Las calamidades se suceden en el único hogar estatal de Uruguay para alojar a adolescentes madres que necesitan protección. Las peores fueron las muertes súbitas de dos bebés y el secuestro y asesinato de una joven durante salidas para visitar a sus familias, revela esta investigación de democraciaAbierta.
Ubicado en el Parque Rodó de Montevideo, el centro Amatista del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene capacidad para alojar a 24 personas, entre las adolescentes y sus hijos o hijas. Los tres directores que tuvo desde 2020 hasta octubre de este año acumulan denuncias de mala gestión, maltrato, negligencia y acoso, así como episodios de violencia entre las jóvenes. Dos de ellos también recibieron evaluaciones laborales que destacan su ineptitud.
Las autoridades del INAU los mantuvieron en los cargos hasta que las consecuencias se hicieron inocultables y pese a las denuncias. Mientras tanto, varias adolescentes se fueron del hogar y pasaron a soportar violencia doméstica por tener que convivir con sus agresores, y otras no fueron acompañadas o rescatadas de situaciones de explotación sexual que continúan.
democraciaAbierta reconstruyó los hechos en base a documentos oficiales, expedientes administrativos, denuncias anónimas al directorio del INAU, posiblemente realizadas por trabajadores, informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y entrevistas con cinco testigos de los hechos, educadoras y autoridades del INAU.
Sergio Rodríguez, el primer director del centro Amatista bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue sumariado por conducta inapropiada y acusado de abuso hacia una adolescente y de responsabilidad en los hechos que condujeron a la muerte de otra joven y de un bebé. Los propios técnicos del INAU advirtieron que por su perfil psicológico no estaba en condiciones de trabajar con niñas, niños y adolescentes. Pero, una vez separado del cargo, fue premiado con un ascenso.
Mariana Oliveri, que ocupó el lugar de Rodríguez en Amatista, fue denunciada por acoso laboral, por presuntamente elaborar planes para obligar a renunciar al equipo de territorio – que se encarga de evaluar las condiciones habitacionales y de convivencia para que las adolescentes visiten a sus familias y eventualmente regresen a la vida familiar.
La tercera directora, Silvia Cedrés, decía a las adolescentes: “Vos no tenés donde caerte muerta”, “Si tu hijo se muere la culpa es tuya”, según relataron a democraciaAbierta educadoras del centro Amatista que pidieron no revelar sus nombres.
Estas expresiones y otras similares también aparecen en expedientes del INAU sobre Cedrés, en denuncias anónimas realizadas contra su gestión y la de su subdirectora Desire Bell, y en un informe que la INDDHH elaboró en febrero de 2024 sobre el funcionamiento del hogar. Al igual que Rodríguez, Cedrés tiene una evaluación psicológica-laboral desfavorable.
democraciaAbierta intentó visitar el centro Amatista y entrevistar a los tres directores acusados, que no accedieron a contestar nuestras preguntas.
La directora general del INAU, Dinorah Gallo, del Partido Nacional (PN) – responsable de supervisar y definir las políticas del centro y jefa de quienes designan sin concurso los puestos de dirección y coordinación de los hogares – no contestó el pedido de entrevista.
Sí pudimos entrevistar a la directora del INAU en Montevideo, Geraldy Correa (PN), pero no a quien coordina los hogares de protección de 24 horas del departamento y está bajo su mando, Ramona Capillera (de Cabildo Abierto, CA). Capillera, quien está bajo investigación del INAU por el “egreso forzado” de un adolescente que terminó en la calle en 2021, nos dijo que estaba “a la espera de orientación de las autoridades” para conceder la entrevista, pero no volvió a responder.
Junto a Correa, entrevistamos a la directora del área de adolescencia, Lourdes Falcón, que reporta a Capillera. Falcón también es investigada por “trato inadecuado” del personal y su evaluación psico-laboral indica que “no se ajusta” a la tarea que le asignaron.
Las fallas de las tres direcciones consecutivas de Amatista y la falta de aptitud profesional de las designaciones exponen cómo las autoridades del INAU ignoran las recomendaciones que formula hace años la INDDHH, y en las que coinciden su propio sindicato y la oficina de UNICEF en Uruguay.
“Las prácticas discrecionales de asignación [...] fragilizan la acción profesional y técnica de los centros, exponiéndolos a los vaivenes de las decisiones políticas de los distintos directorios”, dijo UNICEF en un informe presentado al INAU en septiembre de 2024, en el que recomienda profesionalizar esos nombramientos. “Una práctica profesional, basada en evidencia técnica requiere de directores que puedan liderar [...] desde saberes disciplinares del campo educativo, social y clínico”, agregó.
Sobre este punto, Correa nos dijo: “No preciso que venga UNICEF ni que venga (la Institución Nacional de) Derechos Humanos a decirme que están faltando técnicos en los centros. Lo reconozco perfectamente. Lo planteo”. Luego reconoció que aún no había leído el informe.
‘Transas y acuerdos’
Los hogares de protección de 24 horas del INAU, incluido el centro Amatista, están concebidos para albergar a niñas, niños y adolescentes que carecen del cuidado familiar y/o condiciones de vida digna – por razones que van desde problemas de salud mental hasta violencia o pobreza extrema.
El estado, a través del INAU, debe brindarles ese ambiente de hogar y asegurarles sus derechos a la educación, la salud y el esparcimiento y a vivir sin violencia, mientras trabaja para que se sostengan y mejoren los vínculos con la familia, cuando sea posible, porque el objetivo no es la internación permanente.
Quienes viven en esos hogares no están presos ni cumpliendo penas. Los y las adolescentes deberían salir a la escuela u otras actividades; pero las salidas, en especial las visitas o regresos a sus ambientes familiares, requieren supervisión por el riesgo de que se reiteren la violencia o el abandono.
Sergio Rodríguez, que dirigió Amatista entre octubre de 2020 y febrero de 2023, está acusado de incumplir esa parte fundamental del cuidado. El funcionario ingresó al INAU en 2016 como educador y dos años más tarde pasó a ser efectivo. Su expediente administrativo y el testimonio de varias educadoras indican que se relacionaba de modo inapropiado con las adolescentes bajo su cuidado y empleaba “transas y acuerdos” para que salieran sin supervisión.
Las conductas inadecuadas incluían, presuntamente, transportar a las jóvenes en su auto particular, pedirles que apagaran sus teléfonos mientras conversaban, prometerles no reportar a la policía si salían del hogar sin autorización – violando el protocolo del INAU sobre salidas no acordadas.
También autorizar visitas o estadías temporales con sus familias – mediante ‘licencias’, según el lenguaje institucional – aunque fueran en contra de las recomendaciones del equipo de territorio, que las consideraba riesgosas, según documentos oficiales y testimonios de cuatro educadoras. Además, advertía a las adolescentes y a sus familias que, si revelaban estos arreglos al equipo, él los negaría, según dijo una de las educadoras.
“Generaba una dinámica de hacer circular a las gurisas (adolescentes) con la excusa de que si no se las dejaba salir, se iban a ir igual”, dijo una de las educadoras. “En esa mala gestión de las licencias y de desprotección se empezaron a dar una secuencia de cosas, hasta que una gota derramó el vaso”, agregó.
El 28 de septiembre de 2021, un bebé de un mes falleció de muerte súbita en la casa de su familia, según documentos oficiales. Su madre, Agustina*, una adolescente de 15 años, había ingresado a Amatista en agosto, dos semanas después del parto, y estaba con licencia en casa de su mamá. El equipo de territorio, que visitaba a la familia tres veces por semana, no había recomendado esa licencia, contaron dos de las educadoras cercanas al caso. “La gurisa tenía otra hermana que estaba en Amatista; conocíamos a la familia, se estaba trabajando porque no estaba lista para recibirlas”, dijo una de las trabajadoras.
Ninguna autoridad del INAU en Montevideo dispuso que se investigara lo sucedido. Más aún, el bebé fue registrado en el INAU un mes después del fallecimiento, y su carpeta y la de su mamá Agustina, archivadas.
Pero en julio de 2024, durante investigaciones abiertas por el aluvión de denuncias sobre Amatista, la división jurídica del INAU, que responde al directorio presidido por Guillermo Fossati (PN), decidió indagar en las responsabilidades por el fallecimiento del bebé, y por otro caso muy grave: el asesinato de una adolescente que también vivía en Amatista, cometido en febrero de 2022. Según dijeron fuentes oficiales a democraciaAbierta en diciembre, ambas investigaciones continúan.
Durante una licencia aprobada por Rodríguez, pero no por el equipo de territorio, Kiara Ahielén Casavieja, de 16 años y madre de un bebé de cuatro meses, fue secuestrada y asesinada. Encontraron su cuerpo descuartizado en un pozo séptico en un barrio del noroeste de Montevideo, 20 días después de que se reportara su ausencia a la policía. “Fue una licencia totalmente irresponsable”, dijo una educadora. El asesino de Kiara fue condenado este año.
Correa, directora del INAU en Montevideo, no abrió una investigación sobre este caso ni lo informó al directorio, en ese entonces presidido por Pablo Abdala (PN).
“La respuesta institucional fue como que no pasó nada”, dijo una educadora a democraciaAbierta. No hubo apoyo a las adolescentes para que sobrellevaran el impacto. “Quedaron hipermovilizadas, pero sin un espacio donde poder trabajar ese duelo”, agregó. Solo luego de “mucha insistencia”, el INAU contrató a profesionales para apoyar el duelo del personal. “El equipo quedó todo roto porque mucha gente culpabilizaba a Sergio [Rodríguez]. Había mucho enojo, mucha tristeza, mucho dolor y angustia”.
Según supo democraciaAbierta de fuentes del INAU, el bebé de Kiara ya no se encuentra bajo protección del instituto y vive con su abuela.
Angelina de los Santos
Casi un año después del asesinato de Kiara, a comienzos de febrero de 2023, Jéssica, de 17 años y residente en Amatista, acusó a Rodríguez de abuso en un mensaje escrito en su estado de WhatsApp. “Sergio por el abuso a las menores vas a morir”, y “Abusan de las menores en INAU Amatista”, escribió Jéssica, madre de un bebé y de un niño pequeño. Rodríguez la denunció a la policía por difamación e injurias y avisó a las autoridades del INAU, según se narra en el expediente administrativo del caso. Mientras tanto, la asistente social del centro increpaba a Jéssica..
“La forma de abordar la situación fue bastante violenta, acusando a la joven de que iba a romper una familia y remarcándole el daño que estaba haciendo al adulto”, dijo a democraciaAbierta una educadora. El 10 de febrero de 2023, Jéssica se fue de Amatista con sus dos hijos y no regresó.
El INAU decidió entonces separar a Rodríguez de la dirección del hogar, y lo envió a realizar tareas administrativas. En abril de 2023, Correa archivó el caso, alegando que “no surgió prueba” del presunto abuso, y permitió a Rodríguez volver a tener trato con menores. Poco después, le encomendó dirigir el centro Magnolia, cuatro kilómetros al norte del Parque Rodó, al que llegan las jóvenes que van a vivir en hogares del INAU en Montevideo.
En julio, Jéssica llegó a Magnolia buscando refugio, porque ya no figuraba en el padrón de Amatista. Allí se decidió derivarla a un hogar para mujeres adolescentes e internar a sus hijos en un hogar infantil, dijeron fuentes cercanas al caso.
El abogado de la división jurídica que analizó las actuaciones por el abuso denunciado en Amatista, concluyó en septiembre de 2023 que hubo “irregularidades” en los procedimientos para investigar la conducta de Rodríguez, y pidió que se denunciara el supuesto abuso a la justicia, según el expediente del caso. Además, encomendó evaluar el perfil psico-laboral de Rodríguez. La evaluación, en diciembre de 2023, fue tajante: “No se ajusta a la tarea de trato directo” con niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, un mes después, la directora de los hogares de protección 24 horas de Montevideo, Capillera, ascendió a Rodríguez a director del programa de infancia, a cargo de implementar y supervisar las políticas de protección, prevención y asistencia a niñas y niños del departamento, donde vive el 17% de la población infantil del país.
democraciaAbierta habló por teléfono con Rodríguez para pedirle una entrevista sobre las denuncias en su contra. Él nos pidió que enviáramos las preguntas a su correo electrónico laboral, pero nunca respondió.
Mientras transcurría la investigación administrativa de Rodríguez, Mariana Oliveri se hizo cargo de dirigir Amatista. Poco después fue denunciada ante la Comisión de Acoso Laboral del INAU por las educadoras, por presunto maltrato al equipo de territorio. Oliveri fue separada del cargo en julio de 2023 y pasó a trabajar como coordinadora general en Magnolia, junto a Rodríguez. Después estuvo de licencia, y en 2024 renunció. Oliveri no respondió nuestros mensajes ni llamadas.
Omisiones y violencia
Algunas educadoras de Amatista renunciaron a sus puestos ante la falta de reacción de las autoridades. Otras continuaron trabajando en el hogar, mientras Silvia Cedrés, la nueva directora que reemplazó a Oliveri, “terminó de desmantelar” el equipo de territorio, según dijeron las educadoras y corroboró la INDDHH en su informe de febrero de 2024. “Vamos de mal en peor”, dijo una de ellas.
Cedrés, que ingresó al INAU como cuidadora y en 2010 obtuvo el cargo de educadora, asumió como directora de Amatista en junio de 2023, con Desire Bell como subdirectora.
Ante la persistencia del mal funcionamiento del centro, algunas trabajadoras presentaron, entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, tres denuncias ante la INDDHH, la directora de protección de 24 horas Capillera, y el directorio del INAU.
“No se trata de encontrar un chivo expiatorio o un culpable, sino de mostrar cómo la responsabilidad se va diluyendo y no pasa nada, incluso ante situaciones gravísimas”, dijo una de las denunciantes a democraciaAbierta.
En la investigación iniciada por el INAU a partir de estas tres denuncias se afirma que Cedrés y Bell no usaban el sistema informático oficial porque no sabían cómo hacerlo, y tenían un “enfoque punitivo” hacia las jóvenes. “No hay un abordaje técnico, sino gritos y la anulación de la adolescencia de las jóvenes que son madres”, se lee en el expediente administrativo.
Una de esas tres denuncias, anónima, describe 17 situaciones en las que Cedrés y Bell actuaron supuestamente de forma indebida. democraciaAbierta reconstruyó una parte, revisando las acusaciones y documentos oficiales y entrevistando a educadoras. Este artículo describe las situaciones de cinco jóvenes: Gabriela, Victoria, Josefina, Andrea y Micaela.
Otra muerte súbita
Gabriela, de 14 años, llegó a Amatista en marzo de 2024 junto a su bebé recién nacida. Sufría violencia doméstica y no tenía condiciones para vivir en casa de su madre. Antes de cumplir dos meses en el hogar, Cedrés las envió de regreso a la casa materna, porque la convivencia de Gabriela con otras jóvenes no era buena y había tenido una pelea. La directora no tomó ninguna medida para observar el contexto familiar al que Gabriela volvía. Unos meses después, el 9 de junio, la bebé falleció de muerte súbita.
“Podría haber pasado en el hogar, pero pasó afuera, como las otras”, dijo una educadora en referencia al fallecimiento del otro bebé en 2021, y al asesinato de Kiara.
En el velorio, Cedrés le dijo a Gabriela que no volvería a Amatista. “Ya no sos madre”, alegó. Poco después, la adolescente intentó quitarse la vida, e incluso volvió a Amatista pidiendo el reingreso. Como no podía vivir con su madre, estaba en la calle y consumiendo droga, según testimonios de las educadoras y las denuncias presentadas.
“Cedrés se desesperó. En vez de calmarla, le decía que ahí no podía estar y delante de ella empezó a llamar a las autoridades para ver qué hacer. Fue terrorífico”, dijo una educadora. Gabriela pasó esa noche en otro hogar; luego la derivaron a otro centro, donde, según otra educadora, “sigue en una situación de vulneración altísima”.
Victoria, de 18 años, decidió abortar este año en el centro Amatista donde vivía, luego de las consultas médicas correspondientes en las que obtuvo los fármacos necesarios. Cedrés y Bell se negaron inicialmente a que tomara las píldoras en el centro – en Uruguay, los abortos sin cuadros complicados se realizan en domicilio con un control médico posterior. Finalmente la joven pudo completar el procedimiento en el centro, pero sin apoyo, información ni acompañamiento por parte de la dirección.
“Si ella [Victoria] no nos hubiera dicho, la gente que tomaba turno en la noche no iba a saber qué estaba pasando ni qué hacer ante un sangrado o cualquier otra situación que pudiera desatarse”, dijo una educadora. “Encima [Cedrés y Bell] le pidieron que fuera agradecida por todo lo que se estaba haciendo por ella”, agregó.
Josefina, de 15 años, regresó a Amatista en septiembre. Se había ido del hogar meses antes en una salida no acordada. Pero volvió sin su hijo de un año, al que dejó al cuidado del padre, de 30 (para la ley uruguaya, su abusador). A las educadoras y a sus compañeras les dijo que no podía hacerse cargo de cuidar al bebé. Mientras dormía, las otras chicas le dieron una paliza. Luego de ese incidente, Josefina volvió a irse y no regresó.
La joven “tiene un nivel cognitivo descendido, ha estado en situación de calle, tiene cero noción de los riesgos a los que se expone, posiblemente esté en situación de explotación sexual”, explicó una educadora a democraciaAbierta.
Según las educadoras, la dirección del centro no abordó la situación con Josefina ni trabajó con las adolescentes que la agredieron. Al contrario, afirman, se “celebró que su abusador, 15 años mayor que ella, se hiciera cargo del niño. ‘Lo que haya pasado con ella no tiene nada que ver con cómo él responda como papá’, dijeron”.
Parálisis ante la explotación sexual
Al menos tres adolescentes que vivían en Amatista en septiembre, Josefina entre ellas, daban señales de explotación sexual, según tres educadoras del centro. En los meses siguientes, las educadoras observaron que las jóvenes escapaban del hogar a cualquier hora, tomaban taxis sin que se supiera cómo los pagaban, mantenían videochats con adultos en plataformas de citas y enviaban fotos íntimas. No contaban qué hacían, dónde habían estado ni con quién.
Ante los reclamos de algunas trabajadoras por estas señales de alerta, Falcón y Capillera les pidieron “problematizar” el tema con cada joven, sin indicar qué significaba problematizar, contó una educadora.
democraciaAbierta preguntó a Correa como enfrenta el INAU estas situaciones, y su respuesta fue que se abordan mediante “el habla y la escucha”, y la denuncia ante la policía o fiscalía. No mencionó el dispositivo Travesía, que se especializa en atender situaciones de explotación sexual en Montevideo. Y, según las educadoras, tampoco se han denunciado a la justicia casos concretos, sino que se elevaron informes a Capillera.
“Más allá de que uno pueda hablar, estar – que no lo está muchas veces –, ¿cómo hacés para culminar con esto [la explotación] y decir bueno, quedan adentro [del hogar], no salen?”, alegó Correa. Falcón, que también coordina este tipo de abordajes para Montevideo, dijo que en casos de “mucho riesgo”, se puede trasladar a la adolescente afectada a otro departamento.
Angelina de los Santos
Andrea, de 16 años, regresó a Amatista un día de agosto con claros signos de estrangulamiento. “Tenía todo el cuello marcado. Adelante, en el costado, parecían dedos. Ella se reía y decía que no importaba. Al otro día se fue y no volvió más”, relató una educadora. “¿Qué tanto puedes hacer entender con el habla los riesgos a chiquilinas que tienen tan naturalizada la violencia?”, se preguntó. Poco después, el personal de Amatista supo que la adolescente había dejado de asistir a clases. En octubre, el juez de familia que seguía su caso resolvió separarla provisoriamente de su hija y la desvinculó del hogar Amatista.
Este fenómeno no es exclusivo de este hogar, sino que se registra en todo el país.
El año pasado, 36% de los 346 niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación sexual, estaban a cargo del INAU, según el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees). Los delitos contra ellos se cometieron durante salidas no acordadas. En 2024, al menos 1.170 niños, niñas y adolescentes se escaparon de los hogares unas 9.830 veces, según dijo a democraciaAbierta la directora del INAU por la oposición, Natalia Argenzio.
En mayo, una adolescente de 16 años, con un embarazo avanzado y a cuidado del INAU, murió en un hospital del norte del país. Fue la primera muerte materna del año y, según la INDDHH, producto de “violencia institucional”. El INAU había detectado que la adolescente había sido violada, que su salud era débil, consumía drogas y registraba 17 escapadas del hogar. Ella y otras ocho adolescentes mostraban indicios de explotación sexual. Una de ellas, una niña de 12 años, pasó por un aborto, otras estuvieron desaparecidas durante semanas. Por su respuesta “ineficiente”, la INDDHH responsabilizó al INAU de sus desapariciones.
En julio, democraciaAbierta reveló que cuatro adolescentes que se encontraban en el centro Himalaya, un hogar privado de Montevideo contratado por el INAU, eran explotadas en un punto de venta de drogas. A pesar de conocer su situación y paradero, las autoridades no las rescataron.
La INDDHH investigó otros 11 casos similares e identificó “fallas en todas las obligaciones del Estado: la prevención, la detección, la protección y la restitución de derechos, así como la reparación sobre los daños”, según un informe publicado el 19 de diciembre.
Micaela llamó llorando porque no aguantaba másEducadora del centro Amatista
En la investigación para este artículo descubrimos que en el centro Amatista se otorgan permisos a las adolescentes para que vivan con novios o parejas que las habían agredido o abusado.
Uno de los casos recientes es el de Micaela, de 17 años. En noviembre de 2023, se autorizó que ella y su bebé de un año y medio fueran a vivir con su madre. Pero la adolescente llamó a Amatista en varias ocasiones porque necesitaba regresar. Ante la falta de respuesta, Micaela decidió mudarse con el padre de su hijo. Esa pareja la había violentado varias veces, según afirmaron dos educadoras consultadas.
En julio, Micaela “llamó llorando porque no aguantaba más”, dijo una trabajadora a democraciaAbierta. Las educadoras de turno le pagaron el taxi para que regresara al hogar y lograron convencer a la directora Cedrés que le diera refugio. Las educadoras se enteraron de que nadie del equipo técnico la había visitado en su domicilio. La joven estuvo 48 horas y regresó a la casa de su pareja.
Cuatro meses después, el juez de su caso dispuso su egreso de Amatista, por recomendación de la dirección del centro, y otorgó las tenencias de Micaela y su bebé a la madre. El equipo técnico que trabajaba con la entonces directora Cedrés catalogó este desenlace como un éxito. “Estaban felices tremendo proceso. Los recibí el día 1. Hoy queda desvinculada de Amatista”, escribió una integrante del equipo en el grupo de WhatsApp del hogar, al pie de una foto de Micaela su bebé y su pareja.
Sin embargo, una trabajadora del centro dijo a democraciaAbierta: “Hubo una reunión de educadoras sobre esto porque no se comparte la decisión”.
Cedrés permaneció en el cargo hasta octubre de este año, cuando fue trasladada a otro hogar. No contestó nuestro pedido de entrevista. Fue reemplazada por una educadora de Amatista, Soledad Sequeira, que ejerce la dirección desde entonces.
La directora general del INAU, Gallo, no quiso dar detalles sobre las denuncias. Se limitó a responder por escrito: “Se trata de temas y asuntos que se encuentran en situación de investigación”, por lo que son actuaciones “reservadas”.
La directora del INAU en Montevideo, Geraldy Correa, resumió así la gestión del organismo en el que es jerarca: “El INAU es un lugar muy difícil de entender si no lo has vivido”.
*Los nombres de las adolescentes han sido cambiados para preservar su privacidad e integridad, excepto el de la joven asesinada, que es de dominio público
