En los últimos años, el número de trabajadores inmigrantes en Canadá ha aumentado rápidamente, y muchos sectores dependen ahora de la mano de obra temporal como fuente de suministro de mano de obra permanente. Este cambio ha repercutido profundamente en los derechos de los trabajadores, y en un informe de agosto el enviado especial de la ONU calificó el programa de trabajadores extranjeros temporales de Canadá de "caldo de cultivo de formas contemporáneas de esclavitud".
Al igual que en otros países, los programas de trabajadores extranjeros temporales de Canadá dejan a los trabajadores inmigrantes en una situación de especial vulnerabilidad ante los abusos, el control y la explotación. El carácter temporal y restrictivo de los permisos de trabajo y los visados, y la precariedad del trabajo en sectores como la agricultura y los servicios alimentarios, hacen que la pérdida del empleo y la consiguiente pérdida de la condición de inmigrante sea para la mayoría de los trabajadores inmigrantes una amenaza siempre presente.
Canadá ha hecho algunos esfuerzos para reconocer estos problemas. Por ejemplo, ha introducido un permiso de trabajo abierto para los trabajadores que se enfrentan a condiciones laborales abusivas o de explotación. Pero para garantizar el acceso a la justicia de los trabajadores migrantes hay que hacer mucho más. Podemos empezar ahora.
Los visados vinculados a la empresa dejan atrapados a los trabajadores
Como muchos otros países de destino, Canadá vincula la autorización de un trabajador migrante a un solo empleador. Esto significa que un trabajador debe obtener un nuevo permiso de trabajo antes de cambiar de lugar de trabajo, incluso si se enfrenta a abusos o explotación en el trabajo. Los grupos de derechos y los expertos laborales reconocen desde hace tiempo los efectos perjudiciales de este tipo de normas.
En 2022, el Centro de Trabajadores Migrantes de Canadá encuestó a 30 personas que habían huido de lugares de trabajo abusivos y explotadores. De ellas, 29 habían sufrido abusos económicos. Estos abusos se manifestaban en forma de salarios impagados, horas extraordinarias no pagadas, exceso de horas, devolución forzosa del salario al empleador y comisiones de contratación exorbitantes.
El 70% de los trabajadores sufrieron abusos verbales y psicológicos por parte de sus empleadores. Se enfrentaron a insultos verbales, amenazas de deportación y/o comentarios racistas y discriminatorios. El 30% de los trabajadores sufrieron abusos físicos por parte de su empleador, y el 10%, abusos sexuales.
Los trabajadores que se quejan a los reguladores corren el riesgo de ser despedidos, repatriados y sustituidos por otro trabajador
En Canadá, a pesar del reconocimiento formal de los derechos laborales y humanos de los trabajadores inmigrantes, éstos a menudo no pueden o no quieren hacer valer sus derechos en la práctica. Muchos tienen miedo de denunciar los abusos o buscar reparación mientras siguen empleados, por temor a perder su empleo y a que, si se quejan, se les retire la posibilidad de trabajar en Canadá.
Este temor está bien fundado. Los trabajadores que se quejan a los reguladores corren el riesgo de ser despedidos, repatriados y sustituidos por otro trabajador. Y el asunto puede que no acabe ahí. Incluso después de dejar su empleo, los empresarios y los reclutadores de mano de obra pueden tomar represalias contra los trabajadores y sus familias en su país de origen.
El tiempo también es un factor a tener en cuenta a la hora de decidir si presentar o no una denuncia. Es posible que los trabajadores no permanezcan mucho tiempo en el país, por lo que, aunque presenten una denuncia, es probable que no se tramite antes de que tengan que salir de Canadá. Esto les impide hacer un seguimiento de su caso o defenderse adecuadamente.
Estas complejidades hacen que la justicia real para los trabajadores inmigrantes sea a menudo sólo una ficción. Los empresarios pueden abusar impunemente.
¿Pueden los "visados de justicia" resolver el problema?
Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que los trabajadores migrantes tengan un acceso significativo y efectivo a la justicia si se violan sus derechos. Algunos países están empezando a tomar medidas para hacer cumplir estos derechos. Pero aún queda mucho camino por recorrer.
En el marco de un proyecto piloto contra la explotación laboral, Australia introdujo a principios de año un "visado de justicia laboral". Este visado permite a los trabajadores migrantes permanecer en el país hasta un año para presentar una denuncia contra su empleador, al tiempo que les autoriza a trabajar.
El visado no es distinto del "permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables" que existe en Canadá, puesto en marcha en 2019. El programa permite a los funcionarios de inmigración expedir un permiso de trabajo abierto a quienes puedan demostrar que son víctimas de abusos o explotación por parte de su empleador en Canadá.
En un principio, el programa fue bien acogido por trabajadores y defensores, ya que reconocía las dificultades a las que se enfrentan los trabajadores inmigrantes y parecía comprometido a abordarlas. Sin embargo, más de cinco años después, muchos de los problemas señalados al principio siguen sin resolverse. Entre ellos, la inaccesibilidad del permiso para la mayoría de los trabajadores y la falta de soluciones de inmigración a largo plazo para los trabajadores una vez que expira el permiso.
Los esfuerzos parciales por ofrecer justicia a los trabajadores migrantes nunca se traducirán en un cambio real
En última instancia, tanto el programa australiano como el canadiense ignoran el hecho evidente de que es necesario un cambio estructural para abordar eficazmente la explotación de los trabajadores inmigrantes. Esto incluye desvincular la condición de inmigrante del empleador y permitir que los trabajadores permanezcan y trabajen en el país de acogida para poder presentar denuncias laborales después de haber abandonado a un empleador abusivo. Los países también deben cooperar e introducir medidas que garanticen el acceso a la justicia incluso después de que el trabajador haya regresado a su país de origen.
Los trabajadores migrantes y sus defensores también piden que se conceda la residencia permanente a la llegada y que se creen vías para que los trabajadores que ya están en Canadá, incluidos los indocumentados, obtengan el estatuto permanente. Estas mismas peticiones fueron recomendadas por el enviado especial de la ONU tras su visita a Canadá. También recomendó medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación, inspecciones y consecuencias para los empresarios que violen los derechos de los trabajadores.
Todas estas recomendaciones revelan un sistema que necesita desesperadamente ser reparado. Los esfuerzos parciales para ofrecer justicia a los trabajadores migrantes nunca se traducirán en un cambio real. Sólo una revisión estructural del sistema de inmigración dará lugar a un acceso pleno a la justicia para los trabajadores migrantes y a la rendición de cuentas por parte de los empleadores abusivos.
La búsqueda transnacional de la justicia
La Organización Internacional del Trabajo estimó que en 2019 había 169 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo. La desigualdad económica sigue impulsando a las personas del Sur Global a buscar trabajo en el Norte Global, donde esperan ganarse la vida dignamente para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Y el Norte Global depende de su mano de obra.
Canadá es un país popular para ir a trabajar, pero su política exterior poscolonial y sus industrias extractivas también desempeñan un importante papel en la creación de esa desigualdad económica mundial. Alimentan directamente el desplazamiento de trabajadores desde sus países de origen y su posterior migración a países como Canadá.
Esto hace que la justicia para los trabajadores migrantes no sólo sea un deber moral para Canadá y otros países de acogida, sino una parte esencial de la evaluación y la reparación de las pérdidas y daños económicos globales.
En todo el mundo, ya hay redes transnacionales de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otros defensores que están ayudando a los trabajadores en su búsqueda de justicia. Su solidaridad y colaboración son fundamentales para exigir responsabilidades a los empresarios y garantizar que los trabajadores puedan obtener reparación más allá de sus fronteras.
Pero no pueden ganar esta batalla por sí solos. Los gobiernos deben dar un paso adelante para garantizar que los trabajadores migrantes puedan reclamar justicia por la explotación y los abusos en el lugar de trabajo, estén o no en el país de acogida. Y tienen que tomarse en serio la eliminación de las vulnerabilidades estructurales que conducen al abuso y la explotación sistémicos en primer lugar. Pueden empezar por atender las experiencias y recomendaciones de los propios trabajadores migrantes.
Explore el resto de la serie
Esta serie analiza cómo los visados para trabajadores temporeros, que suelen atar a los trabajadores a sus empleadores, están poniendo a los trabajadores migrantes de todo el mundo en riesgo de explotación.
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Caroline Robinson, Centro de Apoyo al Trabajador
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