La victoria el domingo pasado del político progresista Bernardo Arévalo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala sugiere que las principales preocupaciones de los votantes son la corrupción y la pobreza, más que los intentos conservadores de sembrar temor sobre el aborto y los derechos LGBTQ.
Arévalo, sociólogo de 64 años que se presentó por el partido de centroizquierda Semilla, obtuvo una rotunda victoria, con el 58,01% de los votos, mientras que su rival Sandra Torres, ex primera dama y líder del partido UNE (Unidad Nacional por la Esperanza), obtuvo el 37,24%.
La victoria de Arévalo marca un punto de inflexión en un panorama político dominado por figuras de derechas alineadas con la élite económica. Se espera que sea el presidente más progresista en casi 40 años transcurridos desde la restauración de la democracia.
Sin embargo, Arévalo – hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo – adoptó un enfoque “prudente” en cuestiones delicadas para este país socialmente conservador, como los derechos sexuales y reproductivos.
En una entrevista concedida a openDemocracy el mes pasado, el ahora presidente electo se limitó a prometer que aplicaría la ley vigente, que considera ilegal el aborto a menos que la vida de la progenitora corra peligro, y a desplegar esfuerzos de educación sexual para prevenir embarazos no deseados, especialmente elevados entre las adolescentes y las niñas (las cifras oficiales muestran que 65.501 jóvenes de 15 a 19 años y 1.805 niñas de 10 a 14 años fueron madres en 2021).
Arévalo también dijo que su gobierno combatiría la discriminación y el discurso de odio contra las personas LGBTQ, pero no ofreció ninguna propuesta de política o reforma legal concreta.
Lo que lo diferenció, sin embargo, fue su negativa a firmar la declaración "Vida y Familia", una campaña encabezada por el influyente grupo ultraconservador La Familia Importa (AFI) que defiende la forma de familia tradicional, se opone totalmente al derecho al aborto y al matrimonio igualitario y propone el nombramiento de personas afines para puestos ejecutivos.
Esta decisión llamó la atención y desencadenó una campaña de desprestigio dirigida por su oponente Sandra Torres, que atacó a Arévalo y Semilla, acusándolos de defender ideales "proabortistas y pro-LGBTQ". La maniobra de Torres despertó escepticismo – porque en el pasado se identificaba con la centroizquierda y defendía los derechos LGBTQ – y finalmente resultó ineficaz.
Para la antropóloga maya k'iche' Irma Alicia Velásquez Nimatuj, la juventud desempeñó un papel fundamental en la victoria de Arévalo, desafiando a la generación de más edad y más conservadora. Los menores de 30 años representan más del 61% de la población guatemalteca. En las elecciones de este año, más de nueve millones de personas estaban habilitadas para votar y, entre ellas, el mayor subconjunto eran las que tenían entre 18 y 25 años, que representaban el 15% del total.
Con el sobrenombre de "Tío Bernie", Arévalo recurrió con éxito a TikTok y Twitter para atraer seguidores con una mezcla de contenidos muy politizados y mensajes cercanos, desde el debate sobre la pobreza y los derechos humanos hasta la invocación de la sensación mundial del pop Taylor Swift. Este enfoque caló hondo en votantes más jóvenes que tienen una "perspectiva más amplia de los derechos en comparación con generaciones anteriores", dijo Velásquez.
Mientras tanto, Torres se había asegurado un influyente apoyo religioso– incluso nombrando a un pastor evangélico como su candidato a la vicepresidencia –, pero eso no se tradujo en votos, a pesar del rápido crecimiento de las iglesias evangélicas, que se prevé superen al catolicismo como religión dominante en Guatemala para 2030.
"Parece que [los votantes religiosos conservadores] podrían haberse abstenido de votar o haber votado en contra de esta estrategia radicalmente conservadora, marcando un alejamiento de sus antecedentes religiosos", añadió Velásquez.
Con una "transición a la democracia" basta
Para el diseñador digital Luis de León, de 31 años, que votó a Semilla, la familia Arévalo está indisolublemente unida a la lucha por la democracia. "La imagen del padre [del presidente electo] es un factor súper fuerte a la hora de votar por su legado como líder democrático", afirma.
Como votante, su principal preocupación es "detener la inercia del Estado cooptado que tenemos ahora. Me bastará con tener un Poder Ejecutivo al servicio del pueblo". Para él, Arévalo, que aspira a ser el presidente más progresista desde la vuelta a la democracia hace casi 40 años, presidirá un periodo de transición.
"Aunque ha sido cauto en temas como los derechos de la diversidad sexual y el aborto, me parece bien, porque tal y como yo lo veo, éste es un gobierno de transición perfecto de un Estado corrupto a una democracia", añadió.
Desde el final de la guerra civil en 1996, la mayor economía de América Central ha experimentado una serie de reveses. Los esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho y el Poder Judicial, que se materializaron en 2006 con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), apoyada por la ONU, llegaron a su fin en 2018, cuando el entonces presidente Jimmy Morales optó por no prorrogar el mandato de este organismo que lo estaba investigando a él y a su familia por corrupción. Desde entonces, instituciones democráticas clave – el Poder Judicial y la Fiscalía – han perdido independencia.
Arévalo elogió a los votantes que defendieron los "valores democráticos" y prometió que su victoria abriría una nueva primavera democrática para Guatemala
La activista feminista Olga Villalta, responsable de comunicación de Semilla, cree que el descontento de la población con los partidos políticos del statu quo impulsó el apoyo a Arévalo, cuya estrategia se centró en la lucha contra la corrupción y esquivó posiciones extremas. "Lo que inicialmente atrajo a la gente a este partido fue que evitaba posturas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda", afirma.
Villalta también cree que también influyó la personalidad de Arévalo, alejada del molde típico de los populistas ruidosos y agresivos. Los votantes "podían compartir o no sus opiniones sobre el aborto, por ejemplo, pero valoraban sus respuestas informadas y serenas. Este atributo le granjeó un respeto considerable como candidato", afirmó.
Arévalo no era la primera opción de Ilse Caballeros, una mujer de 35 años que trabaja para una organización benéfica que ayuda a personas discapacitadas. Decidió votar por él después de que la candidata indígena Thelma Cabrera fuera excluida de las elecciones. Aun así, es la primera vez que se siente realmente emocionada por un resultado electoral.
"Me identifico con su propuesta porque no se centra en soluciones rápidas ni en dádivas sociales", afirma. "No hace promesas vacías y su mensaje es integrador. Puede que sea un acto de fe, ¿verdad? Pero no hay nada malo en ello".
Amenazas y esperanzas por delante
En su rueda de prensa tras las elecciones, Arévalo elogió a los votantes que defendieron los "valores democráticos" y prometió que su victoria abriría una nueva primavera democrática para Guatemala.
Pero el camino hacia la investidura en enero de 2024 se presenta difícil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer al Estado guatemalteco a tomar medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Arévalo y de la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar debido a dos presuntos complots para asesinarlos.
El fiscal especial contra la corrupción Rafael Curruchiche – acusado por el Departamento de Estado de EEUU de estar implicado en "corrupción significativa" y "obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción" – ha amenazado al partido de Arévalo con órdenes de detención y otras medidas que se adoptarían después de las elecciones, tras la apertura de un caso contra Semilla por supuesta inscripción ilegal. Ha sido uno de los reiterados intentos de excluir al partido del proceso electoral.
Villalta, cofundadora de Semilla, pintó un panorama sombrío para el derecho al aborto en un futuro próximo. "Es una batalla en la que estoy comprometida", dijo, "aunque no preveo que se promulgue una ley en los próximos 30 años". Hay una mayoría conservadora en el Congreso, pero, añadió Villalta, Arévalo podría utilizar sus facultades ejecutivas para introducir políticas públicas progresistas y revertir parte de lo hecho por la actual administración sin necesidad de pasar por el Congreso.
Su partido no se define explícitamente como feminista, pero está abierto a considerar propuestas de los movimientos feministas y LGBTQ para dar forma a las políticas públicas, añadió. De momento, la mayoría de los grupos y medios de comunicación progresistas parecen convencidos y han dado su apoyo a Semilla.
El actual presidente Alejandro Giammatte, forjó alianzas con grupos religiosos y conservadores y prometió oponerse al aborto y al matrimonio igualitario. En 2020, su gobierno respaldó el Consenso de Ginebra contra el aborto, defendido por el expresidente estadounidense Donald Trump y apoyado por regímenes autoritarios. En 2021, Giammattei introdujo una "Política de Vida y Familia" destinada a desmantelar los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ.
Uno de los cambios políticos en cuestión es la educación sexual. "Los avances en educación sexual dentro del Ministerio de Educación son alcanzables", dijo Villalta. "Semilla promueve el diálogo y se compromete a cumplir los acuerdos internacionales ratificados por el Estado, como la educación sexual integral. El Estado ha asumido compromisos y el gobierno entrante los cumplirá".
¿Un papel para los indígenas?
Las estadísticas oficiales arrojan algo de luz sobre las continuas luchas a las que se enfrenta Guatemala. Un 54% de la población vive en la pobreza, y la desnutrición afecta a la mitad de niños y niñas. Guatemala se destaca como el país con menos presupuesto para políticas sociales, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU.
Los pueblos indígenas, que representan el 44% de la población guatemalteca, sufren una discriminación generalizada y casi el 22% de ellos viven la pobreza extrema.
La antropóloga Velásquez cree que el gobierno de Arévalo debería implicar a las comunidades indígenas y rurales en los debates sobre el desarrollo.
"No serán él y su equipo secuestrados en la capital quienes decidan cuáles son las necesidades de las comunidades", afirma Velásquez. "En su lugar, los propios miembros de estas comunidades se encargarán de priorizar sus propias necesidades".
Aunque Arévalo se ha comprometido a rectificar el abandono, la exclusión y la discriminación históricos, queda por ver hasta qué punto se cumplirán estas promesas. A lo largo de la campaña, el político sostuvo reuniones con autoridades indígenas de diversas comunidades mayas, aparentemente para escuchar y explorar perspectivas de colaboración.
Este asunto también tiene un peso significativo para los votantes. La delegación y descentralización de las decisiones parece ser una expectativa popular ante la nueva administración.
Como votante, Caballeros quiere ver un gobierno que trabaje sobre el terreno y escuche las necesidades de los pueblos indígenas, incluso en sus propias lenguas.
El principal reto es gobernar con sensatez, según Velásquez. "En una Centroamérica que se inclina cada vez más hacia el autoritarismo, la capacidad de Guatemala para resistir esta tendencia ofrece esperanza no sólo para la nación, sino también para toda la región", afirmó.
