Alberto Fujimori está en fuera de prisión. El exmandatario peruano (1990 – 2000) detenido en 2005, y condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad fue indultado por el Tribunal Constitucional, desoyendo el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de abstenerse de ejecutar la orden. Una decisión que festejaron sus seguidores y despertó la indignación de los familiares de las víctimas.
“Esto es una burla”, sentenció Gisela Ortiz, representante de los familiares de las víctimas de la masacre de estudiantes en La Cantuta, ocurrida en julio de 1992 y perpetrada por militares del destacamento “Colina”.
“Es una burla, porque la sentencia de Fujimori ha sido gracias al esfuerzo y a la dedicación de los familiares, principalmente y somos nosotros quienes hemos estado por años persiguiendo a los delincuentes (…) y que ahora un Tribunal Constitucional decida otorgar la libertad de forma inmediata, violando sus procesos internos, sin convocar a todo el pleno del Tribunal Constitucional y de manera ilegal, realmente nos indigna”, agregó, en conversación con democraciaAbierta.
La decisión del Tribunal Constitucional del 5 de diciembre fue a favor del indulto humanitario del 24 de diciembre de 2017, emitido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), el cual permitió la primera salida de prisión de Fujimori, y fue anulado por la Corte Suprema por irregularidades, y en febrero de 2019 volvió a la cárcel, tras pasar 100 días en un hospital.
Críticas al proceso
En los últimos días, la decisión de liberar al expresidente, protagonista del autogolpe de 1992, ha generado críticas, que ponen en tela de juicio el procedimiento y sus argumentos. Dos de los siete magistrados que integran este tribunal cuestionaron su legalidad y aseguraron que no fueron consultados.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, señaló que no existe ninguna irregularidad en la decisión.
“No hay ninguna irregularidad, lo decidieron cuatro magistrados, esos son los deben decidir el recurso de reposición”, indicó, de acuerdo con lo publicado por la Agencia Andina.
Una vez se conoció este fallo, los seguidores de Fujimori se instalaron a las puertas del penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, Lima, mientras los familiares de las víctimas acudieron al Palacio de Justicia para protestar en su contra.
“En nuestro país, lamentablemente, la violación a los derechos humanos ha sido una práctica sistemática y sigue siendo muy cotidiana. En Perú hay siempre una respuesta política que termina violentando derechos humanos”, afirmó Gisela Ortiz en representación de los familiares de las víctimas.
Un día después de la decisión del tribunal, el miércoles 6 diciembre, a las 18:28 (-5 GMT), Fujimori salió de la cárcel acompañado por dos de sus hijos, Keiko y Kenji, quienes han seguido los pasos de su padre en la política peruana.
Para la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Jennie Dador, la liberación del exmandatario “desconoce la prohibición de indulto en estos casos y sobre todo al margen de las condiciones que lo haría posible”.
“Estamos discutiendo un indulto que se dio hace siete años atrás, cuando supuestamente estaba en una enfermedad terminal y que hacía imposible su atención en el establecimiento penitenciario, siete u ocho años después sigue lo mismo”, expuso.
Casos pendientes
A ello se suma, la decisión del Poder Judicial de anular el proceso de esterilizaciones forzadas cometidas durante el mandato de Fujimori, un proceso que se abrió en 2002 y que varias veces ha sido cerrado.
Ahora la defensa, para continuar con el caso, debe comenzar desde cero.
Entre las víctimas se encuentran mujeres que aseguran fueron amenazadas incluso con ir a prisión si se negaban a la esterilización.
El próximo 18 de diciembre, Fujimori comenzará un proceso judicial que aún tiene pendiente por el secuestro, tortura y asesinato ejecutado por el Grupo Colina contra seis comuneros, caso conocido como la masacre de Pativilca.
Los abogados del caso demandan que se dicte una medida de casa por cárcel ante la posibilidad de fuga.
Perdón a las víctimas
Dador consideró que previo a su liberación, Fujimori debía “pedir perdón público a las víctimas, colaborar con la justicia, porque la búsqueda de desaparecidos sigue; pagar la reparación civil, y que se acredite que las condiciones de salud que se alegan son realmente esas”.
La imagen que circuló el jueves en la prensa de Fujimori, ya de 85 años, fue tomada desde la ventanilla del auto que lo sacó de la prisión. Sus dos hijos lo acompañan en la parte trasera. El exmandatario lleva un tanque de oxígeno para respirar y saluda a la prensa y a sus seguidores con debilidad.
La activista de derechos humanos, considera que con Fujimori se busca apelar “a una fibra emotiva de sensibilidad del pobre anciano, tratando de desligarle de sus crímenes de lesa humanidad”.
El grupo Colina fue conocido en Perú como el escuadrón de la muerte, y a Fujimori lo enviaron a prisión por encontrarlo culpable de ordenarles dos masacres
“Es como esa jugada, no está ahí por ser un anciano, por ser un enfermo, está ahí por haber ordenado y ser parte de la estructura del grupo Colina, un grupo paramilitar que asesinó a tanta gente en nuestro país con el pretendido discurso de terminar con el terrorismo”, señaló la activista de derechos humanos.
El grupo Colina fue conocido en Perú como el escuadrón de la muerte, y a Fujimori lo enviaron a prisión por encontrarlo culpable de ordenarles dos masacres: la de Barrios Altos en 1991, donde murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, y la de la Universidad de Cantuta, en 1992, que dejó 10 muertos.
Para Gisela Ortiz, la condena a Fujimori en 2009 fue una forma de conseguir paz, tras el asesinato de su hermano Luis Enrique Ortiz, una de las víctimas de la Cantuta.
“Llevar a Fujimori a prisión nos costó desde los años 90, que no podíamos denunciarlo, cuando él huyó hicimos muchísimas acciones en Lima, fuimos a Japón a pedir la extradición y parecía imposible. A Chile fuimos desde el primer momento haciendo acciones públicas para sensibilizar y lograr su extradición, cuando se dictó sentencia dijimos: ‘al fin el principal responsable de la muerte de nuestros familiares estará en la cárcel y podemos cerrar ese capítulo de esa historia tan dolorosa que nos ha tocado vivir”, agregó.
Sin embargo, asegura que el dolor vuelve, al ver que después de todos estos años tienen que “seguir defendiendo esas sentencias contra los diversos mecanismos de impunidad”.
Las familias que sufrieron la muerte o desaparición de sus seres queridos “no buscan venganza, no buscan encarnizamiento, buscan justicia”, enfatizó Dador.
“La situación del reo Fujimori, es la situación de muchos reos en las cárceles de Perú. Las cárceles de Perú en general han sido declaradas en estado de inconstitucionalidad. Ahora bien, el reo Fujimori estaba en un penal especial, rodeado de determinadas condiciones, viviendo en más de 100 metros cuadrados, acá la gente vive en departamentos de 40 metros cuadrados”.
Incumplir con la CIDH
La Corte IDH llamó al Estado peruano a abstenerse de ejecutar la liberación de Fujimori, y a juicio de Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos (por las cuales se sentenció a Fujimori), su excarcelación “crea un precedente funesto para el país en el eje nacional e internacional, ya que el Estado peruano se había comprometido a cumplir con el sistema de derechos interamericano”.
Además, señaló que una sentencia que es interrumpida injustamente, viola los derechos de las víctimas.
“Esto rompe con el ordenamiento interamericano, porque incluso el propio Tribunal Constitucional en su fallo cuestiona la competencia de la Corte Interamericana, esto pone claramente al país en una situación contraviniendo la Corte Interamericana y no solo los derechos de las víctimas, sino de todos los peruanos de tener la posibilidad de acudir a un sistema interamericano, creemos nosotros aquí que las consecuencias pueden ser graves”, afirmó.
Perú amaneció el día jueves 7 de diciembre con Fujimori en libertad plena. El mismo día que Dina Boluarte cumple un año en la presidencia. Doce meses signados por denuncias en su contra por corrupción y violaciones de derechos humanos. Un Gobierno que comenzó a gestarse tras la destitución y encarcelamiento de su antecesor, Pedro Castillo, quien permanece en el penal de Barbadillo, el mismo del que Fujimori fue liberado.
