Un año después de la violenta respuesta a las manifestaciones que siguieron a la destitución del presidente peruano Pedro Castillo, vuelven a producirse protestas. Y, una vez más, las autoridades amenazan con repetir la represión que causó 49 muertos en enero y febrero.
La búsqueda de verdad y justicia es una de las principales reivindicaciones de las protestas, que comenzaron ayer y continuarán durante el fin de semana en Lima y en todo el país. Pero los manifestantes también quieren la renuncia de la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, y nuevas elecciones.
Las manifestaciones del pasado diciembre se extendieron sobre todo por las regiones andinas del sur, y estallaron contra la destitución de Castillo, que había intentado brevemente disolver de manera ilegal el Congreso y fue a su vez destituido por éste, y luego detenido y reemplazado por Boluarte, su vicepresidenta.
Pero las reivindicaciones se amplaron rápidamente a la clausura del Congreso, nuevas elecciones y una asamblea constituyente.
Familiares de las 49 víctimas arremetieron contra el sistema de justicia cuando comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de noviembre. La audiencia fue convocada por la CIDH para examinar los avances en la aplicación de las recomendaciones de su informe de mayo de 2023, que incluyó evidencias de graves violaciones de derechos humanos, como el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército y la policía y ejecuciones extrajudiciales. La presidenta Boluarte rechazó las conclusiones del informe y las calificó de "mentiras".
Uno de esos incidentes ocurrió en Juliaca, ciudad del sureño departamento de Puno, el 9 de enero. Agentes de policía dispararon contra una manifestación mayoritariamente pacífica, matando a 18 personas, entre ellas Marco Antonio Samillán, estudiante de medicina de 30 años que estaba atendiendo a un herido. También murió un agente de policía.
El abogado Wilmer Quiroz, que representa a las víctimas, dijo a openDemocracy que los esfuerzos de los activistas y la defensoría del pueblo consiguieron que se instalara una fiscalía de derechos humanos en la ciudad en marzo. La investigación se amplió entonces a 27 tomos gracias a las pruebas y testimonios recogidos “no solamente de las víctimas sino de los efectivos policiales que han participado en este hecho".
Pero Quiroz cree que el Estado está dilatando el proceso para evitar tomar medidas contra la policía. El caso fue devuelto por la fiscalía de la nación a Lima, lo que dificulta la asistencia a las audiencias o la presentación de expedientes, “porque tampoco los abogados podemos viajar cada vez a la capital”, dijo. Luego se cambió al fiscal que encabezaba la investigación.
“Lo que vemos hasta ahora son dilaciones y dilaciones, el objeto simplemente es dilatar el caso en contra de la policía”, agregó.
Una democracia descalabrada
Las protestas que estallaron hace un año llevaron a declarar el estado de emergencia en Lima.
"Lo que ha pasado en la capital, esa forma de represión y uso de la fuerza ha sido una constante desde hace casi 20 años en el sur. En la medida en que el extractivismo ha ido aumentando su producción en el Perú, la escalada de conflictos también ha ido subiendo", dijo a openDemocracy Jaime Borda, presidente de la organización de derechos humanos Red Muqui.
El estado de emergencia y los despliegues militares durante periodos prolongados – Puno estuvo bajo estado de emergencia desde diciembre de 2022 hasta principios de agosto – forman parte desde hace tiempo de las experiencias vividas por los habitantes de las zonas mineras.
La violencia policial extrema, la plantación de pruebas, los allanamientos de morada, las detenciones arbitrarias, las palizas y la tortura también han sido denunciados por grupos de derechos humanos y ambientales como Red Muqui Observatorio de Conflictos Mineros, CooperAcción y DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente).
Perú se encuentra sumido en una grave crisis política, con un progresivo dominio del Congreso sobre parte del poder judicial, el tribunal constitucional, la fiscalía, la defensoría del pueblo y otros órganos con responsabilidades de control, que quebró el equilibrio y la independencia de poderes. La fiscal general Patricia Benavides está bajo investigación, y el expresidente y dictador Alberto Fujimori fue excarcelado por el tribunal constitucional, en contra de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de ejecuciones extrajudiciales cometidas en la década de 1990.
Una encuesta realizada en noviembre por Ipsos muestra que 82% de la población desaprueba al Congreso, y 83% desaprueba a la presidenta. Y las marchas que se están desarrollando van acompañadas del lema "Que se vayan todos".
Rechazo arraigado a la minería
Pero el malestar social tiene razones previas al gobierno de Boluarte, sobre todo en el sur, donde las tierras de campesinos e indígenas se ven afectadas por las industrias mineras. Perú es el segundo productor mundial de cobre, y el 41% de la cartera de inversiones mineras está en el sur.
Las concesiones mineras abarcan casi el 26% del departamento de Puno, el 49% de Apurímac y el 26% de Ayacucho. Estas zonas, junto con Arequipa, Cusco y Puno, han sido el epicentro de las protestas que estallaron en diciembre de 2022 y, al mismo tiempo, concentran gran parte de los llamados "conflictos socioambientales" del país.
Es una secuencia interminable de protestas, paros, bloqueos de caminos y acciones legales, relacionada con la fuerte presencia de la exploración minera empresarial en el corredor sur andino, una carretera de 400 kilómetros que atraviesa tres regiones, donde decenas de comunidades indígenas se ven afectadas por reubicaciones, cambios en el uso del suelo y contaminación tanto por la extracción como por el transporte de minerales.
Estos conflictos socioambientales representan el 61,6% de todos los conflictos sociales y políticos del país, según el último informe de la defensoría del pueblo, publicado en octubre, y la gran mayoría de ellos (67,4%) están relacionados con la actividad minera.
Un ejemplo es la ampliación prevista por la empresa minera suiza Glencore de su unidad de extracción de cobre de Antapaccay, en la provincia de Espinar, que provocaría el desplazamiento de la comunidad de Pacopata, un territorio de 200 campesinos quechuas en el departamento andino de Cusco. El proyecto también desplazaría a otras dos comunidades indígenas y afectaría a 10 comunidades más de la zona.
"Sentimos que el Estado viene simplemente a aprovecharse de nosotros. Y el Estado es aliado de la minera. Y ya pues uno se tiene que quedar callado; ese es el problema", dijo a openDemocracy Luis Rolando Japa Huarecallo, presidente de la comunidad de Pacopata.
Los pobladores tuvieron que presentar un recurso de inconstitucionalidad para exigir al gobierno que realizara la consulta previa con los pueblos indígenas afectados, tal como exige el Convenio 169 de la OIT y establece la legislación peruana.
Pero ellos creen que el proceso de consulta quedó desacreditado. "Estamos dialogando, porque si no dialogamos el Estado nos hace una presión", declaró Japa Huarecallo a openDemocracy en julio. "Es una presión del Ministerio de Energía y Minas, que está más interesado en la explotación minera. [...] Si yo digo no, no quiero dialogar, ya, conflicto social.
Empiezan las amenazas, detención de los líderes, te dicen ‘usted es anti-minero, anti-progresista’, te acusan de cosas que no corresponden. Y al final la comunidad, con sus directivos, se cae hacia abajo”.
Elsa Merma, de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K'ana de Espinar, y otras mujeres del pueblo indígena K'ana siguen protagonizando protestas en la provincia.
"Nosotros, los pueblos originarios, no tendremos estudio, pero conocemos nuestro territorio y no lo vamos a entregar a las poderosas empresas extractivas que nos traen daños ambientales", dijo Merma a openDemocracy. "Es esta tierra la que nos da de comer".
Mientras hacía pastar su ganado, Esmeralda Larota, también integrante del grupo de Merma, dijo: “Nosotros exigimos nuestros derechos. Acá las leyes protegen a las empresas mineras extractivas que nos contaminan; se enferman nuestras familias, los hijos, los padres; se mueren nuestros ganados".
En una conferencia sobre minería celebrada en septiembre, las corporaciones se quejaron de que la crisis política y las protestas han provocado una caída de las inversiones, y autoridades y empresarios debatieron la posibilidad de relajar las normas y regulaciones ambientales, tachadas de "burocracia excesiva".
Las autoridades habían anunciado en marzo planes para agilizar los trámites para la exploración minera, después de que el ministro de economía y finanzas, Alex Contreras, asistiera a la Convención PDAC en Canadá, el encuentro minero más importante del mundo. En junio hubo manifestaciones contra varios proyectos de ley presentados en el Congreso para desregular el marco ambiental, también para las actividades mineras.
Luego, en octubre, una filial de la canadiense American Lithium, Macusani Yellowcake, presentó el estudio de impacto ambiental para la explotación de reservas de litio en Puno, donde los movimientos sociales abogan por una mayor protección del ambiente y por el desarrollo de una industria local del litio.
"Vamos a seguir participando en las movilizaciones a pesar de que hemos sido perseguidos, denunciados, difamados. Y las mujeres vamos a estar en la primera fila", dijo Elsa Merma, indígena de la provincia de Espinar. “No le vamos a dar legitimidad a esta presidenta mujer [Boluarte] que no tiene corazón, que ha hecho asesinar a nuestros hijos, a gente humilde, a los hijos de las comunidades".
