El líder de la ultraderecha chilena José Antonio Kast se convirtió el domingo en el candidato presidencial más votado en la historia del país (58,2%, frente a 42% para la candidata de izquierda Jeannette Jara), con el matiz relevante del retorno al voto obligatorio.
Kast, que hace algunos años afirmaba que “si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”, comienza a planificar su llegada a La Moneda al frente de lo que ha denominado un “gobierno de emergencia”, construido sobre una narrativa de campaña de que Chile es un país “que se cae a pedazos”.
La prensa internacional destacó los vínculos ideológicos del presidente electo con la dictadura militar y su vínculo familiar con el nazismo alemán. “Hijo de un miembro del partido nazi, admirador del dictador Augusto Pinochet”, lo caracterizó The Guardian. En paralelo, consignas que reivindicaban abiertamente a Pinochet formaron parte de las celebraciones de sus adherentes en distintos puntos del país.
Al mismo tiempo, la prensa nacional puso el acento en la transparencia del proceso electoral, la rapidez del recuento, el reconocimiento inmediato del resultado de la candidata derrotada, la comunista Jeannette Jara, y la llamada del presidente Gabriel Boric para felicitar al ganador y coordinar el traspaso del mando, todo ello presentado como un triunfo de la institucionalidad republicana y “por el bien de Chile”.
El contraste no es menor. En apenas seis años, el país transitó desde el estallido social de 2019 y las ideas refundacionales, a una elección dominada por la ultraderecha, celebrada además por el propio gobierno saliente como una muestra de institucionalidad democrática. Pero entonces surge la pregunta de fondo: ¿qué fue lo que llevó al ultraderechista y conservador al poder?
Su campaña estuvo marcada por una narrativa contundente de una supuesta crisis de seguridad y económica que enfrentaría el país, atribuida principalmente al gobierno de Boric. En la práctica, lo que se observa es la consolidación de un sentido común ampliamente compartido, en el que la preocupación ciudadana por la seguridad ocupa el primer lugar, seguida por la dimensión económica.
Sin embargo, esta percepción parece avanzar de manera algo asimétrica con los datos. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024, un 87,7% de la población percibe que la delincuencia aumentó en el país. No obstante, esta percepción disminuye al acercarse a lo local: el 74,5% considera que aumentó en su comuna (76,2% en 2023) y un 50,8% en su barrio (54,6% el año anterior). Mientras, el 8,5% de los hogares declara haber sido víctima de delitos violentos.
Por otra parte, si bien la tasa de homicidios ha aumentado en los últimos años – se duplicó entre 2015 y 2021 y creció un 36,3% durante los dos primeros años del gobierno de Boric –, Chile permanece entre los países con las tasas de homicidio más bajas de América Latina
(6 homicidios cada 100.000 habitantes en 2024), lejos de niveles regionales como el de Ecuador (38,8), Brasil (21,1) o Uruguay (10,6), por nombrar algunos.
La centralidad de la seguridad, por tanto, responde menos a una ruptura objetiva del orden público que a la consolidación de una narrativa de crisis eficazmente instalada.
La otra gran narrativa de la campaña fue la de una profunda crisis económica. La economía chilena ha mostrado signos de deterioro relevantes, pero estos no se originan en el actual gobierno, sino que se arrastran desde hace más de dos décadas. Desde comienzos de los años 2000, el país enfrenta un persistente estancamiento productivo, luego de agotarse el dinamismo exportador de los años 90. Las exportaciones se estancaron en términos de diversificación y volumen, la estructura productiva permaneció altamente concentrada y el crecimiento del PIB se encuentra estancado en torno al 2% anual.
Se trata de una economía marcada por desigualdades estructurales: una gran masa de trabajadores se emplean en sectores de baja productividad y bajos salarios, como el comercio y el trabajo informal disfrazado de cuenta propia, mientras un segmento reducido accede a empleos bien remunerados, principalmente en la minería y los servicios financieros.
Así, la imagen de un Chile moderno y cercano al desarrollo, frecuentemente exhibida en el contexto latinoamericano, ha sido una experiencia parcial, vivida solo por una pequeña parte de la población que alcanza estándares de vida de Europa occidental.
A pesar de este panorama de estancamiento, durante el gobierno de Boric sí se impulsaron reformas con efectos materiales relevantes. Se aprobó la reducción de la jornada laboral, se implementó el aumento del salario mínimo más grande de la historia y se avanzó en una largamente postergada reforma de pensiones, en un contexto donde las tasas de reemplazo (la proporción entre la pensión recibida respecto del ingreso laboral), apenas alcanzaban entre un 15% y un 20%. Esta reforma, fruto de un consenso político transversal, ha sido reconocida incluso por la OCDE como un cambio que permitirá aumentos significativos en las tasas de reemplazo futuras hasta un 61%.
Pese a estos avances, la narrativa que terminó imponiéndose fue la de una crisis económica profunda, de la cual este gobierno sería uno de los principales responsables.
Esto se complica más con el estallido de un caso de corrupción en la primera etapa del gobierno, vinculado al mal uso de fondos públicos destinados a fundaciones asociadas a militantes y cercanos al partido del presidente. El impacto simbólico fue particularmente alto, al tratarse de un sector político que había llegado al poder prometiendo "hacer política de otra manera". A pesar de esto, la ironía es devastadora: entre 2010 y 2025, el 92,5% de los montos asociados a casos de corrupción provienen de sectores políticos de derecha. Sin embargo, un escándalo puntual del gobierno de Boric bastó para consolidar la narrativa del fracaso moral de la izquierda.
¿Por qué, entonces, asistimos al ascenso de la ultraderecha en Chile? En otros países, este fenómeno ha estado vinculado a procesos de deterioro de la realidad material económica. En Estados Unidos, el apoyo a Donald Trump se consolidó en zonas golpeadas por la desindustrialización y el abandono estatal. En Argentina, la inestabilidad macroeconómica y la erosión del poder adquisitivo fueron caldo de cultivo para populistas de extrema derecha.
Chile, entonces, presentaría una particularidad. El apoyo a la ultraderecha no se explica exclusivamente por un colapso material abrupto ni por una marginalización extrema de los sectores populares. Por el contrario, en el último tiempo incluso se observan apoyos a estos sectores por parte de segmentos de población que han sido beneficiados por algunas de las políticas redistributivas recientes. Esto sugiere que el fenómeno no puede entenderse únicamente desde la economía, sino desde la construcción política del malestar, la disputa por el sentido común y la incapacidad de la centroizquierda para traducir logros materiales en un relato socialmente convincente.
Pareciera que comprender este fenómeno no pasa solo por analizar la evolución material de los sectores populares, sino por entender las expectativas que la población deposita en un gobierno y la distancia entre esas expectativas y los resultados efectivamente alcanzados.
La idea de que Chile se aproxima al desarrollo parece ser más un factor de frustración de las expectativas de consumo y movilidad social que un indicador del nivel de vida alcanzado por la ciudadanía. Para la mayoría de la población, estas aspiraciones chocan con una realidad laboral precaria, salarios insuficientes y una estructura económica que no ofrece los retornos esperados. No es solo lo que se tiene, sino lo que se esperaba tener, que parece tan cerca pero que no se logra.
Asimismo, el comportamiento electoral reciente sugiere una ciudadanía con baja identificación política estable, que castiga recurrentemente a los gobiernos incapaces de responder a sus expectativas, con independencia de su alineación ideológica. Esto se refleja en la sucesión recursiva de la oposición en el gobierno y en el hecho de que todos los gobiernos desde 2005 han terminado con niveles de aprobación extremadamente bajos.
En este aspecto, el ascenso de la ultraderecha no puede entenderse únicamente como un giro ideológico, sino como el síntoma de un malestar, de una economía que no cumple sus promesas y de un sistema político que no ha logrado construir un proyecto creíble de futuro compartido.
Como sugiere Mark Fisher al analizar el ascenso de la extrema derecha en Estados Unidos, el apoyo de sectores populares no puede entenderse únicamente como una respuesta ante una promesa de recuperar el empleo, sino como el resultado de un sistema económico que promete permanentemente y que, al hacerlo, mantiene a las personas más cerca de aquello que las oprime que de los proyectos políticos que buscan corregirlo. La expectativa de “lo que podría llegar a ser” opera con más fuerza que la experiencia concreta de mejora material.
En ese marco, los sectores progresistas tienden a aparecer como élites identitarias, encapsuladas en burbujas intelectuales, que aun cuando impulsan agendas de justicia social legítimas, terminan configurándose como un antagonista simbólico del horizonte de progreso individual que el propio sistema promete. No es que estas agendas carezcan de valor, sino que no logran disputar el deseo, ni ofrecer una narrativa creíble de movilidad y futuro.
Esta victoria de Kast, entonces, no expresaría tanto una adhesión explícita al autoritarismo como una profunda frustración con proyectos políticos que parecen limitarse a administrar el presente, sin ofrecer una promesa creíble de transformación.
En Chile, como en otras experiencias, el problema no es únicamente económico ni cultural, sino que requiere entender el complejo entramado de ambas esferas y la necesidad de articular un relato político que logre vincular expectativas, deseos y condiciones materiales en un proyecto popular y de largo plazo.
Es por esto que hoy, más que nunca, la dictadura sigue presente en Chile.
La victoria de Kast expresa la persistencia de una sociedad moldeada por una dictadura que debilitó sistemáticamente el sentido de lo colectivo y consolidó un modelo de sociedad profundamente individualista. Esa herencia sigue operando: frente a un sistema que promete movilidad social y no la entrega, el malestar no se articula como un proyecto popular, sino que es canalizado hacia salidas de ultraderecha presentadas como libertad.
Ignacio Silva Neira es director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas (OPES) en Chile y candidato a doctor en Integración Económica de la Universidad del País Vasco en España. Además, se desempeña como investigador asociado de la Escuela de Economía y Derecho de Berlín en Alemania
Juan Elman
Juan Elman
