Nicolás Maduro lleva en la presidencia desde 2013 – usurpando gradualmente el poder en los últimos 12 años hasta convertirse en un dictador en toda regla. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí?
En enero de 2019, publicamos un artículo que lo definía así: “Nicolás Maduro es considerado por la Asamblea de su país como un usurpador. La derrota parlamentaria de 2015 no melló en Maduro. Asumió la presidencia mediante un falaz triunfo electoral. Y volvió a repetir sus errores en 2018. Si la Asamblea no le es favorable, asume en un ente creado a su medida, en elecciones abiertamente fraudulentas”.
Maduro llegó a la presidencia de forma interina en 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, quien lo había designado sucesor. Ese mismo año, ganó por estrecho margen unas elecciones especiales. El candidato opositor Henrique Capriles soportó una tenaz persecución por haber denunciado irregularidades – un caso que él llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó en diciembre,11 años después.
En los comicios parlamentarios de 2015, la oposición obtuvo la mayoría de la Asamblea Legislativa, pero el gobierno de Maduro no la reconoció y la privó de sus competencias legislativas, creando un órgano ad-hoc controlado por el oficialismo.
Maduro fue reelegido en 2018, en unos comicios que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos consideraron como faltos de transparencia, legitimidad y garantías.
Pero en las elecciones de julio del 2024, Maduro fue más lejos. Se proclamó ganador sin que la autoridad electoral publicara las actas que certifican los resultados. El 10 de este mes empezó un nuevo mandato que terminará en 2031.
Paradójicamente, y guardando someras formas de democracia debido a presiones desde el exterior, el gobierno de Venezuela había llamado a elecciones sabiendo que no aceptaría otro resultado que no fuera el triunfo de Maduro.
¿Es posible derrotar a un dictador cuando tiene el apoyo de las fuerzas armadas?
La encrucijada venezolana plantea un interrogante esencial: ¿es posible derrotar a un dictador cuando tiene el apoyo de las fuerzas armadas? Venezuela es el país que más generales tiene en su ejército. Algunos analistas hablan de 2.000 generales, lo que significa más que cualquier país miembro de la OTAN. Estados Unidos, por ejemplo, tiene menos de 900.
Maduro ha continuado lo que inició su antecesor Chávez, cooptando a las fuerzas armadas por medio de cargos políticos, ascensos de grado y corrupción. Desde que asumió la presidencia en 2013, profundizó la militarización del poder político y entregó a la fuerza armada buena parte de la capacidad económica del país. Existen 44 empresas en manos de los militares, en campos tan variados como agro, minería y gas, banca, manufacturas, construcción y textiles, entre otros, según la organización civil pro-transparencia Control Ciudadano.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha expandido su área de influencia más allá de la defensa territorial, mientras el ministro de Defensa, General Vladimir Padrino, aseguraba el respaldo del estamento castrense a Maduro.
Los hechos demuestran que no existe vulnerabilidad en la estructura dictatorial construida por Chávez y Maduro. Sabemos qué difícil es destituir o remover a dictadores como Maduro, el nicaragüense Daniel Ortega o el cubano Miguel Díaz-Canel.
Ante el llamado del expresidente colombiano Álvaro Uribe de conformar una fuerza de intervención bajo el paraguas de las Naciones Unidas, Maduro respondió advirtiendo que actuaría con la violencia necesaria apoyado por fuerzas conjuntas de Cuba y Nicaragua. Una intervención en Venezuela no solo no garantiza eficacia, sino que además se cuestiona su legitimidad. La salida no es por la violencia.
¿Podría la comunidad internacional lograr un cambio? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la reelección de Maduro no tiene “legitimidad democrática”, resaltando las prácticas de represión del régimen. El Centro Carter no pudo verificar los resultados de la elección presidencial de julio, porque no se le dio acceso a las actas de votación, y acusó al gobierno de violar las normas electorales. El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas concluyó su misión en Venezuela y entregó un informe provisional al secretario general, António Guterres, en el que afirmó que no podía confirmar la victoria de Maduro.
Esto lleva a preguntarnos qué herramientas tiene la comunidad internacional para hacer frente a estas situaciones. Creemos que cuenta con pocos instrumentos para restablecer un sistema democrático.
EEUU aplicó el bloqueo de bienes y la suspensión de visa a determinadas personas que contribuyen a la aciaga situación en Venezuela. También incrementó las recompensas por la entrega de Maduro, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y Padrino. El Consejo de la Unión Europea amplió el 10 de enero de 2025 su lista de sanciones contra funcionarios y altos cargos venezolanos. Gran Bretaña, Canadá y Chile se sumaron a las condenas, sanciones y restricciones de visado a individuos venezolanos alineados con Nicolás Maduro.
En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal por abusos contra los derechos humanos. En agosto de 2024 un grupo de juristas internacionales presentó ante la CPI una denuncia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Maduro vio desestimarse un recurso de apelación ante la CPI, en el que pedía frenar las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Joe Biden sancionó a 16 funcionarios venezolanos, pero se abstuvo de sancionar al sector petrolero. Washington ha sido muy cauteloso en tocar las licencias que tiene la corporación Chevron. Aunque analistas estadounidenses justifican esta protección alegando que la salida de Chevron podría ser aprovechada por Rusia o China, es cierto que EEUU tiene una estructura montada – con la que no cuentan ni rusos ni chinos – para refinar el petróleo pesado venezolano.
La licencia 41, emitida en noviembre de 2022 por el Departamento del Tesoro, que autorizó a “reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela” y fue renovada en 2024 hasta el año 2050, permite a Chevron seguir operando como socia de la estatal Petróleos de Venezuela en empresas mixtas para extraer unos 120.000 barriles por día de crudo que solo puede vender directamente en Estados Unidos.
No hay que olvidar que Estados Unidos y Venezuela firmaron en Qatar un acuerdo en septiembre de 2023 que incluía el levantamiento de sanciones y la normalización de relaciones diplomáticas a cambio de que las elecciones presidenciales del año siguiente fueran competitivas y pudiera participar la oposición. Pero el gobierno de Maduro no lo cumplió.
Varios presidentes latinoamericanos han expresado que no reconocen a Maduro como presidente electo. Tras los comicios, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay. Pero actúan individualmente y no han estructurado un accionar conjunto que ponga énfasis en las consecuencias que el gobierno de Venezuela puede tener sobre la región.
Por lo tanto, las declaraciones de presidentes u organismos internacionales no tuvieron efecto. La negociación de la oposición con el régimen, que es el método más civilizado, tampoco funcionó. Quizás la resistencia podría producir incentivos para el cambio.
La resistencia civil podría ser una vía adecuada, aunque cualquier posible curso de acción implicará riesgos y sufrimiento potenciales. Acciones como bloqueos y cierres de carreteras, barricadas humanas, multiplicar las marchas, transgredir normas e indicaciones, desoír regulaciones, expresar realidades en medios independientes, simular lealtad, aumentar la unidad de la oposición, minar instituciones adictas al régimen, difundir la voz de marginales desencantados y apelar a grafitis denunciantes, panfletos o boicots de consumo o rechazo de productos del país, podrían ser medidas que logren efectos.
Aunque somos conscientes de que el costo de estas iniciativas recae en la ya sufrida población venezolana, no podemos desconocer que el gobierno ataca a quienes se resisten y que el precio puede ser muy alto para los opositores y la ciudadanía empobrecida y agotada. Los datos de la ONG Foro Penal muestran el incremento de la represión desde las elecciones. Desde el 29 de julio al 8 de agosto se verificaron 1.229 detenciones de opositores.
Sin embargo, que el candidato opositor Edmundo González Urrutia haya obtenido el 67 por ciento de los votos – según actas de escrutinio recolectadas y divulgadas por la oposición, porque la autoridad electoral no hizo públicos esos documentos – es también una señal de la predisposición de la ciudadanía a revertir la dictadura.
Como sucede en otros regímenes autocráticos, se pierde irremediablemente la confianza en la “revolución” y los símbolos de poder se diluyen en el descontento popular. La durabilidad del régimen no demuestra su estabilidad o su capacidad para enfrentar y superar propuestas alternativas.
La brutalidad del régimen de Maduro, el exilio de casi 8 millones de personas, el desgaste y empobrecimiento de la sociedad han ido fortaleciendo la dictadura.
La líder opositora María Corina Machado (que ganó las primarias, pero no pudo postularse por haber sido proscrita), González Urrutia y millones de venezolanos necesitan un apoyo claro y contundente de la comunidad internacional, y muy especialmente de los países latinoamericanos. Aun aquellos presidentes que han sido tibios en su respuesta al fraude electoral deberían ser invitados a sumarse a la propuesta.
Será crucial que los mandatarios Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (ecuador), Luis Arce (Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México) apoyaran sin titubeos los resultados electorales. La caída de la dictadura venezolana puede augurar la caída de la cubana y la nicaragüense, fortaleciendo la democracia en la región en un mundo donde los autoritarismos se fortalecen. Por el bien de millones de venezolanos que sufren, vale la pena intentarlo.
International Crisis Group
Francesc Badia i Dalmases
