Cuando Blanca* decidió terminar su embarazo, se enteró de que, para hacerlo sin costo, tendría que esperar tres semanas más para ser atendida por la ginecóloga y después viajar casi tres horas desde su domicilio para la intervención. Afligida, acabó pagando 400 euros en una clínica privada, donde le ofrecieron únicamente anestesia local.
Su experiencia es apenas un ejemplo de la desalentadora realidad que las personas gestantes enfrentan en España y que una nueva ley busca cambiar.
Desde 2010, el aborto es legal en cualquier supuesto durante las primeras 14 semanas de gestación, pero la falta de planificación y recursos y la objeción de conciencia del personal médico afectan negativamente al ejercicio del derecho.
Además en España las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, y la desigualdad territorial es un gran problema. Más de 84% de las interrupciones de 2021 se realizaron en servicios de salud privada, según el informe anual del Ministerio de Sanidad. Ese mismo año en Castilla y León, la más grande de las 17 comunidades autónomas, esta proporción llegó a 98%, y cinco provincias (Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora) no notificaron ni un solo aborto, lo que sugiere que las solicitantes fueron derivadas a otro territorio.
No todas las interrupciones en la salud privada son de pago dado que hay clínicas privadas que tienen contratos de servicio con el sistema público. Sin embargo, en un país donde supuestamente el aborto es gratuito, en 2020 casi la mitad de las personas gestantes en Castilla y León tuvieron que costearlo de su bolsillo.
La nueva ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aprobada en febrero de 2023, busca garantizar que los abortos tengan lugar cada vez más en hospitales públicos “de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad”. Sin embargo no será tan sencillo.
Blanca tiene 33 años, es asesora de lactancia y en estos momentos es dueña de una cafetería y bar de tapas en un pueblo de la provincia de León, en Castilla y León. A principios de febrero de este año, poco antes de que se aprobara la ley, estaba embarazada de cinco semanas y había decidido interrumpir el embarazo.
La matrona del centro público de salud más cercano a su domicilio (a 17 kilómetros de distancia) le dijo que tendría que esperar hasta las ocho semanas, cuando el feto tuviese latido, para que la viera la ginecóloga. La matrona también le informó de que ninguno de los dos hospitales públicos más cercanos (a unos 35 y 130 kilómetros de su domicilio) practicaba abortos y que para hacerlo de forma gratuita tendría que viajar casi tres horas, hasta Valladolid, donde se encuentra la única clínica de la comunidad autónoma que tiene acuerdo con la administración pública para practicar abortos a pacientes derivadas de la pública. Además, eso conllevaría esperar una semana más para ser atendida.
“Si me ven después de la ocho o nueve, y además tardan una semana ¿voy a ser de 11? Me parece tremendamente injusto y muy cruel”, dijo Blanca a openDemocracy. “No entiendo por qué, teniendo un hospital en Ponferrada, a 35 kilómetros de mi casa, tengo que ir tan lejos. Y eso pasa en toda Castilla y León”.
De hecho, en toda la comunidad autónoma, de unos 94,000 kilómetros cuadrados y casi 2,4 millones de personas, solo hay dos hospitales públicos, en Miranda de Ebro y en Burgos, y tres clínicas privadas, en León, Salamanca y Valladolid, que practican abortos.
El hospital de Miranda de Ebro ofrece abortos farmacológicos y quirúrgicos mientras que el Hospital Universitario de Burgos no tiene capacidad para los quirúrgicos, que requieren la participación de más personal, y esos son los que derivan a la clínica privada de Valladolid, según explica Abel Renuncio, responsable de su Unidad de Atención a la Mujer.
Según Sílvia Aldavert, de la ONG barcelonesa L’Associació, a pesar de que la situación es diferente en cada comunidad, “la realidad es que la planificación sanitaria de los servicios de salud no responde a las necesidades de las mujeres en esas situaciones. En el caso de las IVE, no existen recursos efectivos para responder a la inmediatez y esto se une al desconocimiento, al estigma y a prácticas como la objeción de conciencia (implícita o explícita)”. El resultado es que quienes quieran terminar un embarazo “se encuentran con esperas de dos o tres semanas, que son inaceptables en esa situación”, dijo.
Las diferencias territoriales son clave para entender la realidad del aborto en España según Raquel Hurtado, portavoz de la Federación de Planificación Familiar Estatal (SEDRA-FPFE): “En nuestro país las competencias sanitarias están transferidas y las cosas salen adelante o no en función de la voluntad política de las comunidades autónomas”.
Y la voluntad política es crucial en lugares como Castilla y León, donde el derechista Partido Popular lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1987 y, desde 2022, en coalición con el partido de extrema derecha Vox. En febrero de este año el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por el PP hace 13 años contra la ley de aborto de 2010.
No todo el mundo considera deseable o incluso factible que las interrupciones del embarazo se practiquen en hospitales públicos, especialmente en un país como España, donde debido a la organización del sistema de salud “hospitales enteros son concertados (mixtos público-privados)”, dijo José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).
“Las IVE no generan prestigio profesional a aquellos que las hacen y vienen asociadas a estigma para los profesionales; mientras en la pública no se acometan incentivos que ayuden los hospitales a practicar los abortos, creemos que va a ser igual a pesar de la nueva ley, salvo en las comunidades que han apostado por el aborto farmacológico”, agregó Bosch.
Cuando Blanca decidió interrumpir su embarazo en la clínica privada de León, no se le ofreció la opción de sedación [de la que la clínica no dispone] sino únicamente una anestesia local que no le evitó sentirlo todo. “No puedo parar de pensar en la canción que estaba sonando, en el sonido de la aspiración, en la sensación de cómo lo arrancaban,” dijo.
La objeción de conciencia
La objeción de conciencia es “lo que más afecta que muchas mujeres puedan o no interrumpir su embarazo”, dijo Renuncio, del Hospital Universitario de Burgos.
La nueva ley crea un registro oficial de objetores. La ley de 2010 ya reconocía el derecho de los profesionales implicados en las interrupciones a objetar, siempre que lo expresaran por adelantado y por escrito, y siempre que el acceso y la calidad asistencial de la prestación no resultaran menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. Sin embargo, “no había un cauce donde manifestarlo”, agregó.
Hurtado de SEDRA-FPFE dijo: “En sitios como Castilla y León ese derecho no se ha ejercido de forma individual, sino colectiva, lo cual es totalmente contradictorio con la propia definición de objeción de conciencia. En un sistema piramidal como son los hospitales, si el jefe del servicio se declara objetor, es muy difícil que el personal haga abortos porque probablemente tenga sanciones, ya sean explícitas o implícitas.”
La nueva ley establece que el registro garantizará “la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.” Y añade que los servicios públicos “se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Para Aldavert de L’Associació, esta disposición “es una herramienta para planificar el servicio, pero no es la solución. Para nosotras lo que se necesita es identificar y crear equipos especializados y con perspectiva de derechos sexuales y reproductivas feminista interseccional”.
La información adecuada
La nueva ley acelera, por lo menos en teoría, el largo proceso para acceder a un aborto.
Hasta ahora las personas gestantes en comunidades como Castilla y León tenían que pasar por diversas citas – normalmente con una matrona o médico de familia, con una ginecóloga y una trabajadora social – y en todas las comunidades autónomas también estaban obligadas a recibir un sobre cerrado con información acerca de los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo, y luego pasar necesariamente por tres días de “reflexión”.
La nueva ley elimina el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir esa información, “debiendo proporcionarse [esta] sólo si la mujer lo requiere y nunca como requisito para acceder a la prestación del servicio”.
Emilia García Mediavilla, psicóloga clínica en la clínica Buenavista de León, aprueba ese cambio. “¿Por qué la gente tiene que recibir informar de algo que no ha pedido? Si la quiere, la pedirá”, cuestionó.
Además, la información adecuada tampoco ha estado siempre disponible tal y como Amaia*, fisioterapeuta de 32 años, descubrió en 2021.
Amaia decidió interrumpir su embarazo cuando confirmó que el feto tenía síndrome de Down tras someterse a un test de sangre no invasivo. Ella encontró esta opción por sí misma ya que, según contó, la ginecóloga del hospital público de Valladolid, donde reside, no la informó al respecto, sino solo de la amniocentesis, una técnica invasiva y que solo se le ofrecía a partir de la semana 15 de embarazo.
Amaia recordó que cuando llamó a la ginecóloga con el resultado del test de sangre, la persona que contestó al teléfono le dijo que la doctora no se podía poner. “La escuché decir que no volviese a llamar, que esas cosas no entraban en su cabeza y que tenía que hablar con la trabajadora social. Estaba hundida”, dijo Amaia.
Tanto la ginecóloga como la trabajadora social con la que luego habló intentaron convencerla de continuar con el embarazo, o por lo menos de posponer la decisión del aborto.
Al final, pudo hacerlo en el hospital público de Miranda de Ebro, su ciudad natal, según asegura gracias a sus contactos personales.
“Acatamos las órdenes de quienes llevan bata blanca por el simple hecho de llevarla”, dijo Amaia con una pizca de resignación.
Amaia y Blanca encontraron la fuerza para superar esos momentos sobre todo gracias a las amigas, algunas de las cuales terminaron sus embarazos en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, donde el proceso fue más fácil.
Preguntada si la nueva ley asegurará que experiencias como las de Blanca y Amaia no se repitan, Aldavert de L’Associació opinó que la implementación y los recursos económicos serán clave para determinarlo: “Habrá que ver cómo se obliga y evalúa que las comunidades autónomas implementen los cambios y cuánto dinero se le dedica”.
“A otra chica en mi situación le aconsejaría informarse antes para saber cuales son sus derechos y poder plantar cara, y también contarlo”, concluyó Amaia. “En ese momento te sientes que no puedes hacer nada, como si fueses tú la culpable cuando lo que habría que hacer sería sancionar a quienes no cumplen con la ley”
* Los nombres completos se omitieron para proteger la identidad de las personas
