En una acción que tomó a muchos observadores y a los propios afectados por sorpresa, el pasado 9 de febrero de 2023 el régimen presidido por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo excarceló a 222 presos políticos. Los opositores fueron sacados de sus celdas y embarcados en autobuses que los llevaron a abordar un vuelo con destino a Washington DC, en los Estados Unidos.
El gesto parece haber sido una respuesta a la presión internacional cuya intensidad ha ido en aumento ante el endurecimiento del régimen de los Ortega-Murillo. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que el acuerdo para que llegaran al país del norte abre una puerta al diálogo mientras que el Departamento de Estado se movilizó para facilitarles una estancia legal en el país.
Técnicamente, la realidad es que no fueron liberados sino deportados, es decir, desterrados. Cada uno fue despojado de su nacionalidad mediante un documento legal, así como de todos sus derechos civiles, incluidas sus propiedades en el país centroamericano. Además de serles expropiados sus bienes, quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos en Nicaragua. Ante la posibilidad de que los deportados se conviertan en apátridas, España les ha ofrecido la nacionalidad, y algunos de ellos ya la han aceptado.
¿Cuál es la argumentación que sostiene esta sentencia?: Una imputación por "traición a la patria"
¿Cuál es la argumentación que sostiene esta sentencia?: Una imputación por "traición a la patria", como constaba en el documento que les fue presentado a la firma antes de embarcar.
La sentencia de expulsión era tan extrema, que algunos de los presos prefirieron no viajar. Aunque la excarcelación de cualquier preso político es exigible en democracia en tanto que se trata de un abuso de los derechos humanos, no hay que confundir lo que hizo el gobierno Ortega-Murillo con la concesión de "libertad".
Al excarcelar opositores, el gobierno de Ortega viola sus derechos ya que los términos de la excarcelación implican una confesión de parte. Según lo explica el artículo 7 del Estatuto de Roma, la deportación es un "traslado forzoso de población" y es un "crimen de lesa humanidad". Es decir, es un desplazamiento de personas afectadas por expulsión sin motivos autorizados por el derecho internacional.
El actuar del régimen nicaragüense, sin embargo, se ha vuelto habitual en los países latinoamericanos donde hay gobiernos dictatoriales como Cuba y Venezuela. Se violan derechos humanos constantemente y se restringen los derechos de los opositores bajo la premisa de “traición”, definida por los mismos gobernantes. Los excarcelados quedan en situación de precariedad absoluta puesto que la mayoría no tienen ningún pariente en Estados Unidos y han sido despojados de todos sus bienes. El alivio que supone su liberación no oculta su indignación que, después de años de encierro y tortura, es manifiesta y reclama la atención internacional.
94 opositores despojados de su ciudadanía
Pero el régimen de Ortega-Murillo no ha tenido suficiente con las excarcelación de los presos políticos. El miércoles 15 de febrero un juez nicaragüense anunció que 94 opositores, entre los que se encuentran escritores, periodistas y activistas de derechos humanos reconocidos en el exilio, serían despojados de su ciudadanía.
El mensaje que envía el régimen al mundo con sus acciones es claro: hará lo que le parezca para mantenerse en el poder
El mensaje que envía el régimen al mundo con sus acciones es claro: hará lo que le parezca para mantenerse en el poder, incluidas nuevas formas de represión e intimidación como ésta.
Entre los opositores afectados por la medida están el periodista de investigación Carlos Chamorro, la poeta y escritora Gioconda Belli, el novelista Sergio Ramírez, el obispo Silvio Báez, la feminista Sofía Montenegro y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez.
El activista de los DDHH Camilo de Castro, que se encuentra entre los represaliados, ha declarado: “fuimos despojados de nuestra nacionalidad y el régimen Ortega Murillo anunció que confiscará nuestros bienes. Leonor y yo perderemos nuestra casa y mi mamá lo que ha construido a lo largo de una vida de trabajo. Además hemos sido acusados por traición a la patria y declarados prófugos de la justicia”.
Otra de las afectadas, la periodista Lucía Pineda, afirmó en diálogo con El País de España que “Son unos ladrones, pero Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando”. Pineda fue detenida en 2018, después de que la policía asaltó las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias en Managua, donde Pineda trabajaba.
Frente a esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central condenó "de la manera más enérgica esta nueva ola de violaciones a los DDHH". El organismo internacional hizo, además, un llamado al Estado nicaragüense para que cese de inmediato la persecución y represalia contra defensores de derechos humanos y opositores, y exige que se les restituyan todos sus derechos
Carlos Chamorro, exiliado, hijo de la expresidenta Violeta Barrios y uno de los sancionados, afirmó en redes sociales que "los castigados por medidas de odio y venganza, son todos los ciudadanos que demandan un cambio con justicia y libertad, incluidos los servidores públicos, civiles y militares".
Gioconda Belli, reconocida poeta nicaragüense, le respondió a Ortega con un poema:
“Te amo patria de mis sueños y mis penas
y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto
susurrarte esperanzas
y prometerte curas y encantos que te salven.
Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida
y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida
genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día
los cimientos”.
Si el régimen de Ortega-Murillo pretendía con estas medidas acallar las voces críticas, es probable que el efecto sea el contrario y que el clamor internacional ante el endurecimiento de la dictadura centroamericana se escuche más alto y claro.
