Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en agosto de 2022 bajo una ola de optimismo frente a la posibilidad de un cambio. Por primera vez en su historia moderna, los colombianos apostaron por un candidato de izquierda, lo que puso fin a la hegemonía del centro-derecha en el país, en particular del uribismo, que dominó la política nacional en gran parte del siglo XXI.
Esta era la oportunidad de abordar la enorme brecha de desigualdad, que hace de Colombia el país con la peor concentración de la renta en América Latina, y que llevó a miles de colombianos a las calles durante meses a protestar las consecuencias de las políticas neoliberales que han marcado la política del país.
Transcurrido un año, el gobierno Petro ha venido marcado más por escándalos mediáticos que por los avances de su ambiciosa agenda progresista. Así, pareciera que el presidente colombiano ha dedicado más tiempo en lidiar con las relaciones públicas que en gobernar con eficacia y hacer avanzar su programa de reformas urgentes . El último escándalo, involucrando a su hijo Nicolás, nuevamente levanta sospechas sobre el financiamiento electoral del Pacto Histórico, coalición que llevó a Petro al poder y que pone en cuestión la gobernabilidad de Petro.
Pero para muchos analistas, Petro se está enfrentando a un lawfare por parte de la muy organizada élite política y económica a la cual se opuso, que están usando las acusaciones como cortina de humo para evitar que sus importantes reformas progresistas sean aprobadas. La constante campaña de desprestigio que los medios hegemónicos en manos de grandes familias con grandes intereses ha sido determinante para marcar la agenda política.
Múltiples escándalos
El 29 de julio, Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, fue detenido bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionado con la campaña presidencial. Nicolás admitió haber aceptado dinero de un extraficante, que al principio aseguró haber sido utilizado solo para beneficio propio. Pero luego admitió que parte del cual había sido destinado a la campaña de su padre, y que quedó sin declarar.
democracia Abierta
El caso aumenta los cuestionamientos sobre la financiación de la campaña de Petro, que saltó a los titulares en junio cuando la revista Semana – que hace oposición al presidente – publicó audios de Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela que estuvo activamente involucrado en la campaña presidencial de Petro, en que amenaza revelar haber aceptado dinero ilegal para la campaña. No queda claro quién filtró los audios, que Benedetti afirma fueron manipulados.
En los audios, enviados a Laura Sarabia, en ese momento jefe del gabinete presidencial, Benedetti demuestra insatisfacción con su rol en el gobierno, sugiriendo que esperaba más poder. El caso Benedetti podría revelar una compleja trama de tráfico de intereses, y cuenta con ingredientes dignos de telenovela, como su vínculo con la niñera de Sarabia que tuvo rol en el estallido de la crisis luego de haber sido acusada de robarle dinero a Sarabia.
El colapso de la coalición
De esa forma, los escándalos que rodean la presidencia se sobreponen a la política. Como resultado de los audios de Benedetti, el Congreso suspendió los debates sobre las reformas propuestas por Petro que buscaban ampliar el acceso a salud, trabajo digno y pensiones.
La coalición de Petro, que ya se encontraba en situación delicada luego de que partidos de centro y centro-derecha rompieron con el Pacto Histórico en abril debido a divergencias sobre proyectos de ley, ha quedado aún más debilitada frente a la posibilidad de rompimiento con partidos de centro-izquierda, como el Partido Verde. “No es que queramos saltar del barco ante el primer problema, solo que después de analizar los últimos hechos de una posible financiación que parece opaca se debería discutir esa posibilidad”, Cathy Juvinao dijo en entrevista a El País.
Así, su relación con el Legislativo se ve cada vez más dificultosa, lo que aumenta el impase que ya viene obstaculizando la gobernabilidad del Ejecutivo.
Petro denuncia intento de ‘golpe blando’
Las acusaciones contra Petro son graves, pero su reacción política parece exagerada dado el contexto de Colombia, donde acusaciones de financiación ilegal de campañas políticas son la regla y no la excepción.
Colombia no ha tenido presidente electo en este siglo que no haya sido acusado de utilizar fondos ilegales en sus campañas electorales
El antecesor de Petro, Iván Duque, no solo ha sido acusado de desviar dinero público para su campaña de 2018, si no que actualmente está bajo investigación por supuesto fraude electoral y tráfico de votos en conspiración con un presunto narcotraficante asesinado en Brasil.
La conspiración también presuntamente incluía a Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, y mentor de Duque, que tuvo investigación abierta en su contra en marzo de 2020 y fue detenido preventivamente en agosto de aquel año.
El presidente que gobernó antes que Duque, entre 2010 y 2018, Juan Manuel Santos, que también ganó la elección como candidato uribista, ha sido involucrado en el megaescándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber financiado de forma ilegal la campaña del expresidente. En 2017, Santos reconoció los pagos.
Colombia no ha tenido presidente electo en este siglo que no haya sido acusado de utilizar fondos ilegales en sus campañas electorales. La manera agresiva como los medios hegemónicos colombianos han cubierto las investigaciones de la financiación de la campaña de Petro aparece completamente desproporcionada comparada con los casos de los últimos tres presidentes. Esto demuestra hasta qué punto, más allá de los errores evidentes del gobierno, la resistencia al cambio es poderosa y persistente en un país que desconocía una verdadera alternancia, pieza clave en la consolidación de cualquier democracia.
De esa forma, queda difícil creer que la élite política colombiana esté de hecho horrorizada por las acusaciones contra Petro. Para muchos analistas, los escándalos que rodean al gobierno vigente son un pretexto para que las fuerzas dominantes de la política colombiana puedan frenar las reformas progresistas del presidente a través del judicial, táctica conocida como lawfare.
Para Petro, la oposición actúa de forma no democrática. “Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”, argumentó en Twitter luego de que estalló el escándalo de Benedetti. “Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”, afirmó.
Aunque la afirmación de Petro pueda sonar dramática, las élites latinoamericanas tienen un largo historial de utilización el poder judicial y legislativo para sobrepasar al ejecutivo, el poder más claramente representativo del voto ciudadano en estas sociedades presidencialistas. Perú es el caso más significativo de este siglo, con una larga lista de presidentes destituidos uno tras otro, por un Congreso corrupto, dominado por el fujimorismo y los intereses personales que no logran ganar la presidencia en las urnas.
La posibilidad de que Petro no termine su mandato, o que no logre de hecho gobernar eficazmente, es probable. Pero esa realidad es fruto menos por los supuestos crímenes electorales que de la incapacidad de las fuerzas políticas y económicas dominantes de aceptar los intereses de muchos ciudadanos, que han salido a las calles a mostrar su apoyo por las reformas de Petro y la necesidad de un cambio verdadero en Colombia.
