Hasta el asesinato a balazos de Renee Good, una ciudadana y madre estadounidense de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis a principios de este mes, muchas personas aún creían que las redadas federales migratorias representaban una amenaza únicamente para los inmigrantes indocumentados.
La muerte de Good destruyó ese mito. Su asesinato conmocionó al país y sirvió como una advertencia brutal: nadie está libre de la violencia estatal. Independientemente de la raza, el género o el estatus migratorio, cuando el Estado decide que el uso de la fuerza está justificado, las vidas de personas negras – sean ciudadanas o migrantes – pasan a ser prescindibles.
La creciente presencia del ICE ordenada por Trump ha intensificado la colaboración entre agentes federales y departamentos de policía locales. Las fuerzas del orden locales ahora entregan al ICE inteligencia, herramientas de mapeo y acceso a barrios enteros, convirtiendo las ciudades en zonas de control. Hogares, lugares de trabajo, escuelas y hospitales se han transformado en espacios de captura.
Al mismo tiempo, el ICE despliega tecnologías de vigilancia para rastrear huellas digitales a gran escala, a menudo sin órdenes ni supervisión judicial. Agentes federales – frecuentemente sin formación en el trabajo policial comunitario – realizan controles de tránsito y encuentros habituales que escalan rápidamente a interrogatorios, acoso, detención y, cada vez más, violencia, incluso contra ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Este despliegue masivo de agentes federales ha profundizado la desconfianza y confirmado lo que las comunidades negras saben desde hace tiempo: la aplicación de las leyes migratorias opera mediante vigilancia, intimidación e impunidad.
Son los resultados previsibles de un sistema que criminaliza la negritud primero y pregunta después
Los mismos sistemas que históricamente ejercían control policial excesivo sobre las personas negras de Estados Unidos ahora se refuerzan a través del poder migratorio federal. Para los migrantes negros – en particular comunidades africanas, caribeñas y afrolatinas – esta convergencia es especialmente peligrosa. Expone a las personas a múltiples agencias armadas de manera simultánea, intensifica los encuentros cotidianos y aumenta de manera drástica el riesgo de violencia en vecindarios ya marginados.
Los migrantes negros suelen ser invisibilizados en los relatos dominantes sobre inmigración, que se centran en experiencias latinas no negras. En términos estadísticos, los inmigrantes negros son detenidos y deportados de manera desproporcionada, tienen mayor probabilidad de sufrir violencia y son más vulnerables a la criminalización debido al perfilamiento racial. Los recientes tiroteos del ICE no son desviaciones de este patrón: son resultados previsibles de un sistema que criminaliza la negritud primero y pregunta después.
El Estado sigue definiendo la seguridad mediante el castigo, el aislamiento y la fuerza
Los funcionarios federales han intentado presentar los balazos contra Renee Good como un hecho aislado de “legítima defensa”, pero a pocos días de iniciado 2026, cuatro personas ya han muerto bajo custodia del ICE.
Para los migrantes negros y las comunidades negras en general, esta violencia no es una anomalía. Forma parte de una larga y letal historia de violencia estatal racializada, justificada con afirmaciones vacías sobre “seguridad comunitaria” y “aplicación de la ley”. En lugar de invertir en vivienda, atención médica, acceso a alimentos o estabilidad, el Estado sigue definiendo la seguridad mediante el castigo, el aislamiento y la fuerza. En este marco, la seguridad es condicional y la violencia es constante.
Esta lógica refleja las narrativas utilizadas durante décadas para justificar la violencia policial contra personas negras en Estados Unidos. Organizaciones de justicia migrante lideradas por personas negras han advertido durante años sobre el poder descontrolado del ICE y las consecuencias mortales de una política migratoria centrada en la aplicación coercitiva. La justicia migratoria no puede separarse de la justicia racial.
Los cuerpos negros – especialmente aquellos señalados como extranjeros – son presentados como inherentemente peligrosos, lo que hace que el uso excesivo de la fuerza parezca aceptable bajo la amplia autoridad del derecho migratorio federal. Este sistema opera con mínima supervisión, escasa transparencia y consecuencias devastadoras.
La violencia estatal contra los migrantes negros es global, no incidental
También estamos presenciando cómo el control interno refleja la política exterior de Estados Unidos. Muchos migrantes negros provienen de naciones africanas y caribeñas desestabilizadas por el imperialismo, la colonización y la intervención estadounidense, condiciones que obligan a migrar para sobrevivir. Estas mismas comunidades ahora son sometidas a vigilancia masiva, detención y deportación en territorio estadounidense.
El abuso de poder dentro de las fronteras de Estados Unidos es inseparable de la violencia exportada más allá de ellas. La violencia estatal contra los migrantes negros es global, no incidental. El asesinato de Renee Good expuso los extremos a los que el Estado está dispuesto a llegar para afirmar su autoridad.
En respuesta, comunidades de todo el país se han movilizado, organizando protestas, realizando vigilias e interponiendo demandas. Pero este momento exige mucho más. La rendición de cuentas es impostergable. Investigaciones independientes, informes transparentes y una supervisión sustantiva del ICE deben ser innegociables. Los funcionarios políticos, los medios y los contribuyentes deben hacer frente a lo que se ejecuta en su nombre.
En el plano internacional, es necesario replantear las respuestas a la migración sin recurrir a la represión policial excesiva, el encarcelamiento y el control. Ya existen enfoques centrados en la comunidad, el cuidado, la dignidad y la autodeterminación, y funcionan. Si la aplicación de las leyes migratorias continúa expandiéndose sin control, se perderán más vidas y la violencia estatal se convertirá en la norma allí donde los migrantes negros busquen seguridad.
The UndocuBlack Network (UBN) es un movimiento de migrantes negros que impulsa la justicia racial, económica y migratoria. UBN construye poder mediante la incidencia, el desarrollo de liderazgos y la organización estratégica, colocando el bienestar, la dignidad y el cuidado colectivo como elementos esenciales para la seguridad y la supervivencia de las comunidades de inmigrantes negros.
