de forma gratuita y en un plazo no mayor a 10 días desde que la persona lo solicita. Se reconoce que el personal médico puede negarse, por razones morales o religiosas, a practicar un aborto, pero esta objeción de conciencia es de carácter individual y no libra al médico ni al centro de salud de sus obligaciones con la paciente. Si esta solicita un aborto, y en la clínica u hospital no hay un profesional disponible, se la debe derivar inmediatamente a otro que sí lo haga.
Todo esto se detalla en un protocolo del Ministerio de Salud que determina cómo deben prestarse los servicios. Por ejemplo, las instituciones de salud deben contar con una consejería para asesorar y acompañar a las pacientes.
Como tenía cobertura médica paga, Stefanía empezó por acudir a su médico. “Sabía que es objetor de conciencia, pero seguí el protocolo”, dice Stefanía. En esa consulta le realizaron una ecografía y supo que su gestación era de cinco semanas. Explicó a su médico que su decisión era interrumpir el embarazo. Pero este, incumpliendo el protocolo que le exigía derivarla a otro profesional, le recomendó que fuera a preguntar al hospital público de San Vicente.
En el hospital, el servicio se brinda solo una vez a la semana y por pocas horas. Pero cuando Stefanía acudió en el día indicado, el servicio estaba cerrado y en el área de ginecología le informaron que no había profesionales disponibles para una interrupción de embarazo. Volvió a casa y decidió llamar a una médica que atendía allí, pero esta le respondió que “ya no estaba en eso”. Para ese entonces, habían transcurrido seis semanas de gestación.
Stefanía no sabía de la línea 0800-222-3444 que orienta sobre los pasos a seguir para acceder a un aborto, incluyendo los lugares disponibles en Misiones donde se garantiza el procedimiento.
Al final, por el boca a boca entre amigas consiguió el número de teléfono de la activista Carbó, pero incluso con el apoyo de la red feminista, el camino no fue fácil. Los días pasaban y la atención se demoraba. Solo en diciembre, cuando estaba a punto de llegar a las 14 semanas de gestación, pudo acceder al procedimiento en el hospital público de El Soberbio, a 85 kilómetros de su hogar, en el oeste de la provincia.
Allí la acompañaron y le entregaron el Mifep KIT, un paquete que incluye una píldora de mifepristona y cuatro de misoprostol, la dosis necesaria para interrumpir el embarazo en casa, con la indicación de regresar luego para los controles correspondientes. A partir de ese momento, todo transcurrió sin contratiempos.
Pero no siempre es así. Las barreras funcionan, y muchas mujeres que necesitan un aborto no lo consiguen.
Patricia Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, que trabaja por el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos, dice: “Durante el discurso de campaña, Javier Milei atacó constantemente las políticas de género. Esto desorientó a muchas personas; incluso muchas creen que el aborto ya no es legal”.
Un informe publicado por Amnistía Internacional en septiembre, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, reveló que en los primeros nueve meses de 2025 “recibió el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024”.
La directora de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, afirma en el informe: “Si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales, constituyen un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres. Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada”.
El documento se complementa con datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública.
En Misiones, que cuenta con 51 hospitales públicos y 340 centros de atención primaria de salud (CAPS), solamente se practican abortos en 43, según una respuesta del Ministerio de Salud provincial al pedido de información de Amnistía. Los datos no abarcan la salud privada ni las obras sociales. Las autoridades provinciales nunca contestaron las consultas de democraciaAbierta.
Dejar morir de inanición
Los avances legales en derechos y las políticas de género sufrieron desde que Milei asumió el gobierno, en diciembre de 2023. Aunque la ley de aborto no se derogó, el Poder Ejecutivo dejó de comprar píldoras abortivas y anticonceptivos para abastecer los servicios de salud sexual y reproductiva de las provincias.
El portavoz del Ministerio de Salud federal, Federico Landa, no contestó las preguntas de democraciaAbierta sobre cifras actualizadas, distribución de fármacos e insumos, y las razones del gobierno para no elaborar más estadísticas sobre salud sexual y reproductiva y derivar la tarea, en forma voluntaria, a las provincias.
En respuesta a un pedido de informes del Congreso, las autoridades reportaron que en Misiones se llevaron a cabo 1.798 interrupciones del embarazo en 2023 y 1.365 en 2024. La caída es más drástica a nivel nacional: de 107.505 abortos practicados en 2023 se pasó a 36.826 en el primer año de gobierno de Milei. En la provincia de Córdoba, el sistema de salud registró 9.642 procedimientos en 2023 y apenas 826 en 2024.
La distribución de insumos y tratamientos del programa de salud sexual y reproductiva quedó librada a la voluntad y recursos de cada jurisdicción. El resultado es evidente: la entrega de estos insumos cayó 64% entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período del año anterior. La causa es directa y aritmética: el presupuesto se redujo a la mitad.
Estrategias de resistencia
En Posadas, la capital de Misiones, hay más presencia de redes feministas y de profesionales de salud, tanto pública como privada. La médica tocoginecóloga Fátima Zini Casero es una de las 40 que llevan a cabo interrupciones de embarazo en la provincia, y una de las 14 con que cuenta la ciudad. Zini Casero atiende en el hospital público ‘Dr. René Favaloro’ y en CAPS. También es muy solicitada en otras localidades de la provincia a las que viaja para cubrir la falta de profesionales.
En la sala de espera de su pequeño consultorio, separado de otro por una cortina, hay muchas mujeres esperando. En las paredes, numerosos carteles brindan información sobre salud reproductiva. “En este CAPS realizamos IVE [interrupción voluntaria del embarazo] con medicamentos y ambulatoriamente hasta las 13 semanas”, explica. Las usuarias con mayor edad gestacional son derivadas a hospitales de segundo o tercer nivel, donde son internadas, y el procedimiento se inicia con fármacos y concluye con una aspiración manual uterina, “como indica el protocolo”, dice la médica.
“También ofrecemos anticoncepción y, por supuesto, realizamos los controles correspondientes”. Aunque no es obligatorio, ella siempre solicita un chequeo general para cada usuaria que acude para interrumpir un embarazo, “porque lo que sí vemos es cómo aumentan las enfermedades de transmisión sexual”, dice. “Las adolescentes creen que no es necesario usar preservativos”.
En el CAPS disponen de un stock pequeño de Mifep KIT, suficiente para atender la demanda que tienen, que según la doctora, es de 5 pacientes por semana.
A la falta de recursos y de información – en Misiones, y en toda Argentina –, se suma el riesgo de que el partido de Milei, La Libertad Avanza, intente derogar el aborto legal luego de obtener la primera minoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre. Ya en 2024 hubo intentos de legisladores oficialistas, que no contaron con los votos suficientes.
Mientras tanto, profesionales de la salud, feministas como las que apoyaron a Cecilia y Stefanía y organizaciones que documentan cada obstáculo e incumplimiento conforman un dique al avance conservador.
*Algunos nombres fueron cambiados u omitidos para proteger la privacidad de las personas que brindaron su testimonio.
Este reportaje contó con el apoyo del programa Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas de la International Women’s Media Foundation (IWMF).
