Esta semana, miles de activistas, políticos y científicos han llegado a Brasil para asistir a la COP30, la cumbre anual sobre el clima. A medida que aumentan las temperaturas globales y el mundo sufre inundaciones repentinas, los líderes reunidos en la ciudad amazónica de Belém están obligados a elaborar un plan unificado que ponga fin a la crisis climática.
Pero, aunque la mayor parte de la COP se centrará, como es lógico, en los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global, aparece una cuestión que se había pasado por alto: la extracción de minerales esenciales para la transición ecológica.
Una década después del Acuerdo de París, el abandono de los combustibles fósiles ha desencadenado una nueva carrera global, esta vez por los minerales críticos que sustentan las tecnologías renovables.
Desde los vehículos eléctricos hasta las turbinas eólicas, minerales como el níquel, el cobalto y el litio son esenciales para la fabricación de estas tecnologías. Pero, a menos que la extracción de minerales se regule de acuerdo con los objetivos climáticos, ambientales y de derechos humanos, la llamada transición ‘verde’ corre el riesgo de agravar la desigualdad, impulsar la deforestación y socavar los propios fines que pretende alcanzar.
En todo el mundo, las comunidades, el ambiente y nuestro clima ya están pagando el precio de nuestra demanda de energía limpia. En los salares andinos de Argentina, las comunidades indígenas han visto cómo sus suministros de agua se agotaban debido a la extracción de salmuera de litio. En Indonesia, la expansión de las minas de níquel amenaza los frágiles bosques que almacenan grandes cantidades de carbono. En la República Democrática del Congo, niños y niñas de tan solo cinco años trabajan en condiciones extremadamente peligrosas en minas de cobalto que han desplazado a comunidades enteras y contaminado las fuentes de agua. No se trata de casos aislados, sino de síntomas de un sistema basado en prácticas de explotación.
Por eso la sociedad civil pide una nueva herramienta, el Mecanismo de Acción de Belém (BAM, en inglés), que se propondrá en el marco del Programa de Trabajo de Transición Justa de las Naciones Unidas. El BAM unificaría los esfuerzos para una transición justa, coordinándolos y convirtiéndolos en acciones reales.
Pero no debe tratarse de otro gesto simbólico. Debe servir como un marco de rendición de cuentas global, que vincule a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para supervisar cómo se obtienen, comercializan y utilizan los minerales de la transición. Este mecanismo debe ayudar a los países a diseñar planes nacionales para la producción y el procesamiento responsables de minerales, incorporando objetivos de emisiones, derechos humanos y salvaguardias medioambientales en todas las etapas de la cadena de suministro.
Pero la rendición de cuentas también debe ser prospectiva. Brasil ha propuesto que esta COP nos aleje de la ‘negociación’ y nos lleve a la ‘implementación’. La hoja de ruta propuesta no solo debe tener en cuenta cómo se extraen los minerales, sino también cómo se reciclan, se comparten y se sustituyen. Invertir en modelos de economía circular, reforzar la transparencia y la transferencia de tecnología a los países de bajos ingresos, ya prometida, son pasos esenciales. Sin ellos, la transición corre el riesgo de afianzar las mismas desigualdades globales que definieron la era de los combustibles fósiles.
Solo lograremos una verdadera descarbonización si el mundo acuerda vías para el uso responsable de los minerales; vías que garanticen que haya suficiente para todos, que los países ricos en recursos puedan alcanzar sus propios objetivos de electrificación, que protejan los derechos de quienes viven más cerca de los sitios de extracción, que eviten nuevas emisiones excesivas de CO2 y la destrucción de ecosistemas frágiles como la propia Amazonía.
Se trata de evitar los errores de la era de los combustibles fósiles y de garantizar que la revolución de la energía limpia no repita las mismas injusticias extractivas que nos han traído hasta aquí. Ahora que la COP30 se celebra en el corazón de la Amazonía, no hay mejor momento para conectar la ambición climática con la justicia y la gobernanza necesarias para hacerla realidad.
Emily Iona Stewart es directora de políticas y relaciones con la Unión Europea de la campaña sobre Minerales de Transición de Global Witness.
