La prohibición casi total del aborto en Perú no impide que mujeres y niñas interrumpan sus embarazos, pero pone sus vidas en peligro, dijeron a openDemocracy activistas feministas,
Es el caso de Valeria*, una chica peruana de 23 años de Ayacucho, ciudad del sur del Perú, que se enfermó luego de tomar píldoras abortivas falsificadas en 2019.
“En Ayacucho hay una calle que es conocida por la práctica de abortos, allí encontré un número y compré nueve pastillas. Cada una costó 37 soles (10 dólares); mi novio no se hizo responsable, ahorré el dinero sola”, contó a openDemocracy.
Se trataba, o eso le dijeron a Valeria, de Misoprostol, un fármaco para úlceras estomacales que provoca contracciones en el útero y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como el más seguro para inducir abortos. En Perú, se lo puede comprar en farmacias con prescripción médica.
Tal como Valeria esperaba, tras las tomas que realizó acompañada por un familiar, tuvo un sangrado y pensó que el proceso había ido bien.
Pero dos semanas después volvió a sangrar y tuvo fiebre y decaimiento. “Las pastillas no fueron efectivas, parece que eran falsas”, dijo Valeria. “Tenía miedo de contarle a mi mamá o de ir a un hospital”.
Valeria tuvo que pedir dinero prestado e ir a una clínica clandestina donde le ofrecieron un aborto quirúrgico; pero costaba 400 soles (106 dólares), más de lo que podía pagar.
Para cuando logró reunir el dinero, Valeria estaba desesperada y ya cursaba un embarazo de 20 semanas. “No sabía si era médico, no quería preguntar nada, solo quería que terminara esa pesadilla”, agregó.
Para Valeria, poner en riesgo su vida con un aborto clandestino fue la única opción. Los abortos solo son legales en Perú si una junta médica determina que la salud o la vida de la persona embarazada peligra, y son ilegales en cualquier otra circunstancia, incluso si el embarazo es producto de una violación y sin importar la edad de la víctima.
Las penas por aborto van de 3 meses a 5 años de cárcel, y la persecución policial y judicial a las mujeres que abortan es un hecho documentado. Lo más frecuente es que las mujeres reciban una sentencia suspendida y deban pagar una multa y presentarse periódicamente en el juzgado durante uno o dos años.
Pese a la prohibición, un estudio de 2005 estimó que 370.000 personas abortan cada año en este país, y una de cada cinco mujeres entre 18 y 49 años ha abortado al menos una vez, según una encuesta realizada en 2018 por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
El aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna en Perú; entre 50 y 70 mujeres mueren de complicaciones posaborto cada año.
El último intento de despenalizar el aborto para víctimas de violación se registró en 2014 con un proyecto de ley que fue archivado en 2015 por falta de apoyo. En noviembre, el Congreso aprobó una ley que otorga al producto de un embarazo desde la concepción derechos de persona, incluyendo el derecho a la identidad.
Perú vive una grave crisis política que se prolonga desde que el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso en diciembre del año pasado y terminó destituido por éste y encarcelado; y en el Congreso son mayoría los legisladores ultraconservadores.
“En contexto de crisis democrática, frente a posturas conservadoras, terminamos siendo las mujeres las más perjudicadas, junto a la población LGTBIQ+; las políticas de derecho sexual y reproductivo terminan no aplicadas”, dijo a openDemocracy Elga Prado, coordinadora de sexualidad y autonomía física de la organización feminista Movimiento Manuela Ramos.
Diana Cariboni
Prado agregó: “El aborto se traduce en discriminación. Las mujeres que tienen recursos pueden acceder a lugares en los que su vida no está en riesgo, pero las mujeres, niñas y adolescentes que no tienen dinero se ven obligadas a poner en riesgo su vida en espacios clandestinos”.
Prado relató el caso de una mujer de 34 años, madre soltera de dos hijos, que fue violada por el capataz de una chacra donde trabajaba. “Ella acudió a un lugar clandestino, tuvo una complicación muy severa y no avisó a nadie hasta estar en un estado de gravedad; estaba haciendo necrosis de los miembros inferiores, que le fueron amputados”.
Desinformación
Desde 2005 Perú fue observado cuatro veces por órganos de la Organización de las Naciones Unidas debido a la vulneración de los derechos humanos de niñas y adolescentes violadas y obligadas a parir. En este país, cada día quedan embarazadas 11 niñas de 10 a 14 años.
Que la salud y la vida de las menores estén en riesgo por una violación seguida de embarazo significa que sus abortos podrían considerarse legales, pero esto no sucede en la práctica, porque más de 70% de los centros de salud desconocen el protocolo de atención de abortos terapéuticos, según un informe de 2021 de la Defensoría del Pueblo.
Prado contó el caso de una niña de 14 años, Marta*, que quedó embarazada por una violación de su padrastro y solicitó un aborto terapéutico sobre la base de que continuar la gestación ponía en peligro su salud mental y su vida. Pero tres juntas médicas le negaron la interrupción del embarazo.
Cuando asistió con su madre a pedir ayuda al Centro Emergencia Mujer, que suministra información a víctimas de violencia de género, el personal “lo que le dice a la madre y a la niña es que no accedan al aborto terapéutico, porque si no van a perder toda la posibilidad de tener pruebas para la denuncia contra el agresor y acceder a justicia”, dijo Prado.
Con apoyo del Movimiento Manuela Ramos, la adolescente logró finalmente que una cuarta junta médica autorizara el aborto gracias a un diagnóstico psiquiátrico que constató el riesgo que corrían su salud y su vida.
Para Prado, se trata de un hecho reiterado, especialmente en zonas rurales en las que el Movimiento Manuela Ramos ha constatado que la respuesta de los organismos del estado a mujeres y niñas es “si aborta va presa” en cualquier circunstancia.
“Las entidades competentes están dirigidas por gente con este perfil que, en lugar de garantizar derechos, los están bloqueando”, agregó Prado. Cuando una paciente llega a un hospital peruano con un aborto incompleto “el proveedor de salud no se convierte en el que salvaguarda la vida, sino en el que somete a un juicio y busca a la policía para intentar que la mujer hable”, dijo.
Una encuesta realizada este año por la consultora Ipsos mostró que 69% de la población está de acuerdo con despenalizar el aborto en casos de violación, mientras 41% es favorable a que sea legal en “todos” o en “la mayoría de los casos” (un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la misma encuesta de 2022).
Resistencia y apoyo desde los márgenes
La activista feminista ‘Antihoraria’ decidió convertirse en acompañante de personas que buscan un aborto en el grupo de apoyo La Biblioteca, tras afrontar ella misma en 2014 una situación similar a la de Valeria.
“La persecución y el estigma no evitan que las mujeres tomen la decisión de abortar, solo la acorralan y la obligan a exponerse”, dijo Antihoraria a openDemocracy. “Ninguna mujer quiere pasar por un aborto como práctica, porque es un proceso doloroso, pero es eso o una maternidad forzada, y debemos tener la posibilidad de elegir”.
Las integrantes de La Biblioteca difunden su trabajo mediante carteles anónimos en las calles y papeletas informativas; también trabajan en enlace con otras organizaciones feministas. Para el contacto, disponen de la aplicación Signal.
Una vez reciben el mensaje de alguna mujer que requiere acompañamiento, le piden una ecografía para constatar la edad gestacional y descartar un embarazo ectópico y, si todo está bien, coordinan la distribución de las pastillas y entregan un instructivo para su ingesta segura.
Lo más complejo, según Antihoraria, es acompañar a adolescentes de zonas rurales y de bajos recursos, con viviendas sin baños ni habitaciones con privacidad, que requieren un aborto y no desean informar a su familia. Entonces, las activistas planifican talleres o alguna actividad que permita a las jóvenes ausentarse de casa por una noche con una causa justificada.
Este acompañamiento de La Biblioteca y grupos similares conlleva riesgos. Asistir al aborto es un delito penable con hasta cuatro años de prisión, si bien no hay registro de acompañantes perseguidas penalmente. Con todo, las acompañantes toman la precaución de no entregar personalmente las píldoras y de nunca enviarlas a parejas, familiares o terceras personas.
Más común es la persecución que ejercen activistas antiaborto. Las acompañantes del grupo Serena Morena, que operan de manera similar, relataron situaciones de acoso, sobre todo digital, como llamarlas “asesinas” o “que comerciamos fetos”, dijeron integrantes de la organización a openDemocracy. Otra añadió: “Nos amenazan con encontrarnos y enviarnos a la cárcel”.
“Una vez sentí mucho miedo, porque una de las chicas llegó en compañía de un hombre y empezó a preguntar quién nos financiaba, a qué nos dedicábamos”, contó Antihoraria. “Como pude, escapé en una moto y no le di las pastillas; ella nunca más nos volvió a contactar".
A pesar de los riesgos, ninguna está dispuesta a desistir de ayudar a otras y de reclamar la despenalización del aborto. Ese cambio, dijo Antihoraria, “no implicará que las mujeres aborten más, solo salvará vidas”.
*Los nombres fueron cambiados
