En la misma semana en que Luiz Inácio Lula da Silva aterrizaba en Dubai a la cabeza de la delegación más numerosa de la COP28, el presidente anunciaba la adhesión de Brasil a la OPEP+. El intento de Lula de posicionarse como líder global en la lucha contra el cambio climático, lo que implica abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, alinearse con los países exportadores de petróleo, pone de manifiesto los grandes obstáculos y contradicciones que presenta esta lucha por controlar las emisiones que están llevando al planeta a una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad, manteniendo a la vez la economía en crecimiento.
La enorme desigualdad que empobrece a las poblaciones de América Latina, cuya riqueza natural y ecosistemas únicos la convierten en un actor importante en la carrera por mitigar los efectos del calentamiento global, está intrínsecamente ligada al modelo colonial de explotación y exportación de sus recursos naturales. El extractivismo en la región, un proceso que comenzó en Brasil hace más de 500 años con el ciclo de la explotación de la madera del árbol Brasil iniciado en 1502, ha dejado como principal legado economías basadas en esta misma vocación, promoviendo una concentración de la riqueza que, en ausencia de un verdadero pacto fiscal, convierte a América Latina en la región más desigual del mundo.
Esta dicotomía ha configurado el panorama sociopolítico de la región, dando lugar a un poderoso movimiento de izquierdas caracterizado por gobiernos que han aprovechado el boom de las materias primas de principios de siglo para combatir la pobreza, mejorando la vida de millones de sus ciudadanos. Durante su primer gobierno (2003-2011), Lula, uno de los exponentes de esta Marea Rosa, sacó al menos a 20 millones de brasileños de la pobreza a través de programas sociales, que fueron posibles en parte gracias al crecimiento económico.
Pero el fin del ciclo de bonanza, golpeado por la gran recesión de 2008, puso de manifiesto que los gobiernos llamados de izquierdas no aprovecharon el momento para hacer reformas estructurales en la economía, y sobre todo en la fiscalidad, y lo fiaron todo a distribuir las rentas que dejaban al Estado los beneficios de la exportación de las commodities, en vez de redistribuir la riqueza.
Aun así, la lucha contra la pobreza – que afecta a una cuarta parte de la población latinoamericana – sigue siendo una prioridad para los gobiernos de izquierda de la región, y muchos activistas sociales y académicos defienden que el crecimiento económico basado en la explotación de los recursos naturales es necesario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. "La militancia ecológica no puede estar divorciada de la lucha social", argumentaba Eduardo Galeano en su ensayo de 2011, "Cuatro frases que hacen crecer la nariz de Pinocho".
El petróleo sigue siendo necesario, pero la transición es posible
La industria del petróleo y el gas representa el 13% del PIB de Brasil, un ingreso indispensable para los brasileños. Dado que las apuestas por un modelo alternativo que implica decrecimiento están aún muy alejadas de las realidades de las urgentes necesidades básicas de América Latina, y a falta de capacidad política para reformar el modelo de producción, el crecimiento del PIB sigue siendo fundamental para el sostenimiento del sistema.

Sin embargo, seguir apostando por los ingresos provenientes de los combustibles fósiles, como viene haciendo Lula, no sólo dejaría a Brasil atrapado en el mismo ciclo histórico de explotación que ha generado toda esta desigualdad y pobreza, sino que además renunciaría a una oportunidad única.
El mundo está a punto de embarcarse en una transición energética que depende de los abundantes recursos minerales de América Latina, responsable del 40% de la producción mundial de cobre y del 35% de la de litio, componentes fundamentales para las energías renovables. A pesar de su elevada producción, la región sigue albergando reservas poco explotadas de estos minerales, así como de grafito, níquel, manganeso y tierras raras.
Ante este escenario, América Latina será un actor importante en la transición energética, de una forma u otra. Una forma es la que ya conocemos. Los países abren sus puertas a las multinacionales y añaden estos minerales a su larga lista de productos de exportación, manteniendo así su condición de exportadores de materias primas y ayudando a acelerar aún más la degradación medioambiental que contribuye a la crisis climática. El renovado interés de Europa por restablecer lazos con América Latina no es ajeno a estos intereses, pero los estándares medioambientales que quiere imponer Europa y un proteccionismo asimétrico están retrasando la firma del tratado UE-Mercosur que crearía un mercado entre la UE y América Latina de más de 770 millones de personas, mayor que el del acuerdo UE-Japón, firmado en 2018 (630 millones).
La otra vía consistiría en invertir en tecnología y allanar el camino para una verdadera transformación energética, que traería consigo un crecimiento económico a largo plazo de mucho mayor alcance. Según el Banco Mundial, Brasil necesitaría invertir el 0,8% de su PIB anual hasta 2030 para llevar a cabo este plan. "Añadir más energía limpia no sería más caro para Brasil que los planes actuales de expansión de la generación con combustibles fósiles", argumenta el Banco Mundial en su informe de mayo de 2023 "Brasil: Informe sobre el clima y el desarrollo del país".
Preocupan las ambiciones petroleras de Lula
Lula entiende la necesidad y la oportunidad que tiene ante sí. "Esta producción de biocombustibles, esta transición energética que está viviendo el mundo, es una oportunidad 'sui generis' para el país", argumentó el presidente en septiembre. "Brasil se va a convertir en algo muy importante para el planeta Tierra", afirmó.

Sin embargo, las frágiles democracias latinoamericanas -guiadas por presidencialismos de culto a la personalidad- están muy cooptadas por la élite oligárquica y viven de elección en elección, lo que dificulta los proyectos a largo plazo. Una transición energética abarcaría varios gobiernos y los líderes gobiernan pensando en la reelección mientras que las élites económicas priorizan el beneficio a corto plazo. Los ingresos del petróleo están garantizados por una fuerte demanda mundial, lo que ayuda a mantener a flote la economía y, en consecuencia, la popularidad de Lula. Según datos del FMI, durante este primer año de mandato, el PIB de Brasil crecerá un 3,1%, 0,8 puntos por encima de la media del 2,3% prevista para toda América Latina.
Pero Lula también tiene mucho que ganar posicionando a Brasil como potencia en energías renovables. Y asumió el liderazgo del país en un momento favorable. Más del 80% de la electricidad del país procede de fuentes renovables, frente a una media mundial del 27%, según un informe del Banco Mundial. Brasil es también uno de los principales generadores de empleo en el sector de las energías renovables y uno de los líderes en la instalación de parques eólicos.
El reto de Lula es conciliar la necesidad de mantener los ingresos del petróleo para financiar sus políticas sociales con la explotación del potencial energético del país en este momento crucial de la lucha contra la crisis climática.
Pero sus planes de llevar a Brasil de octavo a cuarto productor de petróleo y su reciente entrada en el grupo de aliados de la OPEP apuntan a algo más que a mantener el sector. Si Lula sigue invirtiendo en la expansión del petróleo, sin duda pondrá en peligro sus ambiciones de convertir a Brasil en la "Arabia Saudí de la energía verde" en los próximos 10 años.
Desde que llegó al poder en Enero de este año Lula ha conseguido llevar la deforestación en la Amazonía a su nivel más bajo en cinco años, a pesar de que en su gobierno de coalición con fuerzas conservadoras se sientan representantes del sector del agronegocio, principal responsable de la deforestación. Debería empezar a pensar cómo hacer lo mismo con el sector de los combustibles fósiles si quiere presidir la COP30 en 2025 que tendrá lugar en Belén, en la desembocadura del Amazonas, con un mínimo de credibilidad.
