En diciembre del año pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio media sanción a la “Ley de Protección de la Inocencia Infantil", proyecto de la republicana Marjorie Taylor-Greene. Si el título suena orwelliano, es porque lo es.
El texto, también conocido como H.R.3492, equipara deliberadamente la atención de salud de afirmación de género para adolescentes trans con una tradición dañina e ilegal, la mutilación genital femenina (MGF).
Si se aprueba, dijeron a democraciaAbierta fuentes expertas, va a empeorar el sufrimiento de dos grupos vulnerables: mujeres y niñas en riesgo de una forma extrema de violencia de género, y jóvenes y adolescentes trans, quienes ya tienen más probabilidades de experimentar pensamientos e intentos suicidas que sus pares cisgénero.
El personal médico que brinde dicha atención puede ser castigado con hasta 10 años de prisión.
El proyecto fue aprobado con 216 votos a favor y 211 en contra el 17 de diciembre, con los dos partidos, Republicano y Demócrata, alineados a favor y en contra, aunque tres demócratas se sumaron a la ley y cuatro republicanos la rechazaron. El texto está ahora en el Comité Judicial del Senado, sin calendario para debates o votaciones.
"Desde hace unos años, vemos grupos antitrans que intentan ampliar las leyes existentes contra la MGF para incluir la atención de afirmación de género, creando una confusión importante entre los legisladores y el público", dijo Mona Sinha, directora ejecutiva de la organización Equality Now, que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas.
Este proyecto, Sinha advirtió, "pondría en cuestión la legitimidad de los esfuerzos contra la MGF", porque “politizar una ley destinada a proteger a las niñas de una práctica dañina arraigada en la desigualdad de género desviaría recursos y atención de la MGF, ya de por sí limitados, para centrarse en criminalizar una atención médica necesaria”.
Diana Cariboni
La Organización Mundial de la Salud define la mutilación genital femenina como “una práctica tradicional dañina que implica la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos”. Esta práctica, que afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo y a veces se presenta como un rito de iniciación a la feminidad, no tiene beneficios para la salud; más bien, constituye una violación de los derechos humanos que genera impactos físicos y emocionales inmediatos y duraderos.
En Estados Unidos, la MGF fue ilegalizada a nivel federal en 1996, y 41 estados adoptaron leyes propias para prohibirla. En 2020, se aprobó una ley federal para fortalecer las protecciones para las víctimas, conocida como la Stop FGM Act (Detener la MGF). A pesar de esto, varios estudios estiman que alrededor de medio millón de mujeres y niñas son sobrevivientes o están en riesgo de sufrir MGF en todo el país.
Ahora, los republicanos están utilizando la justificada oposición a la MGF para atacar a las personas trans como parte de una estrategia más amplia que busca convertir la transfobia en un arma electoral.
“Se presentaron cientos de proyectos de ley, principalmente en estados conservadores, para restringir o, en algunos casos, criminalizar la prestación de atención [médica] a esta población”, explicó Marci Bowers, ginecóloga y cirujana reconstructiva en el Mills-Peninsula Medical Center de California y expresidenta de la World Professional Association for Transgender Health.
Algunos de estos proyectos desdibujaron los límites entre MGF y atención médica trans. En 2022, un año después de que el gobernador de Texas, Gregg Abbott, y otros republicanos de su gobierno comenzaran a usar la expresión “mutilación genital” para referirse a la atención médica de afirmación de género, democraciaAbierta informó sobre un proyecto de ley introducido en Texas que reformaba la ley contra la MGF, eliminando la palabra “femenina”, para criminalizar la atención médica a personas trans. El intento no pasó. Pero, al año siguiente, informamos sobre otro proyecto similar en Idaho, que se convirtió en ley y todavía está siendo impugnado en los tribunales.
Vale la pena recordar que la mayor parte de la afirmación de género para adolescentes trans en Estados Unidos es afirmación social, como cambios de vestimenta y peinados, nombres, pronombres de género y acceso a baños o vestuarios alineados con el género de la persona. Muy pocos menores de 18 años trans reciben terapia hormonal, y menos aún procedimientos quirúrgicos, y los que se hacen, se consideran caso a caso, no se realizan de forma rutinaria.
Menos de 3.680 menores de 18 años de Estados Unidos pasaron por alguna forma de cirugía de afirmación de género entre 2016 y 2020, según investigadores de la Facultad de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, que analizaron datos de la Muestra Nacional de Cirugía Ambulatoria y la Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados.
Más de 3.200 fueron cirugías de mama o tórax, y la mayoría de los pacientes eran cisgénero. Alrededor del 97% de las cirugías de mama o tórax en menores de 18 años son reducciones para varones cisgénero, según el análisis de 70 millones de reclamaciones de seguro médico a nivel nacional de 2019, realizado por la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard. Ese estudio encontró poco o ningún uso de atención médica de afirmación de género para menores trans.
En cuanto a los bloqueadores puberales y las hormonas, también se recetan rara vez a adolescentes trans de Estados Unidos, según otro estudio de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el Instituto de Atención Médica Harvard Pilgrim y FOLX Health, publicado el año pasado.
Aun así, la transfobia es una parte central de la política de Trump. Una semana después de empezar su segundo mandato en enero de 2025, firmó una orden ejecutiva que calificaba la atención de afirmación de género como “mutilación” y ordenaba al Departamento de Salud eliminar una definición de 2022 que reconocía que esta atención médica es “crucial para la salud y el bienestar general” de niñes y adolescentes transgénero y no binaries. Si bien una orden judicial días después obligó a la administración a reinstaurar – a regañadientes – la definición, junto con la orientación y la literatura pertinentes, no hubo ningún cambio de rumbo.
Menos de tres meses después, la fiscal general había instruido al Departamento de Justicia para que imputara y encuadrara en la ley federal Stop FGM a los proveedores de atención médica que ofrecieran atención de afirmación de género. El proyecto de Taylor-Greene busca ahora codificar esta instrucción y hacer que sea legal y obligatorio para los fiscales iniciar casos bajo esta confusión deliberada.
“Las sobrevivientes lucharon muy duro en este país durante muchos años para conseguir esa ley”, dijo Kaitlin Mitchell, coordinadora de políticas y defensa de la US End FGM/C Network, que se opone a la legislación de Taylor-Greene. “Así que cuando usamos la palabra ‘mutilación’ para referirnos a la afirmación de género y a la mutilación genital femenina, o para referirnos a ambas, le estamos quitando importancia a la práctica específica de la MGF”.
Sian Norris
El proyecto de ley recibió el respaldo de varios grupos que se oponen a la igualdad de derechos, entre ellos tres vinculados al plan autoritario de Trump, conocido como Proyecto 2025.
Pero la instrumentalización de la MGF no se menciona en la conversación pública. “En todos los debates en el pleno de la cámara y en el comité de reglas el día anterior, en todo lo que estamos viendo en línea, una cosa que no ha surgido ni una sola vez es el impacto de este proyecto de ley en las sobrevivientes de MGF”, dijo Caitlin LeMay, directora ejecutiva de la US End FGM/C Network.
LeMay añadió: “También estamos borrando las distinciones en torno al consentimiento y la autonomía corporal, porque la MGF es una forma de violencia no consensuada contra las niñas, y la atención de afirmación de género es una forma de atención médica basada en evidencia que salva vidas”.
Bowers, del Mills-Peninsula Medical Center, dijo que se ha encontrado que la atención de afirmación de género es beneficiosa para quienes la reciben. “Hay evidencia médica que la respalda, y cuando hablas con estas familias y con las propias personas, hay una mejora en la función psicosocial y en la autoimagen”, dijo a democraciaAbierta.
“La falta de acceso a la atención médica para los jóvenes trans provoca un aumento de la tendencia al suicidio”, añadió.
Según un estudio de 2023 del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA, el 42% de las personas adultas trans de Estados Unidos han intentado suicidarse (cuatro veces más que los adultos cisgénero), y más del 81% lo han pensado alguna vez.
Los adolescentes trans son particularmente vulnerables; las leyes antitrans a nivel estatal – como las que limitan el acceso a los ciudadanos médicos de afirmación de género, o a los baños y equipos deportivos que coinciden con la identidad de género de una persona – provocaron un aumento de hasta el 72% en intentos de suicidio durante el último año entre jóvenes transgénero y no binaries, según un estudio de 2024 de The Trevor Project, que trabaja en la prevención del suicidio entre jóvenes LGBTIQ+.
Por otro lado, varias otras encuestas de The Trevor Project han encontrado que los hogares y escuelas acogedoras y el acceso a la atención para niños y jóvenes con diversidad de género reducen los riesgos de suicidio y el sufrimiento emocional. Del mismo modo, las ideas suicidas cayeron drásticamente entre adolescentes y jóvenes trans (de entre 12 y 20 años) que comenzaron a recibir terapia hormonal, según un estudio publicado el año pasado por el Journal of Paediatrics.
Sin embargo, políticos en 26 estados ya han prohibido la atención médica adecuada para jóvenes trans, y la situación no hace más que empeorar.
“Está teniendo un efecto enorme, no solo psicológicamente en los pacientes, que ahora se sienten aún más distanciados de la atención médica, sino en una visión más general, en la erosión de la confianza en la atención médica, en la ciencia, en los datos y en la experiencia que tenemos en una amplia variedad de temas”.
En algunos casos, el personal de salud puede perder su licencia o ser acusado de un delito grave.
“Esta es una continuación de las prácticas en las que han caído los conservadores de nuestro gobierno, insertando a abogados y políticos entre el personal de salud y la toma de decisiones médicas”, añadió Bowers.
Alicia Tovar
