En España, desde al menos la década de 1990, la explotación de los trabajadores inmigrantes forma parte de las políticas de empleo. En ningún lugar queda esto más claro que en su emblemático programa de trabajadores temporeros GECCO (Gestión Colectiva de la Contratación en Origen).
Concebido como una forma de reponer la menguante mano de obra agrícola española en el cambio de milenio, el GECCO permite a los empresarios contratar temporalmente a trabajadores inmigrantes directamente en los países de origen. En 2022, se concedieron visados a 18.565 personas de cinco países distintos. El grupo más numeroso fue el de las mujeres marroquíes, que representaron más del 90% del total.
Entre las personas empleadas en el marco del plan, son habituales las denuncias de malos tratos y explotación en el lugar de trabajo. Aunque las experiencias varían, sus relatos revelan que el maltrato de las mujeres que emigran por trabajo es un problema sistémico dentro del GECCO que aún no se ha reconocido plenamente y, mucho menos, abordado.
La intención de España de ampliar el GECCO hace aún más urgente abordar y resolver sus problemas. En agosto, durante una visita a Gambia, Mauritania y Senegal, el presidente del gobierno español declaró su intención de aumentar las oportunidades de migración legal y temporal. Esto apunta a que GECCO podría expandirse pronto a África Occidental. No debería. En un momento en el que los trabajadores migrantes y sus defensores exigen reformas sistémicas en el programa GECCO para acabar con la explotación, España necesita urgentemente poner orden en su casa antes de permitir que más trabajadores caigan en esta trampa.
Todos ganan menos los inmigrantes
La transición de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea en la década de 1990 tuvo un fuerte impacto en la migración hacia y desde España. Siendo históricamente un país de origen de mano de obra inmigrante, España se convirtió en un importante país de destino. Entre 2000 y 2009, España fue el segundo país receptor de inmigrantes del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos.
A medida que las personas que emigraban a España iban regularizando su estatus y ascendían en la escala laboral, el gobierno adoptó medidas, tanto para frenar su asentamiento permanente como para hacer frente a la escasez de mano de obra en determinados sectores, sobre todo en la agricultura y los servicios. Intentaron ser más selectivos sobre a quién dejaban entrar o no, y poner límites más estrictos a la duración de su estancia.
El trato que el GECCO ofrecía a los inmigrantes era siempre insuficiente, en el mejor de los casos, y peligroso, en el peor
El programa GECCO es el producto de ese cambio de política. Creado en 1999, el GECCO vincula el permiso de residencia de una persona migrante a su contrato de trabajo y no permite al trabajador cambiar de empleador ni de sector. En la actualidad, los trabajadores temporales se dirigen en su inmensa mayoría a la provincia de Huelva. Empiezan a llegar en febrero y suelen marcharse hacia mayo. La mayoría de los que emigran para trabajar en las explotaciones frutícolas españolas bajo este régimen son mujeres, y muchas de ellas vuelven para realizar el mismo trabajo varios años seguidos.
Sobre el papel, el GECCO promete satisfacer las necesidades de todas las partes. España obtiene los trabajadores que necesita durante el tiempo requerido. Sin perder población, los países de origen reducen sus niveles de desempleo y aumentan sus ingresos vía remesas. Y los inmigrantes acceden a empleos mejor remunerados que los disponibles localmente a través de una vía segura, todo ello manteniendo los vínculos con su país de origen.
Pero en realidad, el trato ofrecido a los inmigrantes siempre ha sido insuficiente en el mejor de los casos, y peligroso en el peor.
Los pasos para la explotación a través del GECCO
Las condiciones de explotación están recogidas en la legislación que regula el GECCO. Comienzan con los primeros acuerdos para trabajar en España. Una vez que los trabajadores son seleccionados por el empresario español, no se les informa de cuándo se irán, ni de cuándo volverán. El empresario lo decide en función de sus necesidades de producción y no está obligado a consultarlo con el trabajador, ni siquiera a notificárselo.
Trabajar en un empleo temporal sin conocer ni controlar la fecha de finalización hace muy difícil que los inmigrantes puedan hacer valer sus derechos en el lugar de trabajo. Negarse a cumplir una orden puede significar el regreso inmediato a casa o no volver a ser seleccionado el año siguiente. Esta amenaza hace más probable que un trabajador opte por aguantarse si su empleador incumple el contrato, por ejemplo pidiendo tareas no estipuladas en la descripción del trabajo o exigiendo horas extraordinarias no remuneradas.
Los trabajadores nunca pueden establecerse permanentemente, ni siquiera los que llevan años trabajando en suelo español. No pueden cambiar de empleador para buscar mejores oportunidades en otro lugar, ni siquiera en el mismo sector, por lo que las empresas no tienen necesidad de competir en condiciones laborales o salarios para atraer a los trabajadores. Si el empresario es abusivo, los trabajadores se ven atrapados en la disyuntiva de tolerar el abuso o irse a casa antes de tiempo.
El patriarcado y la explotación están en el centro del programa de temporeros del GECCO
Las prácticas laborales en las empresas que contratan a través del GECCO también muestran que la explotación suele ser una norma. En muchos lugares de trabajo los procedimientos de denuncia son endebles y opacos; no hay una presencia sindical efectiva. Tampoco suele haber apoyo adecuado para los trabajadores que no hablan español. Todo esto dificulta que los trabajadores presenten denuncias ante instancias superiores de la cadena o que se desenvuelvan con confianza en su entorno.
Además, los explotaciones agrícolas se encuentran en zonas rurales, lejos de la vista de las instituciones públicas y las asociaciones independientes. Esto significa que los trabajadores apenas tienen contacto con las comunidades locales. Dependen de su empleador para acceder a comercios y otros servicios básicos.
Resulta inquietante que las mujeres que trabajan en los campos también hayan relatado incidentes de abusos sexuales y, en ocasiones, violaciones. Es probable que esto ocurra con más frecuencia de lo que nos consta. Los lugares aislados, las barreras lingüísticas y la influencia que ejercen los empleadores sobre los trabajadores hacen probable que muchos incidentes de abusos, tanto sexuales como de otro tipo, nunca lleguen a denunciarse.
La mano de obra mayoritariamente femenina que viaja cada año a trabajar a las explotaciones frutícolas españolas tiene poco control sobre sus opciones laborales. Dentro de España sufren aislamiento, bloqueo de vías de recurso y muchos tipos de abusos. Todo esto dibuja un panorama de patriarcado y explotación en el corazón del programa de trabajadores temporeros del GECCO.
Urgen cambios políticos
Al igual que otros programas de trabajadores temporeros en Japón, Australia, Suecia, Canadá o Israel, el GECCO está deliberadamente diseñado para proporcionar a los empresarios una herramienta que satisfaga perfectamente sus necesidades. Pero no tiene ningún contrapeso que permita a los inmigrantes ejercer sus derechos o participar en la toma de decisiones que les afectan.
Si se quieren evitar más abusos y explotación, el GECCO debe reformarse a fondo. Ese debería ser el listón mínimo para el éxito, pero los responsables políticos deberían apuntar mucho más alto. Deben incorporarse al GECCO políticas que permitan a los trabajadores inmigrantes prosperar en España con independencia de su sexo o de su lugar de procedencia.
Un aspecto crucial de estas reformas es la creación de un sistema de vigilancia del cumplimiento de las normas. Con la participación de los sindicatos y de los propios trabajadores migrantes, deberían crearse organismos públicos específicos para garantizar la seguridad y el respeto dentro del GECCO y otros programas de migración temporal. Deben abrirse canales adecuados para que los trabajadores puedan quejarse de problemas en el trabajo sin temor a consecuencias. Y los empresarios deben rendir cuentas por el maltrato a sus trabajadores.
Sólo entonces podrán los responsables políticos justificar que programas de migración temporal como el GECCO sean "beneficiosos para todos".
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Explore el resto de la serie
Esta serie analiza cómo los visados para trabajadores temporeros, que suelen atar a los trabajadores a sus empleadores, están poniendo a los trabajadores migrantes de todo el mundo en riesgo de explotación.
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