La decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar los subsidios al diésel, elevando el precio del combustible en 55% (de 1,8 a 2,8 dólares por galón) desató protestas masivas en Ecuador.
Al calificar de “terroristas” a los dirigentes indígenas que encabezaron las manifestaciones, su gobierno busca criminalizar la disidencia, militarizar el conflicto social y blindar el ajuste contra la resistencia popular. Pero la protesta no es terrorismo, sino la voz democrática de quienes más sufren la desigualdad.
El paro nacional que comenzó el 22 de septiembre, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y que bloqueó las principales rutas del país, concluyó formalmente luego de 31 días, el 23 de este mes, con dos personas muertas, 473 heridas, 12 temporalmente desaparecidas y 206 detenidas, según el último reporte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador.
Al menos 13 personas fueron imputadas por “terrorismo”, y la organización Human Rights Watch constató “restricciones a la libertad de reunión, despliegue militar y uso excesivo de la fuerza”.
Noboa impuso el estado de excepción, que suspende garantías constitucionales, pese a la resolución de la Corte Constitucional, que en julio de 2024 había advertido al mandatario sobre el uso reiterado de este instrumento que debe ser de aplicación “extraordinaria”. El presidente también acusó a dirigentes indígenas de “terrorismo”.
No se trata de un exabrupto retórico: es la expresión de una estrategia de gobierno que busca convertir el descontento social en una amenaza securitaria. En lugar de responder a las demandas de campesinos, transportistas y pueblos indígenas, el Ejecutivo ha optado por militarizar, declarar estados de excepción y culpar a las víctimas de un ajuste que recae, otra vez, sobre los sectores más precarizados.
El sacrificio de las y los mismos
La canasta básica familiar en Ecuador alcanzó los 812 dólares en mayo de 2025, mientras el salario mínimo se mantiene en 470 dólares. Esa brecha (un hogar promedio necesita casi el doble de lo que recibe por un ingreso formal básico) refleja la desigualdad estructural de la economía ecuatoriana. Quitar el subsidio al diésel significa encarecer el transporte, los alimentos y la producción local.
La medida ya fue intentada por dos gobiernos anteriores, en 2019 y 2022, y en ambos casos resistida por masivas movilizaciones.
El sacrificio no es abstracto: son familias indígenas, montubias (poblaciones mestizas y rurales de las provincias costeras) y afrodescendientes las que pagan con mayor dureza la factura.
En la Amazonía y las zonas rurales la pobreza supera el 40%, mientras el índice nacional es de 28%.
El desempleo de 3,6% esconde también desigualdades de género: 4,6% entre mujeres frente a 2,8% entre hombres. Solo el 27% de las mujeres accede a un empleo adecuado, con ingresos suficientes y estabilidad, contra 41% de los hombres, según cifras oficiales. Además, el subempleo femenino alcanza el 17%. Así, el ajuste tiene el rostro de las mujeres ecuatorianas: más precariedad laboral, más cargas de cuidado, más hogares encabezados por mujeres indígenas y afrodescendientes obligados a multiplicar jornadas para sobrevivir.
La geografía desigual del país
Ecuador es un país plurinacional y multiétnico. Según los datos más recientes, la mayoría se autoidentifica como mestiza (72%), seguida por los pueblos montubios (7,4%), afroecuatorianos (7,2%), indígenas (7%) y blancos (6,1%). Sin embargo, la riqueza está territorial y racialmente concentrada.
En la Costa, dominan la agroindustria de exportación y los puertos; en la Sierra andina, la administración pública, los servicios y la manufactura, mientras en el Oriente amazónico, la extracción petrolera sostiene gran parte de la renta nacional, pero sin traducirse en bienestar local.
La paradoja es evidente: los territorios que producen riqueza (como la Amazonía) siguen acumulando desigualdades y déficits en salud, educación y servicios básicos.
La eliminación del subsidio golpea de manera diferenciada, porque encarece la producción campesina en la Sierra, incrementa los costos de transporte en la Amazonía y profundiza la precariedad urbana en la Costa. No hay neutralidad en el ajuste: hay una redistribución regresiva que privilegia el equilibrio fiscal a costa de las y los más empobrecidos del país.
‘Terrorismo’: la palabra que despolitiza
El 22 de septiembre comenzó oficialmente el paro nacional. Las imágenes de esta resistencia se multiplicaron durante 31 días: carreteras cerradas en la Sierra, cacerolas resonando en Quito, mujeres y niños huyendo del gas lacrimógeno en San Rafael de la Laguna, en la Sierra norte del país.
Desde una perspectiva crítica, acusar de “terrorismo” a quienes protestan cumple una función política precisa: deslegitimar la acción colectiva, despolitizar la disputa por la renta y habilitar la represión. Al nombrar a líderes indígenas como “terroristas”, el gobierno actualiza la vieja lógica colonial de “enemigos internos”, donde los cuerpos racializados aparecen como amenaza al orden.
El discurso de Noboa se inscribe en una genealogía latinoamericana conocida: en los años de contrainsurgencia, las etiquetas de “subversión” y “terrorismo” justificaron masacres, estados de sitio y detenciones arbitrarias. Hoy, ese mismo lenguaje se reactualiza para blindar un modelo neoliberal que no se sostiene en el consenso, sino en la coerción.
Mientras tanto, desde Washington se anuncia una nueva visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para definir la ubicación de bases militares estadounidenses, en una señal inequívoca de que la represión interna se combina con un mayor alineamiento externo con Estados Unidos.
El 16 de noviembre, la ciudadanía está convocada a una consulta popular para decidir si acepta la instalación de bases militares extranjeras, la supresión del financiamiento público de los partidos políticos y la reducción del número de bancas en la Asamblea Legislativa. Además, deberá contestar si desea o no abrir un proceso para redactar una nueva Constitución.
Democracia social frente a coerción
En Ecuador, un país petrolero, la disputa por los subsidios a los combustibles es un tema recurrente.
Los gobiernos insisten en esta reforma porque los subsidios representan miles de millones en el presupuesto – en 2022 consumían alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas – y los organismos financieros internacionales los consideran “distorsivos” para la economía.
Pero para campesinos, transportistas y trabajadores informales, son un respiro indispensable en un contexto de ingresos bajos y costo de vida creciente. Allí radica el choque: lo que en los balances aparece como ahorro, en la vida cotidiana se traduce en hambre y en estallidos sociales que han marcado la política ecuatoriana en los últimos años.
La pregunta no es si Ecuador puede o no sostener subsidios de combustible en el largo plazo. La pregunta es quién decide y quién paga la factura. Eliminar subsidios sin diálogo ni mecanismos de compensación progresiva es gobernar contra las mayorías.
Una verdadera política democrática requeriría un diálogo real con organizaciones indígenas, afros y campesinas, incorporando su voz en la definición de políticas tarifarias.
También se necesita una reforma salarial y laboral que vincule el salario mínimo al costo de la canasta básica y reduzca las brechas de género y etnia, pero también inversión territorial en la Amazonía y zonas rurales, garantizando salud, educación y servicios básicos. Finalmente, la desmilitarización del conflicto social y la derogación de figuras penales que criminalizan la protesta.
El gobierno de Noboa parece escoger otro camino: blindar el ajuste con represión. Pero acusar de “terrorismo” a quienes defienden la vida y el pan para su familia no resuelve el conflicto: lo profundiza.
La protesta no es terrorismo. Es el lenguaje de quienes se niegan a ser expulsados de la historia por un modelo que promete orden a cambio de desigualdad y silencio.
*Rose Barboza es investigadora brasileña, doctoranda en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Especialista en justicia transicional, epistemologías feministas y teoría crítica de la raza. Actualmente desarrolla investigaciones comparativas sobre represión estatal y movimientos sociales en América Latina.
Samai Nankintz
Manuela Lavinas Picq
