Brasil se ha convertido en un destino cada vez más frecuente para solicitantes de asilo de todo el mundo. Entre 2015 y 2024, el país recibió más de 454.000 solicitudes de asilo de personas provenientes de 175 países. Más del 82% fueron presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Angola. Solo en 2024 se registraron más de 68.000 nuevas solicitudes, un 16,3% más que el año anterior.
Con la llegada de un número cada vez mayor de personas, resulta clave entender cómo – o si – los refugiados logran integrarse al tejido social y económico del país. Aunque el reconocimiento legal ha avanzado, la vida cotidiana de muchos de ellos sigue marcada por la precariedad, la informalidad y la exclusión.
La forma en que Brasil aborda la integración laboral de los refugiados revela profundas contradicciones entre los derechos reconocidos en el papel y las realidades que se viven en la cotidianeidad. Sin embargo, esta situación no es exclusiva de los refugiados: también afecta históricamente a los ciudadanos más marginados.
Breve historia de la (racializada) política de refugio
La trayectoria de la política de refugio brasileña refleja los proyectos políticos y económicos racializados del país, así como sus alineamientos internacionales. En la práctica, esto se tradujo en un intento, durante gran parte del siglo XX, de admitir únicamente a personas blancas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la política de refugio en Brasil dio prioridad a los refugiados europeos, considerados cultural y económicamente asimilables, mientras que desalentó activamente la llegada de migrantes negros africanos y asiáticos. Esta preferencia no respondía a motivos humanitarios ni compromisos internacionales, sino a un objetivo estratégico de “blanquear” y modernizar la población del país. Los admitidos se integraban a la fuerza laboral, especialmente en proyectos rurales de colonización y en sectores urbanos de baja cualificación. Gracias a este esfuerzo, Brasil recibió alrededor de 40.000 refugiados europeos.
El reasentamiento de personas blancas fue impulsado también por las dinámicas de la Guerra Fría. Brasil acogió a refugiados europeos que huían de regímenes comunistas, quienes se integraron en la economía urbana e industrial en rápido crecimiento del país. Esta postura eurocéntrica se consolidó durante la dictadura militar (1964–1985), cuando el Estado abordó la migración forzada con sospecha y represión, especialmente hacia disidentes políticos de países vecinos como Chile, Argentina y Uruguay, considerados potenciales amenazas.
Durante esa época no existió ninguna política pública de integración o apoyo laboral para los refugiados. Quienes lograban trabajar lo hacían en la informalidad, y sus trayectorias profesionales eran invisibles para el Estado. En contraste con periodos anteriores, este fue un tiempo de desatención institucional y marginación socioeconómica para los recién llegados.
La transición democrática a mediados de los años 80 marcó un punto de inflexión. La Constitución Federal de 1988 consagró los derechos humanos y el principio de asilo en la política exterior. En 1989, Brasil eliminó la restricción geográfica de la Convención de Refugiados de 1951, que limitaba su compromiso a los europeos, lo que permitió reconocer refugiados de cualquier región. Este proceso culminó con la promulgación de la Ley 9.474 en 1997, que estableció el primer marco nacional de protección a refugiados y creó el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE).
Desde entonces, Brasil ganó visibilidad como actor humanitario y líder regional en protección de refugiados. La labor del CONARE se volvió más sistemática, y el país comenzó a aceptar solicitantes de distintas partes del mundo.
El hito más reciente fue la promulgación de la nueva Ley de Migración (Ley N.º 13.445/2017), que reconoce la migración como un derecho humano y garantiza a los inmigrantes, en igualdad de condiciones con los nacionales brasileños, los derechos inviolables a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad. La ley también introdujo un visado temporal por razones humanitarias, otorgado a personas apátridas o nacionales de países que enfrentan, entre otras condiciones, violaciones graves de derechos humanos.
Acogidos legalmente, marginados económicamente
Aunque los marcos legales brasileños garantizan formalmente a los refugiados el derecho al trabajo, al acceso a servicios públicos y a un estatus legal, los mecanismos reales para la inclusión socioeconómica siguen siendo fragmentados e ineficaces.
La integración laboral de los refugiados recae principalmente en organizaciones sociales, en lugar de ser asumida como responsabilidad estatal. El resultado es un panorama en el que la mayoría experimenta subempleo, trabajo informal y un marcado desfase entre sus capacidades y las oportunidades disponibles. El acceso al empleo, certificación profesional o incluso a clases básicas de portugués es mínimo. La falta de apoyo estatal estructurado contradice la imagen de Brasil como país humanitario y deja a los refugiados solos navegando por el mercado laboral.
Ante la ausencia de políticas públicas coordinadas, muchos refugiados terminan en sectores informales y explotadores como el comercio ambulante, el trabajo doméstico, la construcción, la agricultura o la industria textil. Estos sectores no solo son precarios, sino también peligrosos. En 2023, más de 2.000 trabajadores fueron rescatados de condiciones degradantes en importantes bodegas de Bento Gonçalves (Río Grande do Sul), entre ellos 83 migrantes venezolanos sometidos a castigos físicos, largas jornadas y condiciones insalubres. En São Paulo, donde se concentra el 72% de los casos de explotación de migrantes y refugiados del estado, el sector textil depende en gran medida del trabajo de migrantes sin protección, a menudo en talleres clandestinos abusivos.
La falta de reconocimiento de credenciales agrava la marginación. Muchos refugiados llegan con títulos universitarios y experiencia profesional, pero no pueden validar sus estudios por las trabas burocráticas y la falta de apoyo institucional. Esto genera movilidad ocupacional descendente. Los migrantes negros, especialmente de Haití y la República Democrática del Congo, enfrentan discriminaciones interseccionales que profundizan su exclusión del empleo formal y refuerzan los patrones de desigualdad racial.
Estas formas de explotación no afectan solo a refugiados y migrantes: reflejan las condiciones que históricamente han soportado los trabajadores pobres brasileños, en especial los racializados como negros.
Aunque ha disminuido en los últimos años, el empleo precario e informal sigue siendo central para millones de trabajadores brasileños. El trabajo doméstico, la construcción, la venta ambulante y la hostelería – todos con bajos salarios y sin protección laboral – siguen siendo el pilar del mercado laboral. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el último trimestre de 2024 casi 40 millones de brasileños (38,6% de la población ocupada) trabajaban en la informalidad, sin derechos básicos como vacaciones pagas, seguridad social o indemnización.
La informalidad no se distribuye de manera equitativa: afecta al 41,9% de los trabajadores negros y al 43,5% de los pardos, frente al 32,6% de los blancos.
La desigualdad racial también se refleja en el desempleo y los ingresos. La tasa nacional de desempleo fue de 6,2%, pero alcanzó el 7,5% entre personas negras y el 7% entre pardas, mientras que entre los blancos fue de solo 4,9%. En promedio, los trabajadores blancos ganaron un 73% más que los negros y un 67% más que los pardos.
Estas cifras reafirman lo que los investigadores han sostenido por décadas: el mercado laboral brasileño está estructurado por jerarquías racializadas profundamente arraigadas en el orden racial tras la abolición de la esclavitud.
La violencia racializada apunta tanto a ciudadanos como a migrantes
Tras la abolición formal de la esclavitud en 1888, Brasil impulsó un proyecto estatal de “blanqueamiento” que fomentó la inmigración europea como medio para “civilizar” y “mejorar” la composición racial de la nación. Estos inmigrantes europeos se asentaron principalmente en las regiones del sur y sureste, económicamente dominantes.
Mientras tanto, las personas liberadas y sus descendientes – junto con otros grupos marginados, como los migrantes internos pobres del Nordeste – fueron excluidos de la propiedad de la tierra y de la protección social, relegados a las periferias urbanas y a los segmentos más precarios del mercado laboral. Hoy, tanto los migrantes como los trabajadores negros nacidos en el país siguen cargando con las consecuencias de esas exclusiones históricas.
Esta exclusión económica se cruza con la violencia racializada en los espacios urbanos, en la que el Estado es un actor central. Según datos de la Rede de Observatórios da Segurança, más de 4.000 personas fueron asesinadas por la policía en 2023; en los casos con datos raciales, casi el 88% de las víctimas eran personas negras o pardas de bajos recursos.
En numerosos estados, jóvenes pobres de favelas y periferias – mayoritariamente negros y pardos – son tratados sistemáticamente como amenazas criminales por las fuerzas policiales. Esta violencia estatal normalizada corre paralela a su marginación económica: los brasileños negros y pardos están sobrerrepresentados tanto en el trabajo precario como entre las víctimas de la fuerza letal del Estado. Las mismas estructuras que les niegan un empleo digno también les niegan el derecho a vivir seguros.
Los asesinatos en 2024 y 2025 de dos vendedores ambulantes senegaleses, Serigne Mourtalla Mbaye y Ngange Mbaye, durante operativos policiales en São Paulo, reflejan la realidad más amplia de los sectores urbanos pobres del país y revelan un mercado laboral marcado no solo por la negligencia institucional, sino también por la hostilidad.
Bajo el pretexto del “orden público” y la “seguridad”, los trabajadores pobres brasileños, así como los migrantes y refugiados que trabajan en la calle en ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, enfrentan violencia cotidiana por parte de la policía municipal y estatal, que incluye acoso, agresiones físicas y confiscación de mercaderías debido a su estatus informal o la falta de permisos.
En el centro de São Paulo, donde ambos senegaleses fueron asesinados, las denuncias de abuso policial han aumentado junto con la expansión de la Operação Delegada, una iniciativa conjunta entre la alcaldía y el gobierno estatal que permite a policías militares trabajar horas extras remuneradas, principalmente para reprimir el comercio ambulante.
Aunque se presenta como una medida de orden urbano, la operación ha sido ampliamente criticada por fomentar la violencia policial. Según el Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, esta mayor presencia policial ha coincidido con un aumento notable de denuncias de abuso, particularmente contra vendedores negros y migrantes sin permisos.
Ningún paraíso para los refugiados
A pesar de los avances legales, la brecha entre los derechos formales y las experiencias vividas persiste. Un enfoque verdaderamente basado en derechos debe ir más allá del estatus legal: requiere una política estatal coordinada que garantice acceso al idioma, validación de títulos, protección contra la discriminación y vías laborales acordes con las cualificaciones y necesidades de los migrantes.
Si Brasil desea sostener su imagen de nación acogedora y comprometida con los derechos humanos, debe enfrentar las realidades de su mercado laboral y las exclusiones históricas de los grupos marginados. Refugiados y migrantes, al igual que los ciudadanos brasileños excluidos, no necesitan inclusión simbólica: necesitan protección, reconocimiento y acceso a condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad.
Cualquier cambio significativo debe reconocer que las dificultades que enfrentan los refugiados no son anomalías, sino una intensificación de lo que las poblaciones pobres, negras e indígenas han soportado durante generaciones: un mercado laboral construido sobre la exclusión, la violencia y la explotación.
