OPINIÓN: La idea de que los países en desarrollo están apenas en las primeras etapas de un camino universal hacia la prosperidad es engañosa

Mientras se lleva a cabo la cumbre sobre el cambio climático COP30 en Belém, Brasil, resulta evidente que la financiación climática se encuentra en una encrucijada. El aumento de las temperaturas globales, la desigualdad creciente y la insostenible carga de la deuda en países en desarrollo convergen en una realidad común: la cuestión ya no es si se necesita una movilización masiva de recursos, sino cómo, para quién y con qué fines.

Desde la perspectiva del Sur Global, hay tres reflexiones esenciales: la necesidad de vincular la financiación climática al desarrollo, la importancia de hacer frente a los mitos sobre la deuda y las finanzas públicas, y la oportunidad de replantearse el propio modelo económico.

En primer lugar, la financiación climática debe vincularse a una estrategia de desarrollo clara. Con demasiada frecuencia, en los debates y las negociaciones sobre el clima, el desarrollo se trata como algo secundario, o incluso como algo indeseable. Esta visión no es ni realista ni justa, especialmente para los países en desarrollo, donde la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la estabilidad social siguen siendo prioridades urgentes.

Ignorar las necesidades de desarrollo en nombre de la pureza climática no ha dado buenos resultados; por el contrario, ha profundizado las desigualdades y limitado el apoyo político a medidas climáticas ambiciosas. Por lo tanto, una transición sostenible debe integrar el desarrollo económico en su núcleo, en lugar de tratarlo como una renuncia inevitable.

Por eso, los flujos de financiación climática son más eficaces cuando apoyan las prioridades nacionales de diversificación, creación de empleo e inclusión social, en lugar de tratarse como proyectos ambientales independientes.

El subdesarrollo no es una etapa, sino una condición estructural

Las inversiones climáticas deben ayudar a los países a crear industrias nacionales, ampliar el acceso a la energía limpia y al agua, y reforzar la resiliencia de las comunidades vulnerables. Cuando la financiación climática se integra en una planificación coherente del desarrollo, se convierte en una palanca para la transformación estructural, en lugar de un mosaico de medidas de mitigación a corto plazo.

La suposición de que los países en desarrollo se encuentran simplemente en las primeras etapas de un camino universal hacia la prosperidad es engañosa. Lo han subrayado pensadores estructuralistas como el brasileño Celso Furtado: el subdesarrollo no es una etapa, sino una condición estructural, sostenida por las asimetrías de poder globales, los legados coloniales y las relaciones comerciales desiguales. Hoy en día, esas asimetrías se reproducen en la ‘modernización verde’.

Muchas economías del Sur Global reciben financiación climática para proyectos que dependen de tecnologías y propiedad intelectual importadas, lo que refuerza las antiguas jerarquías a través de nuevas cadenas de suministro. Esta dinámica es especialmente visible en la carrera por los minerales de transición: mientras que los países en desarrollo suministran las materias primas esenciales para la descarbonización, la creación de valor sigue concentrándose en otros lugares.

Es posible una verdadera convergencia entre la protección de los ecosistemas y la búsqueda de la transformación industrial, pero solo si la protección del ambiente, las políticas urbanas e industriales inclusivas y la justicia social se tratan como interdependientes.

Además, la transición solo tendrá éxito si incluye a los trabajadores, los agricultores y las poblaciones marginadas, vinculando la restauración ecológica con el empleo digno y la creación de valor local.

Las finanzas públicas nunca son neutrales; reflejan decisiones sobre quién paga, quién se beneficia y a quién se da prioridad en el futuro

El reto al que nos enfrentamos es históricamente único. Las naciones industrializadas crecieron explotando la naturaleza y los recursos naturales; ahora se pide a los países en desarrollo que descarbonicen mientras siguen luchando por proporcionar infraestructura, salud y educación, normalmente sin la financiación climática o las tecnologías verdes necesarias para hacerlo. Para salvar esta brecha se necesita una visión de la acción climática centrada en el desarrollo, que redefina la financiación climática como una herramienta para el cambio estructural, y no solo para contabilizar las emisiones.

En segundo lugar, muchas de las limitaciones de la financiación climática no son puramente económicas, sino profundamente políticas. Las finanzas públicas nunca son neutrales; reflejan decisiones sobre quién paga, quién se beneficia y a quién se prioriza en el futuro. Sin embargo, aunque los responsables políticos suelen afirmar que “no hay margen fiscal”, siguen destinando grandes sumas a subvenciones a los combustibles fósiles, al servicio de la deuda y al gasto militar. Los sistemas fiscales regresivos permiten además que la riqueza se acumule en la cima, al tiempo que limitan la capacidad de los gobiernos para financiar los bienes públicos. La cuestión no es la escasez, sino la asignación: la distribución desigual y el uso ineficiente de los recursos.

Por lo tanto, la financiación climática debe replantearse como una cuestión de voluntad política. ¿Por qué no gravar a los ultrarricos para financiar infraestructuras ecológicas? ¿Por qué no dar prioridad a la inversión climática sobre el pago de la deuda?

Las restricciones fiscales suelen ser de naturaleza política, diseñadas para proteger a las elites existentes y preservar la ilusión de que la austeridad es inevitable. Esto es especialmente cierto en países donde décadas de ortodoxia fiscal han socavado el desarrollo y limitado la capacidad del Estado para invertir en una transición justa.

En muchos países en desarrollo, la mayor barrera para la acción climática es la deuda externa. Las naciones están pidiendo préstamos para hacer frente a una crisis que no han provocado, mientras gastan más en el servicio de la deuda que en la resiliencia climática o la salud. Por lo tanto, la justicia climática debe incluir la justicia de la deuda: reestructurar las deudas insostenibles, reformar los marcos multilaterales de préstamo y garantizar que los nuevos flujos financieros no reproduzcan la dependencia a través de instrumentos privados de alto costo.

Sin estos cambios, la financiación climática seguirá operando dentro de una arquitectura global inequitativa que agota al Sur en lugar de empoderarlo.

Apostar a que el capital privado resolverá la crisis climática es un espejismo peligroso

En tercer lugar, la crisis climática no es solo un reto ambiental o fiscal, sino una invitación a reimaginar la propia economía. El neoliberalismo, con su fe en los mercados desregulados y la privatización, ha demostrado ser incompatible con los límites planetarios. Las herramientas basadas en el mercado, como el comercio de derechos de emisión de carbono o la financiación combinada, pueden tener un papel, pero por sí solas no lograrán una transición justa y sostenible. Apostar a que el capital privado resolverá la crisis climática es un espejismo peligroso. La inversión pública y el liderazgo deben marcar el rumbo, mientras que la financiación privada desempeña un papel complementario, no dominante.

Un nuevo paradigma debe redefinir lo que entendemos por prosperidad, valor y crecimiento. La economía debe entenderse como un sistema para sostener la vida, no solo para generar beneficios. Recuperar el papel del Estado – como inversionista, planificador y garante de la equidad – no es un paso atrás, sino un requisito previo para un futuro habitable.

Esta transformación también requiere reformar las normas globales que configuran la financiación climática. Los sistemas financieros y comerciales internacionales actuales limitan el margen de maniobra política de los países de ingresos bajos y medios, penalizan las políticas industriales ecológicas y perpetúan los ciclos de deuda que asfixian la inversión en la transformación.

Reformar estas estructuras – incluidas las normas comerciales y de propiedad intelectual que limitan la transferencia de tecnología y el contenido local – es esencial para alinear los objetivos climáticos con las prioridades de desarrollo.

Hoy en día, el negacionismo climático suele adoptar la forma de negacionismo económico: la negativa a aceptar que la acción climática real requiere replantearse la producción, el consumo y la distribución en su esencia. La transición que nos espera exige una imaginación audaz: nuevas instituciones, una cooperación renovada y un contrato social redefinido que vincule a las personas, el planeta y el bienestar.

El camino hacia la COP30 ya ha traído consigo un cambio simbólico. Al enmarcar la cumbre como un mutirão global – un esfuerzo colectivo basado en la solidaridad y la cooperación, en lugar de la competencia y el lucro –, Brasil está señalando un nuevo enfoque para la resolución de problemas globales. Este espíritu debe guiar no solo las negociaciones sobre el clima, sino también el replanteamiento de la propia gobernanza económica global.

En última instancia, la financiación climática debe ser algo más que contar dólares o toneladas de carbono. Desde la perspectiva del Sur Global, debe convertirse en una palanca para la transformación estructural: un medio para construir un modelo de desarrollo soberano, inclusivo y con base ecológica. Cualquier cosa menos que eso no hará más que reproducir las viejas jerarquías bajo un barniz verde y desperdiciar la oportunidad histórica de construir un mundo justo y sostenible.

Adriana Abdenur es copresidenta del Global Fund for a New Economy (GFNE), cuyo objetivo es fomentar el pensamiento y las iniciativas económicas innovadoras en todo el mundo. Entre 2023 y 2025, fue asesora especial en asuntos internacionales en la oficina del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En 2025, fue nombrada por el presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica para formar parte del Comité Extraordinario del G20 sobre Desigualdad Global. Política y académica brasileña, es cofundadora del centro de pensamiento Plataforma CIPÓ.

Pedro Rossi es vicepresidente y economista jefe del Global Fund for a New Economy (GFNE), profesor asociado de Economía en la Universidad de Campinas (UNICAMP) en Brasil y fundador de Transforma, un centro de pensamiento brasileño centrado en el desarrollo verde y la política económica.