Venezuela se dispone a celebrar elecciones presidenciales y legislativas en 2024 y 2025, respectivamente, bajo condiciones que claramente favorecen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las conversaciones entre el gobierno y la oposición están una vez más estancadas. Mientras tanto, persiste la crisis económica que ha llevado a una cuarta parte de la población venezolana a abandonar el país.
Con algunos políticos de la oposición inhabilitados, partidos secuestrados y sin la presencia de observadores electorales profesionales, unas elecciones realizadas en los términos del gobierno dejarían la crisis de Venezuela sin resolver y la mayoría de las sanciones estadounidenses en vigor, lo que amenaza con empeorar la difícil situación económica del país. El impacto podría seguir sintiéndose en toda la región, especialmente en la vecina Colombia.
Los Estados latinoamericanos y las potencias extranjeras deben presionar para que se reanuden urgentemente las negociaciones con el objetivo de llegar a acuerdos concretos. Washington debe intensificar la diplomacia bilateral con Caracas y ofrecer un alivio tangible de las sanciones para tratar de persuadir a Maduro de regresar a las conversaciones y hacer concesiones electorales y así evitar una profundización del conflicto.
Alivio de las sanciones
La prolongada crisis política de Venezuela está entrando en una nueva fase crítica. El presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato en 2024 tras sobrevivir a una campaña de “máxima presión” liderada por EE. UU., controla todas las palancas internas del poder.
Aunque el país experimentó una modesta recuperación económica en 2022, una vez más se enfrenta a una recesión y alta inflación, exacerbadas por la alarmante corrupción y las sanciones estadounidenses.
Aunque el país experimentó una modesta recuperación económica en 2022, una vez más se enfrenta a una recesión y alta inflación, exacerbadas por la alarmante corrupción y las sanciones estadounidenses. Sin una moneda fuerte que le permita un aumento real de los salarios, Maduro no está dispuesto a aflojar su control.
Pero a menos que demuestre avances hacia un terreno electoral más equitativo, no podrá convencer a Washington de aliviar las sanciones, lo que podría permitir un crecimiento económico sólido.
Para evitar prolongar el deterioro del país y el riesgo de que resurja el conflicto, el gobierno venezolano, las fuerzas de la oposición y las potencias extranjeras deben converger en torno a un plan que incluya el alivio de las sanciones por parte de Washington y medidas equivalentes por parte de Caracas para la celebración de elecciones más justas y un mejor funcionamiento de las instituciones estatales. Los Estados latinoamericanos deben desempeñar un papel mucho más destacado como mediadores diplomáticos.
El acuerdo de México
A finales de 2022 por fin se vislumbraba una salida al estancamiento de Venezuela. Como parte de las conversaciones de Ciudad de México, facilitadas por Noruega, el gobierno de Maduro y una coalición de partidos de la oposición acordaron descongelar parcialmente los activos estatales venezolanos en el extranjero y transferirlos a un fondo de ayuda humanitaria administrado por la ONU.
Washington, que necesitaba encontrar fuentes alternativas de petróleo, en parte por la guerra de Ucrania, pareció dar su visto bueno, e inmediatamente dio luz verde a una licencia que le permite a la petrolera estadounidense Chevron Corporation extraer petróleo venezolano para exportarlo a EE. UU. Este acuerdo inyectó dólares en la economía venezolana, aunque la licencia estipula que los ingresos generados no deben beneficiar al Estado.
Pero en lugar de generar confianza e impulsar nuevos acuerdos, el acuerdo firmado en Ciudad de México estuvo seguido por meses de parálisis y una creciente desconfianza mutua. Dificultades técnicas y la reticencia de EE. UU. retrasaron la creación del fondo y, aunque las trabas ya fueron superadas, el gobierno de Maduro se ha negado a reanudar las conversaciones formales hasta que el fondo esté operando. Otras iniciativas diplomáticas han prometido mucho, pero hasta el momento han dado pocos resultados.
Control del sistema electoral
Ahora se agota el tiempo para llegar a un acuerdo, y los primeros indicios apuntan a que las elecciones presidenciales de 2024 no serán ni libres ni justas.
Presionados por el gobierno, los rectores del Consejo Nacional Electoral designados en 2021 renunciaron en junio, abriendo la puerta para que la Asamblea Nacional (repleta de seguidores del chavismo, la corriente política impulsada por el antecesor de Maduro, Hugo Chávez) designe a las nuevas autoridades electorales, a riesgo de exacerbar la desconfianza pública en el sistema de votación.
La reciente medida del gobierno de Maduro para reafirmar la inhabilitación e impedir la postulación de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, ha confirmado la sospecha de que las elecciones estarán sesgadas a favor del gobierno. Otros reconocidos candidatos, incluido Henrique Capriles, también enfrentan prohibiciones.
En el centro de este enfrentamiento se encuentra la renuencia del gobierno de Maduro a contemplar la posibilidad de perder el poder. El presidente calcula que el control del sistema electoral le permitirá a su gobierno ganar unas elecciones que de otro modo podrían ser competitivas.
Varios otros factores juegan a favor de Maduro en su afán por conseguir la victoria, como las reglas electorales venezolanas de mayoría simple (que permiten que el candidato con más votos gane en una sola vuelta) y las crónicas divisiones en la oposición (que podrían dividir el voto anti-Maduro entre varios candidatos).
Al mismo tiempo, Maduro y sus aliados, algunos de los cuales temen enfrentar procesos penales en tribunales internacionales y extranjeros si dejan el cargo, parecen reacios a correr cualquier riesgo de perder las elecciones. En consecuencia, se han alejado de las medidas que podrían permitir unas elecciones genuinamente libres y que podrían conducir al alivio de las sanciones estadounidenses y a un impulso económico, aunque tal vez no lo suficientemente pronto como para mejorar las perspectivas de Maduro en una contienda auténticamente justa.
Las tendencias políticas en el exterior también impiden avanzar hacia una resolución al impasse venezolano. Washington teme mostrarse indulgente con Maduro, en parte por lo que podría costarle al presidente Joe Biden en casa, donde una minoría de congresistas republicanos (y algunos demócratas) están listos para criticar cualquier concesión como una muestra de debilidad hacia un régimen izquierdista y hostil.
La creciente desconfianza entre EE. UU. y Rusia a raíz de la guerra de Ucrania ha reforzado el statu quo de Venezuela al impedir la cooperación entre ambos, mientras que los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos de izquierda por crear aperturas diplomáticas aún no han dado fruto.
Pero si las elecciones presidenciales de 2024 no están precedidas por un acuerdo que mejore las condiciones electorales, incluidas reformas que reduzcan el control del gobierno sobre el sistema electoral, es probable que se cuestione su legitimidad, como ocurrió en 2018.
El papel de Colombia y Brasil como facilitadores
Esas desacreditadas elecciones desencadenaron la turbulencia política más grave en la historia reciente de Venezuela, y es difícil imaginar que las conversaciones prosperen ante unas nuevas elecciones similares. En esas circunstancias, la miseria económica de Venezuela podría empeorar, exacerbando una emergencia humanitaria ya grave y empujando a más migrantes a unirse a los siete millones que han abandonado el país, muchos de ellos indocumentados y sumidos en la pobreza.
El papel de los vecinos latinoamericanos de Venezuela, en particular Colombia y Brasil, como facilitadores de cualquier acuerdo será crucial.
Dada la debilidad de la oposición y el limitado margen de maniobra de los gobiernos de Maduro y Biden, el papel de los vecinos latinoamericanos de Venezuela, en particular Colombia y Brasil, como facilitadores de cualquier acuerdo será crucial. Estos Estados deben promover la rápida reanudación de las conversaciones de Ciudad de México.
Deben instar a las partes de estas conversaciones a resolver sus diferencias (y las que tienen con Washington) en la medida de lo posible en los próximos meses. Deben presionar a Caracas para que tome medidas hacia unas elecciones genuinamente competitivas, por ejemplo, liberando a los presos políticos, levantando las prohibiciones a los candidatos de la oposición y solicitando misiones internacionales de observación.
También deben persuadir a EE. UU. para que intensifique su diplomacia bilateral y presente una hoja de ruta para el alivio de las sanciones sobre la base de medidas de reciprocidad por parte de Caracas. Las fuerzas de la oposición podrían respaldar esta vía comprometiéndose a buscar el cambio exclusivamente por la vía electoral, sea cual sea el resultado en 2024.
Otras elecciones manipuladas podrían devolver a Venezuela al momento más grave de su conflicto político con su correspondiente miseria económica y devastadoras repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Evitar ese escenario a través avances concretos a cambio de recompensas tangibles debe ser un imperativo para América Latina y una prioridad para Washington.
La voluntad de todas las partes para intercambiar el alivio de las sanciones por mejores condiciones electorales es la mejor forma para mitigar la tragedia de Venezuela y empezar a encaminar al país por una senda más prometedora.
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