Los datos del nuevo CIVICUS Monitor revelan que activistas y medios de comunicación fueron víctimas de una violencia generalizada en las Américas
En un informe publicado este miércoles, CIVICUS Monitor 2023 desveló que el espacio cívico se ha deteriorado a lo largo de este año en el continente americano. La plataforma documentó ataques verbales, físicos y digitales contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
El informe titulado El poder ciudadano bajo ataque 2023,evalúa el estado del espacio cívico de 198 países y territorios mediante un análisis de la capacidad de los ciudadanos para ejercer las libertades de reunión, asociación y expresión. Este año, los investigadores documentaron asesinatos de activistas en siete países americanos, agresiones físicas a periodistas en quince y casos de intimidación o acoso contra periodistas o personas defensoras de los derechos humanos en 24. El acoso judicial se usó a menudo como una herramienta para restringir las libertades cívicas.
El informe rebajó la calificación del espacio cívico de Venezuela, que pasó a ser considerado como “cerrado”, uniéndose así a Cuba y Nicaragua dentro de la peor categoría.
“La violencia selectiva contra activistas y medios de comunicación en tantos países de América es aterradora. Ese es el objetivo de esos abusos, evidentemente”, lamentó Ana María Palacios Briceño, investigadora de CIVICUS Monitor para las Américas. “A pesar de esto, personas valientes de toda América se negaron a quedarse calladas y siguieron organizándose para defender sus derechos”.
El informe califica el estado del espacio cívico de cada país a partir de datos recopilados a lo largo del año por sus propios expertos, activistas de la sociedad civil de cada país, equipos de investigación regionales e índices internacionales sobre los derechos humanos. Los datos provenientes de estas cuatro fuentes se combinan y el resultado determina la clasificación del estado del espacio cívico de cada país, ya sea como “abierto”, “estrecho”, “obstruido”, “represivo” o “cerrado”.
El 30,6 % de la población mundial —casi un tercio de la humanidad— vive en países con un espacio cívico “cerrado”, el contexto mías restrictivo de todos. Es el mayor porcentaje jamás documentado desde la publicación del primer informe de CIVICUS Monitor en 2018.
Al mismo tiempo, solo el 2,1 % de la población vive en países “abiertos”, donde el espacio cívico es libre y está protegido. Es el porcentaje mías bajo hasta la fecha y casi la mitad que hace seis años. En conjunto, estas conclusiones apuntan a una crisis mundial del espacio cívico que requiere medidas inmediatas y a nivel mundial para revertirla.
“Asistimos a una represión mundial del espacio cívico sin precedentes”, afirmó Marianna Belalba Barreto, líder de investigación de CIVICUS Monitor. “El mundo se acerca a un punto de inflexión a partir del cual la represión, ya generalizada, se volverá predominante. Los gobiernos y los lideres mundiales deben trabajar de forma urgente para invertir esta trayectoria perniciosa antes de que sea demasiado tarde”.
El estado del espacio cívico varía mucho de un país al otro. De los 35 países del continente americano, 21 están calificados como “abiertos” o “estrechos”. No obstante, en los demás, los derechos básicos de la población están fuertemente restringidos. Tampoco son raros los casos de violencia extrema.
Asistimos a una represión mundial del espacio cívico sin precedentesMarianna Belalba Barreto
Colombia destacó como uno de los países más mortíferos para la sociedad civil: tan solo en el primer cuatrimestre de 2023 se señalaron 82 casos de asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. El equipo de investigación también registró asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en Brasil, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Perú. Las personas indígenas y quienes defienden el medioambiente y el derecho a la tierra son las más expuestas al riesgo de sufrir ataques mortales en un contexto marcado por la explotación de recursos naturales y ausencia de una protección legal efectiva cuando defienden sus derechos.
“En las Américas, los ataques mortales contra las personas defensoras del medioambiente se han generalizado de forma preocupante”, sostuvo Palacios. “Los gobiernos, las fuerzas de seguridad y las empresas de industrias extractivas deben cesar sus ataques contra quienes protegen la tierra, el agua y el aire”.
El descenso de categoría del espacio cívico de Venezuela, que pasa de “represivo” a “cerrado”, es la culminación de un ataque continuado contra los derechos civiles y políticos que comenzó hace más de una década en la nación sudamericana y que continúa hasta hoy. Los resultados de la investigación demuestran que en Venezuela queda poco espacio para el ejercicio de las libertades fundamentales y que las autoridades intentan silenciar a la ciudadanía y cualquier tentativa reivindicativa en un ambiente marcado por la hostilidad.
En 2023, se produjeron decenas de violaciones de la libertad de expresión, desde amenazas a la familia de un reportero hasta detenciones de ciudadanas y ciudadanos que alzaron la voz, pasando por la apertura de investigaciones a periodistas en virtud de una ley contra el odio. La policía incluso abrió investigaciones contra quienes editan páginas de Wikipedia. Cinco emisoras de radio dejaron de emitir, una prueba de las pocas que quedan en comparación con las 81 que se vieron obligadas a cerrar el año pasado.
“En Venezuela, tanto periodistas independientes como personas defensoras de los derechos humanos padecen actos de acoso y de persecución incesantes”, aseguró Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de la organización venezolana Espacio Público. "A pesar de la represión, todavía quedan activistas y voces críticas en el país. Necesitamos solidaridad para hacer frente a los poderosos que quieren invisibilizar esta crisis”.
