El uso del agua en los conflictos se ha multiplicado a nivel global. Según el observatorio de conflictos del agua del Instituto Pacífico, el número de conflictos del agua se incrementó de 197 a 599 en las últimas dos décadas. Tanto en Ucrania, como en Medio Oriente y América Latina las represas se han convertido en causa y medio para hacer la guerra en un contexto donde la emergencia climática aumenta el valor estratégico del agua.
La voladura de la represa de Kajovka
El pasado 6 de junio las compuertas de la represa de Kajovka colapsaron después de una voladura provocada, según numerosos indicios, por Rusia, quien ocupa la región desde los primeros días de la invasión y acusa a Ucrania de sabotaje. El colapso de la mayor represa de Ucrania en términos de volumen de agua volcó catastróficamente billones de litros de agua en el río Dniéper, inundando varias docenas de pueblos, ciudades y cultivos, y causando la muerte de al menos 55 personas en un territorio de más de 2000 kilómetros cuadrados.
El súbito incremento en el caudal del Dniéper también barrió millones de toneladas de escombros de todo tipo: desechos agrícolas e industriales se combinan con el cemento de los puentes y edificios destruidos, así como de miles de minas plantadas en una región que ha estado en el frente de la conflagración bélica.
Los altos niveles de contaminación del río traerán consecuencias irreversibles para todo el ecosistema del sur de Ucrania y el Mar Negro, configurando lo que muchos llaman un ‘ecocidio’. Según las Naciones Unidas, un millón de personas están en riesgo de perder acceso al agua potable, y decenas de especies de peces y pájaros endémicos en la región podrían desaparecer.
Suwita Hani Randhawa
Adicionalmente a las consideraciones humanitarias y ecológicas, el incidente también tiene consecuencias en el desarrollo de la contraofensiva del ejército ucraniano, que se propone recuperar las áreas al este del rio Dniéper ocupadas por Rusia.
Hasta el momento, los avances ucranianos en lo que va del verano se han concentrado en las regiones de Zaporiyia y Donetsk, al norte de la represa, pero no se descartaba que Kiev intentara establecer un tercer frente, precisamente en la región de Gerson.
La región es estratégica porque conecta el interior del país con la también ocupada Crimea y por su posición a orillas del Mar Negro como puerta al Mar de Azov, además de ser una de las zonas de producción de granos más importantes en todo el mundo.
Solo dos puentes conectaban ambas orillas del Dniéper en la región de Gerson: uno que cruzaba por encima de la compuerta de la represa y otro río abajo, que fue destruido por el torrente de agua generado por el colapso. El nuevo caudal también cambió la geografía del lugar al ensanchar del río. Esto obligaría al ejército ucraniano a usar ferrys en un eventual ataque a gran escala, ocasionando demoras de varias semanas y dificultando el reaprovisionamiento según el Centro para la Estrategia y los Estudios Internacionales.
El rompimiento de la represa le otorga a Rusia una ventaja estratégica, que le permite seguir fortaleciendo sus posiciones defensivas a lo largo del río Dniéper. Sin embargo, el costo humanitario y ambiental configuran una violación al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra. El artículo 56 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra – ratificado por Rusia - prohíbe directamente el uso de las represas en los conflictos y obliga a los poderes ocupantes a protegerlas.
Ucrania también utilizó esta táctica, aunque a una escala mucho menor, cuando destruyó una represa sobre el Río Irpin con el objetivo de detener el avance ruso sobre Kiev en el segundo día de la invasión del país al inundar los territorios río abajo.
El uso del agua como arma
El cambio climático y sus efectos en la escasez de agua potable agrava la situación. Las sequías incrementan los conflictos por los recursos hídricos a la vez que convierte el control sobre el agua en una ventaja estratégica dentro de los conflictos.
Los ríos Éufrates y Tigris han sido utilizados como armas de guerra desde la antigüedad
Un caso muy elocuente es el de los ríos Éufrates y Tigris, que han sido utilizados como armas de guerra desde la antigüedad debido a que son las únicas fuentes para todo el regadío de la creciente fértil de Medio Oriente.
En los últimos 40 años, el uso político de las represas de ambos ríos se ha intensificado a la vez que la zona se convirtió en uno de los principales focos de conflicto a nivel global, incluyendo el conflicto con las milicias kurdas en Turquía, la invasión de Estados Unidos a Irak, la guerra civil siria y la emergencia de Al Qaeda y el Estado Islámico.
Desde la construcción de la represa Atatürk sobre el río Éufrates en 1984 y la de Ilusu sobre el Tigris en 2018, Turquía ha podido controlar el flujo de agua del que dependen Siria e Irak. El decrecimiento en los niveles del agua río abajo ha tenido graves efectos ecológicos y económicos, agravando la ya difícil situación sociopolítica interna.
En Irak las sequías han aumentado significativamente, destruyendo las plantaciones de granos y hortalizas claves para la subsistencia del país. Solo entre 2018 y 2019 la escasez de agua causada por el llenado de la represa Ilusu ocasionó una reducción del 50% en la producción de trigo, según Bloomberg. El empobrecimiento de los campesinos y el aumento del hambre contribuyeron a la actual crisis política del país.
Paralelamente, el Estado Islámico usó las represas sobre el Tigris y el Éufrates como mecanismo de presión ante los gobiernos centrales de Siria e Irak, que dependen de estas para la generación de energía y el suministro de aguas. Además, abrió y cerró sus compuertas para facilitar o dificultar el transito militar en la región.
Las potencias externas que participan en los conflictos de la región también han violado las normas internacionales referentes al uso del agua en los conflictos. Estados Unidos bombardeó la represa de Tabqa sobre el Éufrates, poniendo en riesgo a los cientos de miles de habitantes de la vecina Raqqa y comprometiendo a la principal proveedora de agua potable de Siria.
El agua como instrumento de despojo y control social en América Latina
El uso político y económico del agua no se limita a su uso como arma de guerra. Las represas son un instrumento de despojo de tierras y de control social a las comunidades autóctonas. Los proyectos siguen siendo desarrollados a expensas de la voluntad de las comunidades locales, cuyo derecho a la autodeterminación sobre su territorio es vulnerado bajo la excusa de los beneficios del desarrollo.
En América Latina los proyectos hidroeléctricos se han multiplicado, aumentando la represión en contra de los defensores del medio ambiente y de los derechos de las comunidades
La construcción de las represas sobre el Tigris y el Éufrates en Turquía se hicieron sin consultar a las comunidades kurdas de la región quienes han sido políticamente activas en la defensa de su cultura y autonomía política. Solo Ilusu dejó a 78.000 personas desplazadas según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. Los proyectos han sido utilizados para pacificar la región pero sin otorgar respuesta a las demandas históricas de las comunidades kurdas.
En América Latina los proyectos hidroeléctricos se han multiplicado a la vez que ha aumentado la represión en contra de los defensores del medio ambiente y de los derechos de las comunidades autóctonas.
La construcción del proyecto hidroeléctrico de Guatapé en las montañas del centro de Colombia involucró el exterminio del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño e inició un crudo ciclo de violencia de más de 30 años que desplazó a decenas de miles de personas.
La construcción de los proyectos Urrá e Hidroituango sobre los ríos Sinú y Cauca se construyeron en territorio con una alta influencia de milicias armadas – paramilitares – históricamente aliados con las élites regionales y el ejército nacional. Los grupos armados jugaron un rol fundamental en el desplazamiento de las comunidades locales y en la persecución y asesinato de líderes sociales que denunciaron el despojo de sus tierras.
Adicionalmente, las represas garantizan la impunidad para los actores del conflicto que despojaron y desaparecieron en estos territorios antes y durante la construcción de los proyectos. Los restos de más 3.000 desaparecidos del conflicto armado se encuentran en la zona de influencia Hidroituango según el Movimiento Ríos Vivos.
En Honduras, la lucha por la defensa del ecosistema ha convertido al país en uno de los más peligrosos para los quienes se oponen a la imposición de proyectos hidroeléctricos sobre las comunidades locales. Desde 2009 se han otorgado más de 200 concesiones para la construcción de represas en Honduras, muchas de ellas en tierras indígenas protegidas y sin consulta previa.
Los asesinatos de lideresas indígenas Ana Miriam Romero y Berta Cáceres están vinculados a su oposición a la construcción de represas donde familiares y amigos de la élite política del país tiene intereses directos. Uno de estos proyectos hidroeléctricos, la represa Los Encinos, era administrado por el esposo de la presidenta del Partido Nacional que gobernó el país entre 2010 y 2022. Según Global Witness, 117 líderes ambientales hondureños han sido asesinados en la última década. Tres de cada cuatro líderes ambientales asesinados son latinoamericanos.
El Brasil, Belo Monte, la gigantesca hidroeléctrica que corta el río Xingú, en la Amazonía brasileña, resultó un estrepitoso fracaso económico mientras la afectación social sobre la población de Altamira, con miles de desplazados, y el catastrófico efecto medioambiental sobre el rico ecosistema representa una clara advertencia para repensar seriamente los megaproyectos previstos por toda la cuenca del Amazonas.
Francesc Badia i Dalmases
Las represas han sido una de las mayores proezas de la infraestructura moderna. Usadas desde la antigüedad para prevenir las inundaciones y garantizar el riego de los cultivos, su construcción multiplicó exponencialmente desde el siglo XIX gracias a su rol como proveedor de energía para las diversas industrias intensivas alrededor del mundo.
Sin embargo, en un escenario de creciente conflictividad agravado por la emergencia climática el agua se convierte en un arma de guerra y en un medio de control social y político, particularmente en el sur global. Solo el 37% de los 246 ríos más largos del mundo siguen estando libres de represas mientras que más de 3.700 represas se encuentran en construcción actualmente según la revista Nature.
El uso del agua en los conflictos está tipificado como crimen de guerra desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, en un contexto de tensión geopolítica creciente y de una crisis hídrica cada vez más extendida, la disputa por los recursos por parte de los países poderosos, sumado a las consecuencias catastróficas de la crisis climática, incrementará la instrumentalización del agua como medio de dominación y despojo. Todo a costa de las comunidades y de los ecosistemas que se ven atrapados entre la ambición de las potencias y la vocación disruptiva de los regímenes autoritarios que caracterizan esta tercera década del siglo XXI.
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Este artículo se publica en el marco del programa de intercambio de la Red de Innovación Política de América Latina
