Líderes ambientales que cuidan el agua en provincias sureñas de Perú viven acorralados por el miedo y el hostigamiento en un ambiente polarizado por la explotación de las empresas mineras Antapaccay, del grupo anglosuizo Glencore, y Anabi, propiedad del grupo peruano Aruntani. Testimonios, videos, fotografías y documentos revelan el daño ambiental de ríos y bofedales (humedales propios de las zonas altas de los Andes) de las comunidades donde viven.
Cuando Melchora Surco Rimachi era niña, no había miedo en el aire. Las ovejas de sus padres pastaban en los campos fuera de su casa e iban a beber en el riachuelo cercano, libre y cristalino. Ahora, a sus 68 años, Melchora mira el agua de ese riachuelo como si fuera un animal agonizante.
"Es lo que nos ha dicho OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que ya no sirve. Ya no hay vida. Está muerto. Por eso tomamos agua de un manantial, de un botadero, esta agua de acá ya no la tomamos, hasta los animales ya no quieren", contó Melchora.
Ella vive a 200 metros de la relavera Ccamacmayo, en Alto Huancané, una de las 16 comunidades de la provincia Espinar, Cusco, ubicadas alrededor de este y otros dos depósitos de relaves, Huinipampa y Tintay, y de la mina a tajo abierto Antapaccay, propiedad de Glencore.
Los relaves son los desechos de la minería y suelen tener agentes contaminantes como arsénico, cianuro, cobre, cinc, cromo y plomo. Las empresas están obligadas a procesarlos para que no afecten los suelos, los ríos y las lagunas de los alrededores. Sin embargo, en estas tierras la contaminación existe en zonas aledañas y la minería es vista como un mal para unos y un bien para otros.
“Mis nietos tienen metales pesados y tienen 7 añitos, 8 añitos”, narró Melchora. El ambiente de su cocina, en el que cuatro baldes blancos almacenan el agua junto a una mesa en la que se sirve café caliente, pan y queso, está impregnado de su voz, rabia y tristeza.
“He luchado por la provincia Espinar. Son tantas comunidades… Yo no quisiera que se mueran así con metales pesados mis compañeros”, reflexionó Melchora Surco, delgada, de menos de 1,5 metros de estatura, y con la piel curtida por el frío y el sol. Ella denuncia el daño ambiental de la actividad minera en Espinar como si se tratara de una lucha de David contra Goliat.
Algo similar ocurre en la provincia de Chumbivilcas, también en Cusco, y en Cotabambas, en Apurímac. Por lo menos 13 defensores ambientales enfrentan ataques, riesgos y denuncias por proteger lo que estos pueblos necesitan: agua de calidad para vivir.
Entre 2001 y noviembre de 2023, según pudo identificar Convoca.pe, 89 defensores ambientales fueron asesinados, perseguidos o amenazados por proteger el medio ambiente en sus comunidades a lo largo de Perú.
Un equipo de Convoca.pe viajó a Espinar y Chumbivilcas, donde escuchó las historias de esos líderes, observó los riesgos que enfrentan sus comunidades y contrastó sus reclamos con lo que dicen los documentos, los expedientes de los procesos para sancionar a las compañías mineras, las normas, las sentencias judiciales y otras evidencias.
En estas provincias las empresas Anabi y Antapaccay han sido sancionadas en los últimos años por cerca de medio centenar de infracciones ambientales, incluyendo varias por la contaminación de fuentes de agua.
La filial de Glencore, Antapaccay, inició operaciones en noviembre de 2012, y en estos días prepara el terreno para su expansión con el proyecto Coroccohuayco. En Espinar, la minera fue sancionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por infringir la norma del uso del agua en cuatro oportunidades, incluyendo arrojar aguas residuales a la quebrada Hunimayo. En 2020 recibió tres multas por unos 43.000 dólares, y en 2021 fue amonestada.
Anabi, de capitales peruanos y fundada en 2000 por el ingeniero y conocido empresario minero Guido del Castillo Echegaray, ya fallecido, tiene un historial de graves infracciones ambientales por sus operaciones en Cotabambas y Chumbivilcas.
Fue sancionada por el OEFA en 2019 con la paralización de sus actividades en la unidad minera Utunsa, en Cotabambas, debido a que desplazó mineral con cianuro hacia áreas de suelo abierto, lo que puso en riesgo las aguas subterráneas en la zona de la que depende la formación de bofedales.
Los ojos de Espinar
La mañana del 14 de diciembre de 2023, la ciudad de Espinar, capital de la provincia del mismo nombre, amaneció sin lluvia en una época en la que, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, llueve a raudales. A las 8 de la mañana, cruzaron la calle mujeres con un chaleco celeste, sombrero y falda. Eran las lideresas de la comunidad, que se dirigían a la sede de un club local, a pocos metros de la Plaza Mayor de Espinar, para presentar los resultados del monitoreo de las aguas de la subcuenca del Río Cañipía.
El monitoreo estuvo a cargo de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), a la que pertenecen estas mujeres, y tuvo el apoyo de la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) del Cusco.
Susana Ccahua, monitora ambiental de la Asociación, explicó los métodos que emplearon y advirtió: "Nuestros hijos están contaminados. Si hacemos acá en cada centro educativo un dosaje, a ver cómo nos va (...). Vamos a tener derecho como comuneros para reclamar".
El miedo, los metales pesados, el agua y la tierra se mezclan en este reclamo colectivo.
La historia de la minería en Espinar se remonta a los años 80 con la relavera Ccamacmayo, un depósito de desechos adyacente a la mina de cobre Tintaya, por entonces de la empresa estatal Ematinsa S.A. Tintaya fue privatizada en 1994, durante la administración de Alberto Fujimori, y pasó a manos de Magma Tintaya S.A., subsidiaria de Magma Copper Co.
En 2006, el yacimiento fue adquirido por Xstrata Tintaya S.A. que, en 2013, pasó a ser parte del grupo Glencore. En 2012, Tintaya cerró tras 27 años de explotación, y comenzó a operar Antapaccay como una extensión de la mina cerrada, utilizando el antiguo tajo como relavera para el mineral extraído.
“Sabemos de toda la vida que OEFA nos miente, por eso, una conciencia ambiental [es necesaria]”, dijo Susana Ccahua ante un auditorio de 30 personas, revelando la desconfianza que existe en Espinar hacia el Estado.
De hecho, fue un informe de la ANA el que concluyó en 2015 que “los ríos Cañipía y Salado de la provincia de Espinar presentan alteraciones principalmente por aguas residuales domésticas sin tratamiento originadas por los propios habitantes y de metales naturales”. Esta conclusión indignó a los pobladores pues ignoraba la actividad minera, predominante en la zona, como potencial fuente de contaminación.
Para equilibrar la balanza de las evidencias, desde 2013 la AVMAE realiza cada seis meses análisis físico-químicos – temperatura, acidez o alcalinidad (PH), oxígeno disuelto, turbidez y otros aspectos – en la subcuenca del río Cañipía desde 2013, para evaluar la aptitud del agua para consumo humano y otros usos.
La asociación también realiza un monitoreo biológico, que implica la búsqueda de macroinvertebrados (insectos) que indican el grado de contaminación del agua. Los resultados se comparan con los estándares ambientales del Ministerio del Ambiente. Los vigilantes ciudadanos utilizan un kit con pipetas y reactivos para realizar pruebas de campo, guiándose por un cuadernillo con niveles óptimos representados como semáforo: rojo para incumplimientos, amarillo para proximidad y verde para valores aceptables.
Esta supervisión ciudadana se realiza en 8 puntos, divididos en la parte alta, media y baja de la subcuenca del Cañipía. El 14 de diciembre último, se presentaron los resultados de 4 monitoreos realizados en épocas de lluvia y de estiaje durante 2022 y 2023. En esos años, tres puntos tuvieron niveles de PH por encima de lo normal, según los estándares de calidad del Ministerio del Ambiente, por lo tanto esa agua no es apta para el consumo humano.
Los monitoreos ciudadanos realizados entre 2013 y 2021 revelaron que en 4 puntos y, en diversas ocasiones, se incumplieron los estándares de calidad del agua establecidos por el Ministerio del Ambiente, lo cual puede generar “irritación en las mucosas, irritación en órganos internos y hasta procesos de ulceración”, según estudios científicos. Cerca de estos puntos están las operaciones del proyecto minero Quechua, la mina Antapaccay, la presa de relaves mineros de Huinipampa y la zona de desembocadura de las aguas residuales de Espinar.
La Dirección Regional de Salud del departamento de Cusco reconoció en dos resoluciones de 2013 y 2015 una contaminación ambiental "comprobada (con evidencia)" en 13 comunidades, que está vinculada a las operaciones de la Compañía Minera Quechua y Minera Xstrata Tintaya. Esta última ya era de propiedad de Glencore cuando se publicaron estas resoluciones.
Tras la lucha iniciada en 2012 por los pobladores para identificar a los responsables de la contaminación en Espinar, el OEFA terminó por asociar las actividades de la minera Antapaccay/Glencore con el impacto ambiental en Espinar, a través de siete estudios de evaluación, como informó Convoca.pe el 7 de diciembre de 2023.
Estos hallazgos de OEFA llevaron a la institución supervisora a exigir sólo medidas correctivas, sin sancionar con multas a la empresa, según la respuesta enviada a Convoca.pe mediante una carta.
“Los resultados detectados en una zona reducida y focalizada del área de influencia de la actividad minera significaron dictar – a la fecha – 12 medidas administrativas que comprenden mandatos de carácter particular y medidas preventivas orientadas a la protección de los componentes aire y suelo”, dice la carta
Mientras en Lima OEFA se pierde en la revisión prolongada de expedientes, en las tierras de Espinar los defensores ambientales enfrentan cada día amenazas y presiones por continuar exigiendo la protección de sus ríos.
"Hay mucha persecución… Luchamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vienen… Sabemos que tenemos metales pesados en el agua, aire, tierra, en nuestros ganados, y cada día no sé qué estamos preparando las mujeres en la casa. ¿Estamos preparando alimento o estamos dando veneno a nuestros hijos?", se preguntó Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana.
Convoca.pe intentó en varias ocasiones obtener la versión de la filial de Glencore en Perú, Antapaccay, sobre estos hechos, incluso mediante el envío de preguntas específicas, pero no obtuvo respuesta.
Defensores acusados por Anabi
La provincia de Chumbivilcas está a cuatro horas de Espinar en ómnibus. Para llegar se debe atravesar un camino sinuoso y estrecho, acorralado por abismos. Esta tierra también sabe resistir. Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, autoridades y dirigentes protestaron contra la minera Anabi por la contaminación de los ríos Molino y Santo Tomás. Por entonces, el gobierno de Ollanta Humala instaló una mesa de diálogo para mediar entre la empresa y la población.
Como resultado, se acordó realizar monitoreos ambientales en la zona. Al no cumplirse este compromiso, las protestas se reiniciaron, y el 5 de febrero de 2012 la empresa denunció que las instalaciones del campamento minero, ubicado a pocos kilómetros de la mina Huisamarca-Proyecto Anabi, fueron quemadas. La acusación de la fiscalía recayó sobre 10 dirigentes a los que imputó, entre otros delitos, de secuestro, robo agravado, daño agravado y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, por los que pidió penas de 30 años de prisión.
Pero dos sentencias absolutorias, en marzo de 2020 y febrero de 2021, establecieron que los dirigentes no estuvieron involucrados en estos hechos, pues la fiscalía no reunió evidencia contundente – fotos, videos u otras pruebas – de su presencia en las instalaciones de Anabi que fueron quemadas. La compañía interpuso un recurso de casación que llevó el proceso, ya de más de 11 años, hasta la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima, donde aún se espera una decisión.
En esta historia también existe un caso relevante de ‘puerta giratoria’, una práctica que no está totalmente regulada en Perú. Un funcionario del Ministerio de Energía y Minas durante el conflicto social, el ingeniero Guillermo Shinno, director general de Minería entre el 16 de agosto de 2011 y el 3 de febrero de 2012, fue promovido a viceministro de Minas dos días después, el 5 de febrero, justo cuando Anabi denunció la quema del campamento minero.
Cuatro días más tarde, Shinno participó en representación del gobierno en el reinicio del diálogo entre Anabi, los dirigentes sociales y las autoridades de Chumbivilcas. Shinno siguió siendo parte de la trama pero, desde el otro lado del escritorio, porque en noviembre de 2019 fue nombrado gerente general de Anabi.
Shinno conoce desde adentro cómo funciona la supervisión ambiental, ya que también fue gerente de fiscalización minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Reiterados intentos de Convoca.pe de entrevistar al gerente general siguen sin respuesta, incluida una visita a la sede de Anabi, en la que la asistente de Shinno sugirió enviar las preguntas por correo electrónico.
Victoria Quispesivana, que en 2012 era secretaria general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas-Santo Tomás y la única dirigente mujer denunciada por la minera Anabi, dijo a Convoca.pe que el 5 de febrero de 2012, ella y otros dirigentes estaban esperando a la comisión de alto nivel en Llusco, lejos del campamento minero de Anabi que fue quemado.
"La policía estaba cada minuto a mi puerta. Traía notificaciones, o sea, nos han tenido realmente en perseguimiento. Total, nos han tenido en maltrato psicológico a toda la familia", dijo Victoria, madre de cinco hijos: cuatro mujeres y un varón. "Yo recién estoy recuperando mi salud, la parte mental. Y las cuatro señoritas que tengo, sus estudios superiores perdieron; mi madre murió durante todo este tiempo que me perseguían. Ahora recién me estoy recuperando", relató.
El abogado Helio Cruz, de la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras que acompañó el caso, dijo a Convoca.pe: “Lo que encontramos no es que estas personas estuvieran donde ocurrieron los hechos, estas personas estaban en la mesa de diálogo”. Los nombres y documentos de identidad de los 10 acusados fueron tomados de las actas firmadas en esas mesas de diálogo que se realizaron durante el conflicto, aseguró.
La fiscalía, por otra parte, no logró encontrar a los verdaderos culpables del incendio denunciado por la minera Anabi, según el abogado. “Los hechos no están debidamente individualizados, no se ha trabajado sobre la base de quiénes son los autores responsables”, dijo Cruz.
El docente Edgardo Aguirre Pacheco, otro de los 10 dirigentes denunciados por Anabi, también negó haber estado en el campamento cuando se produjo el incendio.
“Hemos estado siendo hostigados de manera permanente por la empresa minera, mediante las denuncias que ellos habían hecho a la fiscalía. Ellos sí podían utilizar a la fiscalía, a la policía, pueden utilizar inclusive al mismo juez. Tenían un apoyo absoluto los inversionistas. Entonces resulta que nosotros en esos nueve años hemos acudido cantidad de veces desde Chumbivilcas hasta Cusco, viajando hacia Sicuani, inclusive en una oportunidad viajamos hasta la ciudad de Lima para podernos defender y buscar algunas estrategias de defensa”, dijo Aguirre a Convoca.pe.
A Aguirre, además, se le hizo difícil conseguir empleo por haber sido denunciado por Anabi. Nadie quiere contratar a un investigado por la justicia, remarcó.
La empresa, por su parte, siguió operando la mina Huisamarca-Proyecto Anabi en las alturas de Quiñota y Llusco, cerca de algunos manantiales, en la misma zona donde estalló el conflicto entre diciembre de 2011 y febrero de 2012. Las instalaciones de la empresa se levantan en localidades lejanas que, al parecer, no importan mucho al Estado.
Faltan estudios para saber si las actividades de Anabi se relacionan con la contaminación de ríos y quebradas en las alturas de Chumbivilcas, tal como reclamaron sus ciudadanos en 2012. Lo único que hay es un documento técnico de la Dirección Regional de Salud del Cusco, que señala a Anabi y a la minería artesanal como fuentes de contaminación con “probablemente arsénico”, en los distritos de Chamaca, Livitaca y Quiñota.
Convoca.pe también quiso saber si la empresa minera empleó en algún momento componentes como arsénico u otros relacionados, pero hasta el cierre de este informe no recibimos respuesta.
“Algunos [líderes] tuvieron problemas familiares; para otros, la estigmatización ha sido tan fuerte que ya evitaron asumir alguna responsabilidad de representación social”, dijo el abogado Cruz. “Otros vieron truncadas sus posibilidades de trabajo porque no podían salir de Chumbivilcas, tenían que estar ahí, tenían que estar pendientes de lo que restaba del proceso judicial”.
Victoria Quispesivana se siente en una cárcel. “Yo no puedo viajar libremente, siempre, en cualquier momento, me piden mi DNI (Documento Nacional de Identidad) y siempre me hacen quedar en la comisaría, ‘estamos investigando’ [dicen], me hacen quedar un día, una noche, así estoy, no estoy libre”.
Bofedales de Cotabambas desaparecen
La explotacion minera de Anabi afecta también las fuentes de agua en Cotabambas, provincia vecina a Chumbivilcas en el departamento de Apurímac. Allí, comenzó a operar en 2018 la mina de oro a tajo abierto Utunsa, con capacidad para procesar entre 15.000 y 20.000 toneladas diarias de oro.
Allí se aplica la lixiviación con cianuro de sodio en grandes piscinas para extraer el oro de los fragmentos de piedra. Esto genera una solución cianurada tóxica que, al filtrarse desde el pad de lixiviación – un área previamente preparada para recibir el mineral – debe contenerse en una piscina revestida con geomembrana para evitarque se filtre al suelo.
Pero en noviembre de 2019, primer año de operaciones, las fases 3 y 4 del área del pad de lixiviación registraron graves problemas, y el líquido con cianuro se desplazó hacia zonas de suelo sin impermeabilizar en otro sector.
El OEFA detectó esta situación y ordenó la inmediata paralización de las actividades de descarga del mineral, por un “inminente peligro y alto riesgo de daño a la calidad del suelo, posible afectación a la calidad del agua, al ecosistema bofedal y calidad del agua de la quebrada Huayllani”, ubicada cerca a esa infraestructura minera. También multó a Anabi por unos 17.414 dólares.
La resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, última instancia de la entidad reguladora, describe "afloramientos de la solución cianurada que se infiltra en el suelo hasta alcanzar aguas subterráneas que alimentan al bofedal".
En el área donde opera la mina desaparecieron entre siete y ocho manantiales, según Flavio Sivincha, habitante y dirigente del Frente de Defensa de la comunidad campesina de Huanca, en el distrito de Haquira y cerca de la mina Utunsa.
El pad de lixiviación de Anabi no tenía “ningún tipo de autorización” y fue ubicado sobre un bofedal, ecosistema de humedal esencial para distintas especies de flora y fauna, según la resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de noviembre de 2020.
La poza que recibe los excesos de líquidos cianurados en época de lluvias fue instalada en un lugar diferente al que se había comprometido la compañía en el estudio de impacto ambiental, aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) en 2017.
Este cambio encendió las alarmas de la ANA, que identificó la desaparición de dos bofedales y el impacto en 42 especies de flora, incluyendo dos especies silvestres vulnerables.
Como resultado, la ANA sancionó a Anabi con una multa de 5,47 millones de dólares por dañar cuerpos de agua al construir el pad y la poza sobre dos bofedales.
El Ministerio de Energía y Minas, que había otorgado la concesión para explotar la mina Utunsa, determinó en 2021 que Anabi no había cumplido con gestionar una certificación ambiental para regularizar la nueva ubicación de esa infraestructura, y reclamó a la justicia la nulidad de la concesión minera. Cuatro meses atrás, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró nula la concesión.
“Se ha logrado la paralización de la concesión por incumplimientos de los estándares ambientales por un caso promovido por la población", destacó el abogado de la comunidad de Huanca, Reinaldo Elguera.
Aunque Anabi apeló la decisión, Elguera confía en la solidez de los argumentos del ministerio, porque el daño ambiental todavía continúa.
El 24 de agosto de 2020, el comunero Celestino Huamaní Huaraca y su familia detectaron que una de las pozas de contingencia de la mina Utunsa filtraba un líquido sobre un canal rústico que la conecta con la quebrada Huayllani. Los Huamaní dieron aviso a la ANA, que confirmó el daño ambiental.
En la resolución 0922-2021, la ANA describió un líquido de color verde oscuro y señaló que la empresa no tenía ninguna autorización para arrojar esas aguas a la quebrada, por lo cual volvió a multarla, esta vez por algo más de un millón de dólares.
Acusados de derribar un cerro
La minera Anabi también ha sido señalada como responsable del derrumbe de Torre Qaqqa, una formación rocosa que fue hogar de flora y fauna silvestre, ubicada en Huanca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El 10 de febrero de 2020, Anabi realizó voladuras en un área fuera del tajo 1 de la mina Utunsa, sin aplicar un sistema controlado. Según la fiscalía, estas voladuras afectaron el patrimonio forestal, debido al impacto directo de las rocas en la quebrada Yahuarmayo, y destruyeron un bofedal.
“Cuando nosotros vivíamos en Torre Qaqqa, teníamos las vicuñas y los cóndores, teníamos pastizal para la ganadería de nuestra familia. Teníamos cabañas y corrales cercanos. Ahora todo el cerro está destruído”, lamentó Arturo Sivincha, de 31 años, uno de los comuneros afectados de Huanca.
En diciembre de 2022, el fiscal ambiental de Apurímac, Edwin Quispe Molina, acusó a Anabi y a algunos de sus empleados del delito de contaminación del ambiente y solicitó una pena privativa de libertad de cuatro años y una reparación de 10.386 dólares.
"Las voladuras han provocado la caída de inmensas piedras que han cambiado completamente el paisaje natural de esta zona, asimismo han causado daño grave al componente ambiental suelo, por la destrucción del bofedal", señala la acusación fiscal.
Las rocas caídas por las voladuras de Anabi en un área no autorizada causaron que 3,35 hectáreas del cauce superficial del río Yawarmayo quedaran completamente enterradas, añadió el documento.
Los análisis realizados por la fiscalía determinaron que los parámetros químicos para sólidos suspendidos como aluminio, hierro y plomo superan los máximos legales, dañando el agua de humedales y bofedales y el suelo utilizado para el pastoreo.
El daño a la Torre Qaqqa se pudo evitar. Dos meses antes del derrumbe, las comunidades aledañas y la propia Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho alertaron sobre la situación. En noviembre de 2019, la fiscalía había exhortado a la empresa a tomar todas las previsiones para evitar que las explosiones causaran destrucción ambiental.
Más de un año después de la acusación fiscal, la justicia no ha puesto a trámite el pedido de juicio contra la empresa, según el fiscal Quispe Molina, quien ahora trabaja en una fiscalía especializada en derechos humanos en Apurímac.
Ante la demora, el abogado de la comunidad, Elguera, dijo a Convoca.pe que presentará una queja al órgano de control interno del Poder Judicial y de la fiscalía.
Arturo Sivincha, comunero y dirigente, espera que Anabi pueda remediar el daño causado a la comunidad, aunque el hábitat de las vicuñas y cóndores no volverá a ser el mismo. “Ahora no se puede vivir ahí”, dijo con tristeza.
*Esta es una versión editada del reportaje elaborado por Convoca.pe en alianza con el Centro Bartolomé de las Casas y el apoyo de la Unión Europea. Para el análisis de las infracciones ambientales de las compañías Antapaccay y Anabi se usaron las bases de datos de la plataforma Convoca Deep Data
