El pasado 16 de agosto, el gobierno de Nicaragua confiscó de forma arbitraria las propiedades y los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), además de criminalizarla con infundadas acusaciones de funcionar como un “centro de actos terroristas”.
Se trata de un acto de extrema intolerancia y violencia política hacia la Compañía de Jesús y la comunidad universitaria; actores que históricamente han acompañado y apoyado a las víctimas de la violencia estructural en sus luchas contra la desigualdad, el abuso de poder y la represión estatal del actual régimen autocrático.
En 63 años, la UCA ha demostrado, en las distintas coyunturas históricas del país, que es posible ofrecer educación superior de calidad a todos los sectores de la población, orientada a contribuir a la creación de un modelo de desarrollo verdaderamente humano y sostenible. Y esto, a pesar de que el régimen había recortado 240 millones de córdobas, en los últimos cuatro años, y la había expulsado del beneficio de los fondos del 6% procedentes del presupuesto general de república, como una acción de represalia y un intento fallido de asfixiarla económicamente, desde marzo de 2022 al aprobar la reforma de la Ley 89.
Con la confiscación de la UCA, ya suman 27 universidades privadas, afectando a cientos de académicos y a unos 40 mil estudiantes, a quienes se les restringe “el derecho a la educación con calidad, la libertad académica, la libertad de expresión, el pluralismo de ideas, el desarrollo humano y de la sociedad civil, en detrimento de la democracia” (CIDH, 31 de agosto de 2023).
Esta acción arbitraria pone en evidencia las intenciones del régimen Ortega-Murillo de acabar con todos los espacios que fomentan el pensamiento crítico, el libre intercambio de ideas y el debate informado sobre los temas que preocupan al país y al mundo. No es extraño que hayan cancelado todas las academias de ciencia que existían en el país. Se trata de una medida represiva, cuyas raíces se sitúa en el epicentro de la insurrección cívica de abril 2018, cuando cientos de jóvenes universitarios se habían manifestados en contra de la irresponsable y pasiva complicidad del gobierno de Ortega ante el desastre socioambiental de los incendios forestales en la reserva biósfera Indio Maíz, en el departamento de Río San Juan.
Desde el inicio de esta crisis sociopolítica, el régimen Ortega-Murillo ha articulado y divulgado, hasta el día de hoy, una narrativa basada en la teoría conspirativa de un “golpe de Estado”
Posteriormente, a escasos días de estas espontáneas acciones colectivas, volvió a erupcionar la indignación de estos jóvenes universitarios y ciudadanos, que salieron a las calles en apoyo a los adultos mayores, quienes habían sido agredidos y reprimidos por agentes paraestatales o grupos de choques, por el hecho de haberse manifestado en contra de las reformas del seguro social, que precarizaban aún más sus pírrimas pensiones.
Es importante advertir, que desde el inicio de esta crisis sociopolítica, el régimen Ortega-Murillo ha articulado y divulgado, hasta el día de hoy, una narrativa basada en la teoría conspirativa de un “golpe de Estado”, en dos dimensiones: a) el golpe militar materializado en abril 2018, cuando la ciudadanía se tomó de forma espontánea las calles, a través de las marchas pacíficas en las principales ciudades del país, dinámica contenciosa que fe considerada por el gobierno Ortega-Murillo, como “acciones terroristas” que atentaron contra la paz y el orden establecido, al grado de interrumpir la ruta de la prosperidad, que el “buen gobierno de reconstrucción y unidad nacional” venía impulsando; y b) el golpe de estado político, orquestado por un conjunto de actores nacionales, dirigidos por los gobiernos de EE.UU., y de la UE., quienes han desarrollado acciones de presión hacia el régimen, a través de las sanciones económicas y políticas, las cuales han sido consideradas por el gobierno de Ortega y Murillo, como injerencia y agresiones imperialistas que menoscaban la soberanía del país y agrede los intereses del “pueblo” – presidente-.
Bajo estos argumentos, el régimen ha pretendido justificar su escalada represiva, cuya violencia alcanzó niveles de letalidad, catalogado por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, como crímenes de lesas humanidad; cuyo saldo ha cobrado la vida de 355 personas, entre ellas 29 niñas y niños, dos mil heridos, más de mil detenciones arbitrarias con tratos inhumanos, el exilio forzado de al menos 750 mil nicaragüenses. Incluso el destierro y expatriación de 320 nicaragüenses, el 9 de febrero de 2023.
El gobierno de Ortega es el único régimen en el hemisferio latinoamericano que ha llegado a encarcelar a ocho candidatos presidenciales (Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre) en el contexto de la última contienda electoral de noviembre 2021. Además, ha cerrado todos los espacios de participación y organización ciudadana, con la cancelación y criminalización de al menos, 3,800 organizaciones sociales y no gubernamentales, entre ellas ambientalistas, de derechos humanos, feministas, promotoras de desarrollo comunitario, entre otras.
Raigambre histórica de esta crisis
Es necesario escarbar las raíces de la actual crisis sociopolítica de Nicaragua, para entender la naturaleza del régimen autocrático y dimensionar el impacto devastador y multidimensional que están teniendo las distintas expresiones de violencia política en la sociedad nicaragüense, y por qué no decirlo, su potencial efecto de réplica en la región centroamericana.
La actual crisis sociopolítica es resultado de un proceso larvado de desmantelamiento de la democracia en Nicaragua, que hunde sus raíces en la compleja e inacabada transición política, iniciada en la década de los 90. En el contexto de una pacificación neoliberal, el FSLN, a través del liderazgo de su caudillo, Daniel Ortega, presionó por conservar y distribuir el control de cargos de magistraturas en los poderes judicial y electoral.
Esto a través de lo que se denominó el pacto bi-caudillista entre Ortega y Arnoldo Alemán, en el que ambos caudillos negociaron la impunidad a su favor: a) en el caso de Alemán el cambio de régimen carcelario y el posterior sobreseimiento en los casos de corrupción y malversación de fondos del erario público y recursos de la cooperación internacional destinado a la atención humanitaria a la crisis generada por la tormenta Mich en 1998; y b) en el caso de Ortega, conservar su inmunidad de funcionario legislativo para evitar ser procesado por violación sexual y abusos sexuales en perjuicio de su hijastra, Zoilamérica Narváez, quien había iniciado proceso de demanda formal ante los tribunales correspondientes.
El pacto permitió a Ortega reducir el techo mínimo para ganar las elecciones con el 35%, cuando entre el primero y el segundo lugar de los contendientes, hubiera una diferencia igual o mayor de 5%. De esta manera, Ortega regresa al poder con las elecciones de 2006, y desde entonces le ha apostado al control del poder horizontal, es decir, extirpar el principio de interdependencia de los poderes del Estado, contaminando de intereses partidarios la gobernanza electoral, el sistema de justicia y demás instituciones públicas, todos en función de las ambiciones del ejecutivo.
El control del poder electoral le permitió apropiarse de la asamblea legislativa, al grado alcanzar mayoría calificada, como se puede observar el crecimiento ascendente del número de diputados, en la gráfica 1.
Prácticamente se instauró una suerte de apartheid político electoral, plagado de fraudes e irregularidades, cuyos resultados favorecieron al FSLN. Otro resultado alcanzado por el FSLN en su estrategia del control del CSE, combinada con la expansión de la red territorial de Consejos (CPC) y Gabinetes de Poder Ciudadano (GPC), ha sido el incremento del número de alcaldías bajo su dominio (ver gráfico 2). Actualmente, el FSLN tiene el control inédito del 100% del total de las alcaldías del país, lo que se traduce en una enorme posibilidad de intervención a nivel territorial a través de los distintos eslabones de gobierno.
La otra estrategia de Daniel Ortega, fue hacerse del control del poder vertical. Con el decreto presidencial N° 03-2007 instaura el tendido de Consejos y Gabinetes de Poder Ciudadano, estructuras de funcionamiento vertical del gobierno central, a través de los cuales se canalizarían los programas sociales del ejecutivo y sus ministerios. Este nuevo dinamismo político institucional vino a restringir progresivamente otras formas de coordinación y participación ciudadana plural.
Con la implantación de los CPC se socava la autonomía municipal y se reduce el rol protagónico de los consejos municipales en el desarrollo territorial. A partir de estas estructuras, a) la interacción más importante entre la ciudadaníam ya no se realizará con los alcaldes, sino con los delegados de los ministerios y el secretario político del partido en el poder; b) al ser un canal de participación unipartidista, se socava la naturaleza multipartidaria y plural de los espacios de participación ciudadana; y c) los CPC se constituyen en estructuras organizativas orientadas a reconstruir la hegemonía política del FSLN, y posteriormente, fungieron como eslabones del aparato represivo, en contra de la ciudadanía que se había manifestado pacíficamente en sus territorios.
Además del control del poder horizontal – entre los poderes del Estado- y del poder vertical – con el control territorial-, el régimen articuló de forma planificada y coordinada, entre las distintas instituciones y poderes, el uso excesivo del violencia política en contra de aquellos actores que representaban una amenaza a sus intereses.
En esta línea, el gobierno de Ortega demostró una de las facetas más violentas que caracterizan a los regímenes autoritarios, en la forma letal de gestionar los conflictos y situaciones críticas. Entre 2011 y 2017, habían sido torturados y asesinados 51 campesinos en la zona norte de la región Caribe y centro del país.
Algo que no calculó el régimen de Ortega ha sido la tenacidad y determinación de la Compañía de Jesús de acompañar al pueblo nicaragüense
Según versiones del gobierno, esta muertes eran producto de “enfrentamientos armados” entre policías y miembros del Ejército. Según informes del Centro Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos (CENIDH), muchas de las víctimas de estas ejecuciones han sido miembros de partidos políticos opositores, ex miembros de la resistencia, o líderes que se ha manifestado en contra de la reelección de Daniel Ortega, a quienes se les ha catalogado como delincuentes, grupos criminales de hurto de ganado o narcotraficantes. La represión no sólo ha sido un recurso utilizado por el régimen para suprimir la movilización, sino para desmantelar las condiciones previas para la acción colectiva.
A pesar de esta coyuntura crítica adversa, algo que no calculó el régimen de Ortega ha sido la tenacidad y determinación de la Compañía de Jesús de acompañar al pueblo nicaragüense, como lo hizo la UCA de El Salvador junto al pueblo salvadoreño, aún con el martirio de la comunidad jesuita y sus dos colaboradoras en noviembre de 1989.
Con el cierre de la UCA de Nicaragua, y aún con la expulsión de la comunidad jesuita de este país centroamericano, la comunidad jesuita no cesará en su compromiso del servicio de la fe y promoción de la justicia, aún desde el destierro y a través de su cuerpo apostólico que tiene presencia en el mundo.
La sociedad nicaragüense tiene el reto de trabajar arduamente por un proceso de democratización y refundación de la institucionalidad, con todas las garantías de no repetición, aspirando a modelos de gobierno que superpongan el Estado de derecho, la democracia y los derechos civiles, por encima de las ambiciones de poder, la intolerancia, la violencia y la hegemonía política ilegítimas.
