La consulta del Yasuní ha sido titular de noticias en todo el mundo demostrando como un país pudo detener el extractivismo en las urnas para iniciar una transición energética. El pueblo soberano eligió la socio-biodiversidad por encima de las economías extractivistas posicionando un presente pós-extractivista en Ecuador. Pero a los pocos días, el presidente Guillermo Lasso declaró que no acataría los resultados.
No es la primera vez que el gobierno irrespeta una consulta popular a favor de la naturaleza. Para entender los meandros de la consulta del Yasuní vale mirar otras consultas como la de Kimsakocha en 2019, que prohibió la explotación minera en defensa del agua pero aún no es acatada por el gobierno central. El gobierno de Lasso sigue promoviendo la minería en los páramos de Kimsakocha, ofreciendo incentivos fiscales de hasta a US$ 400 millones y un sistema de resolución de disputas con arbitraje internacional.
El incumplimiento de la consulta de Kimsakocha llevó las comunidades a presentar una acción de protección en las Cortes. En 2022, la Corte Provincial del Azuay falló a de las comunidades ante su demanda de protección contra el Estado por concesionar los páramos de Kimsakocha en sus territorios ancestrales a una empresa minera transnacional sin consulta previa ni consulta ambiental, y por violar tanto el derecho humano al agua como los derechos a la Naturaleza, poniendo en riesgo la supervivencia de sus ecosistemas y comunidades.
El lunes 28 de agosto 2023, una semana después del voto por el Yasuní, la Corte reiteró a favor de la consulta, decretando que en ausencia de consulta se suspende toda actividad minera en los páramos de Kimsakocha. La sentencia es clara: no solo debe haber consulta previa para las comunidades indígenas de Kimsakocha, sino que también debe haber consulta ambiental para todas las comunidades que viven en su zona de influencia.
Si la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) y el gobierno de Ecuador confabularon para apelar el fallo inicial a favor de las comunidades en un intento de evadir el proceso de consulta previa, el tiro les salió por la culata ya que la Corte no solo reafirmó su sentencia, sino que ordenó una doble consulta en el caso Kimsakocha.
Francesc Badia i Dalmases
La sentencia es una victoria histórica para las comunidades indígenas que vienen luchando hace un cuarto de siglo por mantener sus territorios libres de minería metálica. Además, la sentencia expande el derecho de consulta a las comunidades no indígenas y sienta un precedente al combinar los dos procesos de consulta previa y ambiental.
La doble consulta contra la” violencia definicional”
La doble consulta en Kimsakocha es clave porque contrarresta el intento por parte de la minera y del gobierno de evadir la consulta previa argumentando que no existen pueblos indígenas en Kimsakocha.
La estrategia del gobierno ecuatoriano era negar la identidad indígena de las comunidades para negar su derecho a la consulta previa
En las audiencias del 2022, representantes del ministerio del ambiente argumentaron “no porque tienen nombres indígenas, usan vestimenta indígena, y hablan Kichwa son pueblos indígenas”. La estrategia del gobierno ecuatoriano era negar la identidad indígena de las comunidades para negar su derecho a la consulta previa; es decir desaparecer a los pueblos indígenas para no tener que consultarlos en el proyecto minero conocido como Loma Larga en Kimsakocha, un etnocidio a todas luces.
El intento de desaparecer a pueblos indígenas del mapa negando su identidad es una estrategia colonial conocida como violencia definicional. De Chile a Canadá, gobiernos coloniales han negado la identidad indígena de pueblos enteros para desaparecerlos del mapa y vender sus territorios. Esta negación de la presencia indígena, y por ende de su autoridad, es el principio fundamental de la Doctrina del Descubrimiento declarada por el Vaticano en 1494, y sigue siendo utilizada, aunque de manera no explícita, pese que el Papa Francisco haya repudiado esta doctrina y pedido disculpas por los crímenes cometidos bajo ella en contra de los pueblos indígenas de las Américas.
No es coincidencia que el censo de población 2023 en Ecuador redefina categorías indígenas y busque registrar comunidades indígenas y sus líderes: la “violencia definicional” es un instrumento usado por gobiernos para determinar quién es indígena- y quién no lo es- para evadir derechos de consulta previa en territorios estratégicos.
La doble consulta en Kimsakocha sienta un precedente al garantizar que las comunidades sean consultadas incluso cuando el Estado pretenda negar su autoridad ancestral sobre un territorio. Es decir, garantiza que las comunidades acedan a una consulta ambiental incluso en caso de que se les declare no indígenas para evadir la consulta previa.
Kimsakocha: cuna de las consultas en Ecuador
No es la primera vez que Kimsakocha hace historia en Ecuador. De hecho, es allá donde tiene lugar el primer proceso de consulta que inspira la ola de consultas que vive el país.
Son las comunidades de Kimsakocha quienes organizan la primera consulta comunitaria del Ecuador en 2011: es un proceso inaudito, al cual asisten observadores internacionales y lideres indígenas, pero el gobierno nacional inmediatamente invalida la consulta como ilegal, probablemente porque el 93% de los votos rechazan la minería metálica.
Tras la consulta comunitaria, los defensores de Kimsakocha empiezan un proceso de recolección de firmas para exigir una consulta popular como lo garantiza el articulo 61 de la Constitución del 2008. Se presentan a la Corte Constitucional casi el doble de firmas necesarias y en 2019 se da la primera consulta popular del Ecuador en Girón: 9 de cada 10 votan por el agua y contra la minería en Kimsakocha.
El proceso de Kimsakocha incentiva otras comunidades y colectivos a movilizarse: las comunidades de Pacto, al noroccidente de Quito, organizan su propia consulta comunitaria en 2014 mientras colectivos en defensa del Yasuní recolectan firmas para una consulta popular nacional sobre la explotación petrolera en el bloque 43 de la Amazonia. En este proceso, comunidades indígenas y campesinas van concientizando actores urbanos sobre los derechos de la naturaleza, la importancia del agua, y el rol de las consultas como instrumento democrático en todo el país.
Tras una década de organización se logran tres consultas más, todas con resultados que protegen la naturaleza. Cuenca, capital del Azuay y tercera mayor ciudad del país, celebra una consulta en 2021 en la cual más del 80% de votos protegen el agua prohibiendo el extractivismo minero en los páramos que son fuentes de agua a la ciudad- incluso Kimsakocha.
Todas las consultas fueron largos procesos de movilización social que logran amplias votaciones a favor del agua y de la naturaleza, construyendo un presente post-extractivista
En 2023, dos consultas importantes marcan el proceso electoral. La consulta del Yasuní es sin duda la más impactante de todas, ya que es la primera consulta a nivel nacional en la cual cerca del 60% de los ecuatorianos votaron por dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 de la Amazonía, posicionando la preservación de la biodiversidad y de los pueblos indígenas por encima del extractivismo petrolero. La otra la consulta fue la del Chocó Andino, en la cual solo participan los habitantes de la provincia de Pichincha, y casi el 70% votaron a favor de prohibir la minería metálica y proteger sus bosques biodiversos.
Cada una de las cuatro consultas tuvo su propio proceso de recolección de firmas y fue regulada por la Corte Constitucional. La del Yasuní adquirió notoriedad por el fraude orquestado en 2014 con el intento de anular firmas para negar la consulta durante el gobierno de Rafael Correa. Lo extraordinario es que todas las consultas fueron largos procesos de movilización social que logran amplias votaciones a favor del agua y de la naturaleza, dejando claro que la sociedad ecuatoriana ya está construyendo un presente post-extractivista.
Cada consulta tiene su propia historia de lucha anclada en un territorio. En Kimsakocha la movilización empieza en los 90 cuando las comunidades de Girón, San Fernando, Victoria del Portete, Escaleras y Tarqui se organizan en marchas pacíficas de protesta, una radio comunitaria llamada Kimsakocha, y un sin número de procesos jurídicos. Durante dos décadas defensores del agua son agredidos, criminalizados y encarcelados, sobreviven a intentos de asesinato, y concientizan a comunidades y urbes sobre la importancia vital del agua y de la resistencia frente a la contaminación minera.
Pero todas las consultas comparten la misma historia de lucha desigual al estilo David y Goliat: de un lado, la multimillonaria empresa minera que recibe el apoyo total del Estado ecuatoriano, con su maquinaria política, jurídica y militar para reprimir a los comuneros, y del otro lado, comunidades indígenas y campesinas que defienden el agua sin recursos económicos y con poca educación formal, desde sus territorios, despojados por un Estado que les discrimina con estructuras socioeconómicas racistas.
Alex Samaniego
Quizás por eso es tan inspirador que gane Kimsakocha, y que esta experiencia sea la cuna de tantas luchas más por consultas que hoy posicionan al Ecuador como protagonista de la defensa de la naturaleza a nivel global. En Ecuador se lidera no solo el cambio de paradigma jurídico hacia los derechos de la naturaleza, sino la implementación y praxis de estos nuevos paradigmas con consultas emblemáticas como la del Yasuní que demostró al mundo que estamos dispuestos, como sociedades, a dejar el petróleo bajo tierra para proteger nuestra Casa Grande común.
Tras la victoria, más resistencia
El proceso jurídico de implementación de las dos consultas en Kimsakocha va a tardar ya que aún no existe un procedimiento establecido para las mismas. Las consultas están recogidas en la constitución, pero aún no existe una ley orgánica de consulta, lo cual la Corte Constitucional ya ordenó crear. Mientras tanto, toda actividad minera está suspendida.
La defensa de Kimsakocha es vital no solo para las comunidades locales, sino para millones de personas, ya que sus aguas fluyen por cuencas amazónicas hasta Belén do Pará
El proyecto Loma Larga actualmente concesionado a la minera canadiense Dundee Precious Metals, fue inicialmente vendido por Newmont Mining y pasó por I Am Gold e IMV Metals, siempre sin consulta o licencia ambiental. La organización Mining Watch indica que un reporte de sostenibilidad ambiental define al proyecto de Dundee como una "bomba de tiempo" por la alta contaminación por arsénico en las aguas de Kimsakocha, un páramo que funciona como una esponja de agua y asegura la recarga hídrica para millones de personas.
Serían más de cinco millones de toneladas de desechos tóxicos que la empresa dejaría contaminando el páramo a lo largo de los 12 años de vida útil de la mina.
La defensa de Kimsakocha es vital no solo para las comunidades locales, sino para millones de personas desde Ecuador hacia Brasil, ya que las aguas de Kimsakocha fluyen por cuencas amazónicas hacia Perú y Belén do Para, mezclándose con otras aguas y transformándose en ríos aéreos que atraviesan el continente y llueven sobre grandes urbes continentales como São Paulo.
Hoy, las comunidades de Kimsakocha celebran la victoria en las cortes sin hacerse ilusiones. Saben que, así como el gobierno de Lasso dice que no acatará el voto de la consultar popular del Yasuní en 2023, gobiernos de turno buscarán irrespetar los resultados electorales y las sentencias jurídicas en su codicia extractivista.
Para Yaku Pérez Guartambel, líder comunitario defensor del agua y abogado patrocinador de las comunidades en el caso Kimsakocha, mientras haya oro bajo las lagunas de Kimsakocha siempre será un espacio en disputa entre el oro y el agua. La resistencia seguirá hacia la próxima generación.
