Planeó cada detalle.
A comienzos de octubre, Pablo Laurta alquiló una cabaña en Salto, una pequeña ciudad del noroeste uruguayo separada de Argentina por el río Uruguay. Durante diez días practicó remo. Escondió su auto y, el 7 de octubre, se adentró en el río – de un kilómetro de ancho – en una canoa y remó hasta la ciudad argentina de Concordia.
Esa noche, el hombre de 39 años llamó a un chofer de Uber que conocía de Buenos Aires. Le ofreció unos 1.100 dólares para que manejara cinco horas hacia el norte, lo recogiera y lo llevara en un viaje de casi diez horas hacia el oeste, hasta Córdoba, la ciudad del centro de Argentina donde vivía su expareja, Luna Giardina, de 26 años, junto a su hijo de cinco.
El 11 de octubre, Laurta llegó a la casa de Giardina y su madre, Mariel Zamudio, de 54 años, y las mató. Minutos después, una cámara de videovigilancia lo captó en la calle frente a la vivienda, jugando al fútbol con su hijo. Luego subieron a un taxi y emprendieron un viaje de 750 kilómetros hacia el sureste, hasta Gualeguaychú, donde fue detenido dos días después en un hotel, mientras se preparaba para regresar a Uruguay.
Al día siguiente, el sexto cumpleaños de su hijo, la policía halló un cuerpo decapitado dentro de una bolsa, en la zona donde Laurta había llegado con la canoa. Se trataba de Martín Palacios, el chofer de Uber, quien había sido denunciado como desaparecido por su familia y cuyo auto había sido encontrado incendiado días atrás en las afueras de Córdoba. Laurta no quería dejar testigos.
El 15 de octubre, cuando fue llevado ante el tribunal para declarar, gritó a los periodistas: “Lo hice todo por justicia.”
Para las feministas argentinas y uruguayas, el plan y los asesinatos cometidos por Laurta revelan algo más que brutalidad individual: marcan la consolidación de una nueva fase de violencia de género con motivación política, en la que los discursos de extrema derecha se alinean con los de la manosfera – el ecosistema digital de comunidades masculinistas misóginas – y se traducen en acciones fatales en el mundo real.
Laurta no es un solitario; es el líder de una organización de hombres que lleva más de una década promoviendo el odio contra las mujeres. En Montevideo, en 2014, fundó Varones Unidos por una Masculinidad Positiva (VU), un grupo que, según él, busca “aumentar la conciencia sobre la violación de los derechos humanos de los hombres”. En su sitio web, VU señala que uno de sus objetivos es “combatir la promoción del odio hacia los hombres y la implementación de políticas abusivas, depredadoras o discriminatorias” contra ellos.
Dos años antes de que Laurta la matara, Giardina lo había denunciado ante la policía argentina por violencia doméstica, alegando que la amenazaba, la golpeaba e incluso que intentó estrangularla. Se le impuso una orden de restricción, pero Laurta la violó: pasó tres días escondido bajo el tanque de agua de la casa de su expareja para espiarla. Después, huyó a Uruguay, desde donde inundó la web de Varones Unidos con mensajes de extrema derecha y misóginos, afirmando que el “sistema judicial feminista de Córdoba” había facilitado el “secuestro” de su hijo.
“Lo que revela este doble femicidio es la completa alineación entre la violencia misógina y la propaganda de extrema derecha”, dijo a openDemocracy Verónica Gago, del movimiento social argentino contra los feminicidios Ni Una Menos. “Existe un vínculo directo entre el odio digital, la supremacía masculinista y la violencia feminicida. La cobertura mediática que legitima estas narrativas contribuye a crear las condiciones para que estos crímenes ocurran.”
El respaldo de VU a la violencia de género y vicaria, como la cometida por Laurta, es explícito en su propia página web. En una entrada de su blog, el grupo analiza el caso de un hombre que asesinó a su exesposa y luego se suicidó, describiéndolo como una “tragedia pasional”. En el texto, culpan a la víctima: “Si observamos los hechos, estos hombres en general no han sido violentos hacia las mujeres, y a menudo no tienen antecedentes de agresión hacia sus parejas, sino que estallan en arrebatos violentos como resultado de alguna traición percibida en la lealtad conyugal”. Y agrega: “Cuando el feminismo incita a las mujeres a faltar el respeto, ofender o atacar a los hombres… fomenta estos lamentables actos de violencia contra los que dice luchar”.
En un posteo en su cuenta de X, Laruta opinó sobre el reciente caso de un padre que secuestró a sus dos hijos, los asesinó y se suicidó. “Si hubiera podido llevarse a sus hijos libremente como todo papá debería, no hubiera terminado como terminó esa trágica historia. A esos chicos y a su papá los mató la judicialización sistemática de las familias, que es para controlarlas, no para proteger, como ves, a nadie”. En otro posteo, volvió a justificar: “Hay que considerar también que el hombre estaba atravesando una situación extrema que lo ponía en un riesgo real de perder a sus hijos. La desesperación de una situación así desequilibra a cualquiera. La judicialización familiar es tortura psicológica y terrorismo de Estado”.
Sus posturas extremas lograron que VU alcanzara los 112.000 seguidores en Facebook y vínculos con al menos cinco políticos actuales y antiguos del Partido Nacional y del Partido Colorado de Uruguay, que formaban parte de una coalición conservadora de derecha que dejó el gobierno en marzo tras cinco años en el poder.
Estos políticos conservadores – la senadora Graciela Bianchi; los diputados Rodrigo Goñi y Pablo Abdala, y el exdiputado Gerardo Amarilla del Partido Nacional; y la diputada Elsa Capillera del Partido Colorado – trabajaron por más de una década con VU por una ley de tenencia compartida para permitir que los jueces mantengan la custodia y los derechos de visita de un progenitor acusado de violencia doméstica o abuso sexual, incluso cuando existen medidas de protección hacia el otro, como órdenes de restricción o la instalación de un botón de pánico en el hogar de la víctima.
A pesar de las advertencias de organizaciones internacionales y académicas sobre su posible perjuicio para los niños, la legislación fue aprobada en 2023 con el respaldo del entonces presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional.
Estos parlamentarios también invitaron a Laurta en varias ocasiones a hablar en conferencias en el Parlamento. En 2018, incluso le facilitaron una sala del Palacio Legislativo para presentar un libro que se ha convertido en referencia para los movimientos conservadores y anti-género de América Latina: El libro negro de la nueva izquierda (2016), escrito por Nicolás Márquez, biógrafo oficial del presidente argentino de extrema derecha Javier Milei, y Agustín Laje, fundador de un think tank conservador que promueve las ideas libertarias de Milei.
Además de tomar referencias de Laje, Márquez y Milei – quien en enero afirmó ante el Foro Económico Mundial de Davos que “la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil” –, en su intento de adaptar el manual global de la extrema derecha sobre “derechos de los hombres” a la política local uruguaya, VU se ha inspirado también en figuras poderosas de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran el presidente Donald Trump y el empresario multimillonario Elon Musk.
El año pasado, Musk compartió el argumento de que, dado que “solo los hombres alfa con alta testosterona [T] y las personas aneurotípicas” pueden pensar libremente, “una República de hombres de alto estatus es lo mejor para la toma de decisiones. Democrática, pero una democracia solo para quienes son libres de pensar”. Trump, por su parte, suele subir a los escenarios al ritmo de It’s A Man’s Man’s Man’s World (El mundo es de los hombres) de James Brown y ha hecho innumerables comentarios misóginos durante la última década, como decir durante la campaña electoral del año pasado que su oponente, Kamala Harris, “ciertamente no puede enfrentar a [el presidente ruso Vladimir] Putin ni al presidente Xi de China. Se verá abrumada, colapsará y millones de personas morirán”.
No se trata de simples comentarios pasajeros; son llamados de dos de las personas más poderosas del mundo a hombres de todo el planeta, como los seguidores de VU, para unirse a la resistencia contra mujeres que, según ellos, “amenazan sus derechos”. Los hombres que reciben estos mensajes “se organizan, coordinan y unen en torno al mismo objetivo”, advirtió Sara Barni, especialista en derecho de familia y fundadora de la red feminista argentina Red Viva, que ha seguido de cerca los crímenes de Laurta y conoce los ataques de los grupos antifeministas.
Las ideas detrás de los crímenes
El antropólogo Pablo Camacho, que ha estudiado a VU durante años y ha entrevistado a Laurta y a otros miembros del grupo, dijo a openDemocracy que sus integrantes creen que “el mundo se ha inclinado demasiado hacia los derechos de las mujeres, dejando a los hombres marginados”. Cuando Camacho les preguntó cómo llegaron a unirse a VU, algunos respondieron con historias como: “Intenté ligar con una chica en el colegio y me ignoró porque era feminista, así que no le gustan los hombres”.
“Estos saltos conceptuales los posicionan como víctimas y al feminismo como la gran amenaza para la sociedad, un enemigo que ataca la cultura masculina occidental”, explicó Camacho, señalando que este marco lleva a los hombres a creer que las feministas “deben ser detenidas”. En su discurso “está siempre presente el ejercicio del poder de la masculinidad”, agregó. “Detrás de la corrección yace el poder. Si quiero corregirte, es porque tengo poder sobre ti”.
Esto podría explicar por qué, tras la detención de Laurta, el grupo republicó en su web un viejo texto que justificaba sus acciones como resultado de una “persecución judicial feminista”. El mensaje acusaba a Giardina de “coacción, manipulación, hostigamiento y amenazas”, construyendo una narrativa en la que ella era la agresora y Laurta la víctima, mientras que su hijo habría sido manipulado por Giardina en su contra.
Barni señaló que esta narrativa es típica de los hombres de extrema derecha, que diseminan “odio que no necesita argumentos [porque] lo único que tienen que hacer es utilizar su privilegio de hombre y decir ‘está loca’”. “El objetivo no es debatir”, agregó Barni, sino posicionar a los hombres “como víctimas” y revertir los avances en igualdad. “Es muy similar a lo que hicieron los nazis en su momento: no cambiaron el idioma, sino que lo deformaron, lo destrozaron” para justificar la opresión y socavar los derechos conseguidos.
El abuso doméstico, e incluso infanticidios y feminicidios cometidos por hombres, son así reinterpretados por estos grupos como acciones necesarias de un padre sufrido que lucha por sus derechos contra una “madre obstruccionista”.
“Crean mensajes sabiendo que hay una sociedad lista para repetirlos y un sistema judicial que los recibe gustoso. ‘Papi luchador’ contra ‘madre obstruccionista’ es el guión que les garantiza impunidad”, agregó Barni. Camacho coincidió, señalando que el caso de Laurta demuestra que “más allá de lo horrible de los crímenes, hay estructuras sociales y políticas que los garantizan, fundamentan y validan”.
“Si queremos que casos como estos no vuelvan a suceder, tenemos que apuntar a las estructuras, a los roles de género que están imponiendo estas organizaciones y estos discursos”.
El patriarcado en el sistema judicial
Como muchos otros actores fundamentalistas en el mundo, Varones Unidos ha utilizado el derecho de familia como arma para reafirmar el control patriarcal. Pero no se ha detenido ahí.
Mientras hacía lobby por la ley de tenencia compartida, que decía buscar “proteger a los niños”, el grupo se encargó de difundir la falsa idea de que los hombres que atraviesan procesos judiciales con las madres de sus hijos, son sistemáticamente objeto de denuncias “falsas” por violencia doméstica o de abuso sexual, por lo que piden sanciones severas para las mujeres que los acusan. Aunque esta narrativa ha sido ampliamente refutada por investigaciones periodísticas, académicas y datos, aún es creída por más de la mitad de la población uruguaya.
Los argumentos de la extrema derecha a favor de estas leyes y narrativas – como los que usó VU – suelen centrarse en el llamado “síndrome de alienación parental”, una teoría controvertida y ampliamente desacreditada introducida por el psiquiatra Richard Gardner en 1985.
Según esta teoría, los niños, niñas o adolescentes serían manipulados por uno de los padres, generalmente la madre, para rechazar al otro. A pesar de haber sido desacreditada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la mayoría de los expertos en la materia, la alienación parental sigue siendo invocada en disputas de custodia en todo el mundo para justificar la eliminación de medidas de protección o minimizar denuncias de abuso, priorizando los derechos del progenitor por sobre la seguridad del menor.
Pero el lobby político es solo una capa de un ecosistema mucho más amplio que busca defender y promover los llamados “derechos de los hombres”, y que incluye a miembros del Poder Judicial y de la clase política.
“Los violentos, ahora organizados con un manual de cómo violentarnos legalmente, denuncian en los juzgados, la violencia se legitima ignorando los hechos culpabilizando a la mujer”, explicó Sara Berni. “El control cambia de físico a judicial a través de la violencia vicaria. Ellos están organizados, tienen los recursos, el poder y la estrategia – mientras nosotras enfrentamos la maquinaria y resistimos judicialmente” en Argentina, Uruguay y el mundo.
Junto con la ley de custodia compartida en Uruguay, han surgido actores privados que apoyan a los hombres que se presentan como padres asediados y obligados a luchar por sus derechos en los tribunales. Estas empresas y profesionales ofrecen servicios que van desde pruebas de paternidad e informes psicológicos hasta programas de mediación y “coaching” parental, usualmente aparecen en casos de denuncias de abuso doméstico o sexual. Algunas compañías, según el experto en derecho de familia Valentín Yglesias, incluso facilitan “reunificaciones” entre niños y padres acusados de violencia. Aunque no hay evidencia de que estos actores estén coordinados entre sí, Yglesias afirmó que sus nombres aparecen con frecuencia en los mismos expedientes judiciales.
“Estos profesionales no hablan de [alienación parental] de manera explícita”, explicó Yglesias, “pero promueven la mediación, la coparentalidad o la coordinación parental incluso en situaciones donde hay denuncias de abuso. Crean grupos de WhatsApp que incluyen a la víctima y al acusado, presentándose como coordinadores neutrales, mientras asumen que cualquier forma de violencia familiar es tolerable.”
Algunos de estos profesionales también tienen vínculos con la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia, un gremio que reúne a abogados, jueces, peritos forenses y académicos y realiza cursos sobre regímenes de tenencia compartida. Algunas de estas capacitaciones han sido impartidas por defensores de la teoría de la alienación parental, como el abogado y profesor de la Universidad de Montevideo Walter Howard, quien dijo en una sesión virtual en 2022: “Sea o no reconocida como patología por la OMS, el núcleo de la [alienación parental] existe. La opinión de muchos niños está influenciada por un lavado de cerebro sistemático por parte de su madre – o posiblemente de su padre.”
Yglesias dijo a openDemocracy que la existencia de esta red implica que existen vínculos estrechos entre las partes que litigan en lados opuestos en casos de abuso infantil, y entre los psicólogos y los jueces que les encomiendan las pericias, mediaciones o programas de coparentalidad.
“Operan como una camarilla”, señaló. “De forma similar a la Association of Family and Conciliation Courts [Asociación de Tribunales de Familia y Conciliación] de Estados Unidos, trasplantan un modelo de redes de operadores que a menudo fomenta la corrupción y la ideología basada en la alienación parental.”
