Para esta historia, reporteras de democraciaAbierta en Uganda, Uruguay y el Reino Unido hablaron con personas dedicadas al trabajo humanitario en nueve países para documentar los primeros impactos de la decisión de Donald Trump de suspender la ayuda exterior estadounidense a las poblaciones más vulnerables.
Una organización galardonada con el Premio Nobel por defender los derechos de los migrantes en México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos lucha por atender la creciente demanda de asistencia. Una ONG ucraniana teme no poder rescatar a los civiles atrapados cerca de las líneas del frente en la guerra con Rusia. Y una organización de asistencia legal en Uganda se ve obligada a despedir a la mitad de su personal.
Estos son solo algunos de los efectos de la suspensión del apoyo al exterior por 90 días ordenada por Donald Trump para “reevaluar y realinear” el financiamiento con los “intereses estadounidenses”.
Las organizaciones sociales de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos de alrededor del mundo contaron a democraciaAbierta el impacto negativo que sufren las mujeres, niñas y niños, veteranos de guerra, personas LGBTIQ+ y otras poblaciones vulneradas debido a esta nueva política.
Estados Unidos es el mayor donante global de asistencia internacional: en 2023 el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) distribuyeron 68.000 millones de dólares en todo el mundo.
Sin embargo, el reciente decreto ejecutivo de la administración Trump estableció como “política” que “ninguna asistencia exterior de Estados Unidos sea distribuida de una manera que no esté completamente alineada con la política exterior del presidente”.
El multimillonario propietario de X y aliado de Trump, Elon Musk, escribió este fin de semana en su plataforma de redes sociales: “USAID es malvada”. Unas horas antes, dos altos funcionarios de la USAID fueron suspendidos tras negarse a dar acceso a archivos confidenciales a miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el equipo que lidera Musk, y que tiene la tarea de recortar el gasto federal.
Una semana antes, un memorando filtrado del Departamento de Estado suscitó la preocupación entre las organizaciones sociales de que, a partir de ahora, el gobierno dé prioridad de financiación a las organizaciones alineadas con MAGA – el acrónimo del movimiento popularizado por Trump, “Make America Great Again” (Haz América grande otra vez) –, incluidos los grupos ultraconservadores y cristianos que exportan una agenda anti género y anticlimática a nivel mundial.
La suspensión de fondos ya ha tenido un efecto amedrentador en las ONG, que temen manifestarse en contra del anuncio ante posibles pérdidas de puestos de trabajo, cierres masivos y posibles demandas judiciales.
Por temor a ser “objeto de sanciones”, una ONG ucraniana que pidió anonimato instó a sus empleados a “no comentar públicamente” la noticia, según una directiva a la que accedió democraciaAbierta.
A pesar de estos temores, democraciaAbierta logró hablar con organizaciones sociales en América Latina y el Caribe, África y Europa que trabajan en zonas de conflicto, así como en áreas de salud, género, fortalecimiento de la gobernanza, democracia y derechos humanos, para conocer cuáles han sido los primeros efectos de la orden de Trump en su trabajo y las comunidades a las que apoyan.
Un ataque a los más vulnerados
La noticia de la suspensión de fondos causó gran revuelo en América Latina y el Caribe, que en 2024 recibieron 2.500 millones de dólares en ayuda de la administración de Joe Biden.
“En lo inmediato, los efectos son verdaderamente graves”, dijo a democraciaAbierta la abogada costarricense Ana Marcia Aguiluz Soto, directora regional del Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC, por sus siglas en inglés).
La AFSC tiene más de 100 años de historia y por su labor, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1947. Con sede en Estados Unidos, la AFSC no recibe fondos de USAID, pero trabaja para asistir a personas migrantes y defender sus derechos en 18 países, entre ellos México, Guatemala y El Salvador.
Tras la orden ejecutiva de Trump sus equipos de asistencia se saturaron por la creciente demanda de asistencia legal, humanitaria y emocional. Ante esta nueva realidad, Aguiluz Soto teme por el futuro de otras organizaciones más pequeñas que también trabajan para apoyar a las personas migrantes en la región.
“Esta decisión pone en riesgo la estabilidad financiera de las organizaciones y de su personal, pero más allá de ello, afecta la asistencia y el apoyo que se brinda a las personas que más lo necesitan: migrantes, mujeres, niños, niñas y adolescentes y la población LGTBIQ+”, aseguró.
La preocupación de Aguiluz Soto es compartida por Carolina Jiménez Sandoval, doctora en estudios internacionales y presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), dedicada a la promoción de los derechos humanos, la democracia y la justicia social y económica en la región.
“Una de las consecuencias más graves es que las organizaciones que dependen de estos fondos para su supervivencia están en riesgo”, dijo a democraciaAbierta Jiménez Sandoval. “Aún más preocupante es el impacto sobre los beneficiarios directos, como las personas que sufren de VIH, tuberculosis o los migrantes la violencia”.
Ambas expertas coinciden en que el congelamiento de la ayuda socava décadas de avances en la promoción de los derechos humanos, la gobernanza democrática y la estabilidad social en la región.
"En el mediano y largo plazo, el impacto será aún mayor, ya que todos los acuerdos serán revisados bajo la nueva política exterior de Estados Unidos", advirtió Aguiluz Soto.
Sian Norris
Trump ya ha dado señales de su nueva política, cerrando la versión en español del sitio web de la Casa Blanca y sus redes sociales, y utilizando órdenes ejecutivas para restringir el reconocimiento de identidades de género y eliminar el financiamiento de programas alineados con la “diversidad, equidad e inclusión”.
Estas medidas, explicó Jiménez Sandoval, no solo debilitan la protección de la comunidad LGBTIQ+, sino que también representan un retroceso más amplio en los compromisos de Estados Unidos con los derechos humanos, tanto a nivel internacional como dentro del país.
"Estas acciones debilitan los valores democráticos y revierten los avances en la protección de grupos marginados, entre ellos, los de migrantes", advirtió Aguiluz Soto. “La postura adoptada respecto a las personas migrantes va completamente en contra del trabajo que las organizaciones han realizado durante años”, agregó.
Un apoyo centenario en riesgo
La asistencia financiera de Estados Unidos a América Latina y el Caribe tiene una larga historia, que comenzó a principios del siglo XX y se convirtió en un pilar de la política exterior del país durante la Guerra Fría.
Programas como la Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy fueron diseñados para contrarrestar la influencia soviética y cubana mientras abordaban la pobreza. Con el tiempo, señaló Jiménez Sandoval, las prioridades de financiamiento se desplazaron hacia la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a la gobernanza democrática y la atención a las causas de la migración.
Más recientemente, el gasto en ayuda se ha centrado en iniciativas destinadas a abordar las causas estructurales de la migración irregular, como la pobreza y la corrupción.
Congelar estos fondos socava el propio objetivo de la política exterior de Trump de reducir la migración hacia Estados Unidos desde su frontera sur, ya que ello depende de la creación de empleo y el fortalecimiento de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en los países de origen. Recortar los fondos de USAID también debilita los esfuerzos para estabilizar la región.
Laurie Macfarlane
Reemplazar el financiamiento estadounidense representa un desafío monumental: es el mayor donante a la región. Entre 1946 y 2022, Estados Unidos destinó 104.000 millones de dólares a América Latina y el Caribe. Además, los aliados tradicionales de América Latina, como los países europeos, han reducido sus contribuciones debido a nuevas prioridades, como la guerra en Ucrania y el conflicto entre Gaza e Israel.
Tanto Aguiluz Soto como Jiménez Sandoval coinciden en que los gobiernos regionales y los filántropos deben asumir un mayor compromiso para enfrentar los recortes en la asistencia exterior. “Este es un momento crítico para que las naciones de América Latina y el Caribe se preparen para la reducción del financiamiento y protejan los programas que resguardan a las poblaciones más vulnerables”, afirmó Jiménez Sandoval.
Para las millones de personas que dependen de esta ayuda exterior, el riesgo no podría ser mayor.
Golpe a la salud y a los derechos de género en África
Las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en África vuelven a ser víctimas de la política conservadora de Estados Unidos, ya que la administración de Trump ha pausado abruptamente miles de millones de dólares en ayuda exterior destinada a los derechos de género y los programas de VIH/SIDA.
En Uganda, una organización que apoya legalmente a personas queer que viven bajo la Ley contra la Homosexualidad (AHA) de 2023 dijo a democraciaAbierta que tendrá que despedir a la mitad de su personal y cerrar tres centros de asistencia legal. Esto ocurre en un contexto en el que las personas LGBTIQ+ en el país enfrentan cadena perpetua o incluso la pena de muerte bajo una de las leyes más represivas contra la homosexualidad en el mundo.
“Nuestros clientes ya viven en circunstancias extremadamente difíciles, pero ahora tenemos que mirarlos a los ojos y decirles que no tenemos recursos para ayudarles”, dijo Adrian Jjuuko, director ejecutivo del Foro de Concienciación y Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF, por sus siglas en inglés), una organización ugandesa de asistencia legal.
En abril de 2024, un recurso legal contra la AHA fue en gran medida rechazado por el Tribuanal Constitucional de Uganda, que solo anuló cuatro cláusulas de la ley, incluida una que restringía el derecho de las personas queer a acceder a los servicios de salud. En ese momento, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, calificó el fallo como “un pequeño e insuficiente paso hacia la protección de los derechos humanos”. Menos de un año después, algunas de las únicas clínicas en Uganda dedicadas a brindar atención médica a personas LGBTIQ+ se han visto obligadas a cerrar debido al congelamiento de fondos ordenado por Trump.
Otro beneficiario de ayuda en Uganda, que pidió anonimato por temor a represalias de los donantes, añadió: “Esta congelación de fondos empuja aún más a la comunidad queer hacia los márgenes, ya que las medidas que habíamos implementado ahora están siendo desmanteladas”.
Programas de salud en crisis
Kenia también está sintiendo el impacto. Una organización de derechos de salud reproductiva que trabaja con los gobiernos locales para denunciar casos de violencia de género y brindar anticoncepción y atención postaborto en Nakuru, la cuarta ciudad más grande del país, fue notificada el sábado pasado por USAID, vía correo electrónico, para detener de inmediato todas las actividades financiadas por Estados Unidos.
En 2024, el 73% de la asistencia que África recibió de Estados Unidos financió programas de salud, con Uganda, Kenia y Nigeria entre los principales beneficiarios. La mayor parte se destinó a financiar la investigación, el tratamiento y control del VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria a través del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Ese mismo año, la administración de Biden también otorgó 3.700 millones de dólares en ayuda humanitaria para la región que denomina "África subsahariana", incluyendo la mitad de toda la asistencia destinada a los 1,7 millones de refugiados en Uganda que huyen de conflictos regionales.
democracia Abierta
Ahora, las clínicas africanas que brindan atención a personas con VIH/SIDA están cerrando. Los expertos en salud pública advierten que la orden de suspensión de actividades provocará un aumento en las infecciones de VIH y agravará la crisis del SIDA debido a la escasez de medicamentos antirretrovirales (ARV) y de profilaxis preexposición (PrEP).
Según ONUSIDA, en 2024, el 62% de las nuevas infecciones por VIH en la región fueron contraídas por mujeres y niñas, con 20,8 millones de personas viviendo con el virus en África oriental y meridional, y 5,1 millones en África occidental y central.
La secretaria permanente del Ministerio de Sanidad de Uganda, Diana Atwine, intentó tranquilizar a la población: “Nuestras actividades continúan. Esto nos da la oportunidad de sentarnos a la mesa y evaluar qué actividades críticas no podemos postergar”.
“El gobierno debe intervenir y cubrir la brecha”, agregó.
Sin embargo, algunos representantes de organizaciones sociales dudan de la capacidad de los gobiernos africanos para compensar la falta de financiamiento.
“Seguramente veremos un aumento en la mortalidad materna y los embarazos en adolescentes”, advirtió Martin Lunalo, fundador de Campeones de la Salud Reproductiva, una organización comunitaria en Nakuru. “Para los gobiernos locales, los derechos de salud sexual y reproductiva simplemente no son una prioridad”.
En la búsqueda de financiamiento alternativo
Las organizaciones de la sociedad civil se apresuran a diversificar sus fuentes de financiamiento, pero las opciones siguen siendo limitadas. Son pocos los donantes privados que apoyan de manera constante los derechos de género y la lucha contra el VIH/SIDA, y algunos de los que han sido más confiables, como el Fondo Mundial para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, dependen en gran medida del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, no es la primera vez que organizaciones sociales africanas ven amenazada su subsistencia por medidas impulsadas por Trump. En 2017, la “Ley Mordaza Global” restringió el financiamiento a organizaciones que brindaban servicios de aborto, obligándolas a tomar precauciones. “Hemos sido cuidadosos en no tener subvenciones activas durante el período de transición electoral en Estados Unidos”, dijo Allan Maleche, director ejecutivo de KELIN, una coalición de organizaciones kenianas de salud y derechos humanos.
Diana Cariboni
Un declive más amplio en la filantropía privada desde la pandemia de Covid-19 ya había debilitado el trabajo en derechos en África. Ahora, crece el temor de que la congelación de la ayuda por parte de Trump sea el golpe final. Algunos analistas advierten que los fondos retirados de los programas de género y salud podrían terminar en manos de grupos de extrema derecha que respaldan el Proyecto 2025, el plan que la ultraderecha conservadora elaboró para reconfigurar el gobierno federal, erosionar la separación de poderes, atacar a la educación pública y eliminar o restringir los derechos de las mujeres, las personas LGBTIQ, trabajadoras, inmigrantes y negras.
“La ayuda exterior es una parte clave del Proyecto 2025. Una de sus medidas es reestructurar drásticamente la asistencia de Estados Unidos, desmantelando el financiamiento que ha respaldado los derechos LGBTIQ+ a nivel global”, explicó Haley McEwen, doctora en sociología de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica, y autora de La derecha cristiana estadounidense y la política profamilia en el África del siglo XXI (2023).
Una región en guerra
Aunque la mayoría de los países que reciben ayuda exterior de Estados Unidos se encuentran en África, América Latina y el Caribe y Asia, la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania provocó que una creciente de fondos de USAID se destine a Europa. La congelación de estos recursos podría tener un “efecto devastador sobre la sociedad civil”, advirtió Tetiana Pechonchyk, directora del Centro de Derechos Humanos ZMINA en Kiev.
“Nos enteramos el fin de semana que debemos suspender los tres programas financiados por el gobierno de Estados Unidos”, dijo Pechonchyk a democraciaAbierta. “Ahora tengo que buscar dinero para pagar el trabajo ya realizado dentro del marco del proyecto financiado, porque USAID se niega incluso a cubrir estos costos.”
La medida llega en un momento en el que Ucrania, según Pechonchyk, “lucha por su propia existencia. En estos tiempos tan difíciles, uno de nuestros socios clave toma decisiones que socavan los esfuerzos de Ucrania y de las muchas personas que han dado su vida por la democracia.”
ZMINA cuenta con diversas fuentes de financiamiento – “solo un tercio de nuestros ingresos proviene del gobierno estadounidense”, confirmó Pechonchyk –, pero otras ONG ucranianas son más vulnerables.
“Centros de apoyo para veteranos de guerra, grupos que investigan crímenes de guerra, medios independientes y organizaciones que brindan ayuda práctica, como generadores de electricidad para que la gente no pase frío en invierno, ahora enfrentan una gran incertidumbre, al igual que los programas gubernamentales”, explicó Pechonchyk.
“Esto tendrá un impacto negativo en el ámbito social, la economía, la infraestructura energética, los negocios… en todo. Es difícil imaginar a largo plazo el efecto devastador que esto tendrá sobre la sociedad civil y los medios en Ucrania.”
Gran parte de la ayuda exterior estadounidense se canaliza a través de acuerdos bilaterales con otros gobiernos, incluido el ucraniano. La congelación de estos fondos pone en riesgo programas estatales diseñados para apoyar y reconstruir la sociedad, en un momento en el que los ataques rusos siguen causando muerte, destrucción y temor.
A 50 kilómetros de la frontera con Rusia, el subdirector del Centro de Coordinación de Ayuda de Járkov, Bogdan Yahno, compartió las preocupaciones de Pechonchyk.
Si no podemos evacuar a las personas, morirán en medio de los cambios en las líneas de frente de la guerra
El centro ayuda a evacuar a personas de zonas bajo intenso bombardeo, trasladando, por ejemplo, a residentes de la ciudad de Pokrovsk hacia un lugar seguro en Pavlogrado o en la propia Járkov. Se esfuerzan por hacer de estos centros espacios acogedores y protegidos. Sin embargo, con la agresión rusa intensificándose en la región, Yahno teme que la congelación de fondos afecte la capacidad de las ONG ucranianas para responder a una demanda cada vez mayor.
“Nuestra principal preocupación es la evacuación de personas desplazadas internamente”, explicó Yahno. “Puede que una abuela te llame pidiendo ayuda para salir, y no puedes decirle: ‘Espere tres meses, entonces tendremos combustible para el auto’. Esta congelación no es viable para las evacuaciones.
“La línea del frente cambia cada día. Lugares como Bajmut o Vovchansk están completamente destruidos, ya no queda nada. Si no podemos evacuar a las personas, morirán en medio de los cambios de frente.”
Yahno teme que la medida también afecte la moral ucraniana, pero aún más que sirva para envalentonar a Rusia. “Estoy seguro de que ya están preparando propaganda diciendo que Estados Unidos los ha abandonado, que Europa hará lo mismo y que deben rendirse”, dijo. “Teníamos la esperanza de que Trump mejorara la situación de Ucrania. Pero en su lugar, lo que estamos viendo ahora es solo un efecto negativo.”
Ucrania no es el único país europeo que recibe fondos de USAID. Georgia, invadida por Rusia en 2008, recibió 149 millones de dólares en 2023. Varias ONG locales han expresado su preocupación de que la suspensión de los fondos afecte la democracia y las libertades civiles en el país.
“La decisión de congelar la ayuda exterior estadounidense llega en un momento en el que el gobierno del Sueño Georgiano, liderado por el oligarca Ivanishvili, se ha vuelto cada vez más autoritario”, explicó a democraciaAbierta Sandro Baramidze, gerente del programa de derechos humanos y estado de derecho de Transparency International Georgia (Transparencia Internacional Georgia).
“Han manipulado las elecciones, tomado control de todas las instituciones del Estado, bloqueado el ingreso de Georgia a la UE, reprimido brutalmente protestas masivas en Tiflis y otras ciudades, procesado a unas 50 personas por protestas pacíficas e impuesto sanciones administrativas a cientos de manifestantes. Además, han prometido ilegalizar a la oposición política, arrestar a sus líderes y cerrar ONG y medios independientes bajo la etiqueta de ‘agentes de influencia extranjera’.”
Baramidze teme que la suspensión de fondos impacte en los programas de Transparency International de cara a las elecciones locales de octubre de este año, lo que pondría en riesgo la resiliencia democrática y la integridad electoral en un momento de creciente presión sobre la sociedad civil georgiana.
“Esto podría afectar las oportunidades de observación en las elecciones parlamentarias anticipadas, que podrían o no llevarse a cabo", advirtió. La elección anticipada es una de las principales demandas de los miles de manifestantes que han salido a las calles de Georgia tras los comicios de 2024, ampliamente criticados.
Rusia lleva años utilizando su influencia para socavar la confianza en los programas de ayuda internacional, además de impulsar políticas anti-género similares a las adoptadas por la administración de Trump.
