Este mes, la ciudadanía ecuatoriana participó en un referéndum propuesto por el gobierno de Daniel Noboa. El resultado fue inesperadamente contundente, desafiando todas las encuestas: el No fue mayoría en las cuatro preguntas planteadas, constituyendo la primera derrota electoral del gobierno.
Las preguntas sometidas a votación incluían temas cruciales como la instalación de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento estatal a los partidos, la reducción del número de asambleístas y la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna.
El llamado a la consulta popular se dio días después de que Noboa emitiera un decreto que removió los subsidios al combustible e incrementó el precio del diésel.
Esta medida, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), provocó, igual que en 2019 y 2022, importantes movilizaciones populares y un paro de 31 días, que tuvo especial fuerza en los territorios indígenas de la Sierra Norte. Noboa respondió con una fuerte represión militar.
Prepotencia y represión
El país se encuentra ante una crisis del sistema de salud y unos niveles de criminalidad que, según las encuestas más recientes, incrementan el pesimismo general.
A poco de asumir su primer mandato, en enero de 2024, Noboa declaró la existencia de un "conflicto armado no internacional" debido a la inseguridad pública, y puso el discurso de guerra como eje articulador de su propuesta de gobierno.
El presidente se valió de este argumento bélico para incrementar el IVA, alegando que los recursos fiscales se utilizarían para el combate al narcotráfico, y para pasar por encima de normativas y procedimientos de la institucionalidad democrática.
El gobierno militarizó las calles y las cárceles, y suspendió derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión durante casi un año. A pesar de ello, 2025 aparece como el año más violento de la historia de Ecuador, con un incremento de la tasa de homicidios de 6% respecto del segundo peor año, 2023.
El presidente, confiado en el respaldo que obtuvo en las elecciones presidenciales de abril de 2025, apeló, como en 2024, a una consulta popular.
La idea de redactar una nueva Constitución había sido planteada durante la campaña electoral, pero en su segundo mandato y con control del parlamento, Noboa dispuso reformas normativas a través de leyes económicas urgentes, cuestionadas mediante demandas de inconstitucionalidad.
Como la Corte Constitucional respondió suspendiendo de forma cautelar 17 artículos de esas leyes por considerarlos inconstitucionales, el presidente emprendió una cruzada contra la corte, a la cual declaró "enemiga del pueblo".
Pero, ante el freno que supuso este control constitucional, Noboa decidió someter a consideración de la ciudadanía cuatro reformas, entre ellas la solicitud de redactar una nueva constitución.
El principal argumento fue la lucha contra el crimen organizado, el mismo que había sido esgrimido para la consulta de 2024, en la cual se consultó al pueblo sobre 11 preguntas que requerían reformas constitucionales. La ciudadanía dio el Sí a nueve de ellas, y se opuso a las dos que no tenían relación con temas de seguridad, sino con flexibilización laboral y arbitraje internacional.
Este año, el gobierno incluyó en las cuatro preguntas dos asuntos que poco tienen que ver con la seguridad: la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de escaños legislativos. Ambos apelaban al presunto descontento popular con el sistema político, y se suponía que contarían con apoyo mayoritario. Algunos analistas las consideraban como "preguntas gancho", mientras que las preguntas sobre la instalación de bases militares extranjeras y el proceso para una nueva asamblea constituyente concentraron el debate entre el Sí y el No.
El No, una campaña ciudadana
La campaña del Sí estuvo plagada de contradicciones. El presidente llegó a afirmar que estaba todo listo para instalar una base militar estadounidense en Galápagos, un archipiélago sobre el Pacífico que contiene más de 20% de la biodiversidad del planeta y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Ante los cuestionamientos, Noboa se retractó y señaló que la base en Galápagos quedaba descartada. A pocos días de la consulta, volvía a contradecirse al señalar que no se trataba de bases militares, aun cuando en la pregunta figuraba textualmente "bases militares extranjeras".
En cuanto a la convocatoria a una constituyente, el principal argumento fue que el carácter garantista de la actual carta magna no permite avanzar en la lucha contra el crimen organizado. El presidente señaló que una nueva constitución tendría 180 artículos, pero se negó a revelar los cambios que él propondría hasta no ganar la consulta.
La campaña del No cuestionó este pedido de cheque en blanco. En otro desatino, el presidente mencionó que una nueva constitución podría redactarse mediante inteligencia artificial.
Con todo, las leyes económicas urgentes rechazadas por la Corte Constitucional y las declaraciones de los voceros de la campaña del SÍ dejaron ver al menos tres líneas de acción política.
La primera, el avance de un marco institucional represivo y de blindaje a las Fuerzas Armadas que incurrieran en violaciones de derechos humanos. Esto resultó especialmente preocupante cuando se revelaron detalles de la desaparición y el asesinato de los cuatro niños de Guayaquil, detenidos ilegalmente por personal militar en diciembre del año pasado.
La segunda, el intento de eliminar la gratuidad de la educación superior, y reducir las prestaciones de salud del sistema de seguridad social y de recortar derechos laborales.
La tercera política impulsada por Noboa es la profundización del modelo extractivo, para la que requeriría eliminar el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, y el retorno a los arbitrajes internacionales en casos de conflicto con las empresas extranjeras, algo que ya se había preguntado en 2024 y la población había rechazado.
El gobierno intentó mostrar la Constitución vigente, adoptada en 2008, como de cuño del expresidente Rafael Correa, una figura controvertida en la política ecuatoriana. Pero quienes impulsaron la campaña del No lo hicieron sin banderas políticas, lo que permitió una renovación de voces en una campaña con poca unificación de mensajes y mucha frescura, que le dio un carácter fuertemente ciudadano.
Mientras, el oficialismo invirtió grandes cantidades de dinero en redes sociales y medios de comunicación, violando, incluso, normas electorales.
Mediante vocerías diversas y bien argumentadas por el No, con mensajes que apelaban a la emotividad y al futuro más que al pasado, la campaña aprovechó los espacios mediáticos abiertos a la vez que desarrolló un gran trabajo de cercanía.
Con canciones, caravanas en gusanito por los parques, la entrega de una camiseta al papa León XIV, videos de influencers, como una ex Miss Ecuador, y múltiples acciones de distintas organizaciones y movimientos, se canalizó el descontento con las autoridades, superando la habitual polarización entre correístas y anticorreístas.
Aun cuando el gobierno se niega a reconocer el resultado como una derrota, varios análisis señalan que el presidente terminó transformando la consulta en un plebiscito sobre su imagen.
De este modo, el resultado no solo expresa rechazo a las preguntas, sino un llamado de atención sobre la gestión y anuncia el fin de la paciencia popular ante el gobierno.
El No constituye también un límite al discurso de la guerra que hasta ahora funcionó como paraguas de políticas represivas y de ajuste, sin resultados positivos tangibles ni en seguridad ni en reactivación económica.
Al analizar el voto en términos territoriales es posible ver los efectos del Paro Nacional contra el aumento de combustibles; en provincias como Imbabura, epicentro de las manifestaciones y la represión, el voto por el No alcanzó casi el 70%.
Sin embargo, sería un error leer los resultados como un apoyo directo al correísmo o a los partidos políticos de izquierda. Aún queda por ver si el rechazo a las preguntas de Noboa puede traducirse en la capitalización de un proyecto político alternativo.
Rose Barboza
