El Parlamento del Reino Unido votó el martes a favor de despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales en un momento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres.
Las y los legisladores aprobaron por abrumadora mayoría – 379 votos a favor y 137 en contra – una enmienda a la ley sobre delitos y policía presentada por la diputada laborista galesa Tonia Antoniazzi, que impedirá que las mujeres sean procesadas por interrumpir su embarazo después de 24 semanas o sin la autorización de dos médicos, tal como establece la legislación actual sobre aborto.
“Una vez que esta reforma se convierta en ley, nadie se enfrentará a investigaciones penales invasivas de su historia clínica y su vida privada tras una pérdida inexplicable del embarazo. Nadie irá a la cárcel por interrumpir su propio embarazo”, dijo Louise McCudden, directora de relaciones exteriores de la organización MSI Reproductive Choices en el Reino Unido, al celebrar el resultado de la votación.
Puede existir confusión sobre por qué era necesaria esta votación, ya que la Ley del Aborto de 1967 legalizó la práctica en Inglaterra, Gales y Escocia hasta la semana 24 de embarazo y con el acuerdo de dos médicos. Pero hasta ahora seguía siendo delito que una mujer procurara su propio aborto fuera de estos parámetros legales.
La realidad indica dos razones importantes por las que este cambio legislativo era urgente.
La primera es que el número de investigaciones penales luego de una pérdida inexplicable del embarazo creció drásticamente en los últimos años.
Hasta ahora, una mujer que accediera a un aborto fuera de las limitaciones que impone la Ley de 1967 podía enfrentar cadena perpetua en virtud de la Ley de Delitos contra las Personas de 1861 y la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929.
Activistas estiman que más de 100 mujeres fueron procesadas tras perder un embarazo en la última década. Entre 1967 y 2022, hubo tres casos judiciales con procesamientos por aborto; desde 2022, seis.
Una niña de 15 años que fue detenida en 2021 tras sufrir un aborto espontáneo y después de haber buscado información sobre aborto en Internet, fue una de las personas investigadas en los últimos 10 años. El estrés que le causó la investigación policial la llevó a autolesionarse. Los cargos contra ella se retiraron cuando un forense concluyó que el embarazo había terminado por causas naturales.
Otra adolescente, Bethany Cox, fue interrogada por la policía mientras aún se encontraba “sumida en el dolor” de la pérdida. Tuvieron que pasar tres años antes de que fuera declarada inocente del delito de aborto, a la edad de 22 años.
Dos casos muy mediáticos de los últimos tres años se relacionan con el uso de píldoras abortivas.
Nicola Packer tomó píldoras abortivas recetadas por un proveedor registrado durante el confinamiento por la COVID-19 en noviembre de 2020, ya que creía que aún se encontraba en las primeras etapas del embarazo. A principios de este año fue absuelta.
Carla Foster, madre de tres hijos, fue condenada a 28 meses de prisión en 2023 tras tomar las píldoras fuera del plazo de 24 semanas. Al mes siguiente, fue puesta en libertad tras recurrir la pena.
Durante el debate parlamentario del martes, muchos diputados que se oponían al cambio alertaron de que las mujeres no enfrentarían ningún castigo por abortos tardíos.
El movimiento antiabortista rara vez explica cuál sería el castigo adecuado para estas mujeres. Se quedan en silencio cuando se les pregunta si una víctima de violencia de género coaccionada por su agresor para tomar pastillas y posteriormente detenida por “aborto ilegal” – como el caso de Laura* – debería ir a la cárcel, o cuando se les pregunta si creen que la cárcel es adecuada para una mujer con trastornos mentales y depresión que toma pastillas abortivas en un momento de desesperación.
La razón por la que no tienen respuesta es porque no quieren admitir que apoyan leyes que perjudican la seguridad y el bienestar de las mujeres. En cambio, plantean argumentos falaces como que una mujer podría abortar a las 38 semanas de embarazo simplemente porque decidió que tener un hijo sería “un inconveniente”, una extraña afirmación del diputado liberal demócrata Angus McDonald.
La segunda razón que hace relevante la votación del martes es el mensaje claro que supone: el Reino Unido apoya el derecho al aborto en un mundo donde los derechos reproductivos son cada vez más atacados.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin al derecho al aborto legal y seguro en todo el país en 2022, el movimiento antiabortista mundial se ha envalentonado. Y organizaciones conservadoras estadounidenses gastan millones de dólares cada año para intentar influir en el debate sobre el aborto en todo el mundo.
Esto incluye al Reino Unido, donde la estadounidense Alliance Defending Freedom, dedicada a promover la libertad religiosa como derecho supremo, transfirió el año pasado a su oficina de Londres una subvención de 1,2 millones de libras, destinada, entre otras cosas, a apoyar a activistas antiabortistas que protestan ilegalmente en las zonas de seguridad establecidas alrededor delas clínicas que ofrecen abortos. El vicepresidente estadounidense JD Vance ha expresado abiertamente su apoyo a estas campañas.
La influencia de Estados Unidos es solo una parte del panorama, aunque es significativa. En el Reino Unido y en todo el mundo crece el activismo de extrema derecha que promueve la teoría conspirativa del ‘gran reemplazo’ y que ataca el aborto al que considera una forma de ‘genocidio blanco’.
Incluso en el Reino Unido está el riesgo de que el aborto se convierta en un nuevo frente de la guerra cultural de la extrema derecha, con el líder del partido Reform, Nigel Farage, presionando para que se reduzcan los plazos en los que está permitido el aborto y se adopten políticas pronatalistas.
Por lo tanto, que el Parlamento despenalice el aborto en este momento de reacción conservadora global y local es una medida audaz e importante de apoyo a los derechos sexuales y reproductivos. Es una declaración clara y positiva de que las mujeres tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo y de que el dinero opaco de Estados Unidos y Rusia, las amenazas políticas, las conspiraciones de la extrema derecha y la desinformación antiabortista no van a cambiar eso.
¿Cuál era la ley?
Desde 1967, las mujeres de Inglaterra, Gales y Escocia tienen derecho legal al aborto hasta las 24 semanas, previo acuerdo de dos médicos que confirmen que continuar con el embarazo perjudicará su salud mental y física. La despenalización votada el martes no se extiende a Escocia porque su propio parlamento debería reformar su código penal.
En Irlanda del Norte, que nunca se incluyó en la ley de 1967, el aborto se despenalizó tras una votación en Westminster en 2019, pero la práctica legal sin causales es hasta la semana 12 y más allá de ese plazo bajo causales como anomalías fetales.
El aborto en Inglaterra y Gales también está permitido después de las 24 semanas en casos de anomalías fetales graves o de peligro para la vida de la madre. Solo el 0,1% de los abortos se practican en una fase tan avanzada del embarazo, y casi el 90% de los suceden en las primeras 10 semanas.
Las pocas mujeres que se someten a un aborto ‘ilegal’ – es decir, fuera de las restricciones de la ley de 1967 – suelen enfrentarse a problemas complejos. Es posible que se hayan visto obligadas a buscar píldoras abortivas en Internet después de que una pareja abusiva les haya negado acceso a atención de salud, o que no hayan podido obtener esa atención a tiempo, debido a graves problemas de salud mental.
Antoniazzi inició el debate para despenalizar, precisamente, esos abortos autogestionados después de las 24 semanas, afirmando que se trata de “mujeres desesperadas” que necesitan “compasión, no criminalización”. Su reforma determina que ya no tendrán que ir a un juicio, lo cual es especialmente importante porque el sistema de cárceles para mujeres está pasando por una crisis de salud mental.
“Este es un momento histórico para los derechos de las mujeres en este país y el cambio más significativo desde que se aprobó la Ley del Aborto de 1967”, afirmó Heidi Stewart, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo.
“Ya no habrá más mujeres investigadas tras sufrir un aborto espontáneo, ni más mujeres sacadas de sus camas de hospital y llevadas a la parte trasera de una furgoneta policial, ni más mujeres separadas de sus hijos debido a nuestra arcaica ley del aborto”, agregó.
Como dijo Antoniazzi al presentar su enmienda, “esta es una oportunidad única en la vida, única en una generación [...] el cambio justo en el momento justo”.
