El Congreso brasileño, dominado por lobby del agronegocio y por la ultraderecha de Bolsonaro (cuyo partido obtuvo 99 diputados sobre 513 en las últimas elecciones), ha dado un golpe durísimo a la agenda medioambiental e indigenista del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Sectores del propio PT, partido del presidente, han dado la espalda a una agenda que les genera problemas con sus apoyos en los territorios, presionados por la necesidad del crecimiento y las urgencias de la reducción de la pobreza.
El martes, 30 de mayo, los legisladores aprobaron el proyecto de ley conocido como “marco temporal”, que establece la fecha de la promulgación de la Constitución brasileña – octubre de 1988 – como la fecha determinante para la demarcación de tierras indígenas. Según esa tesis, sólo las tierras indígenas que comprobadamente estaban habitadas por grupos indígenas serán consideradas para la protección legal. Pero esta comprobación es extremadamente problemática para la gran mayoría de los territorios indígenas y fomenta la apropiación indebida, la deforestación sin freno y el desprecio a los derechos ancestrales.
La aprobación del controvertido proyecto es la culminación de una serie de reveses que empezaron la semana pasada, cuando aprobó tres medidas que debilitan las atribuciones de dos ministerios (Medio Ambiente y Pueblos Indígenas), relajan leyes de protección al Bosque Atlántico, además de agilizar la tramitación del marco temporal.
Las medidas se aprobaron en la Cámara de Diputados con apoyo de legisladores de la coalición de Lula, lo que demuestra que la agenda ambiental e indigenista no genera consenso entre el frente lulista. Las derrotas también abrieron las puertas al cuestionamiento sobre el posicionamiento de Lula, que durante campaña abrazó la agenda ambiental como una de sus principales apuestas por el cambio después de cuatro años de desmantelamiento sistemático de los protocolos ambientales y de protección indígena por parte del gobierno Bolsonaro.
Las acciones del Congreso indignaron a la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, mientras que envían un claro mensaje a la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, que recientemente celebró una victoria a partir de la denegación del permiso solicitado por Petrobras para explorar petróleo en la cuenca del Amazonas.
Ivan Abreu
A pesar de sufrir ataques frontales, Marina Silva ha querido enviar el mensaje de que resistirá y de que no habrá ruptura con Lula – algo que sí sucedió durante el segundo mandato de Lula en el 2008, cuando Silva renunció como ministra por la falta de apoyo del presidente para su agenda ambiental. Por lo menos de momento.
El 27 de mayo, un día después de las votaciones en el Congreso, Marina Silva afirmó en un video compartido en su Twitter que, aunque supere los trámites parlamentarios, Lula vetará la medida que dificulta la protección del Bosque Atlántico.
La ministra también compartió un tuit de Alexandre Padilha, ministro de Relaciones Institucionales, en el que argumenta que Lula necesita a Marina Silva para concretizar sus planes ambientales – importantes para sus ambiciones diplomáticas que buscan posicionar a Brasil como campeón mundial de la defensa del medio ambiente y de la Amazonía frente a la emergencia climática.
El gobierno demuestra debilidad ante sus propias contradicciones
Pero el martes – pocas horas antes de la votación sobre el marco temporal – Padilha afirmó que el gobierno Lula aceptará el texto que reestructura a los ministerios del Medio Ambiente y de los Pueblos Indígenas sin solicitar alteraciones, confirmando la derrota de las ministras Silva y Guajajara.
En menos de una semana, Lula ha sufrido – o ha sido incapaz de evitar – pérdidas enormes para el medio ambiente, a pesar de promesas de campaña que lo ayudaron a llegar al poder. Lula ganó las elecciones tras el desastre del gobierno de Jair Bolsonaro, que tuvo como una de sus agendas principales el desmantelamiento de las leyes ambientales a favor de la agroindustria.
La pauta ambiental e indigenista no sirvió solo para que Lula conquistara votos de la izquierda y ganara las elecciones. La agenda es primordial para el re-posicionamiento de Brasil en el escenario internacional después del aislamiento causado por Bolsonaro.
En los primeros meses de gobierno del expresidente, Noruega y Alemania retiraron millonarios fondos dedicados a la preservación de la Amazonía frente a la aceleración de la deforestación del bosque tropical. Ambos países retomaron las donaciones cuando Lula asumió el cargo, en enero de 2023. La imagen internacional de Brasil está claramente atada a la relación de su gobierno con la preservación del medio ambiente, especialmente de la Amazonía.
Por la histórica polarización que genera desde 2007, la aprobación del marco temporal en la Cámara puede manchar la imagen que Lula quería pasar de su administración a nivel internacional más que cualquier medida tomada por Bolsonaro.
Promesas ambientales vs. necesidades económicas
La posición de Lula – y del Partido de los Trabajadores (PT) – no es fácil. Históricamente, ambos han promovido las políticas sociales como base de sus gobiernos y de su ideología basada en la distribución de los réditos del desarrollismo. En el 2022, Lula fue el candidato preferido de los pobres, habitantes de la región noreste – la más pobre del país – , indígenas y estudiantes.
Tommy Greene
El noreste alberga cerca del 30% de la población, mientras que los indígenas no alcanzan los 0,5% de la población brasileña. Aunque pequeña, la población indígena del país es un factor clave para la conservación de la Amazonía y tiene una importancia transnacional que los transforma en aliados fundamentales para Lula. A la vez, el presidente no puede abandonar sus promesas de generar empleo y desarrollo, que apelan a los ciudadanos más vulnerables económicamente.
En Brasil, un país agrario que también depende de actividades extractivistas como la minería para impulsar la economía, conciliar las necesidades de la gente con la protección de sus recursos naturales requiere tener liderazgo moral y capacidad de negociación. Los brasileños eligieron a Lula por creer que él tenía ambas cosas, como ha demostrado en el pasado.
El marco temporal todavía tiene que pasar por el Senado y regresar al Congreso antes de convertirse en ley, pero ya ha llegado muy lejos. De momento, el gobierno parece apostarlo todo a que la tesis ruralista será derrocada en el Supremo Tribunal Federal, que debe votar la próxima semana. Pero esta es una estrategia extremadamente arriesgada, una vez que el STF está dividido en el tema.
La movilización indígena y ambientalista es muy fuerte en buena parte del país, y ya se produjeron unos primeros incidentes en São Paulo al disolver la policía una violentamente manifestación de indígenas guaraníes. Las ministras afectadas necesitan todo el apoyo político de su presidente porque son piezas clave de su apuesta política y, por consiguiente, objetivo a batir por parte de la derecha y la ultraderecha, que controlan el legislativo com más fuerza que nunca.
Al gobierno de Lula le queda poco tiempo para demostrar que conserva la cintura política imprescindible para lidiar con sus múltiples enemigos y a la vez conciliar sus propias contradicciones y las de su partido sin abrir nuevos frentes. Los ataques de las derechas políticas y mediáticas son sistemáticos e implacables, y no puede permitirse que la agenda medioambiental y los indígenas se le pongan en contra. Esa sería una derrota posiblemente sin vuelta de hoja para sus aspiraciones futuras – y para el futuro de toda una nación, e incluso de un planeta que necesita urgentemente defenderse de la depredación sin límite y del ecocidio, empezando por el Amazonas.
