En contra de la inmensa mayoría de las encuestas publicadas, el resultado de las elecciones legislativas en España no fue una victoria aplastante de la derecha, que esperaba a gobernar en coalición con la ultraderecha si fuera necesario. Pero ésta ha resultado ser una victoria pírrica para los conservadores.
El gobierno saliente de Pedro Sánchez ha conseguido capitalizar una obra de gobierno que, si bien es sólida en muchos aspectos, ha sido muy polémica en otros y ha sido castigada sin piedad por la derecha y sus medios de comunicación afines, que son hegemónicos en España. La derecha calculó que con el resultado de las elecciones locales y regionales del pasado mes de Mayo, en que vencieron por 1,5 puntos pero consiguieron más poder territorial que nunca, el tsunami conservador era imparable.
El primer ministro Pedro Sánchez, famoso por su capacidad de no rendirse, y por haber publicado un libro con el título “manual, de resistencia” al que ahora añade un nuevo capítulo, atribuyó la derrota a la desmovilización del electorado progresista y decidió evitar el desgaste que supondría gobernar con la sombra de la derrota hasta final de año, cuando se cumplía el plazo para las nuevas elecciones. En un movimiento audaz y no ausente de vértigo, Sánchez convocó elecciones anticipadas el día después de conocerse el resultado desfavorable de las municipales y regionales.
Así, echó un jarro de agua fría a las celebraciones de la derecha e hizo un cálculo: la euforia y el hambre de poder de los conservadores les llevaría a cometer un error estratégico: allá donde no tuvieran mayoría absoluta en ayuntamientos y comunidades, llegar a pactos con la ultraderecha de Vox, dándoles entrada a las instituciones y los gobiernos en lugares prominentes. La visualización de estos pactos, pensó Sánchez, generaría inevitablemente una fuerte polémica y provocaría la movilización de la izquierda, sobre todo de los colectivos directamente afectados, ya sea feministas, medioambientalistas o defensores de las minorías LGBTIQ. Y efectivamente, así ocurrió. El PP, después de haber conquistado a todo el electorado del partido de centro derecha Ciudadanos, que ya no concurrió a las elecciones, pensó que no hacía falta un cordón sanitario con la extrema derecha y que podría cooptarla sin problema.
Pero el cálculo de Sánchez funcionó y, ante la visualización de que la agenda ultraderechista se empezaba a aplicar en algunos ayuntamientos y comunidades (supresión de las consejería de igualdad, prohibición de la bandera LGBTIQ, declaraciones machistas, censura de algunas obras de teatro (incluida Orlando, de Virginia Wolf), nombramiento de machistas y negacionistas del cambio climático en puestos relevantes, ejemplificó lo que podía ocurrir a nivel nacional.
Frente a la campaña conservadora, planteada como una dicotomía entre España o “Sánchez con comunistas y terroristas”, Sánchez lanzó una frenética campaña de explicación de su obra de gobierno
En contra de la inmensa mayoría de las encuestas publicadas, el resultado de las elecciones legislativas en España no fue una victoria aplastante de la derecha, que esperaba a gobernar en coalición con la ultraderecha si fuera necesario. Pero ésta ha resultado ser una victoria pírrica para los conservadores.
El gobierno saliente de Pedro Sánchez ha conseguido capitalizar una obra de gobierno que, si bien es sólida en muchos aspectos, ha sido muy polémica en otros y ha sido castigada sin piedad por la derecha y sus medios de comunicación afines, que son hegemónicos en España. La derecha calculó que con el resultado de las elecciones locales y regionales del pasado mes de Mayo, en que vencieron por 1,5 puntos pero consiguieron más poder territorial que nunca, el tsunami conservador era imparable. El primer ministro Pedro Sánchez, famoso por su capacidad de no rendirse, y por haber publicado un libro con el título “manual, de resistencia” al que ahora añade un nuevo capítulo, atribuyó la derrota a la desmovilización del electorado progresista y decidió evitar el desgaste que supondría gobernar con la sombra de la derrota hasta final de año, cuando se cumplía el plazo para las nuevas elecciones. En un movimiento audaz y no ausente de vértigo, Sánchez convocó elecciones anticipadas el día después de conocerse el resultado desfavorable de las municipales y regionales.
Así, echó un jarro de agua fría a las celebraciones de la derecha e hizo un cálculo: la euforia y el hambre de poder de los conservadores les llevaría a cometer un error estratégico: allá donde no tuvieran mayoría absoluta en ayuntamientos y comunidades, llegar a pactos con la ultraderecha de Vox, dándoles entrada a las instituciones y los gobiernos en lugares prominentes. La visualización de estos pactos, pensó Sánchez, generaría inevitablemente una fuerte polémica y provocaría la movilización de la izquierda, sobre todo de los colectivos directamente afectados, ya sea feministas, medioambientalistas o defensores de las minorías LGBTIQ. Y efectivamente, así ocurrió. El PP, después de haber conquistado a todo el electorado del partido de centro derecha Ciudadanos, que ya no concurrió a las elecciones, pensó que no hacía falta un cordón sanitario con la extrema derecha y que podría cooptarla sin problema.
Pero el cálculo de Sánchez funcionó y, ante la visualización de que la agenda ultraderechista se empezaba a aplicar en algunos ayuntamientos y comunidades (supresión de las consejería de igualdad, prohibición de la bandera LGBTIQ, declaraciones machistas, censura de algunas obras de teatro (incluida Orlando, de Virginia Wolf), nombramiento de machistas y negacionistas del cambio climático en puestos relevantes, ejemplificó lo que podía ocurrir a nivel nacional.
De esta manera, el PSOE, junto a la nueva coalición de las izquierdas plurales Sumar, liderada por Yolanda Díaz, quien fue vicepresidenta de Sánchez después de la salida del gobierno del carismático líder de Podemos, Pablo Iglesias, consiguió establecer el marco mental de la campaña planteada como una batalla entre la defensa de los avances sociales logrados por el gobierno saliente o el retroceso en derechos planteado por el pacto PP-Vox. Así, frente a la campaña conservadora, planteada como una operación de “derogación del Sanchismo”, es decir, o España o Sánchez con los comunistas y los terroristas”, lanzó una frenética campaña de explicación de su obra de gobierno.
El candidato de la derecha, un barón territorial bastante gris, traído de Galicia para levantar las expectativas del partido después de una profunda crisis de lucha interna por el poder que acabó con su antecesor hace año y medio, protagonizó una campaña muy agria en su intento de hundir al presidente Sánchez y a la vez cooptar a Vox. Pero sus ataques ad hominem, los insultos y una cierta arrogancia de quien se sabe vencedor no funcionaron como previsto. Los insultos personales y la descalificación absoluta taparon una oferta programática difusa y poco comprensible, mientras que el PSOE se rearmaba en una campaña de denuncia de los retrocesos que traería el pacto PP-Vox frente a los logros del gobierno de coalición saliente en las circunstancias difíciles de la pandemia y la guerra de Ucrania.
Estos logros fueron económicos, como la contención de la inflación al 2,2% en junio, un crecimiento del PIB del 5,5% en 2021 y 2022, una cifra de empleo récord; y también sociales, como la aprobación de un salario mínimo, la ley de eutanasia, la ley de vivienda, o los avances en los derechos de las mujeres. A ello se suma la “pacificación” del conflicto en Cataluña, que estaba inflamada fruto de la nefasta gestión del conflicto por parte del gobierno anterior del PP. Frente a esto, la derecha atacó a la coalición a costa del ruido generado en las disputas dentro del gobierno, por sus pactos con la izquierda independentista vasca, heredera política del grupo terrorista ETA, y sobre todo en torno una polémica ley sobre la violencia de género ,que tuvo un efecto indeseado en la reducción de penas que excarceló a más de 1000 condenados por violación. En un error estratégico de alto voltaje, que transmitió un mensaje de soberbia, la ministra de igualdad perteneciente a Podemos no quiso rectificar la ley, y el coste político de este gesto significó un desgaste enorme.
El desgaste de la coalición, que además se avino a pactar indultos y reducción de penas a los políticos independentistas catalanes que protagonizaron el intento de independencia en 2017 (algo tremendamente impopular en el resto de España), era tan evidente que la derecha, aupada por cientos de encuestas favorables, dio por hecha la victoria y cometió algunos errores de bulto durante la campaña. Entre ellos, no asistir al debate televisivo entre los cuatro cabeza de lista de las posibles dos coaliciones de gobierno, no saber contrarrestar eficazmente los ataques a Feijóo por sus amistades peligrosas con un narcotraficante gallego, o hacer un comentario sexista sobre el maquillaje de la líder de Sumar, Yolanda Día.
El bloque de la derecha se comió a Ciudadanos pero no pudo cooptar a la extrema derecha, aun escorándose peligrosamente hacia ella.
Los resultados dejaron la diferencia entre PP y PSOE en solo de 1,36 puntos, y entre Vox y Sumar en 0,8 puntos. Todo muy empatado y dependiendo de las sumas con partidos periféricos, nacionalistas vascos y catalanes de izquierdas y derechas, que el sistema de ley d’Hont que rige en España hace que estén sobrerrepresentados en la cámara (por ejemplo, un diputado de Sumar costó 97.000 votos, uno de Junts 56.000).
En conclusión, las dos Españas empataron de nuevo. El bloque de la derecha se comió a Ciudadanos pero no pudo cooptar a la extrema derecha, aun escorándose peligrosamente hacia ella. Las izquierdas resistieron y se movilizaron a última hora, y tienen algún chance de gobernar porque representan mejor la pluralidad de un país muy diverso y multilingüe.
El problema ahora es que, ante la constatación de que el bloque de la derecha (PP-Vox) no tiene mayoría suficiente para gobernar, la eventual alternativa es la investidura de Sánchez, (PSOE-Sumar y nacionalistas catalanes y vascos de izquierda). Pero esta fórmula tampoco suma una mayoría suficiente, y depende de un partido catalán ultranacionalista de derechas (Junts), que con la abstención de sus 7 diputados puede decantar la balanza hacia Sánchez, o bloquear el Congreso y forzar nuevas elecciones. Pero Junts está liderado por un político furibundamente independentista que protagonizó el intento inconstitucional de independencia en 2017, que está fugado de la justicia en Bruselas, y que exige unas contrapartidas impagables, como son la amnistía a todos los procesados por la intentona independentista, y la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña.
La operación Feijóo ha fracasado. Aunque él insista en que intentará formar gobierno por haber sido el ganador de los comicios, mientras deslegitima lo que él llama una “coalición de perdedores”, y que tiene mayoría absoluta en el Senado, parece evidente que no va a conseguir la mayoría para gobernar. En consecuencia, pasará a ser líder de la oposición en el Congreso, y más temprano que tarde se irá a su casa, como anticipó él mismo. Entonces, lo más probable es que habrá una batalla interna en el PP sobre el liderazgo alternativo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid y candidata iliberal preferida por la militancia y buena parte de los sectores más conservadores del partido, que podría polarizar aún mucho más el enfrentamiento con las fuerzas progresistas hoy vigente.
Todo es incierto y las espadas siguen en alto. Los próximos días serán clave para construir el relato de lo que se viene mientras se decide si se forma una gobierno progresista en minoría, o se va a nuevas elecciones en diciembre.
Lo que sí que es indiscutible es que la democracia española, con toda su diversidad ideológica y territorial, resiste, y en ningún caso la ultraderecha entrará en el gobierno nacional. La apuesta de Pedro Sánchez para frenar a la derecha retrógrada funcionó, y esta es una buena noticia también para Europa, que tendrá elecciones el próximo año cuya derecha deberá decidir si mantiene un cordón sanitario o se abraza a los ultraconservadores. En cualquier caso, se constata que España no es Italia.
